El grupo chileno Cencosud anunció la adquisición del 100,0% de Makro Supermayorista en Colombia, una transacción valorada en aproximadamente US$158,0 millones que reconfigura el panorama del comercio al por mayor en el territorio nacional. La operación, ejecutada a través de su filial Cencosud Internacional SpA, será financiada en su totalidad con recursos propios, sin recurrir a créditos bancarios ni financiamiento externo. Con la compra, la multinacional incorpora una red de 21 establecimientos distribuidos en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ingresando por primera vez al formato mayorista o Cash & Carry en el mercado colombiano.

La cadena Makro, con más de 25 años de trayectoria en el país, se ha especializado en ventas al por mayor dirigidas a comerciantes, restaurantes, hoteles y emprendedores, un segmento en el que Cencosud no tenía participación directa hasta la fecha. El cierre definitivo de la operación se encuentra sujeto a las condiciones habituales para este tipo de negocios, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Según el portal Infobae, al consolidar las cifras reportadas por ambas compañías durante el 2024, los ingresos conjuntos ascenderían a $5,97 billones, resultado de sumar los $4,21 billones registrados por Cencosud y los $1,76 billones generados por Makro. Dicho cálculo posiciona a la operación unificada con activos superiores a los $7,53 billones y un patrimonio que supera los $4,54 billones, colocando al grupo en condiciones de escalar al segmento de las diez compañías de mayor facturación del comercio en Colombia.

La adquisición se enmarca en una estrategia regional sostenida de consolidación del formato mayorista, dado que en 2025 la compañía adquirió las operaciones de Makro en Argentina y actualmente desarrolla la cadena Giga en Brasil. Asimismo, a comienzos de junio de 2026, Cencosud formalizó la compra indirecta del 51,0% del centro comercial Plaza Central en Bogotá por $459.000 millones, equivalentes a US$124,5 millones, reforzando su apuesta por el mercado inmobiliario comercial en el país.

La incorporación de Makro transforma el perfil competitivo de Cencosud en Colombia, donde opera desde el 2012, cuando adquirió la totalidad de la cadena Carrefour por cerca de US$2.600,0 millones, una operación que le permitió integrar más de 90 establecimientos y consolidar su entrada al negocio de supermercados con una red ya posicionada. Actualmente, la compañía administra las marcas Jumbo, Metro y Easy en el territorio nacional, y a nivel global cuenta con presencia en seis países, más de 115.000 colaboradores y 1.446 establecimientos bajo un modelo multiformato que abarca supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.

Analistas del sector coinciden en que la operación modifica sustancialmente la estructura comercial de la empresa en el mercado local, al sumar una plataforma enfocada en abastecimiento a gran escala que complementa su oferta actual dirigida al consumidor final y le otorga herramientas para competir en un segmento con alta demanda por parte de los pequeños y medianos negocios del país.

Desde la perspectiva de Sectorial, la adquisición de Makro refleja una apuesta decidida de Cencosud por capturar valor en el segmento mayorista colombiano, un formato que ha demostrado resiliencia frente a los ciclos de desaceleración del consumo minorista. Al integrar 21 puntos de venta enfocados en clientes profesionales, la compañía diversifica su perfil de ingresos y reduce su dependencia del supermercado convencional, en un entorno donde las cadenas de descuento duro concentran una porción creciente del gasto de los hogares. No obstante, el principal desafío radicará en la materialización de las sinergias operacionales, logísticas y comerciales prometidas, considerando que los márgenes de rentabilidad de la operación colombiana han sido históricamente estrechos para el grupo.

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¿Cómo puede un país de apenas cinco millones de habitantes figurar entre los países con mayor PIB per cápita del mundo y, al mismo tiempo, registrar una caída del 2% de su economía en un solo trimestre de 2026?

Esa es la paradoja irlandesa. En 2025, la economía de Irlanda creció oficialmente un 12,3%, una cifra que en cualquier otro país sería considerada un milagro absoluto. Pero apenas unos meses después, en el primer trimestre de 2026, el PIB se contrajo un 2%.

¿Estamos ante un éxito económico sin precedentes o ante una ilusión estadística que está a punto de quebrarse?

Irlanda dejó de ser uno de los países más pobres de Europa occidental para convertirse en el escaparate del capitalismo globalizado. Pero detrás de ese milagro hay un modelo extraordinariamente frágil: solo tres empresas extranjeras pagan casi la mitad de todos los impuestos corporativos del país.

Y eso, en un contexto donde Donald Trump amenaza con aranceles del 100% sobre productos farmacéuticos, donde la OCDE impone un impuesto mínimo global del 15% y donde la vivienda en Dublín se ha vuelto inaccesible incluso para los profesionales mejor pagados, nos lleva a preguntarnos cuánto tiempo más puede sostenerse este modelo.

El modelo que lo creó todo: impuestos bajos y multinacionales estadounidenses

Para entender por qué el milagro irlandés está en riesgo, primero hay que entender cómo se construyó.

A finales de los años ochenta, Irlanda apostó por convertirse en la puerta de entrada de las multinacionales estadounidenses al mercado europeo. La fórmula combinaba tres factores: un impuesto corporativo del 12,5%, mano de obra altamente cualificada y el acceso al mercado único europeo.

El resultado fue el nacimiento del llamado Tigre Celta. Empresas como Apple, Google, Microsoft, Meta, Pfizer, Eli Lilly, Johnson & Johnson e Intel establecieron sus sedes europeas o importantes centros de producción en el país.

Actualmente, las multinacionales estadounidenses emplean directamente a unas 220.000 personas y generan cerca de tres cuartas partes de toda la recaudación por impuesto corporativo.

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Sin embargo, esa misma dependencia es hoy su principal vulnerabilidad.

La trampa de la concentración fiscal

El primer gran problema del modelo irlandés es la concentración.

En 2025 Irlanda recaudó 32.900 millones de euros en impuestos corporativos, equivalentes al 31% de todos sus ingresos tributarios.

Pero las diez empresas más grandes aportan aproximadamente el 60% de esa recaudación.

En otras palabras, una parte considerable del presupuesto nacional depende de las decisiones de un pequeño grupo de multinacionales.

Si varias de ellas trasladaran activos o producción hacia otros países, el impacto sobre las finanzas públicas sería inmediato.

La economía de los duendes: el PIB inflado

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 2015, cuando Apple trasladó importantes activos de propiedad intelectual hacia Irlanda.

Como consecuencia, el PIB del país aumentó un 26% en un solo año.

El economista Paul Krugman bautizó este fenómeno como “LeprechaunEconomics“, porque las cifras parecían más un fenómeno contable que un verdadero crecimiento económico.

Algo parecido ocurrió nuevamente en 2025.

Aunque el PIB creció oficialmente un 12,3%, buena parte del aumento respondió al adelantamiento de exportaciones farmacéuticas hacia Estados Unidos antes de la entrada en vigor de posibles aranceles.

Por eso Irlanda utiliza cada vez más la llamada Demanda Interna Modificada, un indicador que refleja mejor la actividad económica real.

La reforma fiscal global cambia las reglas

Durante más de tres décadas, la ventaja competitiva de Irlanda fue ofrecer una de las tasas corporativas más bajas de Europa.

Pero ese escenario cambió con el Pilar Dos de la OCDE, que establece un impuesto mínimo global del 15% para grandes multinacionales.

Irlanda calcula que esta reforma aumentará inicialmente la recaudación, pero también reduce uno de los principales incentivos que llevaron a miles de empresas a instalarse en el país.

Ahora ciudades como Frankfurt, Ámsterdam o Luxemburgo comienzan a competir en condiciones mucho más similares.

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La guerra comercial de Trump amenaza el modelo

La presión fiscal se suma ahora a la presión comercial.

Donald Trump anunció aranceles de hasta el 100% para algunos medicamentos importados, una medida que afecta directamente al principal sector exportador irlandés.

Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos comerciales con la Unión Europea, la incertidumbre continúa.

Las empresas reaccionaron adelantando exportaciones antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas.

Como resultado, las exportaciones farmacéuticas crecieron cerca del 400% durante marzo de 2025.

Pero este crecimiento fue extraordinario y difícilmente podrá repetirse.

La crisis de vivienda también pone límites

El problema no proviene únicamente del exterior.

El enorme crecimiento económico ha generado una profunda crisis inmobiliaria.

En Dublín, el precio promedio de una vivienda ronda los 495.000 euros y la disponibilidad de alquileres es una de las más bajas de Europa.

Los salarios ya no crecen al mismo ritmo que el costo de la vivienda, lo que dificulta atraer talento internacional y aumenta los costos laborales para las empresas.

El gobierno intenta acelerar la construcción, pero todavía está lejos de cubrir la demanda.

¿Puede desaparecer el milagro irlandés?

El éxito de Irlanda nunca fue casualidad.

Fue el resultado de una combinación muy específica de impuestos bajos, integración europea y llegada masiva de inversión estadounidense.

Sin embargo, hoy los tres pilares del modelo enfrentan presión al mismo tiempo:

• la OCDE elimina parte de la ventaja fiscal;
• Estados Unidos adopta políticas comerciales más proteccionistas;
• y el propio crecimiento económico genera cuellos de botella internos.

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Conclusión

El milagro económico de Irlanda no es una mentira, pero sí un modelo mucho más frágil de lo que sugieren las cifras oficiales.

Durante décadas logró convertirse en uno de los mayores receptores de inversión extranjera del mundo y transformó completamente su economía.

Ahora enfrenta un escenario muy distinto.

La reforma fiscal internacional, las tensiones comerciales con Estados Unidos y la crisis de vivienda obligarán al país a demostrar que puede seguir siendo competitivo sin depender exclusivamente de los bajos impuestos.

El verdadero desafío ya no consiste en atraer multinacionales.

Consiste en construir una economía capaz de sostener su crecimiento incluso si algunas de esas empresas deciden marcharse.

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El transporte de carga por carretera se mantiene como uno de los ejes comerciales más importantes para el funcionamiento de la economía en Colombia. Durante mayo de 2026, la actividad de distribución y logística nacional mostró un comportamiento favorable que refleja la continuidad en las operaciones de producción y consumo de las empresas. Este sector tiene la responsabilidad directa de conectar los centros de fabricación, las zonas agrícolas y los puertos marítimos con los mercados finales, garantizando que las materias primas y los productos esenciales se entreguen de forma oportuna. El dinamismo observado en las rutas nacionales demuestra que la cadena de suministro mantiene una tendencia de estabilidad y coordinación clara entre las empresas transportadoras y los conductores independientes. El flujo constante de vehículos pesados por las vías del país confirma que, a pesar de los desafíos económicos vigentes, el transporte terrestre responde de manera efectiva a las necesidades de abastecimiento de los hogares colombianos. Este desempeño en los corredores logísticos sirve como un indicador directo de la actividad empresarial general, mostrando una evolución positiva en comparación con los primeros meses del año, lo que ayuda a dar estabilidad al comercio interno.

Según los datos oficiales del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) publicados por el Ministerio de Transporte, en mayo de 2026 se movilizaron un total de 14.407.727 toneladas de mercancías en el país. Este volumen representa un incremento del 11,3% frente al mismo mes de 2025, consolidándose como el mayor crecimiento registrado en lo que va del año. En esta operación logística participaron 2.304 empresas de transporte, las cuales coordinaron el tránsito de 1.133.359 vehículos de carga por las carreteras nacionales. Esta actividad generó la expedición de 1.294.296 manifiestos de carga y la realización de 1.221.693 viajes completos durante el mes. En cuanto a las mercancías sólidas, el maíz lideró el volumen transportado con 694.586 toneladas, seguido por las bebidas no alcohólicas con 597.547 toneladas y productos varios con 524.938 toneladas. Por su parte, la carga líquida estuvo liderada por los aceites refinados de petróleo con 243,4 millones de galones, acompañados por 182,8 millones de galones de petróleo crudo y 13,2 millones de galones de biodiésel y sus mezclas. Geográficamente, los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia concentraron la mayor actividad de carga sólida. Valle del Cauca lideró los despachos de origen con 2,6 millones de toneladas, mientras que Cundinamarca fue el principal destino con 2,0 millones de toneladas recibidas. En la carga líquida, los departamentos de Meta y Casanare registraron los mayores volúmenes de origen, y Casanare lideró los destinos. Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que este crecimiento demuestra que el país avanza hacia una logística más eficiente y competitiva gracias al trabajo de las empresas y los transportadores.

Desde Sectorial se analiza que las cifras positivas del reporte oficial reflejan una buena capacidad de respuesta de las empresas transportadoras para atender la demanda comercial del país. Sin embargo, la alta concentración del movimiento de carga sólida en Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia deja ver una brecha importante en el desarrollo logístico de las demás regiones de Colombia. Esta centralización vial expone a la cadena de suministro nacional a riesgos altos ante cierres imprevistos de carreteras por razones climáticas o problemas de orden público. Por ello, es necesario mejorar la infraestructura de las vías secundarias y alternativas en otros departamentos para evitar demoras y sobrecostos en la distribución de mercancías. Asimismo, el alto volumen en el transporte de maíz resalta la fuerte dependencia de insumos importados para la producción interna de alimentos. Para asegurar un crecimiento logístico sostenible en el mediano plazo, las políticas públicas deben incentivar la modernización tecnológica de las flotas y garantizar condiciones de seguridad estables en todas las rutas del territorio nacional, permitiendo que más regiones se conecten de manera competitiva con los mercados principales.

Para obtener más información sobre el desempeño del sector logística y transporte de carga, así como los riesgos y oportunidades derivados de las políticas comerciales vigentes, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Además, explore los Reportes EXIM para analizar los flujos de comercio exterior del sector.

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La producción bufalina colombiana mantiene una dinámica de expansión que la posiciona como referente en América Latina. El censo pecuario nacional registra un total de 538.574 cabezas distribuidas en 33 departamentos, evidenciando una presencia territorial amplia, pero altamente concentrada en zonas con vocación ganadera tradicional. Córdoba lidera el inventario con 92.184 animales, equivalentes al 17,1% del total, seguido por Santander con 84.827 cabezas y Antioquia con 67.193. Junto a Bolívar y Magdalena, que aportan 63.111 y 54.288 ejemplares, respectivamente, estas cinco jurisdicciones acumulan 361.603 búfalos, una cifra que representa el 67,1% del hato nacional. Al ampliar el análisis a los diez principales departamentos productores, incluyendo a Sucre con 38.022 cabezas, Cesar con 31.433, Arauca con 19.554, Casanare con 17.852 y Meta con 16.475, la concentración asciende al 90,0% del censo total. Dicha distribución revela tanto la especialización productiva de la costa Caribe y el Magdalena Medio como el amplio potencial de diversificación geográfica que aún queda por desarrollar en otras regiones del territorio nacional.

Según el portal Contexto Ganadero, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (Asobúfalos), Alba Lucía Suárez, confirmó que el inventario gremial asciende actualmente a 668.000 animales, lo cual implica un crecimiento del 63,3% desde el 2019, cuando se contabilizaban 409.141 cabezas. La tasa de expansión anual se aproxima al 8,5%, un ritmo superior al observado en la mayoría de las actividades pecuarias convencionales del país. La dirigente destacó que la genética bufalina colombiana es demandada por productores de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Costa Rica, consolidando al país como proveedor de material reproductivo de alta calidad en la región.

Adicionalmente, Asobufalos fijó la meta de superar el millón de cabezas antes del cierre de la presente década (2030), un objetivo sustentado en las ventajas competitivas del búfalo, como la rusticidad, la longevidad, la fertilidad y la precocidad productiva, características que le permiten adaptarse a terrenos inundables, humedales y pisos térmicos variados donde el vacuno presenta limitaciones operativas. En materia de productos derivados, la carne de búfalo presenta un contenido de colesterol un 40,0% inferior al de la proteína bovina, además de ofrecer un 30,0% más de minerales, mientras que la leche se destina a la elaboración de mozzarella y derivados lácteos gourmet con creciente demanda en mercados internacionales como Estados Unidos, el Caribe, Chile y Centroamérica.

Desde la perspectiva de Sectorial, la concentración del 90,0% del inventario bufalino en apenas diez departamentos configura un mapa productivo con fortalezas evidentes, pero también con riesgos asociados a la dependencia territorial. Los datos del censo revelan que, fuera de los cinco primeros departamentos, regiones con vocación ganadera como el Valle del Cauca, Huila o Cundinamarca presentan inventarios marginales que no superan las 6.000 unidades. El sector enfrenta el desafío de impulsar la diversificación geográfica sin perder las economías de escala logradas en los núcleos tradicionales. El reconocimiento internacional de los derivados lácteos bufalinos y las propiedades nutricionales diferenciadas de la carne abren oportunidades concretas de agregación de valor que podrían acelerar la expansión hacia mercados de exportación especializados, siempre que se mantenga la disciplina sanitaria y se fortalezcan los canales de comercialización interna.

Para obtener más información sobre la dinámica del sector pecuario colombiano y las variables que condicionan su competitividad, consulte nuestro índice de Desempeño Sectorial. Conozca en profundidad las tendencias productivas, regulatorias y comerciales que impactan la industria ganadera para respaldar sus decisiones corporativas. Asimismo, explore los foros sectoriales y acceda a nuestros reportes EXIM para analizar oportunidades de comercio exterior en el sector agropecuario.

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El presidente electo no sólo enfrenta el gran reto de reactivar el aparato productivo y recuperar la confianza del mercado, sino resolver las profundas expectativas sociales insatisfechas. ¿Cómo lograrlo si recibirá los siguientes elementos como la principal herencia de la era Petro?:

• El ritmo de crecimiento del país experimentó una fuerte desaceleración, pasando de tasas superiores al 7% al inicio del mandato de Gustavo Petro a un cierre de apenas 2,2%. Este enfriamiento responde directamente al estancamiento de sectores clave: la construcción redujo su participación del 7% a menos del 5% del PIB, las exportaciones anuales retrocedieron de USD 57.000 millones a USD 50.000 millones, y la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó de USD 17.000 millones (2022) a USD 9.000 millones.
• Si bien la inflación se redujo del 10,2% inicial a niveles de entre 5,8% y 6%, la tendencia a la baja enfrenta resistencia debido al incremento no técnico del salario mínimo (que acumuló un alza de más del 23% para este año). Como contrapartida, el Banco de la República se vio obligado a mantener una postura contractiva, entregando las tasas de interés por encima del 11,25% (frente al 7,5% recibido), lo que eleva el costo de financiamiento real para empresas y hogares a niveles superiores al 18% anual. Esto ocurre en un contexto de apreciación de la moneda, que responde más a factores geopolíticos y regionales que a la solidez estructural de la economía local.
• En el frente social, el desempleo bajó del 11% al 8,8%, permitiendo que la pobreza se redujera del 30% al 28%. No obstante, el indicador tiene una informalidad estructural del 55% y un alarmante fenómeno migratorio: 5,8 millones de colombianos están en el exterior (1,4 millones salieron en los últimos 6 años). Aunque esto representa una dura pérdida de capital humano, ha aliviado el consumo interno mediante un incremento histórico de las remesas, las cuales pasaron de USD 9.000 millones en 2022 a USD 13.000 millones en 2025.
• La nueva administración asumirá una compleja posición financiera, caracterizada por un hueco fiscal de $120 billones de pesos (cercano al 8% del PIB) que ha disparado el pasivo total de la nación por encima de los $1.200 billones, alejando al país del grado de inversión. Asimismo, la confianza empresarial de cara al futuro se encuentra debilitada en apenas 42 de 100 puntos, mientras que el sector salud entra en una fase crítica con una deuda estimada en $37 billones y quejas de usuarios que se duplicaron hasta alcanzar las 161.000 mensuales (frente a las 80.000 del inicio del periodo).

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Informes Sectoriales

El mercado internacional del aguacate atraviesa una expansión sostenida, impulsada por la creciente adopción de dietas saludables y la diversificación de sus aplicaciones industriales. De acuerdo con estimaciones recientes, la industria global de esta fruta alcanzó una valoración cercana a los US$18.500 millones al cierre del 2025, y se proyecta que dicho valor ascienda a US$19.900 millones durante el presente año.

El dinamismo responde fundamentalmente a la preferencia de los consumidores de ingresos medios y altos por alimentos ricos en grasas monoinsaturadas, fibra y potasio, posicionando al aguacate como un componente esencial de la canasta alimentaria en los principales mercados mundiales. Actualmente, el consumo directo en hogares concentra el 54,0% de la demanda global, mientras que el segmento de restaurantes y servicios de alimentación aporta el 46,0% restante, evidenciando una distribución equilibrada entre ambos canales comerciales. Asimismo, la versatilidad del fruto ha permitido su incursión en la industria cosmética y del bienestar, donde el aceite de aguacate es cotizado por sus propiedades antioxidantes para el cuidado de la piel y el cabello.

Según el portal Agronegocios, un informe de Fortune Business Insights proyecta que el mercado mundial de aguacate podría alcanzar un valor cercano a los US$35.000 millones para el 2034, sustentado en una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5% a partir de 2026. A nivel geográfico, Norteamérica lidera la participación de mercado con un 39,0%, seguida por la región de Asia-Pacífico con un 29,0% y Europa con un 24,0%. No obstante, el sector enfrenta desafíos estructurales asociados con la alta sensibilidad del cultivo frente a las variaciones climáticas y a la exigencia de cadenas de frío rigurosas durante el transporte transcontinental, factores que generan una marcada volatilidad en los precios internacionales. A esta problemática se suman las presiones competitivas derivadas del incremento simultáneo de la oferta por parte de los principales productores mundiales, particularmente México y Perú, cuyas cosechas crecientes han contribuido a un desbalance entre oferta y demanda que afecta directamente los márgenes de los exportadores.

En el plano local, Colombia consolidó su posición como uno de los exportadores más dinámicos del mundo durante el 2025. Las ventas externas de aguacate Hass generaron ingresos por US$375,9 millones, reflejando un avance del 21,2% frente al periodo previo. En términos de volumen, el país despachó más de 201,7 miles de toneladas, marcando un crecimiento del 45,6%, con presencia principalmente en Estados Unidos.

Desde la perspectiva de Sectorial, las proyecciones del mercado mundial de aguacate configuran un escenario de oportunidades significativas para Colombia, aunque condicionado por retos operativos que exigen una respuesta estratégica inmediata. La fase de crecimiento basada exclusivamente en la ampliación de volúmenes comienza a mostrar rendimientos decrecientes. Para sostener la competitividad en un entorno de sobreoferta global, el sector deberá priorizar la generación de valor agregado mediante productos procesados como aceite, guacamole y pasta, segmentos que ya muestran un dinamismo comercial creciente en el mercado estadounidense.

Asimismo, la diversificación de mercados hacia Asia-Pacífico y América Latina constituye una palanca estratégica fundamental, particularmente cuando los mercados tradicionales europeos y norteamericanos enfrentan saturación de oferta. La consolidación de certificaciones internacionales, el fortalecimiento de la infraestructura logística de cadena de frío y la adaptación climática de los cultivos serán factores determinantes para que el país aproveche el potencial de un mercado que se proyecta por encima de los US$35.000 millones hacia la próxima década.

Para obtener más información sobre cómo las dinámicas del mercado global de aguacate impactan la competitividad del sector agroindustrial colombiano, consulte el Índice de Desempeño Sectorial. Participe en los Foros Sectoriales para acceder a análisis detallados sobre las proyecciones comerciales y las oportunidades de exportación. Explore también los Reportes EXIM para conocer las tendencias de comercio exterior que definen el rumbo del sector.

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El mercado de vivienda en Colombia atraviesa una de las coyunturas más complejas de los últimos años, caracterizada por una contracción simultánea en ventas, lanzamientos e iniciaciones de obra. Con corte a mayo de 2026, los datos de Coordenada Urbana evidencian que las ventas acumuladas en los últimos doce meses registran una caída del 33,6% frente al mismo período de 2022, mientras que las iniciaciones de nuevos proyectos se han desplomado un 42,9% en el mismo lapso. Dicho panorama refleja los efectos acumulados de un entorno macroeconómico adverso que prevaleció durante 2023, marcado por tasas de interés elevadas, presiones inflacionarias persistentes y un bajo crecimiento económico.

Adicionalmente, decisiones de política pública como las modificaciones al programa Mi Casa Ya introducidas en 2023 y su posterior cierre en diciembre de 2024 profundizaron el deterioro del sector. El segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) ha sido el más afectado, registrando contracciones de hasta el 50,0% en su punto más crítico, alcanzado en febrero de 2024. A nivel de la actividad edificadora, el valor agregado del sector acumula cerca de tres años consecutivos de contracción, con una proyección de caída del 7,7% para el cierre de 2026.

Según los diarios La República y El Colombiano, el debilitamiento del mercado se manifiesta con particular intensidad en el incremento de los desistimientos, que alcanzaron las 43.659 unidades en los primeros cinco meses del año. De dicho total, 33.590 correspondieron al segmento VIS, cifra que representa un aumento del 173,6% frente a los niveles observados en 2022. La desaceleración también se traduce en una reducción drástica de la oferta futura: las iniciaciones de vivienda VIS cayeron un 20,7%, los lanzamientos disminuyeron un 16,7% y las ventas retrocedieron un 4,5% a mayo del presente año. En términos absolutos, apenas se registraron 27.512 unidades iniciadas en el segmento VIS, el nivel más bajo para este período desde 2013, acumulando 37 meses consecutivos en terreno negativo desde mayo de 2023.

La crisis se ha visto agravada por una reducción real del 42,4% en el presupuesto de inversión pública nacional destinado a vivienda entre 2022 y 2026. En materia de subsidios, mientras en 2022 se otorgaron 67.061 beneficios a través de Mi Casa Ya, durante 2025 apenas se asignaron 8.650, una cifra un 82,0% inferior a la del año anterior, y para 2026 no se han registrado nuevas asignaciones bajo esta modalidad. Las ventas de vivienda VIS pasaron de 186.417 unidades en 2022 a 118.423 en el período más reciente, una contracción del 36,5%, mientras que las iniciaciones descendieron de 139.141 a 74.694 unidades, equivalente a una caída del 46,3%.

Para Sectorial, la convergencia de factores estructurales y coyunturales configura un escenario en el que la recuperación del sector vivienda dependerá esencialmente de la capacidad del próximo gobierno para restablecer la confianza institucional y reactivar los instrumentos de política habitacional. El desmonte progresivo de subsidios, sumado a un entorno de tasas de interés aún restrictivas, ha generado un círculo vicioso donde la menor demanda frena las iniciaciones, la menor actividad constructora reduce el empleo y la pérdida de puestos de trabajo debilita aún más el consumo de los hogares.

Considerando que la construcción representa aproximadamente el 7,0% del empleo nacional y que cada peso invertido en edificaciones genera hasta 13 pesos adicionales en la economía, el impacto trasciende ampliamente al sector inmobiliario. Gremios como Camacol, Asobancaria y Asocajas, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, han propuesto una hoja de ruta centrada en la implementación de una versión renovada de Mi Casa Ya, la recuperación de coberturas a la tasa de interés, la promoción del arrendamiento especializado y la generación de estabilidad regulatoria para atraer inversión privada.

Para obtener más información sobre cómo navegar este entorno de alta complejidad y los múltiples desafíos que condicionan la viabilidad del sector de la construcción residencial, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Acceda a los Reportes EXIM para conocer la dinámica comercial de los insumos de construcción.

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España vive una paradoja difícil de ignorar. Es el segundo país más visitado del mundo, recibe más de 85 millones de turistas al año y continúa siendo uno de los destinos más atractivos para vivir, invertir y trabajar. Sin embargo, al mismo tiempo, miles de españoles están siendo desplazados de las ciudades donde nacieron.

Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca enfrentan una presión inmobiliaria cada vez mayor. Los alquileres alcanzan máximos históricos, la compra de vivienda resulta inaccesible para amplios sectores de la población y una generación completa observa cómo el sueño de independizarse se vuelve cada vez más lejano.

La crisis de vivienda española ya no es únicamente un problema inmobiliario. Es un fenómeno económico, demográfico y social que refleja transformaciones profundas en el modelo urbano europeo.

Los números que explican la crisis

Los datos muestran la magnitud del problema. Según los principales portales inmobiliarios, el precio medio del alquiler en España alcanzó máximos históricos durante 2026, mientras que los salarios han crecido a un ritmo mucho menor.

En muchas ciudades, los jóvenes destinan entre el 40% y el 70% de sus ingresos al alquiler, muy por encima del 30% que los organismos internacionales consideran sostenible.

La consecuencia es evidente: tener empleo ya no garantiza acceso a una vivienda digna.

Esta situación no se limita a las grandes capitales. El encarecimiento se ha extendido a ciudades medianas y zonas periféricas, ampliando el alcance del problema a prácticamente todo el país.

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El turismo: ¿motor económico o factor de presión?

El turismo representa una de las actividades económicas más importantes de España. Genera empleo, atrae inversión extranjera y aporta miles de millones de euros cada año.

Sin embargo, también ha generado efectos secundarios importantes.

La expansión de plataformas de alquiler turístico permitió que miles de viviendas residenciales se transformaran en alojamientos de corta estancia. Desde el punto de vista del propietario, la decisión suele ser racional: alquilar por días puede generar ingresos significativamente superiores a los de un contrato tradicional.

Pero cuando miles de propietarios toman la misma decisión, la oferta disponible para residentes disminuye.

Menos oferta y una demanda creciente terminan impulsando los precios al alza.

Por esta razón, ciudades como Barcelona han comenzado a restringir progresivamente las licencias turísticas, mientras que otras administraciones estudian mecanismos similares.

La llegada de nómadas digitales y residentes internacionales

El turismo no es el único factor.

Durante los últimos años, España se ha convertido en uno de los destinos favoritos para trabajadores remotos, jubilados europeos y profesionales internacionales.

Ciudades como Málaga son un ejemplo claro.

Mientras los salarios locales permanecen relativamente bajos, muchos nuevos residentes reciben ingresos procedentes de economías con mayor poder adquisitivo. Esto les permite asumir alquileres que resultan imposibles para buena parte de la población local.

El fenómeno genera una transformación gradual de los barrios tradicionales.

No se trata de una expulsión directa, sino de un proceso económico donde los precios aumentan hasta niveles incompatibles con los ingresos de los residentes originales.

Este proceso, conocido como gentrificación, está modificando la composición social de numerosos sectores urbanos españoles.

¿Funcionan los controles al alquiler?

Ante el crecimiento de los precios, el gobierno español impulsó medidas para limitar los aumentos en determinadas zonas consideradas tensionadas.

Los resultados han generado un intenso debate.

Los defensores sostienen que estas medidas ayudan a contener los precios y ofrecen alivio a los inquilinos.

Los críticos argumentan que los controles reducen la rentabilidad del alquiler tradicional, incentivando que algunos propietarios retiren viviendas del mercado o las destinen a otros usos.

Los estudios disponibles muestran resultados mixtos. En algunas regiones se han moderado los incrementos de precios, pero también se ha reducido la oferta disponible.

La conclusión es que controlar precios puede aliviar síntomas, pero difícilmente resuelve el problema estructural de fondo.

El verdadero problema: faltan viviendas

Muchos economistas coinciden en que la raíz de la crisis está en el desequilibrio entre oferta y demanda.

España necesita más viviendas de las que construye.

Cada año se crean nuevos hogares a un ritmo superior al de la construcción residencial. El resultado es un déficit acumulado que algunos estudios sitúan por encima de las 700.000 viviendas.

Existen varias razones detrás de esta situación:

• Escasez de suelo urbanizable.
• Procesos burocráticos lentos para obtener licencias.
• Falta de mano de obra especializada en construcción.
• Menor inversión residencial tras la crisis financiera de 2008.
• Escasez de vivienda pública.

Mientras la población y la demanda aumentan más rápido que la oferta, los precios continúan creciendo.

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La gentrificación en cascada

Cuando las familias no pueden pagar Madrid o Barcelona, no desaparecen. Se trasladan. Ese desplazamiento genera una reacción en cadena. Los residentes de las grandes ciudades se mudan a municipios más económicos. Posteriormente, los habitantes de esos municipios deben buscar alternativas aún más alejadas.

Así, la presión inmobiliaria se expande por todo el territorio.

Ciudades como Valencia, Zaragoza, Alicante, Granada y Sevilla ya experimentan procesos similares a los observados anteriormente en Madrid o Barcelona.

El problema deja de ser local para convertirse en nacional.

Una crisis que afecta a toda Europa

Aunque España ocupa gran parte del debate, el fenómeno no es exclusivo del país.

Numerosas ciudades europeas enfrentan dificultades similares.

Países Bajos, Irlanda y Portugal también registran incrementos significativos en los precios de la vivienda, impulsados por factores parecidos: escasez de oferta, crecimiento urbano, turismo y movilidad internacional.

La Comisión Europea ha comenzado a debatir medidas para facilitar la construcción de vivienda asequible y regular determinados segmentos del alquiler turístico.

Sin embargo, todavía no existe una solución universal.

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¿Tiene solución?

La experiencia internacional sugiere que no existe una medida única capaz de resolver una crisis de vivienda.

Las soluciones más efectivas suelen combinar varios elementos:

• Incrementar la construcción de vivienda nueva.
• Aumentar la vivienda pública y asequible.
• Agilizar licencias y trámites urbanísticos.
• Regular de forma equilibrada el alquiler turístico.
• Incentivar la movilización de viviendas vacías.
• Mejorar la conectividad entre ciudades y áreas metropolitanas.

El reto consiste en encontrar un equilibrio entre atraer inversión, mantener la competitividad turística y garantizar que los residentes puedan seguir viviendo en sus propias ciudades.

Conclusión

La crisis de vivienda española es mucho más que un problema inmobiliario.

Representa el choque entre dos modelos de ciudad: uno orientado a la vida cotidiana de sus habitantes y otro impulsado por el turismo global, la inversión internacional y la creciente movilidad de personas y capitales.

España continúa siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para visitar e incluso para vivir. El desafío es garantizar que quienes nacieron allí también puedan permitirse permanecer.

La pregunta ya no es si existe una crisis de vivienda. Los datos muestran que sí existe. La verdadera discusión es qué combinación de políticas permitirá resolverla sin sacrificar el crecimiento económico ni la calidad de vida de millones de personas.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) expidió la Circular 22 de 2026, con la cual actualizó a la baja los precios de venta de cientos de medicamentos en Colombia. La medida, firmada el 19 de junio por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y el delegado presidencial, Félix León Martínez, representa una de las revisiones de precios más amplias de los últimos años dentro del mercado farmacéutico nacional.

En términos generales, la circular aplica tres tipos de cambios: incorpora por primera vez 33 mercados relevantes y 4 submercados al control directo de precios, modifica el valor de 22 mercados relevantes y 10 submercados que ya estaban regulados, y actualiza los topes de otros 528 mercados relevantes y 22 submercados mediante un ajuste por tasa de cambio del -7,4%. Este último grupo, que representa la mayor cantidad de productos, experimentará una reducción automática en su precio máximo de venta como resultado de la variación cambiaria registrada entre enero de 2024 y diciembre de 2025. La norma establece un periodo de transición de dos meses desde su publicación, durante el cual los precios fijados por la anterior Circular 19 de 2024 seguirán vigentes.

Según el portal Consultor Salud, entre los medicamentos incorporados al régimen de control directo se encuentran tratamientos de alto costo destinados a enfermedades huérfanas, cáncer, VIH y fibrosis quística. Uno de los valores más elevados corresponde al tratamiento para fibrosis quística con elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, cuyo precio máximo fue fijado en $68.416.128,85 por kit de 28 días. También se incluyeron medicamentos para atrofia muscular espinal, con un techo de $527.949,07 por miligramo, y el inotuzumab ozogamicina, empleado en leucemia, con un valor de $36.236.317,96 por miligramo.

En el grupo de medicamentos con precios modificados, el Factor IX recombinante registró una reducción del 29,3% frente al borrador previo, quedando en $1.710,69 por unidad internacional. Asimismo, la talidomida fue objeto de una actualización extraordinaria debido a una situación de desabastecimiento documentada, con un nuevo precio de $38,37 por miligramo. La circular también priorizó la inclusión de anticonceptivos, antidiabéticos y medicamentos vitales no disponibles, lo cual refleja un enfoque orientado a ampliar la cobertura de la regulación hacia productos con alto impacto en el gasto del sistema de salud.

De acuerdo con Valora Analitik, la CNPMDM utilizó como referencia el menor valor entre el Precio de Referencia Internacional (PRI) y el Precio de Referencia Nacional (PRN) para calcular los nuevos topes. La metodología aplicada proviene de la Circular 18 de 2024, que redefinió los criterios para determinar los mercados relevantes del sector farmacéutico.

Desde la perspectiva de Sectorial, la Circular 22 de 2026 llega en un momento crítico para el sistema de salud colombiano. Aunque la reducción del 7,4% en los precios de 528 mercados y la incorporación de 33 nuevos al control directo representan un alivio para las finanzas públicas, el verdadero desafío está en convertir esos menores valores en acceso real para los pacientes. La cartera vencida evidencian un sistema con serias dificultades de liquidez, lo que limita el acceso efectivo por parte de los pacientes. Adicionalmente, el gasto de bolsillo de los hogares de menores ingresos creció un 63,4% entre 2022 y 2024, lo cual indica que la presión económica sobre los pacientes persiste independientemente de la regulación de precios.

Para obtener información detallada sobre el comportamiento del sector farmacéutico, la regulación de precios y los indicadores financieros que condicionan el acceso a medicamentos en Colombia, consulte el Índice de Desempeño Sectorial. Acceda a nuestros Foros Sectoriales para un análisis integral de las variables que impactan la industria de la salud y planifique su estrategia con información verificada y oportuna.

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Las cadenas agroexportadoras colombianas enfrentan uno de los mayores retos regulatorios de los últimos años ante la inminente entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), prevista para el 31 de diciembre de 2026. La normativa exige que productos como el café, el cacao y el aceite de palma demuestren estar libres de deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020, cumplan con la legislación del país de origen y cuenten con procesos verificables de debida diligencia y trazabilidad. Para Colombia, donde estos tres sectores concentran una porción significativa de las ventas externas agropecuarias hacia Europa, equivalente a más de US$3.000 millones anuales, el cumplimiento de estos requisitos se ha convertido en una carrera contrarreloj que compromete el acceso a un mercado de más de 450 millones de consumidores. Una encuesta aplicada por la organización Solidaridad, con apoyo del programa de asistencia técnica de la Unión Europea TRACECOL, a 120 organizaciones de las cadenas de café, cacao y aceite de palma, reveló un panorama de avances desiguales: mientras más de la mitad de los exportadores cuentan con planes de acción completos para adaptarse al reglamento, menos de una cuarta parte de los productores ha desarrollado estrategias equivalentes, evidenciando una brecha crítica en la preparación del eslabón más básico de la cadena productiva.

Según el diario Portafolio, Joel Brounen, country manager de Solidaridad, advirtió que Colombia parte de una posición más favorable que otros países de la región en materia de monitoreo de deforestación y geolocalización de fincas, pero enfrenta vacíos importantes en formalización, acceso a datos legales y capacitación del talento humano. Los resultados del estudio muestran que más del 72,0% de los núcleos palmeros y de los productores cafeteros han logrado mapear al menos el 70,0% de sus fincas, mientras que en la cadena de cacao dicho avance solo alcanza al 46,0% de la base productiva. Respecto a la evidencia legal de los predios, apenas el 40,0% de los núcleos palmeros tienen acceso oportuno y completo a esta información, cifra que cae por debajo de una cuarta parte en café y cacao. La investigación también señala que el 75,0% de la agroindustria de café y aceite de palma, y el 53,0% de la de cacao, no tiene claridad sobre las responsabilidades derivadas del reglamento. En materia de formación, cerca del 41,0% de las organizaciones exportadoras de café aún no ha completado capacitaciones específicas sobre el EUDR, porcentaje que aumenta a más del 80,0% en cacao y palma. Brounen enfatizó que la normativa entrará en vigor para operadores generales a finales del año y en junio de 2027 para micro y pequeñas empresas, razón por la cual resulta urgente acelerar la articulación entre actores para asegurar el flujo de datos hacia el mercado europeo.

Para Sectorial, el diagnóstico revela que la principal vulnerabilidad del agro colombiano frente al EUDR no reside solo en la deforestación, sino en la capacidad institucional y tecnológica para demostrar avances. La palma de aceite presenta el mayor grado de formalización y avance en sistemas de monitoreo satelital, lo cual le confiere una ventaja relativa respecto a las otras cadenas analizadas. En contraste, el sector cacaotero exhibe las mayores brechas tanto en cartografía predial como en acceso a información legal, una situación que podría limitar las exportaciones de cacao y sus derivados hacia la Unión Europea, justamente cuando estas ventas apuntaban a superar los US$300,0 millones. La interoperabilidad de plataformas digitales y la estandarización de la información entre productores, agroindustriales y exportadores constituyen desafíos transversales que demandan una intervención articulada entre el sector público, los gremios y la cooperación internacional. Si Colombia logra cerrar las brechas identificadas antes del plazo regulatorio, podría transformar esta exigencia en una ventaja competitiva frente a países con menor grado de preparación, consolidando su posición como origen agrícola sostenible y confiable para el mercado europeo.

Para obtener más información sobre cómo este nuevo marco regulatorio impactará las cadenas agroexportadoras colombianas y las estrategias de adaptación disponibles, consulte nuestros Reportes EXIM, donde se analizan las variables clave que condicionan la competitividad del comercio exterior agropecuario.

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