En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, el sector de Deporte y Recreación es el que sufre el mayor recorte, con una reducción del 33,3 % en su asignación. El presupuesto para esta cartera pasará de $0,5 billones a $0,3 billones, lo que genera preocupación sobre el futuro de los programas y el apoyo a los atletas en el país.

Según un informe del portal 360 Radio, varios otros sectores también enfrentarán disminuciones significativas en sus recursos para el próximo año. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) verá una reducción del 28,5 % en su presupuesto, quedando en $0,8 billones, lo que podría afectar la generación de información clave para el país.

El sector de Agricultura y Desarrollo Rural también es uno de los grandes afectados, con un recorte del 23,8 % y un presupuesto final de $4,0 billones. A este le sigue el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con una disminución del 23,0 %, y el de Vivienda, Ciudad y Territorio, que caerá un 16,7 %.

Incluso la Presidencia de la República tendrá una reducción del 22,6 % en su asignación, mientras que el Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las carteras más nuevas del Gobierno, registrará un retroceso del 7,2 % en sus recursos. Estos recortes plantean interrogantes sobre las prioridades de inversión del Gobierno para el próximo año.

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En el Índice Global de Terrorismo, Colombia ocupa el primer puesto de nuestra región y la posición 15 a nivel global.

Cuando comparamos el cierre del 2022 frente al 2024; si bien los homicidios no han aumentado; todas las variables de inseguridad se han disparado con ascensos del 52% en ataques terroristas, 18% en violencia contra infraestructura crítica, 26% en extorsión, 30% en secuestros e invasiones de tierra por encima de los niveles críticos.

Encuentras la superficie sembrada de coca, que se venía reduciendo hasta 2014, comenzó un ascenso hasta cerrar en 2023 en 253.000 hectáreas. Siendo este el principal motivo de la disputa territorial y la pérdida de control por parte del Estado.

Más allá del doloroso daño humano, la violencia tiene un costo económico para todos. El BID y Fedesarrollo estiman que representó el 3,6% del PIB colombiano en 2022.

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Informes Sectoriales

Colombia se ha trazado la meta de reducir sus emisiones en un 51,0 % para 2030 con respecto a 2020 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050, un objetivo que implica que entre el 40,0 % y el 70,0 % de su energía deberá provenir de fuentes limpias en la próxima década. Para lograrlo, el país está impulsando proyectos de energías renovables en diversas regiones, con un enfoque en la energía eólica, solar y el hidrógeno verde.

Según un informe de la revista Semana, una de las principales apuestas está en La Guajira, donde se desarrollan 17 parques eólicos. En esta región, el principal desafío es la integración y el diálogo con las comunidades indígenas para asegurar una transición justa. Por su parte, Antioquia está impulsando soluciones descentralizadas como paneles solares en zonas rurales y la creación de un “Hub de Hidrógeno Verde”.

A pesar de los avances, Colombia enfrenta desafíos estructurales como la capacidad de transmisión limitada, largos trámites ambientales y la desconfianza de algunas comunidades. Expertos señalan que, más que una transición, el país necesita una expansión energética baja en carbono para cubrir la demanda de millones de personas que aún no tienen acceso a la energía.

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El gasto total de los hogares colombianos en alimentos ascendió a $240,5 billones durante 2024, consolidando a esta categoría como el principal motor del consumo en el país. En promedio, cada hogar destinó $890.342 mensuales para la compra de comida, lo que representó el 38,3 % de sus ingresos.

Según un informe de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y la firma Raddar, citado por La República,: las ciudades que destinaron mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos fueron Neiva (49,1%), Barranquilla (44,0%) y Villavicencio (43,5%). El análisis también destacó que la inflación de alimentos en 2024 (2,6%) fue considerablemente menor a la de 2023 (14,7%), lo que permitió a los hogares recuperar poder adquisitivo.

Las categorías de la industria de alimentos con mayor gasto fueron los productos cárnicos y sus derivados, con $43,5 billones, seguidos por la leche y sus derivados, con $22,0 billones, y los productos de panadería, con $12,7 billones. En cuanto a los canales de compra, las tiendas de barrio (49,3%) perdieron participación, mientras que los supermercados (23,7%) y los formatos de descuento (13,5%) ganaron terreno.

Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI, señaló que para 2025 se deben monitorear desafíos como el aumento del impuesto saludable, la incertidumbre nacional y los efectos del clima. Agregó que la industria deberá ajustar portafolios y optimizar sus cadenas de suministro para garantizar la competitividad.

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Las tarifas del gas natural en Colombia podrían experimentar un aumento de entre el 10,0 % y el 50,0 % el próximo año, dependiendo del tipo de consumidor. El incremento más significativo afectaría a las grandes industrias, mientras que los usuarios residenciales y comerciales enfrentarían un alza menor.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, este aumento se debe a que Ecopetrol, que produce el 85,0 % del gas del país, ha subido el precio de venta a los distribuidores en un 34,0 %, ajustándolo a las cotizaciones internacionales. Los aumentos se aplicarían de la siguiente manera: un 10,0 % para residencias, comercios y pequeñas industrias; un 30,0 % para el gas vehicular; y más del 50,0 % para las grandes industrias.

La situación se ve agravada por la disminución de las reservas de gas en Colombia y la suspensión de nuevos proyectos de exploración. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) ha advertido que, de no tomarse medidas urgentes, el déficit de gas podría alcanzar entre el 45,0 % y el 50,0 % para el 2030.

Este escenario de escasez y mayores costos implicaría un aumento tarifario adicional de hasta el 42,0 % en los próximos años para poder cubrir la demanda con importaciones. La medida de Ecopetrol busca reflejar los costos reales del gas en un mercado con oferta y demanda creciente.

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El desempeño del sector petrolero durante el primer semestre de 2025 estuvo marcado por la caída de los principales indicadores operativos y comerciales. La producción de crudo registró una disminución del 9,6 % a abril, afectada por los conflictos sociales, mientras que el valor de las exportaciones se contrajo un 13,0 % en el primer cuatrimestre como consecuencia directa de la caída del precio del Brent a su nivel más bajo desde 2021. Este entorno fue parcialmente mitigado por un aumento del 7,0 % en la TRM promedio, que favoreció los ingresos en moneda local. En contraste con la tendencia general, la Inversión Extranjera Directa en el sector mostró un sorpresivo repunte trimestral del 8,1%, atribuido a la materialización de proyectos ya existentes.

Hacia el futuro se presentan desafíos significativos. El mercado global apunta a un escenario de precios a la baja, con proyecciones que sitúan al Brent en $59 por barril para 2026 y una demanda mundial que alcanzaría su pico antes de 2030. Para Colombia, esto se suma a una proyección de descenso sostenido en su propia producción y a un nivel crítico de reservas probadas de 7,2 años.

La nueva reforma laboral podría generar la pérdida de más de 21.000 empleos formales en el sector agropecuario, lo que representaría una caída del 5,1 % en su ocupación. Este sector, clasificado con una vulnerabilidad “Media” ante los cambios, enfrentará un aumento significativo en sus costos operativos.

Según un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se estima que la reforma, sancionada el 25 de junio de 2025, incrementará los costos laborales del sector agropecuario en un 7,4 %. A nivel general, el aumento promedio para toda la economía sería del 7,6 %, lo que podría elevar la tasa de desempleo nacional hasta un 11,0 % para 2026.

La ley modifica aspectos clave como la ampliación de la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7:00 p.m., y el aumento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos, que llegará al 100,0 % en 2027. Estas medidas impactan directamente las operaciones del campo, que a menudo requieren jornadas extendidas y trabajo en fines de semana.

A pesar de los desafíos en materia de empleo, el informe también reconoce que la reforma podría tener efectos positivos en la demanda interna. Con más de 10 millones de trabajadores formales en el país, los mayores ingresos por recargos y beneficios podrían fortalecer el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar el consumo, beneficiando también a la cadena agroindustrial.

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Un sistema de aranceles globales, agravado por las recientes medidas de Estados Unidos, afecta a los países productores de café, que a pesar de generar el 74,0 % del volumen de exportación mundial, solo reciben el 57,0 % de su valor. Esta situación, según un informe de la organización Coffee Watch, canaliza las ganancias hacia las naciones más ricas y amenaza con agravar la pobreza de millones de caficultores.

Según un informe del diario El Colombiano, que cita a la entidad internacional, la escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye un arancel del 10,0 % a todas las importaciones de café y uno adicional del 50,0 % para Brasil, podría afectar las economías rurales enteras. El sector del café sostiene a 25 millones de agricultores y 100 millones de trabajadores agrícolas en todo el mundo.

El problema estructural radica en que los altos aranceles en países consumidores, especialmente en Europa, penalizan la importación de café procesado. Esto obliga a que el 99,0 % de las exportaciones de los países productores sean de granos crudos y de bajo valor, a pesar de que el café tostado alcanza más del doble del precio.

Etelle Higonnet, directora de Coffee Watch, afirmó que “no se trata solo del café, se trata de justicia”, y señaló que los países productores asumen los riesgos del cultivo, pero se ven excluidos de las verdaderas ganancias. El informe destaca a países como Australia y Canadá, que no aplican aranceles al café procesado, como un ejemplo de que un comercio más justo es posible.

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La venta de paquetes turísticos se ha consolidado como el principal motor de ingresos para las agencias de viajes en Colombia, representando el 73,0 % de sus ventas totales. El 27,0% restante corresponde a la comercialización de productos individuales, como tiquetes aéreos y servicios de alojamiento.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, que cita una encuesta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el turismo vacacional es el segmento de mercado más importante, con un 68,0 % de las ventas. Por su parte, el turismo corporativo representa el 25,0 % del total y finalmente, el 7,0 %, se dirige a la Industria de reuniones

Dentro de los productos individuales, los tiquetes aéreos son los más vendidos, con un 43,0 % de participación, seguidos por los servicios de alojamiento, con un 32,0 %. Un dato relevante es que, a pesar de la digitalización, el 55,0 % de las ventas de las agencias todavía se realizan de manera presencial, lo que demuestra que los viajeros valoran la asesoría personalizada. En cuanto a las preferencias de los colombianos, los productos de “sol y playa” son los más comercializados, con un 30,0 % del total. Le siguen los paquetes culturales, con un 17,0 %, y los de naturaleza y aventura, con un 16,0 %, mostrando una diversificación en los intereses de los viajeros.

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Durante el Foro de Salud número 31 de la ANDI, celebrado entre el 18 y el 20 de junio en Cartagena, líderes del sector salud, representantes del gobierno, organismos de control y operadores del sistema coincidieron en una realidad ineludible: el derecho a la salud está en riesgo, no por falta de normas o instituciones, sino por una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad, calidad y equidad.

Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y moderador de uno de los paneles sobre la defensa del derecho a la salud, enmarcó la discusión recordando la relevancia de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que reconoció este derecho como fundamental y autónomo. A partir de allí, planteó dos preguntas claves:

• ¿Se está garantizando adecuadamente el derecho a la salud?
• ¿Cómo hacer sostenible el sistema en el mediano y largo plazo?

Las respuestas de los participantes reflejaron una preocupación transversal por el debilitamiento del sistema, no solo desde el aseguramiento, sino en cada eslabón de la cadena.

Evidencia de regresividad y alerta institucional

Germán Escobar, viceministro de Salud Pública, reconoció que algunos grupos de riesgo están viendo disminuida su garantía al derecho dentro del sistema de salud, citando como ejemplo preocupante el reciente informe sobre VIH de la Cuenta de Alto Costo. La falta de liquidez, las facturaciones por debajo del 50,0 % a ciertas instituciones prestadoras, y la necesidad de nuevas fuentes de financiación son señales de un sistema estresado financieramente. Escobar propuso priorizar el gasto, garantizar un giro estable de recursos, y articular con seguridad jurídica el retorno de EPS intervenidas al sistema. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)

La judicialización crece y los pacientes pierden confianza

Claudia Vaca, defensora delegada para el Derecho de la Salud, expuso cifras alarmantes: entre 2022 y 2024 las intervenciones de la Defensoría crecieron más del 60 %, con el problema de los medicamentos superando al histórico reclamo por citas con especialistas. Las tutelas por salud están aumentando, así como los desacatos judiciales.

La Defensoría en un informe que se hará público en los próximos días identificó que la geografía de la vulneración del derecho a la salud coincide con intervenciones recientes a EPS, afirmó que territorializar los diálogos y mejorar los mecanismos de financiación como la UPC y los Presupuestos Máximos se vuelve urgente.

Crisis financiera: impacto transversal y pérdida de capacidades

En otro espacio del Foro, Juan Pablo Rueda, presidente global de salud del Grupo Keralty, amplió la perspectiva al señalar que la desfinanciación no es un problema solo del aseguramiento, sino que afecta todos los niveles del sistema, con consecuencias directas en el acceso y la calidad del servicio para los pacientes. Alertó sobre como la atención primaria y preventiva ha sido relegada por la necesidad de resolver urgencias, lo cual generará mayores costos en el futuro.

Asimismo, Rueda advirtió sobre la asfixia financiera, el aumento de los costos (producto de la pandemia, y del crecimiento del PBS), y la desconfianza generalizada que impide encontrar soluciones conjuntas.

Desorganización institucional y pérdida de control

Desde una visión territorial, Alma Solano, exsecretaria de Salud de Atlántico y Barranquilla, insistió en que las reformas deben comenzar por mejorar el funcionamiento actual. Solano pidió evaluar si los esfuerzos actuales en Atención Primaria en Salud son sostenibles y están dando resultados. Propuso redireccionar recursos y reorganizar equipos para que la APS realmente impacte donde más se necesita.

Las IPS, acorraladas por la falta de pagos

Marta Ospina, presidenta ejecutiva de Méderi, también participó en el Foro con un diagnóstico: las IPS están atrapadas en una crisis dentro de otra crisis. El déficit presupuestal se traduce en falta de caja, y hasta los proveedores más sólidos han tenido que usar sus reservas operativas simplemente para subsistir.

Con cifras reveladoras, Ospina explicó que cada punto de EBITDA adicional otorga solo un mes más de vida a los proveedores, y que, por cada día de mora del pagador, se generan 30 días adicionales de retraso para el proveedor. Esta cadena de iliquidez termina afectando directamente a los pacientes y deteriorando la calidad del servicio.

Lo que surgió de este foro no fue solo un diagnóstico compartido, sino la necesidad urgente de un nuevo pacto nacional que reconozca al derecho a la salud como lo que es: un pilar de dignidad y equidad, esencial para el funcionamiento de la economía nacional y el desarrollo del país que no debe seguirse viendo como una promesa condicionada a la coyuntura financiera. (Diagnóstico de Sectorial sobre el FUTURO de la crisis financiera del sistema de salud)

La sostenibilidad del sistema no se resolverá con ajustes cosméticos ni con medidas fragmentadas. Requiere una transformación guiada por evidencia, legitimada por diálogo territorial y enfocada, por encima de todo, en el bienestar de las personas.

Un reto monumental, pero inaplazable.

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