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Terremoto frena más de $180.000 millones en la economía cultural del Pacífico
El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), obligó a suspender dos de los eventos culturales más relevantes del segundo semestre en el país: la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en Cali, y las Fiestas de la Cosecha, en Pereira. Ambas decisiones fueron tomadas por las administraciones locales como medida de priorización de la atención humanitaria, en un momento en que el Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío concentran la mayor parte de la emergencia nacional declarada por el Gobierno.
El sismo también modificó la agenda deportiva nacional e internacional, con el aplazamiento de dos encuentros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que estaban programados en territorio colombiano esta semana. Para una industria cultural que en 2023 generó un valor agregado superior a $40,6 billones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pausa forzosa de dos de sus eventos insignia representa un golpe económico concentrado precisamente en dos de las ciudades más afectadas por el desastre natural.
Según el diario La República, la edición 30 del Petronio Álvarez, que debía reunir a más de 1.000.000 de personas, proyectaba un impacto económico hasta de $180.000 millones, aunque otra estimación divulgada por la organización lo ubicaba por encima de $150.000 millones. La inversión total del festival rondaba los $30.000 millones, con un efecto multiplicador de 4,2 veces, de acuerdo con Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali, lo que significa que cada peso invertido generaría un impacto total de $4,2 adicionales en la economía del Pacífico, incluyendo municipios como Guapi, Tumaco y Quibdó. Como referencia de su músculo económico, la edición 29, realizada en 2025, convocó a más de 800.000 asistentes, llevó la ocupación hotelera de Cali hasta el 89,0% y generó ingresos superiores a US$20,0 millones en productos culturales.
En Pereira, la alcaldía canceló de manera definitiva las Fiestas de la Cosecha, que estaban programadas entre el 14 y el 30 de agosto y contemplaban 114 actividades gratuitas de música, gastronomía, deporte y emprendimiento, entre ellas dos megaconciertos con Nicky Jam y Guayacán Orquesta. La administración municipal estimaba un impacto económico superior a $80.000,0 millones y una ocupación hotelera por encima del 70,0%, con beneficios esperados para el comercio, la hotelería, los restaurantes y el transporte local. En Cali, la infraestructura ya montada para el Petronio, la Ciudadela ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, fue reconvertida en centro de acopio y atención para damnificados, y las donaciones recolectadas allí se destinarán a los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. En el plano deportivo, la Conmebol aplazó el partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por Copa Libertadores, así como el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana.
Para monitorear el impacto de emergencias sobre el calendario de eventos, la ocupación hotelera y el gasto cultural regional, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los Reportes EXIM de Sectorial, y participe en los Foros Sectoriales, donde se analizan en profundidad los riesgos y oportunidades de la economía naranja colombiana.
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El mayor riesgo que enfrentará el gobierno de Abelardo de la Espriella es perder la credibilidad fiscal
- Se proyecta que la deuda neta de Colombia escale al 61,0% del PIB.
- Para 2026, el PIB de Colombia crecería entre 2,2% y 2,6%, impulsado por el consumo y el gasto público, pero la principal debilidad es la fuerte caída de la inversión productiva, que bajó a 15,2%-16,0% del PIB, su peor nivel en dos décadas.
- Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, anunció que la primera medida del gobierno será un plan de ajuste fiscal y austeridad administrativa, antes de presentar en septiembre una nueva reforma tributaria.
El gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el periodo constitucional 2026-2030, recibirá una economía con señales financieras contradictorias. En la superficie predomina el optimismo de los mercados: el peso se ubicó cerca de su nivel más fuerte en siete años y la bolsa acumuló retornos históricos tras el resultado electoral. Bajo esa euforia, sin embargo, persisten grietas estructurales de primer orden. La más apremiante es de naturaleza fiscal, pues el balance entre ingresos y gastos de la Nación se encuentra desalineado desde hace varios años, con un gasto público rígido que crece por encima de la capacidad de recaudo.
A ese desafío se suman una inflación que se aceleró durante 2026, un costo del crédito en niveles restrictivos y un colapso de la inversión productiva que compromete el crecimiento de mediano plazo. El equipo entrante deberá conciliar su promesa de ajuste con las restricciones de un Congreso fragmentado y con la expectativa de una corrección cambiaria que la mayoría de las analistas considera inevitable una vez se disipe el entusiasmo electoral.
Según el diario La República, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, confirmó durante un evento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Medellín que la prioridad inicial del nuevo Gobierno será ejecutar un plan de ajuste fiscal antes de radicar cualquier reforma tributaria, la cual, según indicó, se presentaría en septiembre. Gómez sostuvo que el primer mensaje será de austeridad, “una austeridad que, además, durará varios años”, y solicitó al Congreso archivar el proyecto de tributaria que dejó en trámite el gobierno saliente de Gustavo Petro.
El funcionario enmarcó el reto en la proyección del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que estima para 2026 un déficit fiscal total del 7,4% del PIB, el más alto de la historia documentada del país. En paralelo, El Tiempo informó que el CAF comprometió un piso de financiamiento de US$9.000 millones para respaldar proyectos de energía, infraestructura, seguridad y salud del programa de gobierno, según anunció su presidente ejecutivo, Sergio Díaz Granados.
No obstante, las cifras técnicas dimensionan la magnitud del desbalance heredado. El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda admitió la necesidad de flexibilizar la meta de déficit del Gobierno Nacional Central del 5,1% al 5,3% del PIB, mientras que el CARF proyecta que la deuda neta escalará hasta un 61,0% del PIB, el punto de apalancamiento más elevado registrado. El organismo advierte, además, que, actualmente, cerca de uno de cada tres pesos recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se destina exclusivamente al pago de intereses.
A la presión fiscal se añade un frente comercial recién abierto: la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) fijó desde el 24 de julio de 2026 un arancel adicional del 12,5% para los productos colombianos bajo la Sección 301, que reemplaza el recargo temporal del 10,0% y deja al país en desventaja frente a competidores regionales. Todo ello convive con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado en un rango del 2,2% al 2,6% para 2026, sostenido en el consumo y el gasto público más que en la inversión, cuyo componente de formación bruta de capital fijo cayó a niveles del 15,2% al 16,0% del PIB, el registro más precario en dos décadas.
Para Sectorial, el reto del nuevo Gobierno no es de diagnóstico, sino de secuencia y viabilidad política. Anunciar primero el ajuste del gasto y aplazar la tributaria a septiembre es coherente con la necesidad de enviar una señal de austeridad, pero la aritmética es exigente: cerrar la brecha entre un déficit del 7,4% y la senda de la regla fiscal supone un esfuerzo estructural cercano al 4,0%-5,0% del PIB, difícil de ejecutar cuando la mayor parte del presupuesto corresponde a rubros inflexibles como participaciones territoriales, pensiones y servicio de la deuda. El financiamiento de la CAF por US$9.000 millones ofrece oxígeno para inversión, pero no sustituye la corrección del balance corriente.
El mayor riesgo para el nuevo Gobierno es perder credibilidad fiscal. La fortaleza actual del peso depende de capitales especulativos atraídos por altas tasas, no de mejoras reales en la economía. Si no se logra un ajuste fiscal significativo, podría haber una baja en la calificación soberana, fuga de capitales y una fuerte devaluación. La viabilidad económica exige ajustar las cuentas, reactivar infraestructura e inversión, sin hundir el consumo interno.
Más allá de la credibilidad del ejecutivo, el fracaso del ajuste fiscal empujaría a Colombia hacia un colapso macroeconómico estructural. A nivel externo, el país sufriría una fuga masiva de capitales que estallaría la actual burbuja cambiaria con una devaluación violenta. A nivel interno, la economía quedaría condenada a un estancamiento permanente, limitando su crecimiento máximo al 3,0% anual, la deuda se volvería insostenible al devorar uno de cada tres pesos recaudados por la DIAN, y las altas tasas de interés seguirían asfixiando el crédito y el consumo. Evitar esta tormenta perfecta exige disciplina fiscal inmediata y también, destrabar la inversión productiva para blindar al país ante las agencias calificadoras de riesgo.
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Caída del 71,9 % en utilidades de Ecopetrol impulsa la apertura del Gobierno al fracking
Colombia inauguró una nueva etapa en su política de hidrocarburos tras la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ocurrida el 7 de agosto de 2026. En el capítulo económico de su discurso inaugural, el mandatario ubicó la recuperación de Ecopetrol como una prioridad “definitiva y absoluta” de su gobierno y anunció que su administración autorizará el desarrollo del fracking en yacimientos no convencionales, bajo estándares técnicos y ambientales, con el propósito declarado de ampliar las reservas de petróleo y gas del país y garantizar la seguridad energética nacional.
Según Infobae, el presidente sustentó la urgencia de la medida en el deterioro financiero de la petrolera estatal: las utilidades de Ecopetrol pasaron de $32 billones en 2022 a $9,0 billones en 2025, una caída de 71,9% que, según el mandatario, respondió al abandono paulatino de la exploración de crudo, gas y carbón durante la administración anterior y que, a su juicio, afectó tanto las finanzas de la Nación como los ahorros de miles de colombianos con inversiones en la compañía. El medio también recogió la advertencia de la organización ambiental WWF Colombia, que documentó que un solo pozo de fracking puede consumir entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua, equivalentes a varias piscinas olímpicas, y alertó sobre el riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos por la filtración de los fluidos inyectados durante el proceso de fracturamiento. Pese a estas objeciones, De la Espriella insistió en que no descarta avanzar hacia fuentes limpias, aunque condicionó ese tránsito a que el país alcance primero la autosuficiencia energética, bajo la premisa de construir la transición “desde la fortaleza y no desde la debilidad”.
La decisión se apoya en un marco jurídico ya definido: el Consejo de Estado ratificó desde julio de 2022 la legalidad de las normas que regulan el fracturamiento hidráulico en el país, al negar la nulidad del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Congresistas del Centro Democrático recordaron ese respaldo judicial el 30 de julio, según El Nuevo Siglo, al pedirle al gobierno priorizar el desarrollo comercial de los yacimientos no convencionales ante un escenario en el que Colombia cuenta con apenas 5,9 años de reservas probadas de gas natural y una dependencia creciente de las importaciones para atender la demanda interna. Por su parte, la Unión Sindical Obrera manifestó, según Vanguardia, un respaldo condicionado a la medida, al considerar que el fracking permitiría contener los costos derivados de la creciente importación de gas y combustibles, sin descuidar el avance paralelo de las energías renovables ni la protección de los ecosistemas estratégicos del país.
De acuerdo con Sectorial, para el sector de hidrocarburos, el anuncio presidencial reduce la incertidumbre regulatoria que ha frenado la inversión desde 2022, pero no resuelve por sí solo el deterioro estructural que documentan las cifras recientes del sector: la producción petrolera nacional cayó 4,3% en los primeros siete meses del año y las reservas de crudo se ubican en 7,2 años, todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. La autorización del fracking abre una vía de mediano plazo, ya que los primeros proyectos comerciales tomarían varios años en desarrollarse, por lo que su efecto sobre el déficit de gas que ya obliga a importaciones crecientes será gradual y no inmediato. El verdadero cuello de botella seguirá siendo la ejecución: la transición directiva prevista en Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos para las primeras semanas de gobierno definirá si la nueva política logra traducirse en contratos y licencias ambientales concretas.
Para conocer en profundidad las variables normativas, financieras y de mercado que definirán el rumbo del sector de hidrocarburos bajo el nuevo gobierno, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Además, en los Foros Sectoriales podrá acceder a análisis detallados sobre las implicaciones de estas decisiones para la inversión y la seguridad energética del país.
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Sector eléctrico acumula deuda de $7,9 billones
El sistema eléctrico colombiano enfrenta una compleja radiografía financiera a mitad de 2026. La deuda acumulada entre los agentes de la cadena, comercializadores, distribuidores y generadores, ascendió a $7,9 billones con corte a julio, una cifra que, según el gremio del sector, no incluye las obligaciones del segmento de gas natural. El hallazgo se conoce justo cuando el país se prepara para una eventual reforma tributaria del Gobierno De la Espriella, que sería presentada al Congreso en septiembre de 2026, y en medio de la llegada del fenómeno de El Niño, que añade presión adicional sobre la generación térmica y la disponibilidad hídrica del Sistema Interconectado Nacional. Tras casi dos años de tarifas a la baja en el promedio nacional, el sector advierte que ese ciclo empieza a revertirse, principalmente por la mayor necesidad de respaldo térmico y gas importado.
Según Valora Analitik, José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), detalló en entrevista que la deuda se compone de $1 billón en subsidios, $1,8 billones en saldos de la opción tarifaria y $1,5 billones de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, hospitales, estaciones de policía y otras entidades amparadas por jurisprudencia, para un subtotal de $4,3 billones. A esa cifra se suma la deuda de Air-e, la empresa intervenida que opera en el Caribe, que asciende a $3,6 billones, en su mayoría con generadores térmicos. El presidente de la asociación advirtió que, de no honrarse estos pagos, se compromete la compra de combustibles, gas, carbón y líquidos, necesarios para respaldar el sistema durante la temporada seca, y recordó que los entes territoriales están legalmente obligados a apropiar en su presupuesto los recursos para pagar sus facturas de energía, una obligación que hoy incumplen de manera reiterada.
El panorama hacia adelante tampoco es sencillo. Para 2027, las necesidades de subsidios del sector ascenderían a $4,1 billones, un monto que, según Asocodis, el Presupuesto General de la Nación presentado por la administración saliente apenas alcanzaría a cubrir el déficit de 2026, dejando prácticamente desfinanciado el año siguiente. La situación se agrava por el mantenimiento programado de las plantas Guavio y Chivor, que retirarán cerca de 1.750 megavatios del sistema, y por un déficit de gas cercano al 30,0% este año, que ha elevado la necesidad de importaciones a precios más altos por la tensión geopolítica en Medio Oriente. En la región Caribe, el recaudo de cartera se ubica cerca del 80,0%, por debajo del resto del país, mientras cerca de 13,5 millones de usuarios de los estratos 1, 2 y 3, cerca del 80,0% de los usuarios regulados, unos 40 millones de colombianos, no reciben todavía los topes de subsidio que establece la ley, por cuenta de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que limita su aplicación plena.
Para Sectorial, la acumulación de deuda en el sector eléctrico configura un riesgo sistémico que trasciende al Caribe y compromete la confiabilidad del suministro nacional en un año marcado por El Niño. La combinación de subsidios desfinanciados, cartera oficial impaga y el pasivo de Air-e con los generadores térmicos crea un círculo en el que la falta de pago reduce la capacidad de respaldo térmico justo cuando más se necesita, elevando el riesgo de mayores costos en bolsa que terminan trasladándose a la tarifa de los usuarios comerciales e industriales. La definición de la reforma tributaria de septiembre y del Presupuesto General de la Nación para 2027 será determinante: si no incorporan recursos frescos para subsidios y para sanear las obligaciones de Air-e, el sector entrará al próximo año con un déficit estructural mayor al actual, replicando lo ocurrido con la deuda oficial durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando también se recurrió a recursos del Presupuesto y de regalías para poner al día a las empresas.
Para monitorear el riesgo financiero y regulatorio del sector eléctrico colombiano, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y participe en los Foros Sectoriales de Sectorial, donde se analizan en profundidad las variables que afectan la confiabilidad y la tarifa de energía en el país.
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India gradúa millones de jóvenes cada año, pero casi el 40% no consigue empleo
India suele presentarse como la próxima gran potencia económica. Tiene la población más numerosa del planeta, una economía que continúa creciendo y el mayor bono demográfico del mundo. Sin embargo, detrás de esa historia de éxito aparece una realidad mucho menos optimista: millones de jóvenes terminan la universidad sin encontrar un empleo.
La situación alcanzó una dimensión política durante 2026, cuando un comentario realizado por el presidente de la Corte Suprema terminó desencadenando uno de los movimientos juveniles más grandes de la historia reciente del país y provocó la renuncia de un ministro del gobierno de Narendra Modi.
El problema comienza con una cifra
El informe State of Working India 2026, elaborado por la Universidad Azim Premji, reveló un dato preocupante: cerca del 40% de los graduados entre 15 y 25 años permanece desempleado.
La cifra mejora ligeramente entre quienes tienen entre 25 y 29 años, pero aún ronda el 20%.
En total, más de 11 millones de graduados permanecen sin trabajo.
Mientras tanto, las universidades indias continúan expandiéndose.
Cada año cerca de cinco millones de estudiantes terminan su educación superior, pero el mercado laboral formal solo logra absorber alrededor de 2,8 millones.
El resultado es una creciente brecha entre educación y empleo.
Una economía que no genera suficientes empleos
Durante las últimas décadas India apostó por ampliar el acceso a la educación superior.
La matrícula universitaria aumentó de manera constante y hoy alcanza niveles comparables con otros países de ingreso medio.
Sin embargo, la creación de empleos formales avanzó mucho más lentamente.
Muchos jóvenes encuentran únicamente empleos temporales, trabajo informal o permanecen desempleados durante largos períodos después de graduarse.
Esta situación amenaza uno de los principales activos económicos del país: su enorme población joven.
Un comentario que incendió las redes sociales
La crisis tomó un giro inesperado cuando el presidente de la Corte Suprema realizó unas declaraciones que fueron interpretadas como un desprecio hacia los jóvenes desempleados.
La expresión se viralizó rápidamente y fue aprovechada por Abhijeet Dipke, estratega de comunicación de 30 años.
Su respuesta fue crear el Cockroach Janta Party, un movimiento satírico nacido completamente en redes sociales.
En apenas unos días consiguió millones de seguidores y cientos de miles de personas registradas como miembros.
Lo que comenzó como una protesta digital terminó convirtiéndose en un fenómeno político nacional.
El escándalo del examen NEET
Mientras crecía el movimiento, otro episodio agravó el descontento.
El examen NEET, utilizado para ingresar a las facultades de medicina, quedó envuelto en denuncias por filtraciones.
Más de 2,2 millones de estudiantes participaron en la prueba para competir por menos de 130.000 cupos.
Las irregularidades obligaron a repetir el examen y desencadenaron protestas masivas.
Para millones de familias, el NEET representa una de las pocas oportunidades reales de ascenso social mediante el mérito académico.
La anulación fue interpretada como un fracaso institucional.
Las protestas llegaron al Parlamento
Lo que inicialmente parecía un movimiento exclusivamente digital comenzó a trasladarse a las calles.
Las manifestaciones crecieron durante varias semanas.
Los estudiantes exigían responsabilidades políticas y reclamaban la renuncia del ministro de Educación.
La presión aumentó cuando las fuerzas de seguridad dispersaron algunas protestas con gases lacrimógenos.
El conflicto terminó convirtiéndose en uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno de Narendra Modi desde que llegó al poder.
La renuncia que cambió el escenario político
Finalmente, el ministro de Educación Dharmendra Pradhan presentó su renuncia.
El gobierno anunció además la creación de tribunales especiales para investigar las filtraciones de exámenes y ofreció compensaciones a las familias afectadas.
Aunque el movimiento celebró una victoria política, el problema estructural permaneció intacto.
La economía india continúa generando menos empleos de los que necesita su población altamente educada.
El verdadero desafío comienza ahora
Más allá del episodio político, el principal riesgo es demográfico.
India disfruta actualmente del mayor bono demográfico del planeta.
Sin embargo, esa ventaja comenzará a disminuir después de 2030.
Si durante estos años el país no logra crear millones de empleos formales, una oportunidad histórica podría transformarse en una fuente permanente de tensión social.
La educación superior, por sí sola, no garantiza crecimiento económico.
También es necesario desarrollar empresas capaces de absorber trabajadores altamente calificados.
Una advertencia para otras economías emergentes
El caso de India muestra que el crecimiento económico y la expansión educativa no siempre avanzan al mismo ritmo.
Graduar millones de jóvenes resulta insuficiente cuando el aparato productivo no crea suficientes empleos de calidad.
Lo ocurrido durante 2026 también demuestra el creciente poder político de las nuevas generaciones conectadas digitalmente.
Un comentario desafortunado, un examen cuestionado y millones de jóvenes frustrados fueron suficientes para desencadenar una crisis que terminó modificando el gabinete de una de las economías más importantes del mundo.
La gran incógnita ahora es si India conseguirá transformar esa presión política en reformas estructurales que permitan convertir su enorme capital humano en crecimiento económico sostenible, o si el desempleo juvenil seguirá siendo uno de los mayores desafíos para la democracia más poblada del planeta.
Derogatoria de las APPA pondría en riesgo 864.000 hectáreas protegidas para la producción de alimentos
El Gobierno de Abelardo De La Espriella instruyó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural iniciar la derogatoria de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la figura de ordenamiento rural adoptada durante la administración de Gustavo Petro para restringir, en ciertos territorios, actividades no agroindustriales como la minería y el urbanismo. La instrucción, impartida al ministro Indalecio Dangond antes de la posesión presidencial del pasado 7 de agosto, busca revisar el efecto de estas resoluciones sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales.
Según la Oficina de Prensa presidencial, la meta es liberar el uso productivo de la tierra, recuperar la confianza de productores e inversionistas y fortalecer la economía del campo mediante un modelo que priorice la propiedad privada. El anuncio, hecho público el 30 de julio, coincidió con una solicitud previa de congresistas afines al nuevo Gobierno, quienes habían pedido revocar las resoluciones por considerar que afectan la autonomía municipal y la libertad de empresa.
Según El Espectador, las APPA nacieron con el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, que modificó la Ley 388 de 1997 para declarar estas zonas como determinantes de ordenamiento territorial de superior jerarquía, obligando a los municipios a incorporarlas en sus planes de ordenamiento. La primera APPA se declaró en junio de 2024 en La Guajira y, para noviembre de 2025, las tres áreas existentes cubrían cerca de 109.652 hectáreas. Cifras del Ministerio de Agricultura publicadas en mayo de 2026 mostraron que la figura ya cubría 864.000 hectáreas en 48 municipios de departamentos como La Guajira, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Córdoba y Santander, es decir, el área protegida se multiplicó cerca de 7,9 veces en seis meses.
La expansión generó tensiones en Antioquia: en diciembre de 2024 se delimitó una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) de 249.617 hectáreas en 23 municipios del suroeste, como medida preliminar sin efectos jurídicos sobre el suelo. La Gobernación demandó la resolución por considerar que invadía competencias municipales de ordenamiento territorial. Luego, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, el Ministerio declaró áreas APPA vinculantes en 13 municipios, protegiendo legalmente más de 64.000 hectáreas.
El anuncio generó rechazo inmediato del entonces Ministerio de Agricultura, que el 1 de agosto calificó la eventual derogatoria como un retroceso para el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la describió como el primer paso de una contrarreforma agraria, mientras la exministra Martha Carvajalino sostuvo que las APPA no afectan la propiedad privada, pues los dueños conservan sus derechos sobre la tierra. En contraste, gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia han señalado que la Resolución 016 de 2025 limitó el uso de estas áreas casi exclusivamente a la agricultura campesina, familiar y étnica, restringiendo lo que un propietario privado puede hacer con su predio pese a conservar el título. Académicos consultados por El Espectador han planteado que las APPA pueden ser un instrumento válido de decisión territorial si existe concertación real con las comunidades. Con el cambio de Gobierno consumado, el trámite de la derogatoria queda ahora en manos del ministro Dangond, en medio de un litigio activo en la Corte Constitucional.
Para Sectorial, la derogatoria de las APPA añade incertidumbre regulatoria sobre el uso del suelo rural, justo cuando el área protegida bajo esta figura se había multiplicado cerca de 7,9 veces en seis meses. Más allá de la decisión que tome el Ministerio de Agricultura, el litigio abierto en la Corte Constitucional, con al menos cinco demandas activas contra el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, deja abierta la posibilidad de que un fallo judicial reviva o modifique la figura, lo que añade riesgo jurídico tanto para quienes buscan invertir en minería, urbanismo o agroindustria en zonas hoy protegidas como para los productores campesinos que dependían de esa protección. Departamentos como Antioquia, Tolima, La Guajira, Cundinamarca y Córdoba, donde se concentra la mayor parte de las 864.000 hectáreas declaradas, sentirán primero el efecto de cualquier cambio normativo.
Para monitorear el riesgo regulatorio y de ordenamiento territorial que enfrentan los inversionistas del sector agropecuario, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y participe en los Foros Sectoriales, donde se analizan en profundidad las variables normativas que definen el rumbo del campo colombiano.
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Edutechnia 2026: la exhibición que conecta innovación, negocio y futuro para la educación en Colombia y América Latina
Colombia atraviesa uno de los momentos más desafiantes para su sistema educativo en las últimas décadas. La transformación demográfica, los cambios en las dinámicas de acceso y las nuevas demandas del mercado laboral están obligando a instituciones, empresas y autoridades a replantear el modelo tradicional y a construir respuestas conjuntas que garanticen sostenibilidad, pertinencia y competitividad.
Las cifras lo confirman. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 se registraron 453.901 nacimientos en el país, la cifra más baja en los últimos diez años y una reducción superior al 30 % frente a 2015. Esta tendencia no solo impacta el crecimiento poblacional, sino que anticipa una disminución progresiva en la demanda de cupos escolares y universitarios en los próximos años.
A este escenario se suma que, de acuerdo con estadísticas oficiales de educación formal, el sistema reportó cerca de 9,5 millones de estudiantes matriculados en 2023 en los niveles de preescolar, básica y media, lo que representa una reducción del 3,4 % frente a 2020, equivalente a 335.000 estudiantes menos. Estas cifras reflejan tensiones estructurales en cobertura, permanencia y sostenibilidad institucional.
En este contexto, el desafío del sector ya no se limita a mantener matrículas. Hoy la prioridad es transformar la propuesta educativa para responder a nuevas expectativas sociales, tecnológicas y laborales. La conversación gira en torno a modelos flexibles, educación híbrida, formación por competencias, microcredenciales, aprendizaje a lo largo de la vida y uso estratégico de tecnología para ampliar el acceso y mejorar la calidad.
Es precisamente en este escenario donde Edutechnia 2026 cobra una relevancia estratégica.
Del 26 al 28 de agosto en Corferias, Bogotá, el evento se consolida como la principal plataforma latinoamericana de conexión entre innovación, tecnología y negocio para el sector educativo. Reconocido como el encuentro B2E (Business to Education) más importante de la región, reunirá a líderes empresariales, instituciones educativas, gobiernos, inversionistas, emprendedores edtech y organizaciones multilaterales en torno a una agenda enfocada en soluciones reales para la evolución del aprendizaje.
El encuentro integrará una agenda académica y empresarial diseñada para impulsar la toma de decisiones del sector, abordando temas como modelos pedagógicos innovadores, inteligencia artificial aplicada a la educación, analítica del aprendizaje, infraestructura educativa, internacionalización y nuevos modelos de financiamiento.
La relevancia de esta articulación es clara: la sostenibilidad de colegios y universidades, la empleabilidad de los jóvenes y la competitividad del país dependen de la capacidad de transformar el sistema con visión estratégica. En un momento de contracción demográfica, la respuesta no puede ser la inercia, sino la acción coordinada.
Para más información sobre la feria puede consultar la página web: www.edutechnia.com/
El planeta seguirá creciendo por debajo de los niveles de prepandemia
- Este año, la economía global crecería a niveles del 3,1 %, para 2027 estaría en 3,4 %. Niveles por debajo del 3,5 % promedio registrado antes de 2020.
- El Banco Mundial estima que la expansión de este año será sólo el 2,5 % y para 2027 no superará el 2,8 %.
La economía mundial avanza por un estrecho corredor marcado por dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, persisten severas tensiones geopolíticas que generan fricciones inflacionarias recurrentes en los mercados de energía y transporte. Por otro, se desarrolla un ciclo de expansión tecnológica y de productividad impulsado por la rápida adopción de la inteligencia artificial. La interacción de estos factores ha generado una clara divergencia en el crecimiento y en la estabilidad de precios a escala global, con efectos desiguales entre las economías avanzadas, que aprovechan mejor la vanguardia tecnológica, y los mercados emergentes, más expuestos al endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía mundial crecerá 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027. Aunque estas cifras reflejan cierta capacidad de resistencia, continúan por debajo del promedio histórico de 3,5% observado antes de la pandemia. El Banco Mundial, por su parte, mantiene una visión más cautelosa y estima una expansión global de apenas 2,5% para este año. Estas proyecciones evidencian una brecha cada vez más profunda: mientras algunos países logran capitalizar con fuerza las mejoras de productividad asociadas a la inteligencia artificial, otros enfrentan las consecuencias del agravamiento del conflicto en Oriente Medio.
A ello se suman riesgos adicionales que podrían limitar una recuperación más sólida. Instituciones como Oxford Economics advierten que la volatilidad de los precios del petróleo, la reaparición de tensiones comerciales y las posibles disrupciones en las cadenas de suministro tecnológico representan amenazas relevantes para la estabilidad económica global. En conjunto, el panorama internacional sigue definido por una combinación de resiliencia moderada, crecimiento desigual y alta vulnerabilidad frente a choques externos.
La economía de Estados Unidos proyecta un crecimiento del 2,2% para 2026, impulsada por la inversión corporativa en tecnología y su autonomía energética. En contraste, la Zona Euro prevé un avance anémico del 0,8%, afectada por la debilidad del sector manufacturero y su vulnerabilidad ante los precios de la energía importada. Por su parte, sorprenden las proyecciones de crecimiento de países asiáticos como Taiwán, Corea del Sur, Tailandia y Malasia, con tasas que promedian el 4,4% impulsados casi que exclusivamente por los pedidos de hardware relacionado con la inteligencia artificial. Por el contrario, los países emergentes importadores de energía con baja participación en redes de valor agregado enfrentan estancamiento económico, vulnerabilidad en sus balanzas de pagos y un aumento en su riesgo soberano.
Producción farmacéutica nacional representa el 27,4% de un mercado de $32,47 billones en Colombia
La industria farmacéutica colombiana entregó a la nueva ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, una hoja de ruta con cinco prioridades orientadas a fortalecer el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad del sistema. La Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar) planteó la propuesta en momentos en que el mercado nacional de medicamentos alcanzó ventas por $32,47 billones durante 2025, con la comercialización de 1.337 millones de unidades.
El gremio señaló que el 82,7% de esas unidades corresponde a medicamentos de bajo costo, mientras un grupo reducido de productos de alto valor concentra buena parte del gasto total, lo que evidencia el creciente peso de los medicamentos importados dentro de la estructura de consumo del país y motiva el llamado a fortalecer la producción local. La agenda gremial incluye, entre otros puntos, el establecimiento de reglas claras y verificables para los pagos a lo largo de la cadena farmacéutica, la articulación entre la política sanitaria y la política industrial, y el fortalecimiento técnico del Invima como autoridad regulatoria.
Según el diario Portafolio, en el canal institucional los medicamentos importados representan el 85,7% del valor comercializado, una cifra que contrasta con la capacidad instalada de la producción local. Colombia cuenta con 97 plantas farmacéuticas certificadas en Buenas Prácticas de Manufactura, que generan más de 60.800 empleos formales, directos y calificados, distribuidos en distintas regiones del país. Durante 2025, esas plantas fabricaron cerca de 792 millones de unidades, equivalentes al 60,0% de los medicamentos comercializados en Colombia, y registraron ventas por $8,9 billones, cifra que representa apenas el 27,4% del valor total del mercado. Asinfar sostiene que la política sanitaria y la política industrial deben avanzar de manera articulada para consolidar esa capacidad y reducir la vulnerabilidad del país frente a crisis internacionales de suministro.
El gremio recordó que, durante la pandemia, las empresas farmacéuticas colombianas suministraron cerca del 80,0% de los medicamentos requeridos, incluidos productos críticos para unidades de cuidado intensivo, lo que respalda su llamado a fortalecer al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con mayor capacidad técnica y procesos más eficientes. La propuesta cobra relevancia adicional frente a las presiones de gasto de bolsillo: de acuerdo con el Observatorio Radar Farmacéutico de Asinfar, citado por el portal Infobae, las ventas del canal comercial, compras directas de los pacientes en farmacias, crecieron 24,3% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, hasta 310,8 millones de unidades, de las cuales 200,7 millones fueron pagadas directamente por los consumidores en parte por las fallas en la entrega oportuna por parte de las EPS.
Fortalecer al Invima y ordenar los flujos de pago a la cadena, tal como propone el gremio, no solo mejoraría la sostenibilidad financiera del sistema, sino que abriría espacio para que la capacidad instalada del país, 97 plantas certificadas y más de 60.800 empleos formales, capture una proporción mayor del valor total del mercado. La decisión que tome la nueva administración sanitaria sobre esta agenda será determinante para definir si Colombia avanza hacia una mayor autonomía farmacéutica o profundiza su dependencia de las importaciones en un mercado que supera los $32 billones anuales.
Para monitorear el comportamiento de la industria farmacéutica y conocer las variables financieras, regulatorias y comerciales que impactan el sector, conozca el Índice de Desempeño Sectorial y los Reportes EXIM de Sectorial.
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Reencauche de llantas evita el consumo de 81,7 millones de galones de petróleo en 11 años en Colombia
La industria del reencauche de llantas se consolida en Colombia como una de las apuestas más sólidas de la economía circular nacional. Durante los últimos 11 años, el sector recuperó 5.445.000 llantas mediante un proceso industrial certificado que reemplaza la banda de rodamiento y extiende la vida útil de neumáticos cuya estructura aún conserva condiciones óptimas de seguridad. Esta actividad, utilizada principalmente por flotas de transporte de carga y pasajeros, así como por los sectores de minería, construcción y agro, genera cerca de 5.500 empleos entre directos e indirectos y registra una facturación anual cercana a los $653.000 millones.
Frente a la fabricación de una llanta nueva, el reencauche consume un 72,0% menos de energía y un 83,0% menos de agua, lo que reduce de manera significativa la demanda de materias primas y la generación de residuos asociados a la cadena productiva del caucho. En un país donde el transporte de carga por carretera concentra buena parte de la movilización de mercancías, recuperar la vida útil de una misma carcasa representa un ahorro directo en los costos operativos de las transportadoras.
Según El Tiempo, Acoplásticos destacó que, en el mismo periodo de 11 años, el reencauche permitió evitar el consumo de 81.675.000 galones de petróleo, equivalentes a 1.944.643 barriles, además de prevenir la emisión de 836.196 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.
Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, señaló que la tasa de reencauche en Colombia todavía es baja frente a países de referencia como Brasil y México, y calificó al sector como una alternativa competitiva y de calidad con un alto potencial de crecimiento para contribuir tanto a la economía circular como a la reducción de desperdicios. Del total de empleos que genera la actividad, 2.000 son directos y 3.500 indirectos, una cifra que refleja el peso del reencauche dentro de una cadena que involucra fabricantes, proveedores de insumos, empresas de transporte y compañías de servicios especializados.
Pese a este balance positivo, la industria enfrenta un obstáculo estructural relacionado con la competencia de llantas importadas a bajo costo, principalmente provenientes de Asia, que en muchos casos no cumplen con los estándares de calidad necesarios para ser reencauchadas posteriormente. Esta situación limita el aprovechamiento del modelo de economía circular y presiona la competitividad de los productores nacionales. El fenómeno cobra relevancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el reporte de comercio exterior de Sectorial, las importaciones de llantas crecieron 12,9% en volumen y 7,4% en valor entre enero y noviembre de 2025, con China como principal origen al concentrar el 53,4% del mercado.
El mismo reporte señala que el precio unitario implícito de las llantas importadas subió 4,2% en el periodo, una presión adicional sobre la competitividad del reencauche nacional. Con la iniciativa Acoreencauche, el gremio busca responder a este desafío mediante el fortalecimiento técnico de las empresas, la promoción de buenas prácticas y una mayor articulación con entidades públicas y privadas, en un esfuerzo por consolidar al reencauche como un motor adicional de empleo, sostenibilidad y competitividad para el país.
Desde Sectorial, se considera que el reencauche de llantas enfrenta una paradoja estructural: mientras el sector reivindica ahorros ambientales y económicos considerables, el crecimiento sostenido de las importaciones de llantas de bajo costo, 12,9% en volumen entre enero y noviembre de 2025, erosiona precisamente la base de neumáticos aptos para ser reencauchados. Sin un control técnico más riguroso sobre la calidad de las llantas que ingresan al país, la meta de acercar la tasa de reencauche colombiana a la de Brasil o México podría verse limitada, independientemente de los esfuerzos gremiales que representa Acoreencauche. Para sectores intensivos en transporte de carga, como el agroexportador y el minero, esta tensión resulta especialmente relevante, pues el reencauche representa una vía directa de reducción de costos operativos frente a la volatilidad cambiaria que encarece la compra de llantas nuevas importadas.
Para profundizar en las dinámicas de importación y exportación que afectan la competitividad del sector de llantas y caucho, conozca el Reportes EXIM de Sectorial y consulte el Índice de Desempeño Sectorial para mayor conocimiento del sector automotor.
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