Desde el inicio del presente año, la leche en polvo proveniente de Estados Unidos ingresará a territorio colombiano libre de aranceles y sin límites de cuota. Así se marca el fin de las restricciones comerciales pactadas en el Tratado de Libre Comercio. Dicha medida entra en vigor en un contexto donde la participación del producto extranjero en el acopio nacional ha crecido significativamente. Pasó del 9,0 % en 2012 al 17,0 % en 2025. Tal volumen equivale a 527 millones de litros traídos del exterior, de un total de 3.160 millones procesados por la industria. Lo anterior reconfigura la dinámica de competencia en el mercado lácteo local.

Según La República, el impacto del acuerdo comercial se refleja en el crecimiento sostenido de las compras externas. Estas pasaron de 20.324 toneladas de leche en polvo en 2012 a 37.614 toneladas el año pasado. Así, representaron un aumento superior al 85,0 %. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), explica que durante la última década, las importaciones exclusivas desde el país norteamericano se dispararon más de un 425,0 %. Ascendieron de 3.771 a 19.815 toneladas. Además, expertos señalan que la eliminación definitiva del contingente arancelario incentivará aún más la llegada de mercancía. Ocurrirá especialmente en épocas de baja producción interna o apreciación del peso.

Ante este nuevo escenario, gremios como la Asociación Nacional de Productores de Leche en Colombia (Analac) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) advierten que, aunque no se espera un salto desmesurado en las importaciones a corto plazo, la tendencia alcista se mantendrá de manera progresiva. Óscar Cubillos, director de estudios económicos de Fedegán, asegura que el negocio lechero no desaparecerá. Sin embargo, sufrirá una reacomodación estructural que obligará a productores e industriales a mejorar su eficiencia en transformación y transporte para sobrevivir. La competitividad y el trabajo asociativo serán determinantes para enfrentar una oferta internacional que ahora compite sin gravámenes en el mercado doméstico.

El incremento del salario mínimo legal decretado para 2026 ha generado una fuerte presión sobre la rentabilidad del sector gastronómico en Colombia. Esto ha obligado a los establecimientos a reestructurar su funcionamiento operativo para mantener la viabilidad financiera. Aunque el ajuste oficial fue del 23,7 %, en la práctica los empresarios reportan un alza cercana al 30,0 % en el gasto laboral total. Dicha cifra se ve impactada por rubros críticos como los recargos dominicales, horas extras y prestaciones sociales. Además, afecta por igual a pequeños negocios familiares y a grandes cadenas en las principales ciudades del país.

Según la revista La Barra, datos de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) indican que dicho encarecimiento no se limita a la nómina directa. Por el contrario, genera un efecto dominó en toda la cadena de valor. Los proveedores de insumos también han trasladado sus mayores costos operativos a los precios finales. Ante tal escenario, los administradores han optado por implementar estrategias de optimización como la redefinición de horarios basada en el tráfico de clientes. Otra estrategia es el rediseño de turnos para maximizar la productividad. Finalmente, está la adopción acelerada de herramientas tecnológicas para automatizar tareas repetitivas como la toma de pedidos y la gestión de inventarios.

Para mitigar el impacto financiero sin sacrificar la calidad del servicio, muchos establecimientos están recurriendo a la ingeniería de menús y a la reducción de su oferta gastronómica para concentrarse en platos de alta rotación y margen. Asimismo, la coyuntura exige una gestión más sofisticada del talento humano y una inversión en capacitación. Dicha inversión es importante, dado que la sostenibilidad de los negocios dependerá de su capacidad para equilibrar la eficiencia operativa con las nuevas expectativas de precios del mercado. Así, se busca evitar trasladar ineficiencias al consumidor final en un entorno de alta competitividad.

El sector cafetero colombiano experimentó un repunte histórico en 2025. Así, consolidó su posición como un pilar clave en la economía del país. Esto se debió a condiciones de mercado global excepcionalmente favorables. El PIB del Cultivo Permanente de Café creció un 3,9% en el primer semestre de 2025. Este crecimiento se apalancó en una de las cosechas más productivas en tres décadas y en los precios internacionales históricamente altos. Además, el valor de las exportaciones alcanzó un récord de $3.731 millones de dólares entre enero y septiembre, con un crecimiento del 49,7%. La demanda de Estados Unidos lideró el crecimiento, pues absorbe el 37,4% de los envíos.

A pesar del optimismo, el sector enfrenta el riesgo de una contracción en la producción para 2026 debido al ciclo fisiológico de los cafetales y el impacto de las lluvias. Por eso, la estrategia del sector se centra en aprovechar la coyuntura favorable en Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, apunta a consolidar la sostenibilidad de la cadena ante las nuevas regulaciones ambientales de la Unión Europea.

El sector educativo privado en Colombia atraviesa una crisis estructural que ha derivado en la clausura de más de 800 instituciones desde el año 2020. Dicho fenómeno, agudizado tras la pandemia, ha afectado los niveles de ocupación, los cuales pasaron de rangos históricos entre el 90,0 % y el 95,0 % a un promedio actual cercano al 60,0 %. La sostenibilidad financiera de estos planteles se encuentra comprometida debido a la deserción escolar, la presión económica sobre los hogares y la baja natalidad obligando a muchas familias a migrar hacia el sistema oficial ante la imposibilidad de costear las pensiones.

Según La República, cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol) revelan que tan solo en Bogotá cerraron sus puertas 35 establecimientos durante 2025. El impacto se concentra mayoritariamente en instituciones que atienden a los estratos 1, 2 y 3, las cuales representan entre el 87,0 % y el 90,0 % de la oferta privada. Voceros del gremio explican que esta situación obedece a una tormenta perfecta donde se combinan la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el incremento en los costos operativos, afectando proyectos educativos construidos durante décadas.

A los factores económicos se suma un desafío demográfico profundo marcado por el descenso en la natalidad, pues la tasa global de fecundidad bajó de 2,1 hijos por mujer en 2015 a aproximadamente 1,3 en 2023. Directivos y docentes advierten que el sistema actual está diseñado para una pirámide poblacional que ha dejado de existir, generando un desajuste que exige a los colegios reinventar su propuesta de valor. Tal escenario plantea una alerta para los futuros gobernantes, quienes deberán gestionar un modelo que corre el riesgo de contraerse sin lograr la transformación necesaria para atender las nuevas realidades del país.

El sector avícola colombiano consolidó su papel fundamental en la seguridad alimentaria y la economía nacional durante 2025, alcanzando una producción histórica de 3.167.500 toneladas de proteína. El volumen representó un crecimiento del 9,1 % en comparación con el año anterior, impulsando el valor total de la industria hasta los $44,5 billones. Dicho desempeño positivo ratificó la resiliencia de un tejido productivo que, pese a los desafíos logísticos y antecedentes de bloqueos viales, ha logrado mantener una oferta constante y accesible para los hogares del país.

Según Caracol Radio, el informe presentado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) detalla que la producción de huevos ascendió a 19.402 millones de unidades, lo que permitió un consumo per cápita de 366 unidades, mientras que el segmento de pollo aportó 2.003.000 toneladas, garantizando una ingesta promedio de 37,8 kilogramos por persona. Gonzalo Moreno, presidente del gremio, destacó también la expansión territorial de la actividad, la cual aumentó su presencia a 657 municipios, sumando 52 nuevas localidades frente a las cifras registradas en 2023.

En el ámbito internacional, la estrategia de apertura comercial ha comenzado a rendir frutos significativos, generando ingresos por $25.900 millones a través de ocho empresas exportadoras. Se destacan los envíos de 51,3 millones de huevos a Cuba y la exportación de 27.144 kilogramos de pollo a Japón. Adicionalmente, el panorama futuro se muestra prometedor tras confirmarse la viabilidad para enviar huevos a Estados Unidos y la visita programada de autoridades sanitarias de China en abril de 2026, un hecho que podría abrir las puertas del gigante asiático a la producción nacional.

El mercado ganadero en Colombia ha iniciado el 2026 con una notable tendencia alcista. Se han registrado incrementos generalizados en el valor de los animales cebados, flacos y hembras durante las primeras subastas del año. En regiones clave como Córdoba y Boyacá, las cotizaciones han superado la barrera de los $11.000 por kilogramo. Esta alza ha sido impulsada por una dinámica comercial que también ha beneficiado al segmento de los búfalos. Dicho comportamiento sugiere una reactivación vigorosa en las plazas pecuarias. En estos mercados, la demanda ha presionado los precios al alza en diversas categorías productivas. Así, se marca una pauta positiva para los productores en este primer trimestre.

Según el portal Contexto Ganadero, el reporte de la semana del 10 al 16 de enero destaca a la subasta de Cencogán, en Planeta Rica, como líder en el precio del macho cebado, alcanzando los $11.200 por kilo. En segundo lugar está la Feria de Ganados de Medellín con $11.034. El medio señala que el promedio nacional para esta categoría se ubicó en $9.231. Lo anterior representa un aumento del 4,7% frente al cierre del año anterior. En cuanto al ganado de levante, la plaza de Asoregan en Puerto Boyacá registró el valor más alto con $11.100 por kilogramo. Además, la media nacional de este segmento repuntó un 4,1 %, situándose en $9.918.

El segmento de las hembras de levante protagonizó el récord de precios de la jornada, cotizándose a $12.114 por kilo en Córdoba. La cifra establece un hito para la categoría de primera calidad. Por su parte, el sector bufalino experimentó un crecimiento significativo del 10,4 % en su promedio nacional. Lo anterior fue impulsado por valores de hasta $11.300 en Sucre. Finalmente, datos de la Bolsa Mercantil de Colombia evidencian que, en el mercado comercial, Bogotá se posicionó a la cabeza con un precio de $10.393 por kilogramo. Así, superó a plazas tradicionales como Santander y Caldas en este comienzo del año.

Durante el último siglo, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 70 países mediante invasiones, ocupaciones, apoyo logístico, bombardeos selectivos u operaciones especiales. Sin embargo, los resultados han sido mucho más heterogéneos de lo que sugiere el imaginario colectivo. Casos como Japón y Alemania Occidental —ambos tras la Segunda Guerra Mundial— demuestran que la combinación de ocupación prolongada, reconstrucción institucional y financiamiento externo puede derivar en crecimiento económico sostenido y estabilidad política. Por ejemplo, Japón se convirtió en la tercera economía del mundo. Alemania Occidental consolidó el “milagro económico” gracias al Plan Marshall y al acceso a mercados occidentales. Panamá, intervenido en 1989 con un objetivo político y estratégico acotado, no experimentó una reconstrucción profunda. Pero sí logró estabilidad macroeconómica y posicionarse como un hub logístico y financiero regional. En estos casos convergieron tres elementos clave: objetivos militares claros, duración limitada y capacidades estatales mínimas para absorber la transición.

La cara opuesta se observa en Irak y Afganistán. Tras la invasión de 2003, Irak enfrentó insurgencia sectaria, vacío institucional y fragmentación territorial; el costo estimado para EE. UU. supera los 2,3 billones de dólares, con al menos 189.000 muertes directas y un proceso político aún inestable dos décadas después.

Afganistán implicó 20 años de presencia militar, casi 978.000 millones de dólares en gasto operacional y más de 170.000 víctimas. Finalmente, el país retornó al control talibán en 2021 tras la retirada estadounidense.

En estos casos fallaron tres variables que la literatura considera determinantes: apoyo local, capacidad estatal y estrategia de salida. La evidencia comparada sugiere que las intervenciones tienden a producir mejores resultados cuando combinan objetivos acotados, reconstrucción institucional y coordinación económica.

En contraste, cuando el país intervenido carece de instituciones, consenso interno o seguridad jurídica, el costo se multiplica y la probabilidad de estabilidad disminuye. Por lo tanto, este marco abre una pregunta pendiente respecto al caso venezolano. Allí la intervención reciente fue corta, focalizada y sin reconstrucción institucional. Así queda abierta la discusión sobre resultados futuros.

La manera más práctica de entender los inductores que explicarán el 2026 es analizar los eventos que no tuvieron conclusión en 2025. Con base en esto, veremos un año donde:

• Colombia luchará con las peores finanzas estatales y una nueva “talanquera económica” por la determinación de un salario mínimo con crecimiento al 23 % que conducirá a mayor costo de vida, mayores tasas de interés y bajo crecimiento.
• El gobierno enfilando toda su maquinaria política para buscar ganar las elecciones presidenciales, mientras la derecha trata de organizarse; lo que llevará a una sorpresa en el nuevo líder del país.
• Venezuela intentará volver a la democracia, mientras se da el aprovechamiento petrolero por parte de EEUU.
• Se definirá la legalidad o ilegalidad de los aranceles de EEUU con el planeta.

Colombia se perfila como uno de los países con mayor potencial de expansión económico en la región para los próximos 15 años, proyectando un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 52,0 % frente a las cifras actuales. Un estudio reciente estima que la economía nacional podría alcanzar un tamaño de entre US$570.000 millones y US$650.000 millones hacia el año 2040, impulsada por una evolución estructural hacia actividades de mayor productividad y valor agregado que aprovechan la transición energética y la reorganización de las cadenas globales de suministro.

Según Valora Analitik, el análisis de McKinsey & Company identifica tres motores cruciales para este despegue: los servicios digitales, los centros de datos y la agroindustria. Se calcula que el segmento de tecnología y servicios empresariales podría aportar entre US$10.000 millones y US$25.000 millones adicionales, favorecido por la cercanía cultural y horaria con Norteamérica. Por su parte, la agroindustria tiene la capacidad de generar hasta US$30.000 millones extras si enfoca sus esfuerzos en la transformación de alimentos, mientras que la infraestructura digital para centros de datos sumaría otros US$5.000 millones, apalancada en la oferta de energías renovables.

El reporte subraya que el país cuenta con activos estratégicos como talento humano calificado, conectividad internacional y abundancia de recursos naturales para capitalizar estas oportunidades. Sin embargo, Andrés Cadena, socio senior de la consultora, advierte que materializar este escenario dependerá de la capacidad del Estado y el sector privado para ejecutar estrategias de largo plazo y atraer la inversión necesaria, consolidando un entorno que permita integrar la digitalización y la sostenibilidad como ejes del desarrollo económico y la generación de empleo formal en las próximas décadas.

El Gobierno Nacional ha oficializado su nueva hoja de ruta para el sector turístico, estableciendo la ambiciosa meta de atraer 7,5 millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales, para el cierre de 2026. La estrategia busca descentralizar los beneficios económicos de la industria. Además, dirige la inversión y el gasto hacia las comunidades locales y los territorios que históricamente han estado al margen de los circuitos tradicionales. Un hito clave revelado durante el lanzamiento es el cambio en la estructura de ingresos del país. Ahora, la generación de divisas por turismo ya supera a la del carbón. Así, el turismo se consolida como un motor de descarbonización y valor agregado.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, enfatizó que el objetivo trasciende las cifras de viajeros. El enfoque está en que los recursos fortalezcan la economía popular y generen empleo formal en las regiones. Este enfoque prioriza la sostenibilidad y el reconocimiento cultural como ejes de desarrollo. Así, se busca que la transformación del sector no solo aporte a la balanza de pagos, sino que se traduzca en bienestar social tangible. De esta manera, el gobierno reafirma su apuesta por sustituir la dependencia de las rentas extractivas. Lo hace mediante una industria de servicios robusta y competitiva a nivel global.