Los recientes incidentes de ciberseguridad en modelos de OpenAI evidencian que la precisión y la protección de datos continúan siendo determinantes para la adopción de inteligencia artificial en entornos empresariales críticos.

La dinámica de la inteligencia artificial orientada al desarrollo de software y la automatización corporativa registra una nueva fase de competencia global. Por un lado, compañías estadounidenses como Anthropic, a través de su modelo Claude, se han posicionado sólidamente en el segmento empresarial debido a su enfoque en la precisión técnica, convirtiéndose en una herramienta diseñada para el análisis complejo y la seguridad de la información. Sin embargo, la industria evidencia un cambio estructural con la entrada de la startup china, Moonshot AI y su herramienta Kimi Code, la cual plantea un desafío directo basado en la reducción de costos de programación.

Moonshot AI, fundada en 2023 por Yang Zhilin —investigador con trayectoria previa en Meta y Google Brain—, ha emergido rápidamente en el ecosistema tecnológico. Actualmente, la firma prepara una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong, con proyecciones del mercado que estiman una valoración cercana a los 50.000 millones de dólares. Su reciente modelo Kimi K3 opera bajo una arquitectura de “mezcla de expertos” (Mixture-of-Experts), que permite optimizar recursos de procesamiento al mantener activa solo una fracción de sus 2,8 billones de parámetros durante cada tarea. Asimismo, el sistema introduce el uso de enjambres de agentes, posibilitando la coordinación de hasta 300 subagentes en paralelo para ejecutar labores integrales como el análisis de repositorios masivos o la refactorización de código.

El principal argumento competitivo de Kimi radica en la eficiencia financiera. Según pruebas comparativas ejecutadas por la firma de análisis Kilo.ai, el uso de la API del modelo de Moonshot presenta un costo de 0,60 dólares por cada millón de tokens de entrada, en contraste con los 5 dólares requeridos por Claude Opus 4.6 de Anthropic. En un ejercicio práctico de creación de código para una API de orquestación, Claude completó la tarea en 20 minutos con un costo total de 3,56 dólares y una calificación de 91 sobre 100, registrando un solo error. Por el contrario, Kimi finalizó el ejercicio con un costo operativo de apenas 0,67 dólares y una puntuación de 68 sobre 100, acumulando seis errores técnicos.

Esta brecha en la precisión subraya un factor crítico para las operaciones corporativas: la confiabilidad. Mientras la reducción de gastos es favorable para la generación de prototipos o tareas que incluyan revisión humana posterior, los entornos empresariales exigen altos estándares de seguridad y alineación algorítmica para infraestructuras críticas.

Los riesgos inherentes a la autonomía de estas tecnologías quedaron expuestos recientemente tras un incidente catalogado por OpenAI como “sin precedentes”. Durante un entorno de pruebas, dos de sus modelos de inteligencia artificial vulneraron las defensas de la plataforma de desarrollo Hugging Face de forma autónoma tras acceder a internet. Análisis desarrollados por firmas de ciberseguridad como Kaspersky indican que este fenómeno de desalineación ocurre cuando los modelos buscan explotar vulnerabilidades del entorno operativo para cumplir los criterios de evaluación de forma rápida, sin ejecutar realmente el proceso asignado. Este tipo de vulnerabilidades demuestra que el control humano y la arquitectura de seguridad son elementos innegociables al gestionar información sensible de las organizaciones.

A los retos técnicos se suma un complejo entorno geopolítico. Asesores tecnológicos de Estados Unidos han señalado a Moonshot AI de emplear técnicas de “destilación” para replicar las capacidades de modelos norteamericanos para entrenar a Kimi. Para corporaciones con marcos normativos de cumplimiento estrictos, procesar información confidencial a través de servidores externos sujetos a regulaciones extranjeras representa un riesgo operacional a evaluar.

En el mercado colombiano, herramientas corporativas especializadas como Claude reportan un margen de uso incipiente cercano al 0,69 %, pero se proyectan como el estándar para compañías del sector financiero, de salud o constructoras que requieren auditar contratos y manejar bases de datos sin margen de error. La llegada de alternativas de bajo costo como Kimi exige a los tomadores de decisiones establecer políticas corporativas claras: adoptar IA económica para eficiencias de bajo impacto y reservar soluciones de alta precisión para los procesos nucleares del negocio.

Colombia profundizará su dependencia de la gasolina importada durante los próximos cuatro años, en momentos en que el país transita hacia un nuevo gobierno. De acuerdo con las proyecciones más recientes del gremio petrolero, el país compró en mercados externos el 43,0% de la gasolina corriente que consumió en lo corrido de 2026, una cifra que escalaría hasta el 50,0% en 2030, es decir, siete puntos porcentuales adicionales en un lapso de apenas cuatro años.

El fenómeno coincide con un parque automotor que sigue atado a los combustibles líquidos: el 96,0% de los vehículos que circulan por el país aún dependen de este tipo de energía, pese al fortalecimiento gradual de las ventas de eléctricos e híbridos. A esto se suma la coyuntura climática, ya que el fenómeno de El Niño elevaría la demanda de combustible líquido hasta en un 30,0% frente a un período sin condiciones extremas, en momentos en que las plantas térmicas que se alimentan de este refinado aportarían el 9,0% de la generación eléctrica nacional durante ese lapso.

Según Andrés Bitar, vicepresidente de estrategia y asuntos regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), quien presentó junto al gremio un informe de perspectivas de corto y mediano plazo sobre combustibles líquidos, precios y demanda, la demanda de este tipo de energéticos crecería 1,5% de cara a 2030, un ritmo que la refinación local no lograría igualar. El directivo también detalló el costo fiscal de sostener los precios internos: durante el primer semestre de 2026, la Nación subsidió $1.500 por galón de gasolina corriente y $8.000 por galón de diésel, para un total de $9.500 entre enero y junio.

Ese comportamiento, junto con la estabilización de los precios internos frente a la referencia internacional, llevaría a que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cierre el año con un saldo de entre $7,0 billones y $8,0 billones. Bitar añadió que el sector de hidrocarburos dejó $9,7 billones en ingresos a la Nación y que espera que ese aporte suba a $10,0 billones en 2026, en un contexto donde la sostenibilidad del fondo depende directamente del comportamiento de los subsidios.

Frank Pearl, presidente de la ACP, fue enfático al advertir que el balance que deja el gobierno saliente es un déficit energético que obligará a importar gasolina y crudo para alimentar a las refinerías del país. El gremio insistió en que la magnitud del reto exige que el próximo gobierno adopte un plan de largo plazo orientado a recuperar la soberanía energética, en momentos en que la producción nacional de crudo enfrenta límites estructurales para acompañar el ritmo de la demanda interna. La combinación de mayor consumo, presión climática y una oferta refinadora que no se ha ampliado en años configura un escenario en el que la variable importada dejará de ser marginal para convertirse en un componente estructural del abastecimiento de combustibles líquidos en el país, con implicaciones directas sobre la factura cambiaria y la planeación logística del sector energético nacional.

De acuerdo con Sectorial, la trayectoria descrita por la ACP confirma un cambio estructural, no coyuntural, en la matriz de abastecimiento de combustibles líquidos del país. El salto de 43,0% a 50,0% en la dependencia importada de gasolina corriente, concentrado en apenas cuatro años, refleja que la capacidad de refinación local llegó a un techo que no crece al ritmo de una demanda que las térmicas y el parque automotor siguen empujando al alza. Para Sectorial, el verdadero riesgo no está solo en el precio de la gasolina importada, sino en la exposición cambiaria y logística que asumirá el país: cada punto adicional de dependencia externa traslada volatilidad internacional directamente a la estructura de costos de transporte, agroindustria y manufactura. El deterioro fiscal del Fepc, con un déficit proyectado de hasta $8,0 billones para 2026, añade una presión adicional sobre las finanzas públicas que eventualmente deberá resolverse vía tarifas, subsidios focalizados o ajustes en la fórmula de precios.

¿Quiere anticiparse a la próxima política de precios de combustibles y su impacto en costos de transporte y logística? Consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial y los Reportes EXIM, con el análisis financiero, normativo y comercial que necesita para tomar decisiones informadas.

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El Gobierno Nacional expidió la Resolución CRA 1039 de 2026, con la cual adopta un nuevo marco tarifario para las prestadoras del servicio público de aseo que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos en todo el país. El acto, fue suscrito por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien actuó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para su expedición. La metodología incorpora principios de justicia tarifaria, sostenibilidad, innovación y cierre de brechas, en línea con el programa Basura Cero.

El Ejecutivo la presentó como una de las transformaciones regulatorias más relevantes del saneamiento básico en los últimos años, al reconocer formalmente a los recicladores de oficio como actores centrales del sistema y crear incentivos para que prestadores, municipios y usuarios eleven las tasas de aprovechamiento. Con la reforma, la regulación deja de concentrarse únicamente en la disposición final en rellenos sanitarios y abre espacio para remunerar, vía tarifa, la separación en la fuente, el tratamiento y la reincorporación de materiales a las cadenas productivas.

Según el diario Portafolio, una funcionaria de la CRA explicó que la reforma busca que los colombianos paguen cada vez menos por la recolección, el transporte y la disposición final de basuras, y que, a cambio, la tarifa retribuya e incentive las actividades de selección, tratamiento y aprovechamiento de los residuos que produce la sociedad. Ese giro, según la entidad, constituye el eje central de la nueva regulación y no un ajuste menor dentro de la metodología vigente desde 2015.

La CRA aclaró, no obstante, que el marco tarifario no fija un incremento uniforme en la factura, pues el efecto real dependerá de cada prestador y de la velocidad con la que avance en separación, tratamiento y aprovechamiento dentro de su operación. Los prestadores que aceleren esa transición tendrían un comportamiento tarifario distinto al de aquellos que mantengan esquemas tradicionales centrados en la recolección y la disposición final. La entidad enmarcó la decisión en sus competencias del artículo 365 de la Constitución y la Ley 142 de 1994, orientadas a la eficiencia económica y financiera, la calidad del servicio y la protección a los usuarios.

La expedición del nuevo marco tarifario ocurrió después de que la Corte Constitucional convocara, el 17 de julio, una mesa técnica para examinar su impacto sobre los recicladores de oficio, según reportó Infobae. La diligencia hizo parte del seguimiento que el alto tribunal mantiene desde hace más de dos décadas al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, que ordenó a las autoridades distritales adoptar acciones afirmativas a favor de esta población en la contratación del servicio de aseo.

En la reunión, en el Palacio de Justicia, la CRA debió exponer los cambios frente al modelo vigente y los mecanismos previstos para evitar afectaciones a las organizaciones de recicladores. Previamente, la organización Ecoalianza había manifestado ante la Corte que la propuesta regulatoria podría generar cargas económicas y administrativas capaces de afectar la permanencia de los recicladores en la actividad de aprovechamiento y reducir sus ingresos.

Para Sectorial, el efecto real del nuevo marco tarifario dependerá menos del texto de la Resolución CRA 1039 que de la capacidad de cada prestador para adaptar su operación a la lógica de incentivos que propone la reforma. Colombia arrastra una brecha estructural en el aprovechamiento de residuos, y el diseño de la nueva metodología, que premia la separación y penaliza relativamente la disposición final, podría ampliar la distancia entre los operadores urbanos con mayor capacidad técnica y financiera y aquellos que atienden municipios intermedios con menos margen para invertir en infraestructura de tratamiento. A esto se suma un factor de riesgo regulatorio poco frecuente en otros servicios públicos: la supervisión activa de la Corte Constitucional sobre la protección de los recicladores de oficio, que introduce una variable judicial adicional sobre la estabilidad del esquema en el corto plazo.

¿Cómo evaluar el riesgo regulatorio de los servicios públicos que operan bajo su empresa? Consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial y acceda al seguimiento normativo, financiero y comercial del sector de saneamiento básico en Colombia, así como la Guía de Entendimiento Sectorial, para mayor conocimiento del sector.

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Cuando se habla de los grandes riesgos para el mercado petrolero, casi toda la atención suele concentrarse en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, existe otro corredor marítimo cuya importancia ha aumentado de manera acelerada: Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez.

Por este estrecho transitaron durante 2024 cerca de 4.100 millones de barriles de petróleo y combustibles refinados, convirtiéndolo en una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Hoy, la amenaza de un bloqueo por parte de los hutíes vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué ocurriría si el comercio mundial pierde simultáneamente dos de sus principales corredores petroleros?

¿Dónde está Bab el-Mandeb y por qué es tan importante?

Bab el-Mandeb conecta el Golfo de Adén con el Mar Rojo, siendo el paso obligado para los barcos que desean llegar al Canal de Suez y continuar hacia Europa.

Su importancia radica en que permite reducir miles de kilómetros de navegación. Si este corredor se vuelve inseguro, muchas embarcaciones deben rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos de viaje entre diez y catorce días, además de incrementar significativamente los costos logísticos.

La guerra llegó nuevamente al Mar Rojo

La tensión actual tiene su origen en la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Después de varios meses de enfrentamientos y un frágil alto al fuego, la situación volvió a deteriorarse cuando los hutíes anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita en respuesta a nuevos ataques sobre Yemen.

Aunque el bloqueo nunca llegó a ejecutarse completamente, el mercado reaccionó de inmediato. Varias navieras comenzaron a modificar sus rutas incluso antes de que existiera un cierre efectivo.

Este comportamiento demuestra una característica habitual de los mercados energéticos: muchas veces el precio responde más rápido al riesgo que a los hechos consumados.

El problema: Arabia Saudita pierde su ruta alternativa

La importancia de Bab el-Mandeb aumenta porque Arabia Saudita ya enfrentaba dificultades para exportar su petróleo debido a la tensión en el estrecho de Ormuz.

Durante los últimos meses, parte importante de las exportaciones saudíes comenzó a utilizar el puerto de Yanbu, ubicado sobre el Mar Rojo, enviando el petróleo precisamente a través de Bab el-Mandeb.

En otras palabras, este estrecho se convirtió en el principal plan de contingencia saudí frente a los problemas en el Golfo Pérsico.

Si ambas rutas permanecieran bajo presión simultáneamente, una porción significativa del comercio energético mundial podría verse afectada.

¿Qué impacto tendría sobre el precio del petróleo?

Los mercados financieros reaccionan rápidamente cuando perciben riesgos para la oferta mundial.

Durante las semanas de mayor tensión, el petróleo Brent volvió a acercarse a los 100 dólares por barril, impulsado principalmente por la incertidumbre geopolítica.

Para los países importadores de energía, este escenario suele traducirse en:

• Combustibles más costosos.
• Mayor inflación.
• Incremento en los costos del transporte.
• Presión sobre las tasas de interés.
• Menor crecimiento económico.

Por eso, incluso una amenaza temporal puede afectar directamente la economía de millones de personas.

El mercado reacciona antes que los gobiernos

Uno de los aspectos más llamativos de esta crisis es que muchas compañías decidieron modificar sus operaciones antes de que existiera un cierre oficial.

Diversos petroleros cambiaron su ruta y varias navieras comenzaron a utilizar el Cabo de Buena Esperanza como alternativa.

Este fenómeno refleja la llamada prima de riesgo geopolítico, un costo adicional que aparece simplemente porque existe la posibilidad de una interrupción del comercio.

En mercados tan sensibles como el energético, la percepción puede ser casi tan importante como la realidad.

Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío militar

Para Washington, proteger simultáneamente Ormuz y Bab el-Mandeb supone un enorme reto operativo.

Ambos corredores se encuentran en extremos diferentes de la península arábiga y requieren importantes recursos navales para garantizar la libertad de navegación.

Una escalada prolongada obligaría a Estados Unidos a repartir sus capacidades militares entre dos frentes distintos, aumentando la complejidad logística de cualquier operación.

No todos pierden con un petróleo más caro

Aunque una crisis energética perjudica a la mayoría de los consumidores, algunos productores pueden beneficiarse.

Exportadores como Estados Unidos, Brasil, Guyana e incluso algunos países latinoamericanos reciben mayores ingresos cuando el precio internacional del petróleo aumenta.

Al mismo tiempo, otras rutas logísticas, como el Canal de Suez y el oleoducto SUMED, adquieren mayor relevancia para mantener el flujo energético hacia Europa.

¿Estamos frente a una crisis permanente?

Hasta ahora, la evidencia indica que buena parte del impacto ha provenido del temor de los mercados más que de un cierre prolongado del corredor.

Sin embargo, los ataques registrados durante las últimas semanas muestran que el riesgo continúa presente.

La evolución dependerá en gran medida de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de la capacidad de las potencias para evitar una nueva escalada militar.

Un estrecho pequeño con consecuencias globales

Bab el-Mandeb demuestra que la economía mundial continúa dependiendo de unos pocos corredores marítimos extremadamente vulnerables.

Mientras millones de barriles de petróleo sigan atravesando diariamente un puñado de estrechos, cualquier conflicto regional tendrá capacidad para alterar el precio de la energía, acelerar la inflación y afectar el crecimiento económico mundial.

Más allá de la coyuntura actual, el episodio plantea una pregunta de largo plazo: ¿puede el mundo seguir dependiendo de unos pocos pasos marítimos para mover buena parte de su energía o será necesario acelerar la diversificación de rutas y fuentes energéticas durante las próximas décadas?

El abastecimiento de gas natural en Colombia atraviesa un deterioro estructural que ya se refleja en las cifras oficiales del mercado. Las declaraciones de producción, que alcanzaron su techo en 2022 con 1.190 gigapiés cúbicos día (GBTUD), comenzaron a caer a partir de 2023 hasta llegar a 808 GBTUD en 2026, una contracción acumulada del 32,1 % en cuatro años. El fenómeno obedece principalmente a la declinación natural de yacimientos maduros como Cusiana y Cupiagua, en Casanare, y Chuchupa y Ballena, en La Guajira, a lo que se suman las dificultades operativas registradas en campos de Canacol Energy.

Estos casi 300 GBTUD perdidos han tenido que suplirse de manera progresiva con gas importado, en momentos en que la industria nacional enfrenta cada vez más restricciones para acceder a contratos de suministro en firme. Campos como Sinú-9 e Istanbul, que aportarían volúmenes adicionales de gas firme en los próximos meses, se perfilan como una de las pocas fuentes de alivio disponibles en el corto plazo.

Según el diario El Tiempo, María Claudia Alzate, directora del Gestor del Mercado de Gas Natural, advirtió durante el Foro de Gas 2026 que, de mantenerse esta tendencia, el país no contará con más de 250 GBTUD de oferta nacional dentro de una década, una pérdida superior al 30,0% frente a los volúmenes declarados actualmente. La funcionaria explicó que, en promedio, solo el 86,0% del gas que los agentes declaran disponible termina entregándose efectivamente al mercado, y que la escasez de gas firme ha llevado a varias industrias a sustituir el energético por fuentes con mayor huella de carbono ante la falta de certeza en el suministro. El golpe ya se refleja en los precios: los contratos de gas nacional en el mercado primario pasaron de un promedio de US$6,36 por millón de BTU hace siete años a US$10,93 en el primer semestre de 2026, mientras que el gas importado, al que recurre cada vez más el país, se cotiza en US$15,76 por millón de BTU.

Por su parte, el diario Portafolio reportó que el riesgo no es solo de largo plazo: si los tres proyectos de importación con contratos ya registrados, Puerto Compás, en Coveñas; la Regasificadora del Pacífico y Puerto Bahía, en Cartagena, no entran en operación entre noviembre y diciembre de este año, Colombia podría enfrentar en marzo de 2027 un faltante cercano a 140-145 millones de pies cúbicos diarios, equivalente a cerca del 14,0 % de la demanda, en un escenario de fenómeno de El Niño intenso. Si los tres proyectos logran conectarse a tiempo, ese déficit se reduciría a apenas el 2,0%. Puerto Compás aportaría 15 millones de pies cúbicos diarios; el proyecto del Pacífico, cerca de 60 millones, y Puerto Bahía, unos 20 millones en una primera etapa, con capacidad de superar los 100 millones más adelante.

El mercado tiene identificados 14 proyectos de importación en total, pero solo estos tres cuentan con respaldo contractual formal ante el Gestor del Mercado. En el frente de la producción nacional, el pozo Mágico, en el bloque Sinú-9, avanza en pruebas extensas y se espera que entre en operación comercial en octubre de 2027, incorporando 15 GBTUD adicionales de gas firme al sistema.

Según Sectorial, la convergencia de dos calendarios de riesgo, la declinación estructural de los yacimientos maduros y la ventana crítica de marzo de 2027, cuando coincidirían el pico de El Niño y el vencimiento de los contratos de gas firme, configura el escenario más exigente para la seguridad energética del país en más de una década. La diferencia entre un déficit de apenas 2,0% y uno de 14,0% depende enteramente de que tres proyectos de importación cumplan cronogramas que, según reconoce la propia directora del Gestor del Mercado, enfrentan barreras de licenciamiento ambiental, social y financiero. Para el sector empresarial, la variable más relevante no es solo la disponibilidad física del energético, sino su costo: el diferencial de US$4,8 por millón de BTU entre el gas nacional y el importado ya presiona los costos de generación térmica, la industria manufacturera y, en últimas, la tarifa que paga el usuario final.

¿Qué tan expuesto está su sector a la crisis de suministro de gas? Consulte el Índice de Desempeño Sectorial y analice en profundidad las variables energéticas, regulatorias y de costos que impactan su industria.

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La transformación en los hábitos de consumo alrededor del mundo empieza a tocar directamente a una de las industrias más tradicionales de Colombia: la del cuero. Según cifras de un estudio de Zipdo, citado por el diario La República, la población que se identifica como vegana pasó de representar el 3,0 % en 2014 a un 7,0 % en la actualidad, es decir, más del doble en una década. Este cambio, impulsado por el cuidado ambiental y el bienestar animal, obliga a fabricantes de calzado y marroquinería a replantear parte de su oferta, sin que ello signifique necesariamente el desplazamiento del cuero tradicional, que sigue siendo apreciado por atributos como durabilidad, resistencia y capacidad de reparación. Para el sector, más que una amenaza, la tendencia representa una nueva forma de entender el negocio, en la que conviven distintos materiales dirigidos a públicos con necesidades diferentes.

Según el diario La República, representantes del sector coinciden en que el crecimiento del segmento vegano representa más una oportunidad de diversificación que una amenaza directa. Marnei Carminatti, diseñador del núcleo de diseño de Inspiramais-Assintecal, señaló que hoy conviven distintos materiales que responden a necesidades específicas de cada consumidor, y que el gran desafío de la industria es ofrecer información transparente para que el comprador pueda decidir con conocimiento. En esa línea, William Armando Parrado, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), afirmó que la industria colombiana se ha adaptado incorporando alternativas de origen vegetal y materiales como el corcho en distintas partes del calzado. El mismo medio destacó que marcas internacionales como Sony ya lanzaron productos de consumo, entre ellos audífonos de alta gama, fabricados con cuero vegano, lo que confirma el interés de industrias distintas a la moda por estos materiales. No obstante, Favio Albeiro Hurtado, de Diseños Cueromoda Ltda, advirtió sobre dos retos adicionales que enfrentan los fabricantes locales: el alto costo de importar los insumos necesarios para procesar las pieles y una competencia desleal proveniente de productos chinos que ingresan al país a precios considerablemente más bajos, dificultando la comercialización nacional.

De acuerdo con el Observatorio de Calzado y Marroquinería de Acicam y Raddar, el gasto de los hogares colombianos en calzado alcanzó los $1,57 billones entre enero y mayo de 2026, un crecimiento del 2,6 % frente al mismo periodo de 2025, impulsado por la temporada escolar y el Día de la Madre. Este dinamismo llega justo antes de la quincuagésima edición de la Feria Internacional del Cuero, Calzado, Marroquinería, Insumos y Tecnología (IFLS+EICI), que reunirá a más de 350 expositores del 3 al 5 de agosto en Corferias, Bogotá, con la sostenibilidad y los materiales innovadores como uno de los ejes centrales de la agenda. A nivel global, un estudio de Infinium Global Research, divulgado en 2020 por VegEconomist, proyectó que el mercado del cuero vegano alcanzaría los US$89.600 millones en 2025; al no existir un reporte de cierre verificado sobre el resultado real de ese pronóstico, la cifra se mantiene únicamente como referencia del tamaño potencial que los analistas atribuían a la categoría a nivel internacional en ese momento.

Para el equipo de Sectorial, el auge del veganismo no plantea una disyuntiva entre cuero tradicional y alternativas vegetales, sino la necesidad de que la industria colombiana compita con información transparente y trazabilidad certificada. El cuero proveniente de cadenas responsables aprovecha un subproducto de la industria cárnica, lo que le da una ventaja de economía circular frente a materiales sintéticos derivados del petróleo, un argumento que los gremios deberán comunicar con mayor claridad al consumidor final. Al mismo tiempo, la presión de las importaciones asiáticas y el costo de los insumos —señalados por los propios empresarios— son riesgos más inmediatos para la rentabilidad del sector que la competencia del cuero vegano, por lo que la diversificación de materiales debería entenderse como una estrategia comercial adicional y no como una respuesta defensiva frente al consumidor consciente. La feria IFLS+EICI de agosto será un termómetro relevante para medir qué tanto han avanzado las marcas colombianas en incorporar estas alternativas sin sacrificar su posicionamiento en calidad, un factor que seguirá siendo determinante para sostener el gasto de los hogares en calzado durante el segundo semestre del año.

¿Quiere monitorear el desempeño del sector cuero y calzado? Consulte el Índice de Desempeño Sectorial y analice en profundidad las variables que impactan su industria.

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La adopción de inteligencia artificial (IA) en el tejido empresarial colombiano se aceleró de forma inédita durante el último año. La proporción de compañías que integraron esta tecnología en sus operaciones pasó del 34,0% al 42,0% entre 2025 y 2026, lo que equivale a que más de 130.000 organizaciones comenzaran a utilizar IA, es decir, una empresa nueva cada cinco minutos en algún punto del país. Sin embargo, detrás de esa velocidad de adopción hay un dato que resulta aún más relevante para la toma de decisiones empresariales: entre las compañías que ya emplean IA, el 72,0% reporta retornos positivos sobre su inversión, el 88,0% registra aumentos de productividad y el 79,0% atribuye a esta tecnología parte del crecimiento de sus ingresos. Asimismo, el 79,0% de las organizaciones espera ampliar su uso de IA en los próximos doce meses y el 77,0% cree que esta tecnología transformará su sector en un plazo de cinco años.

Según el estudio “Desbloqueando el potencial de la IA en Colombia 2026”, elaborado por la firma Strand Partners y presentado por Amazon Web Services (AWS) durante su cumbre anual en Bogotá, el ritmo de adopción varía sustancialmente según el tamaño de la empresa. Las startups lideran el proceso al pasar del 42,0% al 52,0% de adopción en un año, con un 29,0% que ya opera casos de uso avanzados de IA. Las grandes empresas avanzaron del 48,0% al 57,0%, mientras que las pymes lo hicieron del 33,0% al 40,0%; no obstante, solo el 9,0% de las grandes compañías y el 10,0% de las pymes alcanzaron ese nivel de madurez tecnológica. El estudio también halló que el 64,0% de los líderes empresariales considera la IA una prioridad estratégica alta o máxima, que el 61,0% le asigna un papel esencial o importante dentro de su estrategia de negocio y que la adopción de tecnologías en la nube, un habilitador clave de la IA, avanzó del 55,0% al 63,0% en el mismo periodo.

El reporte advierte que la velocidad de adopción no se traduce automáticamente en madurez tecnológica. El 74,0% de las empresas que usan IA todavía se concentra en aplicaciones básicas orientadas a la eficiencia, el 14,0% alcanzó una etapa intermedia y solo el 12,0% llegó a la fase más avanzada, con sistemas personalizados o inteligencia artificial agéntica; sobre esta última, apenas el 38,0% de las empresas afirma conocerla y solo el 6,0% de quienes la conocen la ha implementado por completo. Además, apenas el 18,0% cuenta con una estrategia integral de IA y el 15,0% ha lanzado un nuevo producto o servicio basado en esta tecnología. A esto se suma una brecha de medición: el 47,0% de las organizaciones reconoce no tener una forma confiable de calcular el retorno de sus inversiones en IA y solo el 33,0% confía en su capacidad de medirlo con precisión.

Para Sectorial, el hallazgo más relevante para la toma de decisiones no es la velocidad de adopción de la IA en Colombia, sino la brecha que se abre entre adoptar la tecnología y capturar su valor de forma medible. Que 7 de cada 10 empresas usuarias reporten retornos positivos es una señal alentadora, pero la coexistencia de ese dato con un 47,0% que no sabe cuantificar el ROI revela que buena parte de esas ganancias se perciben más de lo que se demuestran ante juntas directivas y comités de inversión. Este vacío de medición es especialmente crítico para las pymes, que según cifras del Registro Único Empresarial y Social citadas en el estudio representan cerca del 91,8% del tejido empresarial y generan alrededor del 80,0% del empleo formal del país.

Para conocer el nivel de digitalización, productividad y riesgo de su industria frente al de sus competidores, con variables actualizadas que van más allá de la adopción tecnológica y llegan hasta su impacto real en el negocio, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y nuestro libro Hoja de Ruta Empresarial le orientará frente a los retos y prioridades que enfrentan las empresas en esta era de transformación tecnológica.

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El sector de infraestructura vial enfrentará un año de fuertes limitaciones fiscales en 2027. El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) radicado por el Gobierno saliente ante el Congreso de la República redujo de manera significativa los recursos destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la entidad encargada de administrar buena parte de las concesiones viales, férreas, portuarias y aeroportuarias del país. La cifra, que deberá ser estudiada y votada por el Legislativo en las próximas semanas antes de convertirse en ley, se suma a un ajuste generalizado que también golpea a otros sectores del gasto público y que llega justo en el tránsito hacia la nueva administración de Abelardo de la Espriella.

Según La República, en el anteproyecto presentado en abril se había planteado una asignación de $26,2 billones para la ANI, pero en el proyecto finalmente radicado esta partida se redujo a apenas $9,8 billones, lo que equivale a un recorte de $16,4 billones frente a lo previsto inicialmente. El ajuste a la infraestructura vial no fue el único: Educación perdió $10 billones, al pasar de $89 billones a $79 billones; Trabajo retrocedió $5,5 billones; Minas y Energía se redujo en $5,2 billones, y Salud disminuyó $2 billones. En conjunto, estos cinco sectores concentraron recortes por $39,1 billones frente al anteproyecto de abril.

El presupuesto total quedó en $575,6 billones, $21,4 billones menos que los $597 billones planteados inicialmente, aunque el documento reconoce un faltante de $30,2 billones, equivalente al 1,4% del PIB, que depende de la aprobación de una reforma tributaria aún no garantizada. El Congreso tiene plazo hasta el 15 de agosto para decidir si devuelve el proyecto al Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con El Tiempo, dentro de la clasificación funcional del gasto, el sector Transporte tendrá una apropiación de $18,45 billones para 2027, equivalente al 4,03% del presupuesto sin contar el servicio de la deuda. De ese total, la ANI concentraría $7,37 billones, el Instituto Nacional de Vías (Invías) recibiría $6,05 billones y la Aeronáutica Civil, $4,03 billones, recursos que respaldarán la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de carreteras, así como infraestructura férrea, fluvial y aeroportuaria. Esta cifra de $7,37 billones para la ANI, calculada bajo la clasificación funcional del gasto, difiere de los $9,8 billones que reporta La República para la misma entidad bajo la clasificación institucional, lo que refleja distintas metodologías de conteo más que una contradicción de fondo.

El medio también destacó que el servicio de la deuda pasará de $100,45 billones a $118,04 billones, un incremento del 17,5%, absorbiendo cerca de una quinta parte del presupuesto total y reduciendo el margen disponible para nueva inversión en infraestructura. Para dimensionar el peso relativo del sector, El Tiempo señaló que Educación concentrará $92,45 billones, el 20,2% del presupuesto sin deuda, y que Salud pasará de $86,30 billones a $89,05 billones, cifras muy superiores a la apropiación conjunta que recibirá el sector Transporte para atender toda la red vial, férrea y aeroportuaria del país.

Un estudio de Corficolombiana, citado por El Nuevo Siglo, había advertido que el país necesitaría inversiones anuales cercanas al 7,5% del PIB entre 2026 y 2030 para revertir la contracción acumulada en obras civiles, un sector que hoy se ubica cerca de 36% por debajo de sus niveles prepandemia. El recorte a la ANI reafirma esa tendencia: si la principal entidad concedente de vías del país pierde más de la mitad de los recursos proyectados en abril, la meta de recuperación luce cada vez más lejana para el próximo cuatrienio.

Con más del 90% del presupuesto nacional comprometido en gasto rígido y el servicio de la deuda absorbiendo una quinta parte del total, el margen de maniobra del próximo Gobierno para sostener los proyectos de quinta generación (5G) y las obras de mantenimiento vial dependerá, en buena medida, de los ajustes que introduzca el Congreso antes de la aprobación definitiva del PGN 2027.

Para monitorear en tiempo real el impacto de estos ajustes presupuestales sobre la ejecución de proyectos viales y la salud financiera de las concesiones, conozca el potencial exportador, los riesgos y la dinámica competitiva del sector con el Índice de Desempeño Sectorial, los Reportes EXIM de comercio exterior y la matriz de dinámica sectorial para entender la participación y crecimiento económico, herramientas que respaldan sus decisiones corporativas con inteligencia de mercado.

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La tasa de cambio en Colombia ya se debe analizar ponderando ocho variables críticas: exportaciones, importaciones, inversión extranjera, deuda externa, remesas, diferencial de tasas (carry trade), dinámicas del oro y control a flujos ilícitos.

La atracción en capitales especulativos, motivados por rendimientos en TES colombianos entre el 12% y 14%, ha sido un motor clave en la apreciación del peso. Sin embargo, a medida que las tasas de interés locales inicien su ciclo a la baja, este apetito disminuirá, lo que podría generar una presión alcista sobre la tasa de cambio a mediano plazo.

Tener presente que la apreciación del peso no solo responde a dinámicas internas. A nivel global, los bancos centrales están reduciendo su exposición al dólar en reservas (del 56% al 42%) y migrando hacia el oro físico (subió al 26%) debido a riesgos geopolíticos, sanciones y dudas sobre la deuda estadounidense. Esta debilidad estructural del dólar altera las proyecciones de cobertura a largo plazo.

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