Durante 2025, el sector cosmético en Colombia demostró una notable resiliencia y dinamismo, consolidándose como un motor clave del consumo interno con un crecimiento estimado del gasto de los hogares del 6,3 % hacia el cierre de año. La producción real mantuvo una trayectoria positiva, alcanzando un crecimiento anual del 4,2 % entre enero y octubre de 2025, impulsada por la sofisticación de la demanda y el auge de categorías premium y dermocosméticas.

En el ámbito externo, las exportaciones crecieron un 12,8 % en valor, con Perú y Ecuador como principales destinos, mientras que las importaciones aumentaron un 11,9 % para satisfacer la demanda de fórmulas especializadas. Hacia 2026, el sector se orienta hacia la diversificación de mercados, con un enfoque estratégico en Asia y el liderazgo regional en la perfumería de nicho.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha emitido una alerta sobre presuntas irregularidades en el recorte unilateral de casi $1,0 billón en vigencias futuras. Esto está afectando la viabilidad financiera de obras estratégicas como la vía Mulaló-Loboguerrero y la restauración del Canal del Dique. El gremio asegura que dicha reducción contradice los compromisos contractuales. También pone en riesgo la ejecución de $340.000 millones asignados al corredor del Valle del Cauca y $636.000 millones destinados a la recuperación ecosistémica en el Caribe. Además, tal decisión podría acarrear sanciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios responsables si no se restablecen los flujos de pago pactados para 2026.

Según Infobae, la agremiación sostiene que el Ejecutivo incumplió sus propias reglas establecidas en el decreto del 29 de diciembre del año pasado. Este decreto dictaba que cualquier modificación a estos recursos requería un acuerdo mutuo entre las partes. Sin embargo, apenas dos días después de expedir la norma, el Gobierno disminuyó las partidas sin el consentimiento de los concesionarios. Así, transgredió los lineamientos legales y generó un ambiente de desconfianza en la contratación pública. El comunicado enviado a los ministerios de Hacienda y Transporte subraya que esta actuación unilateral abre la puerta a pleitos jurídicos. Estos pleitos terminarían costándole más a la Nación.

Por su parte, la Contraloría General se sumó a las advertencias señalando que el ajuste presupuestal amenaza con materializar un detrimento patrimonial. Así mismo, vulnera legislaciones como la Ley 1508 de 2012. El ente de control ha solicitado al Gobierno la justificación técnica y financiera de la reprogramación. También exige un nuevo cronograma que garantice la disponibilidad de fondos y certifique que no se elevará el valor final de los contratos. La entidad enfatiza que la incertidumbre sobre la financiación de estos megaproyectos debilita la capacidad del país para mitigar riesgos ambientales. Además, afecta la posibilidad de mejorar la competitividad logística en las regiones afectadas.

China ha dado inicio formal a la segunda fase de pruebas técnicas para la tecnología 6G, con el ambicioso objetivo de lograr velocidades de internet móvil superiores a los 100 gigabits por segundo. Este avance busca transformar radicalmente la conectividad digital durante la próxima década, cimentándose sobre una etapa inicial que logró consolidar una reserva de más de 300 tecnologías clave. Dicha evolución permitirá habilitar aplicaciones de comunicación ultrainteligente, holografía en tiempo real y una integración profunda con sistemas autónomos, superando ampliamente las capacidades actuales de transmisión de datos.

Según el portal Emprendedor, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció desde Beijing que esta nueva etapa se enfocará en ensayar redes completas de sistemas y avanzar en la fabricación de equipos precomerciales. Tal esfuerzo tiene como propósito validar capacidades esenciales como el soporte en múltiples frecuencias, la latencia extremadamente baja y la conexión masiva de dispositivos en escenarios tanto urbanos como rurales. De esta manera, se pretende demostrar el desempeño de prototipos en condiciones cercanas al uso comercial, integrando inteligencia artificial directamente en la infraestructura de red.

Un factor determinante en esta carrera global es la robusta base instalada del país asiático, que ya cuenta con más de 4,8 millones de estaciones base 5G y conecta a más de 1.200 millones de usuarios. La infraestructura permite que las redes experimentales se construyan sobre plataformas probadas, acelerando el aprendizaje frente a la competencia internacional de regiones como Europa y Norteamérica. Aunque la disponibilidad comercial no se prevé hasta finales de la década, los resultados de dichas pruebas definirán el liderazgo en la economía digital futura y los estándares globales de telecomunicaciones.

La industria de motocicletas en Colombia proyecta mantener su dinamismo comercial al cierre del presente año. Estima un volumen de ventas superior al millón de unidades nuevas. Este comportamiento sería similar al registrado en el periodo anterior. Dicha cifra impulsará el parque automotor nacional por encima de los 14,0 millones de registros activos en el Runt. Con ello, consolidará a este vehículo como un eje fundamental para la movilidad social y la economía popular. Se calcula que actualmente más de 2,6 millones de familias dependen de este medio para la generación de ingresos. Este fenómeno impacta especialmente en los estratos 1, 2 y 3, donde se utiliza intensivamente para actividades de mensajería, comercio y domicilios.

Según el diario La República, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi destaca una transformación estructural en el acceso al transporte. La penetración de estos vehículos en los hogares pasó del 18,2 % en 2010 al 30,8 % en 2024. Tal fenómeno se respalda en una alta satisfacción ciudadana, que alcanza el 88,0 % en ciudades principales. Además, se acompaña de una modernización industrial, donde el 100,0 % de las motos ensambladas en el país ya incorporan estándares internacionales de seguridad como frenos ABS o CBS, sistemas de iluminación permanente y llantas certificadas.

A pesar de los avances tecnológicos, la siniestralidad vial continúa siendo el principal desafío del sector. Representa cerca del 60,0% de los incidentes totales. Para mitigar dicha problemática, el gremio ha anunciado un incremento del 10,0 % en su inversión destinada a programas de formación y campañas de prevención. Con este cambio, alcanzará un presupuesto de US$300.000 para 2026. El objetivo es reforzar la educación de los conductores y garantizar que la expansión del mercado se alinee con una reducción proporcional en la accidentalidad.

Un presidente no es nada sin un Congreso que lo apoye, por eso, son tan claves las elecciones del 8 de marzo para elegir representantes a la Cámara y senadores de la República.

Sin embargo, estas elecciones tendrán un reto, y es enfrentar el descontento de la población, donde el 45 % no tiene afinidad con los partidos políticos y la indecisión para Cámara y Senado supera el 74 %.

Para este 2026 tendremos la buena noticia para la democracia en las elecciones legislativas y es que estimamos que ningún partido consolidará mayorías absolutas ni simples; limitando la capacidad del presidente que quede “ser una aplanadora sobre el país”.

El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que pretende desvincular el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) del incremento del salario mínimo (el salario mínimo subió un 23,7 % para 2026). La medida busca unificar el tope máximo de venta en 135 salarios mínimos, fijando el valor en pesos colombianos desde la firma del contrato de separación hasta la escrituración. Dicha iniciativa establecería un techo aproximado de $236 millones. Además, elimina los rangos superiores de 150 y 175 salarios que aplicaban para grandes ciudades y proyectos de renovación urbana. El objetivo es controlar la inflación en el sector inmobiliario y evitar alzas desproporcionadas para los compradores.

Según el portal Metro Cuadrado, la comercialización de vivienda VIS representa el 67,0 % de las ventas totales de unidades nuevas en el país. Se registraron 107.235 inmuebles vendidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el gremio constructor Camacol advierte que tal modificación normativa podría generar una contracción en la oferta. Estiman que los costos de producción aumentarían entre un 10,0 % y un 15,0 % debido a la dificultad de proyectar el valor de insumos y mano de obra bajo un esquema de precios fijos. Por lo tanto, se desincentivaría el desarrollo de proyectos en las principales capitales y los desplazaría hacia las periferias.

La propuesta genera incertidumbre jurídica sobre los negocios pactados con anterioridad. Si el valor comercial supera el nuevo límite establecido, los compradores perderían el acceso a subsidios estatales y tasas preferenciales, dificultando su cierre financiero. El panorama se torna complejo si se considera la disminución en la asignación de subsidios del programa “Mi Casa Ya”, el cual pasó de cubrir más de 308.000 cupos en años anteriores a solo 58.000 en el periodo reciente. Esta realidad, sumada al encarecimiento de los arriendos por la menor oferta disponible, presiona la capacidad adquisitiva y el bienestar de los hogares colombianos.

El Ministerio de Salud ha emitido la reglamentación que hace efectiva la prohibición de experimentar con animales para la industria cosmética en Colombia. Además, se establecen nuevos requisitos para la fabricación y comercialización de estos bienes. La norma decreta que toda persona natural o jurídica involucrada en la cadena de producción o importación deberá presentar ante la autoridad sanitaria una “Declaración de Primera Parte”. A través de este documento, el representante legal certifica que los productos, sus ingredientes o combinaciones no han sido objeto de pruebas en animales.

Según el documento del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) será el encargado de validar este requisito como condición indispensable para la emisión de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). El procedimiento se fundamenta en la norma ISO/IEC 17050, la cual regula las declaraciones de conformidad emitidas por proveedores. Por lo tanto, se asegura que la responsabilidad sobre la veracidad de la información recaiga directamente sobre el fabricante o importador. Adicionalmente, estos deberán garantizar el cumplimiento de la Ley 2047 de 2020 y asumir las consecuencias legales en caso de incumplimiento.

La resolución contempla excepciones específicas, permitiendo pruebas en animales únicamente cuando existan riesgos de salud o ambientales y no haya métodos alternativos validados por la comunidad científica internacional. Así mismo, se permiten si los datos de seguridad provienen de fines no cosméticos. Cabe destacar que la declaración tendrá vigencia indefinida y podrá amparar múltiples operaciones comerciales. No obstante, si se introducen nuevos productos al portafolio, será necesario presentar una nueva certificación para mantener la conformidad con la normativa vigente y evitar sanciones administrativas.

A partir del primero de febrero de 2026, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar una tasa de seguridad del 30,0 %, medida impuesta por el presidente Daniel Noboa ante lo que considera una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Dicha barrera arancelaria impactará directamente a rubros estratégicos de la oferta exportable nacional, encareciendo bienes como la energía eléctrica, medicamentos de uso humano, vehículos, azúcares de caña y café sin tostar, los cuales perderán competitividad en el mercado vecino mientras se mantenga la tensión diplomática sobre la seguridad fronteriza.

Según Pulzo, Ecuador se consolida como el sexto destino de las ventas externas del país y el segundo mercado más relevante para los bienes no minero-energéticos. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones hacia esa nación sumaron US$1.673 millones, cifra que ya evidenciaba una contracción del 3,2 % frente al año anterior. La nueva restricción comercial se suma a los controles migratorios vigentes desde diciembre de 2025, que limitaron el tránsito terrestre a solo dos pasos habilitados, complicando aún más la logística en una frontera caracterizada por sus extensas zonas selváticas y fluviales.

El mandatario ecuatoriano justifica tal decisión señalando un déficit comercial superior a los US$1.000 millones anuales y la necesidad de recursos para combatir a los grupos criminales transnacionales. La medida permanecerá vigente de manera indefinida hasta que se concrete un compromiso conjunto y efectivo para erradicar las economías ilícitas en la región limítrofe, situación que pone en riesgo la estabilidad de un intercambio comercial vital para ambos países y afecta la cadena de suministro de insumos esenciales y alimentos.

Irán enfrenta un fenómeno que trasciende lo económico y se aproxima peligrosamente a lo político: una inflación que supera el 40% anual desde hace años y que, según reportes locales, empezó a generar variaciones acumuladas en bienes esenciales superiores al 2.000% en periodos cortos. A diferencia de los titulares centrados en sanciones, tensiones militares o rivalidades geopolíticas, el principal riesgo para la estabilidad del régimen no proviene del exterior, sino del deterioro acelerado del poder adquisitivo. La crisis inflacionaria está erosionando los subsidios que durante décadas han funcionado como amortiguadores sociales —energía barata, alimentos y empleo público— y rompiendo el contrato implícito que sostiene a regímenes autoritarios: estabilidad económica mínima a cambio de control político. En paralelo, la depreciación del rial frente al dólar deteriora expectativas, fomenta dolarización informal y reduce la capacidad del Estado para sostener gasto, lo que a su vez retroalimenta la inflación.

El riesgo para Teherán no está solo en el empobrecimiento acelerado, sino en el cambio en la naturaleza de las protestas. En la medida que el conflicto se vuelve económico —salarios insuficientes, alquileres impagables, bienes básicos encarecidos— resulta más difícil criminalizar la inconformidad con narrativas ideológicas o acusaciones externas. Casos como Venezuela y Argentina demuestran que la inflación persistente puede destruir tejido productivo, deslegitimar instituciones, forzar dolarización de facto y reconfigurar la relación entre Estado y sociedad, incluso sin derrocamientos inmediatos. En Irán, el círculo vicioso entre sanciones, restricción externa, emisión monetaria y subsidios insostenibles ya está en marcha y plantea una pregunta clave para empresas, analistas y gobiernos: ¿por cuánto tiempo puede sostenerse un régimen cuando su moneda deja de cumplir su función y la vida cotidiana se vuelve económicamente inviable?

El proceso para que Millicom asuma el control total de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) ha entrado en una fase decisiva con la activación simultánea de dos mecanismos financieros. Estos mecanismos, en conjunto, movilizarían recursos estimados en $1,6 billones. La operación comprende tanto una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas privados, como la venta directa de la participación que posee la Nación. Así se consolida una reconfiguración histórica del mercado de telecomunicaciones que busca integrar estos activos con la operación actual de Tigo en el país.

Según Valora Analitik, el Ministerio de Hacienda publicó el aviso de venta de su 32,5 % de participación, correspondiente a 1.108 millones de acciones. Fijó un precio unitario de $772,4 con la meta de recaudar cerca de $856.005 millones. Paralelamente, la OPA busca adquirir hasta el 68,3 % de la compañía, propiedad mayoritaria de la española Telefónica. Además, ofrece US$0,0932 por título; dicho movimiento implicaría un desembolso aproximado de $840.044 millones. El periodo de aceptaciones se mantendrá abierto entre el 22 de enero y el 4 de febrero.

La estrategia de Millicom apunta a fortalecer su posición en el escenario local. También busca aprovechar la salida de EPM de Tigo, cuya segunda etapa de enajenación finaliza el 27 de enero de 2026. Aunque la primera fase de la venta estatal de Movistar está reservada para el sector solidario hasta el 19 de marzo, se anticipa que el remanente será adquirido por la multinacional en la siguiente etapa. Tal transacción ocurre en un contexto financiero retador. A septiembre de 2025, la operadora acumulaba pérdidas por $1,1 billones, lo que acelera la necesidad de este cambio de control.