La Comisión Quinta del Senado, encargada de tramitar las iniciativas sobre desarrollo agropecuario, medio ambiente, recursos naturales, adjudicación de tierras, minas y energía, quedó oficialmente conformada para el periodo legislativo 2026-2030. La célula, integrada por 13 senadores, fue avalada junto con las otras seis comisiones constitucionales permanentes mediante una proposición que la plenaria del Senado respaldó con 95 de los 103 votos posibles, equivalentes al 92,2% de la corporación. La instalación estuvo a cargo del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien encabezó personalmente la puesta en marcha de las siete células legislativas que asumirán el estudio y primer debate de los proyectos de ley y de los actos legislativos antes de su paso a la plenaria. Con esta integración, el Legislativo colombiano comienza formalmente su trabajo por áreas temáticas para el nuevo cuatrienio, justo cuando el país enfrenta discusiones pendientes en transición energética, seguridad alimentaria y ordenamiento de tierras rurales, tres frentes que quedan directamente bajo la órbita de esta célula legislativa.

Según Opinión Caribe, la distribución de las 13 curules de la Comisión Quinta quedó de la siguiente manera: el Pacto Histórico obtuvo tres asientos, la cuota individual más alta entre todos los partidos, ocupados por Carmen Patricia Caicedo Omar, Yaini Isabel Contreras Jiménez y Cristian Kevin Gómez Paz. Le siguen, con dos curules cada uno, el Centro Democrático (Juan Fernando Espinal Ramírez y Óscar Villamizar Meneses), el Partido Liberal (María Eugenia Lopera y Camilo Torres), el Partido Conservador (Miguel Ángel Barreto y Marcos Daniel Pineda) y Cambio Radical (Gonzalo Baute y Didier Lobo). Completan la mesa la Alianza Verde y el Partido de la U, con una curul cada uno, representados por Ariel Ávila Martínez y Johny Besaile, respectivamente. De acuerdo con El Nuevo Siglo, la mesa directiva para la legislatura 2026-2027 quedó en cabeza del senador Juan Espinal, del Centro Democrático, como presidente, mientras que la vicepresidencia recayó en Gonzalo Baute, de Cambio Radical, en un reparto de cargos que replica, a menor escala, el mismo acuerdo de cuotas alcanzado entre las bancadas para repartir las mesas directivas de las siete comisiones constitucionales.

La nueva integración releva a la mesa saliente, liderada por el presidente Edgar Díaz y el vicepresidente Miguel Ángel Barreto —quien repite como integrante en el nuevo periodo—, la cual cerró la legislatura 2025-2026 con un balance de 49 proyectos de ley a consideración, de los que 14 fueron aprobados y 35 se archivaron, según el informe de gestión divulgado por el Senado de la República. Entre los debates de control político que marcaron la gestión saliente se destacaron la crisis del sector arrocero, la situación financiera de Ecopetrol, el avance del Catastro Multipropósito y la crisis del sector lechero, temas que previsiblemente reaparecerán en la agenda del nuevo cuatrienio. A ello se suman los proyectos ya radicados sobre transición energética, formalización minera y adjudicación de tierras rurales, que deberán surtir primer debate en esta célula antes de continuar su trámite hacia la plenaria, en un ambiente legislativo marcado por la instalación reciente del nuevo Congreso y la posesión, prevista para el 7 de agosto, del presidente electo Abelardo de la Espriella, cuyo gabinete deberá coordinar su agenda agropecuaria, minera y energética con esta misma comisión.

Para Sectorial, la conformación de la Comisión Quinta configura un escenario de equilibrio político sin mayorías absolutas: ningún partido supera el 23,1% de las curules, lo que obligará a tejer alianzas transversales para tramitar cualquier iniciativa. Esta correlación de fuerzas es relevante para los sectores agropecuario, minero y energético, que enfrentan una agenda regulatoria densa; la comisión saliente archivó el 71,4% de los proyectos que estudió, una tasa que anticipa fricciones similares para asuntos sensibles como el déficit energético, la formalización minera y el destino del Catastro Multipropósito.

La presidencia del Centro Democrático, Juan Espinal, acompañada de la vicepresidencia de Cambio Radical, sugiere una orientación más cercana a los gremios productivos que a las banderas ambientales que impulsa el Pacto Histórico, pese a que este conserva la bancada individual más numerosa de la célula. Para las empresas y gremios que dependen del trámite legislativo en materia de tierras, minas y energía, monitorear de cerca las prioridades de esta comisión durante los primeros meses de la legislatura será clave para anticipar riesgos regulatorios y detectar oportunidades de incidencia oportuna ante el nuevo Congreso.

Para monitorear cómo la nueva composición de la Comisión Quinta del Senado puede incidir en el desarrollo del sector agropecuario, la actividad minero-energética y la gestión ambiental, consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial.co.

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El Senado de la República instaló formalmente la Comisión Cuarta Constitucional Permanente para el periodo legislativo 2026-2030, una de las siete comisiones que deben avalar los proyectos de ley antes de que lleguen a la plenaria. La ficha oficial de funciones publicada por el Senado de la República precisa que esta célula conoce de las leyes orgánicas de presupuesto, el sistema de control fiscal financiero, la enajenación y destinación de bienes nacionales y la regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas. Junto con la Comisión Tercera, integra el bloque de comisiones económicas que tramitará en primer debate, durante el primer año de gobierno de Abelardo De La Espriella, el presupuesto heredado del gobierno saliente, una eventual reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. La composición de esta comisión, como advierte El Tiempo, incide directamente en el trámite de las reformas que el nuevo Gobierno y las distintas bancadas buscarán impulsar durante los próximos cuatro años. La comisión quedó conformada por 15 congresistas provenientes de nueve colectividades políticas, resultado del reparto negociado entre bancadas tras la instalación del nuevo Congreso el pasado 20 de julio.

Según el diario El Tiempo, la integración definitiva incluye a cuatro senadores del Pacto Histórico, Wilson Néber Arias Castillo, Laura Cristina Ahumada García, Aida Yolanda Avella Esquivel y Kamelia Edith Zuluaga Navarro, dos del Centro Democrático, dos del Partido Liberal, dos del Partido Conservador y un representante cada uno de Alianza Verde, Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Gente en Movimiento. Un comunicado del Senado de la República precisó que, en la instalación de la primera sesión ordinaria, los congresistas eligieron por unanimidad a la senadora Diela Liliana Benavides Solarte, del Partido Conservador, como presidenta de la célula legislativa, mientras que el liberal Álvaro Henry Monedero Rivera asumió la vicepresidencia. En la Cámara de Representantes, la comisión par quedó en cabeza del representante liberal Alexander Bermúdez.

El desenlace de la presidencia contrasta con versiones previas a la votación: un reporte de El Nuevo Siglo, citado el 29 de julio por el portal Infobae, había anticipado que el cargo quedaría en manos de Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, dentro del reparto de dignidades pactado entre bancadas. La elección formal, sin embargo, favoreció al Partido Conservador. Algo similar ocurrió en la Comisión Tercera, la otra célula económica del Senado, donde se esperaba inicialmente al conservador David Barguil, pero la presidencia terminó en manos de la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, según el mismo análisis de El Tiempo. Un análisis posterior de ese diario describe el mapa resultante de las comisiones económicas como un punto de partida favorable para el gobierno entrante, en momentos en que estas células deberán debatir, entre otros temas, el ajuste al presupuesto y una nueva reforma tributaria. En el balance conjunto de las comisiones Tercera y Cuarta, que suma Senado y Cámara, el Pacto Histórico se consolidó como la bancada con mayor número de curules, con 20 congresistas, seguido del Centro Democrático con 16 y el Partido Liberal con 14, de acuerdo con cifras publicadas por La República.

Para Sectorial, la integración de la Comisión Cuarta anticipa el tono con el que el nuevo Congreso abordará la discusión fiscal del primer año de gobierno. Con nueve partidos representados y ninguna bancada individual cerca de una mayoría absoluta dentro de sus 15 curules, la aprobación de temas sensibles, como el ajuste al presupuesto heredado del gobierno saliente, una eventual reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, dependerá de coaliciones caso por caso más que de bloques estables.

La presidencia conservadora, sumada a la cercanía reportada de varias colectividades con el gobierno de Abelardo De La Espriella, sugiere un punto de partida institucional relativamente favorable para el Ejecutivo entrante, aunque la pluralidad de la comisión, encabezada en número por el Pacto Histórico, con cuatro senadores, deja abierta la posibilidad de fricciones en debates presupuestales de alto impacto sectorial. Para los gremios y empresarios que siguen de cerca la discusión fiscal del país, el perfil de quienes presiden esta comisión será tan relevante como el contenido mismo de los proyectos de presupuesto y de reforma tributaria que allí se tramiten en los próximos meses. Ese equilibrio entre comisiones económicas será uno de los primeros indicadores a monitorear en el nuevo cuatrienio.

Para hacer seguimiento al impacto que las decisiones de la Comisión Cuarta del Senado puedan tener sobre la política fiscal, el Presupuesto General de la Nación, la contratación pública y el entorno regulatorio de los sectores productivos, consulte el informe de Actualidad informativa sectorial.

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El sector de Contact Center y Business Process Outsourcing (BPO) en Colombia enfrenta en el primer semestre de 2026 una fase de ajuste estructural marcada por la profundización de la transformación tecnológica y el impacto acumulado de las reformas regulatorias. Entre enero y marzo de 2026, el índice de ingresos por servicios prestados registró un promedio de 107,5, lo que representa una caída del 7,9% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el índice de personal ocupado total descendió a 84,1, con una contracción del 8,3%. No obstante, el sector continúa generando empleo a nivel agregado: en el primer trimestre de 2026, el número de ocupados alcanzó 203.088, un crecimiento del 5,5% frente al mismo periodo del año anterior. La migración del modelo tradicional al de Business Transformation Outsourcing (BTO) se acelera, impulsada por la adopción de inteligencia artificial que permite reducciones de costos operativos de hasta el 85,0% en interacciones automatizadas, al tiempo que reconfigura los perfiles laborales hacia la especialización. Las exportaciones de servicios de contact center cerraron 2025 en US$1.424,6 millones, aunque la convergencia regulatoria de 2026, con el incremento salarial del 23,0% y la reducción de la jornada laboral a 42 horas, plantea un desafío de competitividad frente a otros destinos de la región.

El Congreso de la República, instalado el pasado 20 de julio, completó entre el 24 y el 28 de julio la integración de las siete comisiones constitucionales permanentes que filtrarán los proyectos de ley durante el cuatrienio 2026-2030. Entre ellas, la Comisión Sexta, conocida institucionalmente como la Comisión de Transportes y Comunicaciones, concentra una agenda de alto interés para varios sectores económicos: según la página institucional de la Cámara de Representantes, esta célula tramita trece frentes temáticos, entre ellos comunicaciones, tarifas, calamidades públicas, prestación de servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnológica, espectro electromagnético, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y educación y cultura. La misma fuente precisa que la célula está integrada formalmente por trece congresistas en el Senado y dieciocho en la Cámara. Según El Tiempo, todo proyecto de ley debe pasar primero por la comisión constitucional que corresponda a su materia antes de llegar a la discusión de plenaria, lo que convierte a la Comisión Sexta en un filtro obligatorio para cualquier reforma que toque la infraestructura vial, el espectro radioeléctrico o la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Según El Espectador, en la Cámara de Representantes, corporación integrada en total por 183 congresistas, de acuerdo con el mismo diario, la Comisión Sexta quedó liderada por el Pacto Histórico, que aseguró 6 curules, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal, con 3 asientos cada uno. Cambio Radical y las Curules de Paz (CITREP) completaron 2 escaños por bancada, mientras que el Partido Conservador, el Partido de la U, la Alianza Verde y el movimiento Creemos obtuvieron una silla cada uno. La sumatoria reportada por el medio asciende a 20 congresistas, cifra superior a los dieciocho miembros que describe formalmente la página institucional de la Cámara para esta célula; la discrepancia solo podrá resolverse con el acta definitiva de conformación. El mismo diario reportó que este reparto fue posible gracias a un intercambio de curules entre bancadas, en el que el Pacto Histórico cedió un puesto en la Comisión Tercera al Partido de la U a cambio de un puesto adicional en la Comisión Sexta.

En el Senado, la distribución resultó más fragmentada. Según El Tiempo e Infobae, la Comisión Sexta senatorial quedó integrada por 13 congresistas, de los cuales solo 3 pertenecen al Pacto Histórico, Pedro Flórez Porras, Walter Rodríguez Chaparro y María Eugenia Londoño, mientras el Centro Democrático sumó 2 curules con Esteban Quintero Cardona y Julia Correa Nuttin, y el resto de colectividades (Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y MIRA) se repartieron una o dos sillas cada una. Infobae reportó, además, que la presidencia de la célula quedaría en manos del senador Carlos Guevara, del partido MIRA, mientras que en la Cámara aún no se conocían oficialmente, al cierre de esta edición, los nombres que asumirían la mesa directiva de la comisión. El Nuevo Siglo confirmó de forma independiente la misma lista de trece senadores, con variaciones menores en la escritura de algunos nombres frente a El Tiempo e Infobae.

Para los sectores que monitorea Sectorial, la lectura de esta doble composición es clara: el filtro legislativo para transporte, TIC, obras públicas y servicios públicos operará bajo lógicas distintas en cada cámara. En la Cámara, la concentración de curules del Pacto Histórico en la Comisión Sexta —el doble de lo que logró en el Senado— le da a esa bancada mayor capacidad para fijar la agenda de proyectos como los que ya solicitan los gremios automotores (prórroga de 12 meses para nuevos reglamentos técnicos) o la aceleración de concesiones viales de quinta generación. En el Senado, en cambio, la mayor fragmentación —con siete colectividades repartiéndose 10 de las 13 curules en bloques de una o dos sillas— obligará a construir mayorías más amplias, lo que podría ralentizar reformas al espectro radioeléctrico o a la conectividad rural. Las empresas de transporte, telecomunicaciones, infraestructura vial y servicios públicos deberían seguir de cerca ambas células, pues cualquier proyecto de su interés deberá superar primero este doble filtro antes de llegar a la plenaria.

La nueva correlación de fuerzas en la Comisión Sexta marcará el ritmo de las reformas a transporte, TIC, obras públicas e infraestructura durante el cuatrienio 2026-2030. Para un seguimiento detallado de las variables políticas y normativas que condicionan la inversión en estos sectores, consulte: Foros Sectoriales →

El Senado de la República completó este martes 28 de julio la conformación de sus siete comisiones constitucionales permanentes para el periodo legislativo 2026-2030, un paso previo a la definición de las jefaturas que orientarán el trámite de las reformas durante el nuevo cuatrienio. La Comisión Séptima, encargada de las iniciativas relacionadas con salud, trabajo, seguridad social, vivienda, familia, deporte y régimen de los servidores públicos, quedó integrada por 14 congresistas repartidos entre seis bancadas políticas, sin que ninguna agrupación alcance por sí sola los ocho votos necesarios para aprobar o archivar un proyecto de ley. Sus decisiones inciden, entre otros aspectos, en cómo se organiza institucionalmente el sistema, en la relación entre quienes aseguran y quienes prestan los servicios médicos, y en las garantías laborales del personal que trabaja en el sector. Esta célula legislativa funcionará como el primer filtro de cualquier iniciativa que busque modificar el aseguramiento, la prestación de servicios o el financiamiento del sistema sanitario, antes de que dichos proyectos puedan avanzar hacia la plenaria del Senado.

Según Consultorsalud, la agrupación Pacto Histórico + Mais logró la mayor representación dentro de la comisión, con cuatro integrantes que equivalen al 28,6 % de las 14 curules. Le siguen el Centro Democrático y la coalición CRUSMI, integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, Salvación Nacional y Mira, cada una con tres senadores, es decir, el 21,4 % del total. La alianza entre el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo y Demócratas ocupa dos curules (14,3 %), mientras que la Alianza Verde, junto con Aico y En Marcha, y el Partido Conservador cuentan con un escaño cada uno (7,1 %). Entre los nombres que integrarán la célula legislativa también figuran Sandra Claudia Chindoy Jamioy y Marta Peralta Epieyú, por el Pacto Histórico + Mais, y Norma Hurtado, por la coalición CRUSMI.

La composición de la nueva Comisión Séptima cobra particular relevancia para el sector salud, que llega a este relevo legislativo con las finanzas comprometidas. Según cifras propias de Sectorial, el presupuesto asignado en 2026 a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asciende a $110,7 billones, con un gasto proyectado que crece al 12,4 %, frente a un recaudo de apenas el 8,4 %, mientras la deuda acumulada de las EPS con hospitales y clínicas alcanza los $32,9 billones. Dicha entidad depende en un 91,0 % de aportes de la Nación y cotizaciones parafiscales, un nivel de dependencia fiscal que condiciona cualquier ajuste al gasto en salud. Consultorsalud advierte que, como las seis bancadas se reparten los 14 escaños sin que ninguna alcance la mitad más uno, el destino de cualquier proyecto sanitario, que avance, se modifique o se archive, dependerá de los consensos que logren tejerse entre ellas. Ese escenario de negociación permanente definirá el ritmo de los debates sobre el aseguramiento, la prestación de servicios y el papel de las EPS durante el nuevo cuatrienio.

Desde Sectorial se interpreta que la fragmentación de la Comisión Séptima, sin una bancada que supere el 28,6 % de sus curules, reduce la probabilidad de que una futura reforma a la salud avance sin cambios sustanciales, ya que su aprobación dependerá de coaliciones que aún deben construirse entre bancadas con posiciones históricamente distantes frente al modelo de salud. La llegada de una presidencia del Centro Democrático, colectividad que ha mantenido una postura crítica frente a la transformación de las EPS en gestoras de salud, sugiere un escrutinio más estricto sobre la viabilidad fiscal de cualquier proyecto que se radique en los próximos meses. Para las EPS, IPS y demás actores del sistema, el reto no será únicamente político: el desequilibrio entre el crecimiento del gasto (12,4 %) y de los ingresos (8,4 %) del sistema, junto con una dependencia del 91,0 % de los recursos de la Nación, seguirá presionando el flujo de caja del sector, sin importar qué proyecto se discuta en el Congreso. La composición de la comisión funciona, por tanto, como un indicador temprano del apetito de riesgo regulatorio que enfrentarán aseguradores y prestadores durante los próximos cuatro años.

Para monitorear cómo la nueva correlación de fuerzas en el Congreso puede incidir en el marco regulatorio, la sostenibilidad financiera y el riesgo de inversión del sector salud, consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial.co.

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Reforma a la salud se hunde por falta de claridad financiera

Desde 1999 se han liquidado 118 EPS, la mayoría manejadas por actores públicos (Infografía)

• Las crecientes restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos han acelerado la pérdida de cuota de mercado de Nvidia en China. Para 2026, se proyecta que la participación de las firmas extranjeras (encabezadas por Nvidia y AMD) caiga a un mínimo histórico del 21%, abriendo una brecha estratégica que está siendo capturada por actores locales.
• A través de soluciones disruptivas como la tarjeta aceleradora Atlas 350 de Huawei y el desarrollo de alternativas de software para rivalizar con el ecosistema CUDA de Nvidia por parte de Cambricon, China está construyendo una cadena de suministro de microprocesadores soberana que redefinirá la economía de la inteligencia artificial.

En los últimos años, las estrictas regulaciones de Washington para restringir el acceso de China a microprocesadores avanzados de inteligencia artificial (IA) forzaron a la estadounidense Nvidia a diseñar versiones recortadas en potencia de procesamiento, como el chip H20. Sin embargo, esta estrategia de contención regulatoria ha terminado por actuar como el catalizador definitivo de la autosuficiencia tecnológica china.

Se estima que en 2026 la participación combinada de Nvidia y otras firmas estadounidenses en el sector de servidores de IA en China disminuirá del 34% registrado el año pasado a un 21% para el cierre de este período. En contraste, el duopolio local conformado por Huawei Technologies y Cambricon Technologies experimentará una expansión sin precedentes. Se proyecta que capturen de manera conjunta el 56% del mercado este año, con un potencial de alcanzar hasta el 80% del ecosistema de servidores de IA en el gigante asiático si se suma el desarrollo de circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC) propios de grandes corporaciones como ByteDance y Alibaba.

El escepticismo inicial de los analistas globales sobre la capacidad de China para producir hardware competitivo sin acceso a tecnologías de litografía extrema se ha ido disipando. Huawei ha liderado la respuesta local con el lanzamiento de su plataforma de aceleración Atlas 350, logrando rendimientos en tareas de inferencia 2.8 veces superior al del procesador H20 de Nvidia, el cual representaba la principal opción comercial permitida para la exportación a China. Paralelamente, Huawei ha implementado una estrategia de integración avanzada a nivel de sistema que elude la desventaja de transistores individuales de menor densidad. Esta empresa china no busca competir únicamente procesador contra procesador, en su lugar, interconecta múltiples chips en clústeres masivos capaces de superar métricas de rendimiento de sistemas de última generación de Nvidia (como el Blackwell GB200 NVL72) en cargas de trabajo complejas de entrenamiento y procesamiento de datos.

A diferencia de Huawei, que opera como un conglomerado diversificado de telecomunicaciones y electrónica de consumo, Cambricon Technologies se consolida como la alternativa especializada pura en el diseño de unidades de procesamiento gráfico general (GPGPU) y chips de aprendizaje profundo en China. Fundada por talentos de la Academia China de Ciencias, Cambricon ha captado la atención del mercado bursátil, triplicando el valor de sus acciones en el último año debido a su rol crítico en la seguridad nacional tecnológica.

A pesar de las sanciones regulatorias que limitan su acceso directo a fundiciones internacionales de primer nivel, Cambricon ha asegurado un importante financiamiento en la Bolsa de Shanghái por más de 560 millones de dólares. Estos fondos de inversión están destinados a asegurar la soberanía tecnológica en dos frentes:

• El diseño y perfeccionamiento de cuatro nuevos microprocesadores optimizados para el entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje de gran escala (LLM).
• El desarrollo de una plataforma de software unificada que sirva como alternativa nativa y directa a CUDA, el entorno de programación propietario que constituye el principal foso defensivo de Nvidia en el mercado global de desarrolladores.

El verdadero catalizador de esta transformación de mercado no es únicamente el mérito técnico de ingeniería, sino una decidida política de sustitución nacional. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha aprobado por primera vez la inclusión formal de los procesadores de Huawei y Cambricon en la lista oficial de compras y adquisiciones del sector público. Esta directriz formal —enviada de forma escrita a agencias gubernamentales y empresas de propiedad estatal— asegura miles de millones de dólares en ingresos cautivos para los diseñadores locales, permitiéndoles financiar de manera constante la investigación y el desarrollo necesarios para reducir la brecha tecnológica internacional.

La reconfiguración del mercado de chips de IA plantea un cambio estructural para todas las industrias que dependen de capacidades de cómputo. Sectores clave como la banca y fintechs, aseguradoras, clínicas y proveedores de salud, cajas de compensación y la academia deben analizar de cerca esta fragmentación de las cadenas de valor. La consolidación de alternativas tecnológicas no occidentales alterará inevitablemente los costos de infraestructura en la nube, el licenciamiento de herramientas de procesamiento de datos y la velocidad de implementación de modelos de inteligencia artificial propios.

La industria colombiana de parques temáticos, atracciones y centros de entretenimiento consolida su papel como uno de los motores del turismo interno. Según Acolap (Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones), el sector cerró 2025 con un incremento de 9,9 % en sus ventas y una afluencia superior a los 20,0 millones de visitantes.

De acuerdo con Portafolio, un estudio bienal elaborado por IAAPA (Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones) junto con Tourism Economics, que evaluó a 25 países y territorios de América Latina y el Caribe, ubicó a Colombia en el sexto lugar regional por impacto económico, con US$1.095,0 millones, de los cuales US$498,0 millones corresponden a impacto directo y US$597,0 millones a impacto indirecto e inducido, cifra 57,0 % superior a la medición previa de US$698,0 millones. Solo siete mercados de la región superaron los US$1.000,0 millones: México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, con México y Brasil concentrando el 59,0 % del impacto económico regional.

El mismo informe reporta que el país recibió 11,2 millones de visitantes en 2024, frente a 7,7 millones del ciclo anterior, un crecimiento de 45,4 %, y contabilizó 988 atracciones activas, 309 centros de entretenimiento y 195 experiencias naturales o de aventura, 13,0 % más que las 873 registradas en la medición pasada. Paulina Reyes, vicepresidenta de IAAPA para América Latina y el Caribe, atribuyó el resultado a la apuesta de inversionistas y operadores por fortalecer la oferta nacional.

Según Acolap, aunque las ventas crecieron, la rentabilidad del sector permanece presionada por el alza de los costos laborales, la sobretasa a la energía, la reducción de la jornada laboral y los recargos de la reforma laboral en turnos nocturnos, dominicales y festivos, factores que inciden de forma directa dado que cerca del 70,0 % de la operación de un parque depende del talento humano. El gremio agrupa a 370 establecimientos operados por más de 130 afiliados, más del 50,0 % del sector, y estima que la actividad genera más de 30.000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 70,0 % corresponde a jóvenes entre 18 y 25 años.

De acuerdo con Sectorial, es importante precisar que las dos fuentes citadas no miden exactamente el mismo universo: los datos de Acolap reflejan el desempeño de 2025 exclusivamente para parques de diversiones y atracciones afiliados al gremio, mientras que el estudio de IAAPA corresponde a 2024 y agrupa una categoría más amplia de “industria de atracciones” que incluye museos y centros de entretenimiento en general; ambas cifras, por tanto, no deben sumarse ni compararse de forma directa.

Aun con esa diferencia metodológica, ambas series apuntan en la misma dirección: un sector que crece en ingresos y visitantes, pero cuya rentabilidad se erosiona por una estructura de costos intensiva en mano de obra, sensible a cambios regulatorios como la reforma laboral y la sobretasa energética. Para Sectorial, este desacople entre crecimiento nominal y margen operativo es la variable clave a monitorear de cara a 2026, especialmente porque el relevo de gobierno abre una ventana de negociación gremial concreta sobre tributación y costos laborales del turismo de recreación.

Para obtener más información sobre el desempeño financiero, los riesgos regulatorios y las oportunidades de inversión que enfrenta la industria del entretenimiento y el turismo de recreación en Colombia, consulte el Índice de Desempeño Sectorial. Conozca en profundidad las variables comerciales y normativas que impactan la competitividad de este sector para respaldar sus decisiones corporativas.

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El buen desempeño de las materias primas, en especial el petróleo y el cobre, sostendría un nuevo ciclo de crecimiento en el pago de dividendos por parte de las empresas latinoamericanas durante 2026 y 2027. Durante el primer trimestre del año, las compañías de la región repartieron US$10.500 millones entre sus accionistas, un incremento del 15,0% frente al mismo periodo de 2025, cifra que representó el 2,7% del total de dividendos distribuidos a nivel mundial.

Las previsiones de consenso de IBES apuntan a que las ganancias por acción del índice MSCI América Latina crecerán cerca del 29,0% en 2026, un colchón que abriría espacio para que las compañías continúen aumentando la remuneración a sus accionistas y ejecutando recompras de acciones en los próximos trimestres. Según La República, a escala global los dividendos corporativos sumaron US$424.500 millones durante el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 10,1%, mientras que las recompras retrocedieron 3,1% hasta US$425.700 millones, lideradas globalmente por Saudi Aramco en dividendos y por Apple en recompras.

Según el diario La República, Brasil concentró la mayor proporción de los pagos regionales al alcanzar el 58,8% del total distribuido en América Latina durante el primer trimestre, equivalente a US$6.300 millones, con un crecimiento subyacente del 9,6% y uno nominal del 9,3%. Entre las emisoras brasileñas destacó la minera Vale SA, que elevó su dividendo por acción de US$0,53 en el primer trimestre de 2025 a US$0,71 en el mismo periodo de 2026. Chile ocupó el segundo lugar regional, con US$2.000 millones y una participación del 19,4% del total, mientras que México registró US$1.400 millones y el 13,1% del reparto latinoamericano, con un avance nominal del 64,9% influido por el tipo de cambio y por Grupo México SAB, que incrementó su dividendo por acción de aproximadamente US$0,064 a US$0,087. Perú, por su parte, distribuyó US$800 millones, con una participación del 7,7% y un aumento del 47,7% tanto en términos subyacentes como nominales, impulsado por la actividad de Southern Copper Corporation.

De acuerdo con Bloomberg Línea, las previsiones de consenso de IBES anticipan que el crecimiento de los dividendos del sector energético de la región alcance hasta el 75,0% en 2026, impulsado por el aumento en los precios del petróleo y el gas, mientras que los pagos del sector de materiales avanzarían un 19,0%. En contraste, el sector financiero, que representa cerca del 35,0% del índice MSCI América Latina, crecería apenas un 2,0%. Janus Henderson proyecta que los dividendos regionales aumentarán un 12,0% durante 2026 y que dicho crecimiento podría acelerarse hasta el 17,0% en 2027, en la medida en que los sectores de energía y materiales concentran cerca del 30,0% del índice MSCI América Latina, frente a solo el 7,0% del índice MSCI World. No obstante, la firma advirtió que un conflicto prolongado en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz podrían generar presiones inflacionarias y aumentos en las tasas de interés que limiten la capacidad de las empresas para sostener el ritmo de distribución de utilidades.

De acuerdo con Sectorial, para el mercado colombiano, esta dinámica reviste una relevancia particular, dado que la Bolsa de Valores de Colombia mantiene una alta concentración en compañías ligadas a los precios internacionales de materias primas, en especial Ecopetrol, cuyo flujo de caja y capacidad de pago de dividendos dependen directamente de la cotización del petróleo. Un ciclo alcista sostenido en los commodities energéticos podría replicar en el mercado local parte del comportamiento observado en emisoras como Vale o Southern Copper, fortaleciendo el atractivo de las acciones colombianas para inversionistas institucionales. Sin embargo, la elevada dependencia de un solo sector introduce un riesgo de concentración que contrasta con mercados bursátiles más diversificados, y la volatilidad geopolítica que hoy sostiene los precios del crudo podría revertirse con la misma rapidez con la que impulsó las utilidades corporativas.

¿Cómo deberían los inversionistas colombianos posicionarse ante un ciclo de materias primas al alza? con el Índice de Desempeño Sectorial, los Reportes EXIM y los Foros Sectoriales de Sectorial, encuentre el análisis detallado de las tendencias cambiarias, bursátiles y de commodities que definirán su estrategia de inversión.

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Hace poco más de un siglo, cientos de miles de noruegos abandonaban su país buscando oportunidades en Estados Unidos. Hoy, Noruega es una de las economías más prósperas del planeta y lidera industrias tan diversas como la acuicultura, la construcción naval de alta tecnología y la ingeniería marítima.

El caso resulta especialmente llamativo porque se trata de un país con apenas cinco millones y medio de habitantes. Solo durante el primer semestre de 2026 exportó salmón por 58.000 millones de coronas noruegas, consolidándose como el principal productor mundial de salmón atlántico.

Sin embargo, detrás de este éxito aparecen nuevos desafíos: aranceles estadounidenses, competencia creciente de China, cambios tributarios y una concentración empresarial que empieza a preocupar incluso al propio gobierno.

De una economía rural a una nación marítima

Cuando Noruega se independizó de Dinamarca en 1814 era una economía eminentemente rural. Gran parte de la población dependía de una agricultura poco productiva debido a la escasez de tierras cultivables y a un clima difícil.

Entre 1825 y 1925 más de 750.000 noruegos emigraron hacia Norteamérica, una cifra enorme para una población relativamente pequeña.

A finales del siglo XIX la construcción naval y el comercio marítimo comenzaron a transformar la economía. Noruega llegó a poseer una de las mayores flotas mercantes del mundo, aunque las comunidades costeras seguían dependiendo casi exclusivamente de la pesca artesanal.

Todo cambió cuando el colapso del arenque en los años sesenta dejó sin sustento a miles de familias.

Lejos de significar el final del sector, aquella crisis impulsó una de las mayores transformaciones productivas de la historia del país.

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El nacimiento de la industria del salmón

Durante la década de 1970 aparecieron las primeras jaulas flotantes para criar salmón en los fiordos noruegos.

Las condiciones naturales jugaron un papel decisivo. Los fiordos protegían las instalaciones del oleaje, mientras que la Corriente del Golfo mantenía temperaturas ideales para el desarrollo del salmón atlántico.

Además, la biología favorecía el negocio: una sola hembra puede producir miles de huevos por temporada, lo que permitió multiplicar rápidamente la producción mediante sistemas controlados.

En sus inicios no participaron grandes multinacionales. Fueron antiguos pescadores quienes adaptaron sus conocimientos tradicionales a una nueva actividad que acabaría revolucionando la economía del país.

Del pescado a la alta tecnología

Con el paso del tiempo, aquella industria artesanal evolucionó hacia un sistema altamente automatizado.

Actualmente Noruega produce cerca de la mitad del salmón atlántico mundial y exporta más del 95 % de su producción a más de cien países.

Pero el verdadero salto no provino únicamente de la acuicultura.

El descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte durante los años sesenta permitió desarrollar capacidades de ingeniería offshore de primer nivel. Décadas después, ese conocimiento comenzó a trasladarse hacia la acuicultura.

Hoy enormes estructuras flotantes operan mediante sensores, inteligencia artificial y sistemas automatizados que controlan la alimentación, la calidad del agua y la salud de millones de peces en tiempo real.

Empresas especializadas en tecnología marítima aplican conocimientos desarrollados inicialmente para plataformas petroleras en una industria completamente distinta.

Así transformó Suecia su economía para convertirse en uno de los países más productivos del mundo.

Una industria naval que también evolucionó

La transformación también alcanzó a los astilleros.

En ciudades como Ålesund, donde antes predominaba la construcción de barcos pesqueros tradicionales, hoy se fabrican embarcaciones científicas, rompehielos, buques especializados para operaciones offshore e incluso barcos autónomos.

Uno de los casos más conocidos es el Yara Birkeland, considerado el primer portacontenedores totalmente eléctrico diseñado para operar de forma autónoma.

El proyecto demuestra que Noruega no solo exporta recursos naturales, sino también tecnología, ingeniería y conocimiento.

Los desafíos que enfrenta el modelo

A pesar de sus éxitos, la economía noruega atraviesa un periodo de incertidumbre.

Estados Unidos impuso nuevos aranceles que redujeron significativamente las exportaciones de salmón hacia ese mercado.

Como consecuencia, China comenzó a ganar protagonismo y, por primera vez, superó a Estados Unidos como principal comprador de productos del mar noruegos.

Al mismo tiempo, el gobierno impulsó un impuesto especial sobre las rentas extraordinarias de la acuicultura.

La medida generó fuertes críticas del sector privado, que advirtió sobre menor inversión y mayor concentración empresarial. Finalmente, el Parlamento decidió eliminar el sistema utilizado para calcular ese impuesto, aunque mantuvo la carga tributaria general sobre la actividad.

Este debate refleja una tensión permanente: cómo distribuir la riqueza generada por una industria extraordinariamente rentable sin afectar su competitividad internacional.

China está redefiniendo el comercio mundial y desafiando el liderazgo económico de Occidente.

¿Por qué otros países no han logrado copiar el modelo?

Chile también es uno de los mayores productores mundiales de salmón. Escocia posee condiciones geográficas similares. Sin embargo, ninguno ha logrado replicar completamente el caso noruego.

La diferencia no radica únicamente en los recursos naturales.

Noruega combinó durante décadas inversión pública, educación, innovación tecnológica, instituciones estables y una estrategia de largo plazo para convertir los ingresos del petróleo en nuevas capacidades productivas.

En lugar de depender exclusivamente del crudo, utilizó ese conocimiento para desarrollar industrias completamente diferentes.

Esa diversificación explica por qué hoy exporta mucho más que petróleo.

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Una lección para las economías dependientes de materias primas

La historia de Noruega demuestra que la riqueza natural, por sí sola, no garantiza el desarrollo.

Muchos países ricos en recursos nunca lograron construir sectores tecnológicos competitivos. Noruega, en cambio, convirtió una crisis pesquera en una industria global y utilizó las capacidades desarrolladas en el petróleo para liderar nuevas actividades de alto valor agregado.

Ahora enfrenta nuevos retos: cambios geopolíticos, tensiones comerciales, reformas fiscales y una competencia internacional cada vez más intensa.

Pero su principal enseñanza sigue vigente.

El verdadero éxito no consistió únicamente en encontrar petróleo o producir salmón, sino en utilizar esas ventajas para crear conocimiento, innovación y tecnología capaces de sostener el crecimiento durante décadas.

El financiamiento del aseguramiento en salud en Colombia mantuvo una expansión sostenida durante la primera mitad del año. Entre enero y junio de 2026, la entidad encargada de administrar los dineros del sistema reconoció $52,16 billones destinados a garantizar la cobertura de los afiliados. Del total, $26,42 billones correspondieron al régimen subsidiado y $25,74 billones al contributivo. La cifra supera los $45,47 billones reconocidos en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento absoluto cercano a $4,11 billones en el subsidiado y a $2,58 billones en el contributivo.

A este monto se sumaron más de $686 mil millones reconocidos por concepto de licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela, frente a los $605 mil millones registrados un año atrás, evidenciando una mayor movilización nominal de recursos hacia clínicas, hospitales y proveedores de todo el territorio nacional.

Según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en junio de 2026 se reconocieron $8,43 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), de los cuales $4,41 billones se dirigieron al régimen subsidiado y $4,02 billones al contributivo. Durante ese mes, la entidad distribuyó $6,58 billones mediante el mecanismo de giro directo a 3.673 clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud. Esa transferencia equivalió al 77,1% de la UPC reconocida en el régimen contributivo, con $3,10 billones para 2.992 instituciones, y al 79,0% en el subsidiado, con $3,48 billones para 3.290 receptores.

El comparativo semestral muestra que el reconocimiento para el régimen subsidiado creció 18,4% frente a 2025, mientras que el contributivo avanzó 11,2% y las licencias aumentaron 13,4%. De manera complementaria, en junio se reconocieron más de $162 mil millones para incapacidades por enfermedad general, cerca de $43 mil millones para actividades de promoción y prevención, y alrededor de $103 mil millones para licencias y tutelas.

La entidad entre 2022 y 2026 realizó 205 millones de transacciones para recaudar $366,8 billones, con un promedio mensual de 3,9 millones de operaciones. En el último año, los giros bancarios anuales pasaron de cerca de 268.000 a alrededor de 400.000.

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