Contar con la capacidad de que, ante una situación compleja, esta se pueda descomponer en partes más pequeñas y manejables para los equipos de trabajo; es decir, contar con pensamiento analítico, es la habilidad más preciada y requerida por las empresas en la actualidad.

Es que el pensamiento analítico permite navegar en las aguas volátiles empresariales de la actualidad, y ante la complejidad se necesita el complemento de equipos ágiles, resilientes, flexibles, la influencia social, el pensamiento creativo y la motivación. Lo anterior, en la actualidad, para el 2030, en un mundo con una alta participación tecnológica, navegarlo, requerirá de inteligencia artificial, big data y alfabetización en lenguajes tech.

Ese panorama al 2030 es idéntico por sectores, la inteligencia artificial y el big data será la habilidad que más estará demandándose en sectores como el automotriz, la logística, la salud, las telecomunicaciones, la energía, los bancos y los seguros; y, a su vez, manejar lenguajes tecnológicos es lo que más solicitarán empresas en actividades como la educación y la producción de bienes de consumo.

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Informes Sectoriales

El gobierno colombiano ha implementado una medida estratégica para fortalecer las exportaciones de bienes industriales con valor agregado y servicios basados en el conocimiento, reactivando el Certificado de Reembolso Tributario (CERT). Este mecanismo, que estará vigente hasta el año 2026, tiene como objetivo principal reembolsar a los exportadores una porción de los impuestos indirectos pagados durante el proceso de producción o prestación de servicios.

Según El Colombiano, el CERT otorgará un reembolso del 3,0 % del valor exportado (FOB) para aquellos bienes que presenten procesos significativos de producción o transformación, y un 2,0 % para servicios de base tecnológica y de innovación. La iniciativa, sin embargo, no aplicará a las exportaciones originarias o con destino a zonas francas, ni a los bienes y servicios dirigidos a países de la Comunidad Andina y Venezuela. Se espera que el CERT cubra alrededor de 5.000 subpartidas arancelarias, incluyendo productos de sectores clave como el farmacéutico, alimentos, maquinaria, automotor y naval.

El decreto establece una cuota fiscal aprobada por el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) de 1,5 billones de pesos, que se distribuirá entre los años 2025 y 2026. Para calificar a este beneficio, las exportaciones deberán superar un mínimo acumulado de US$100.000 por año fiscal. Aunque algunos exportadores mantienen cierto escepticismo sobre la implementación práctica y la disponibilidad de los fondos, gremios como la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) ven en el CERT una importante oportunidad para impulsar las exportaciones, especialmente en productos de plástico y caucho.

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La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) informó que, entre 2023 y 2025, Colombia fue el único país de América Latina que no firmó nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta situación se atribuye a la política del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, de no continuar con la firma de nuevos contratos en el sector minero-energético

Según el diario Portafolio, mientras países como Brasil firmaron 185 contratos, Argentina 7, Ecuador 3, Perú 13, Surinam 5, Uruguay 1, Trinidad y Tobago 12 y Venezuela 7, Colombia no suscribió ninguno durante el mismo periodo. Uruguay, que anteriormente se oponía a la exploración y producción de hidrocarburos, firmó recientemente un contrato en este ámbito.

La decisión del Gobierno colombiano de no firmar nuevos contratos ha generado preocupación en el sector energético, debido a su posible impacto en la autosuficiencia energética y en la economía del país. La ACP ha señalado que esta política podría afectar la sostenibilidad de las reservas de hidrocarburos y limitar las oportunidades de inversión en el sector.

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Los transportadores del sur de Colombia han anunciado un paro indefinido a partir del próximo 16 de junio de 2025, según el gremio transportador, como respuesta a los continuos incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, frente a los acuerdos pactados en julio de 2024. La decisión se fundamenta en la preocupación por la intención de reabrir la frontera al transporte internacional, el aumento de la inseguridad en la Vía Panamericana y el precario estado de las carreteras en la región.

Según Contexto Ganadero, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha emitido un llamado público al presidente Gustavo Petro y a diversos ministerios, exigiendo soluciones inmediatas para evitar una inminente crisis logística. Las principales vías afectadas por el deterioro incluyen los tramos Pasto – Tumaco, Pasto – La Unión, La Unión – Mojarras, Pasto – Popayán y Popayán – Cali, donde además se han reportado constantes asaltos y extorsiones.

Esta situación genera una gran preocupación para los sectores ganadero, agrícola y exportador del suroccidente colombiano, ya que la interrupción de las cadenas de distribución podría ocurrir en plena temporada de cosechas y comercialización. El paro programado se produce después de que una movilización similar en julio de 2024 culminara con compromisos por parte del gobierno que, a la fecha, no han sido materializados.

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En 2024, el PIB de cultivos agrícolas repuntó con fuerza gracias a cultivos tradicionales y de exportación como las flores, consolidándose como un pilar clave de la economía nacional pese a retos logísticos y climáticos.

Frente al comercio internacional, en 2024, las exportaciones de flores presentaron un crecimiento del 12,9 % en valor y en volumen del 7,5 %, lo que deriva en un crecimiento en el precio implícito (dólares FOB/peso neto), del 5,0 %. Para el primer trimestre de 2025, también se observó un crecimiento del 9,1 % en valor, sin embargo, en términos de volumen se presentó una disminución de -3,2 %, y mejoras en el precio implícito del 12,6 %. Asimismo, las importaciones de flores de corte presentaron una recuperación entre enero y febrero de 2025, tras los descensos presentados en 2023 y 2024.

Los precios del aluminio y el acero en Estados Unidos han experimentado un notable incremento tras el anuncio del presidente Donald Trump de duplicar los aranceles sobre estos metales, generando preocupación en diversos sectores económicos. Los futuros que reflejan los costos que enfrentan los fabricantes estadounidenses para adquirir aluminio subieron un 54,0 %, alcanzando su nivel más alto desde 2013.

Si bien la administración Trump busca proteger las fábricas nacionales y estimular la producción a través de estas medidas, existen inquietudes sobre el encarecimiento de los materiales de construcción. Adicionalmente, más del 80,0 % del aluminio consumido en EE.UU. es importado, a diferencia del acero, cuya importación es inferior al 20,0 %. Analistas sugieren que estos aranceles podrían traducirse en un costo adcional para los consumidores, dado que la capacidad de producción interna de ambos metales en Estados Unidos es insuficiente.

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La Asociación del Sector Automotriz y Sus Partes (Asopartes) ha manifestado su rechazo al Decreto 0572, emitido por el Gobierno Nacional el pasado 28 de mayo de 2025, el cual establece un incremento del 118,0 % en la tarifa de retención en la fuente para el comercio de autopartes y accesorios. La medida eleva la tasa impositiva del 0,55% al 1,20%, generando inquietud en el gremio.

Según Vivir en El Poblado, la asociación argumenta que esta alza impactará negativamente la estabilidad financiera de las empresas y desincentivará la formalización en un sector donde más del 40,0 % del comercio opera por fuera de los canales legales. Este aumento tributario también cubre el mantenimiento y la reparación de vehículos, así como el comercio de partes para motocicletas, afectando directamente a un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas.

Asopartes destaca que más del 85,0 % de las autopartes son importadas, lo que, sumado a los márgenes estrechos, altos inventarios y una considerable competencia informal, hace que el sector sea particularmente vulnerable. La entidad insta al Gobierno, en especial al Ministerio de Hacienda y a la DIAN, a entablar discusiones técnicas que permitan revisar la proporcionalidad de la medida. Si bien Asopartes reconoce la necesidad de fortalecer la recolección de impuestos y la sostenibilidad fiscal, subraya la importancia de revisar el gasto público y realizar ajustes con el conocimiento técnico y la participación del sector privado, sin comprometer la estabilidad de un canal comercial que genera más de 120.000 empleos directos.

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Las marcas propias han ganado una participación significativa en el mercado colombiano, representando el 44,3 % del valor total de ventas en cadenas y discounters, según el informe más reciente de NielsenIQ sobre bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) en el país.

De acuerdo con el diario Portafolio, esta cifra posiciona a Colombia como el país con mayor participación de marcas propias en América Latina, superando a Brasil, México y Chile. El estudio también indica que el 68,0 % de los consumidores colombianos considera que las marcas propias son una buena alternativa a las tradicionales, y el 66,0 % destaca su relación calidad-precio.

En el canal de discounters, el fenómeno es aún más pronunciado: el 66,6 % de las ventas corresponde a productos de marca propia. Este canal representa más del 73,0 % del retail moderno en Colombia, consolidándose como una estrategia clave para ofrecer precios competitivos sin sacrificar márgenes.

El informe señala que el crecimiento de las marcas propias no es solo una respuesta a la coyuntura económica, sino una transformación estructural en el comportamiento del consumidor y en las estrategias de los minoristas. Las cadenas han invertido en el desarrollo de marcas con identidad y calidad competitiva, incluso en categorías premium, atendiendo a consumidores de todos los niveles socioeconómicos.

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La exclusión de Colombia y otros países latinoamericanos de la lista de alto riesgo en el marco de la Ley de la Unión Europea contra la “Deforestación Importada” representa un hito favorable para el comercio exterior del aceite de palma colombiano. La decisión reduce la carga regulatoria para las exportaciones hacia el mercado europeo, al clasificar a Colombia como país de bajo riesgo, lo que implica menores costos de cumplimiento, mayor agilidad en los procesos aduaneros y una mejora en la percepción internacional sobre la sostenibilidad de su producción.

El reconocimiento europeo llega tras años de esfuerzos del sector palmero nacional en prácticas sostenibles, certificación de áreas libres de deforestación y adopción de tecnologías de trazabilidad. En términos económicos, esta clasificación podría traducirse en un mayor crecimiento y estabilidad de las exportaciones hacia la UE, así como en un estímulo para atraer inversiones orientadas a la sostenibilidad.

La cifra fue reveladad durante el Congreso Nacional de la Industria de la Madera, por otro parte, el observatorio ambiental de Bogotá (Ministerio de Ambiente) precisa que la cifra asciende a 47,0 %, lo que representa un reto importante para la sostenibilidad ambiental y la economía forestal del país.

Durante el encuentro, se destacó la necesidad de avanzar hacia una bioeconomía que reconozca el valor de los recursos maderables y no maderables. La transformación busca generar oportunidades económicas sostenibles que contrarresten la presión sobre los bosques, al tiempo que se promueven prácticas de conservación.

Los participantes del congreso señalaron que la implementación de mecanismos de trazabilidad y control, así como la formalización del comercio de madera, son fundamentales para reducir la ilegalidad y proteger los ecosistemas. Igualmente, se hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión forestal sostenible y la vigilancia de actividades ilegales en el sector.

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