Super User

Super User

El mercado lácteo colombiano inició una fase de recuperación sostenida tras varios años marcados por la caída de la producción y el consumo, escenario que comenzó a revertirse durante 2025 y mantiene una tendencia estable en lo corrido de 2026. La cadena láctea nacional alcanzó un récord histórico de producción de 8.405 millones de litros, equivalentes a un crecimiento del 9,0% frente al año anterior, mientras el consumo per cápita anual subió desde 154 hasta 168 litros, impulsado por la mejora gradual del ingreso de los hogares y el incremento del salario mínimo. El consumo de leche formal, por su parte, creció cerca del 3,5%, configurando una señal positiva para una actividad afectada previamente por la pérdida del poder adquisitivo y la desaceleración económica. El comportamiento responde a tres factores estructurales: condiciones climáticas favorables que ampliaron la disponibilidad de pasturas, la reactivación del consumo doméstico y los incentivos al productor mediante el ajuste del precio al ganadero, que alcanzó los $2.125 por litro en diciembre de 2025, con un aumento del 9,6% frente al cierre anterior.

Según el portal Contexto Ganadero, en declaraciones de la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), Ana María Gómez, la recuperación de la cadena láctea se sustenta en una mayor articulación entre productores e industria, así como en el fortalecimiento de los canales comerciales formales. La dirigente gremial destacó que la categoría lácteos continúa mostrando estabilidad durante 2026, aunque existen tres retos estructurales prioritarios: la informalidad, la calidad de la leche y la competitividad internacional. Cerca del 50,0% de la leche cruda producida en Colombia se comercializa y procesa por canales informales, afectando la competitividad sectorial y limitando el acceso de miles de productores a mercados formales, crédito, asistencia técnica y programas de fortalecimiento productivo. Adicionalmente, persisten producciones ganaderas que no cumplen con los estándares de ordeño e higiene requeridos por la industria, condición que dificulta el desarrollo de productos de mayor valor agregado. La integración entre eslabones productivos y la consolidación del modelo de socios de cadena, conforme señaló Gómez, han sido determinantes para sostener la recuperación observada en los últimos meses, especialmente en regiones con tradición lechera.

La industria láctea colombiana mantiene una estructura concentrada en pocos jugadores de gran escala. De acuerdo con cifras de Euromonitor citadas por La República, Colanta lidera el mercado con una participación del 21,9%, seguida por Alpina con el 12,0% y Alquería con el 10,6%, configurando un trío que concentra el 44,5% del mercado lácteo nacional. A pesar de la dinámica positiva interna, la balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria; durante 2025 las importaciones de productos lácteos crecieron un 24,7% al alcanzar 77.605 toneladas por USD 254,6 millones, mientras las exportaciones aumentaron un 28,4% hasta 15.775 toneladas equivalentes a USD 55,7 millones. El panorama se complejiza con la entrada en vigor desde enero de 2026 de la desgravación arancelaria total para la leche en polvo proveniente de Estados Unidos.

Para Sectorial, la cadena láctea colombiana atraviesa una coyuntura paradójica: registra el mejor desempeño productivo en décadas mientras enfrenta uno de los escenarios competitivos más desafiantes de su historia reciente. El crecimiento del 9,0% en producción y del 3,5% en consumo formal valida los esfuerzos de articulación entre productores e industria, así como la efectividad del ajuste de precios al ganadero. Sin embargo, tres factores ponen a prueba la sostenibilidad del repunte. Primero, la informalidad estructural del 50,0% limita la capacidad de la cadena para capturar valor agregado y dificulta cualquier estrategia de exportación. Segundo, el déficit comercial creciente, con importaciones casi cinco veces superiores a las exportaciones en volumen y valor, evidencia una posición competitiva vulnerable frente a oferentes internacionales con mayor escala y subsidios. Tercero, la desgravación total del arancel a la leche en polvo estadounidense desde enero de 2026 expone al sector a una competencia abierta sin contingentes ni protecciones, escenario que requiere acciones inmediatas en formalización, trazabilidad sanitaria, infraestructura logística para regiones productoras como Arauca, Orinoquia y Caquetá, así como estrategias activas para reconquistar al consumidor frente a la influencia de tendencias alimentarias contrarias al consumo de lácteos.

Para conocer en mayor profundidad el desempeño del sector lácteo colombiano, la dinámica de precios al productor, la estructura competitiva de las principales empresas procesadoras y los efectos cruzados de la desgravación arancelaria sobre la viabilidad de la cadena, así como las variables financieras, regulatorias y comerciales que condicionan a productores, industria y comercializadores, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y especializado en agroindustria y procesamiento de alimentos. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, productores y entidades reguladoras del sector.

También te puede interesar:

Producción lechera nacional alcanza cifra de 8.405,0 millones de litros, pero persisten riesgos por importaciones

Consumo de lácteos en Colombia creció 3,5 % durante el 2025

Importaciones de leche llegan a 527 millones de litros entre enero y octubre de 2025

El gobierno de la República de Panamá ha establecido una reforma estructural dentro de su modelo de tributación territorial mediante la aprobación legislativa y la sanción ejecutiva de la Ley 526, la cual modifica de forma directa el Código Fiscal para implementar una tasa impositiva del 15,0% sobre las rentas pasivas de fuente extranjera de aquellas corporaciones que no cumplan con los requisitos mínimos de sustancia económica. Esta medida de control regulatorio busca suprimir de manera definitiva el uso de las denominadas empresas de papel o sociedades fantasma, una práctica comercial que históricamente se había extendido en dicha jurisdicción para gestionar capitales internacionales sin registrar una actividad física o comercial verificable en el territorio.

Bajo este nuevo ordenamiento jurídico, toda compañía inscrita en el registro mercantil panameño que reciba utilidades desde el exterior estará obligada a demostrar la existencia de oficinas físicas, la contratación de personal calificado y la ejecución de operaciones comerciales reales y visibles dentro del país para poder conservar las tradicionales exenciones tributarias sobre sus ingresos foráneos. Esta transición normativa incrementará los costos operativos y de cumplimiento de las estructuras corporativas extranjeras, reconfigurando las condiciones de competencia de la industria de servicios legales y consultorías financieras de la nación centroamericana. La aplicación de este gravamen fiscal comenzará a regir formalmente a partir del periodo fiscal de 2027, marcando un cambio en la política fiscal del Estado para transformar la reputación de su plataforma financiera internacional tras enfrentar múltiples periodos de escrutinio global.

De acuerdo con las informaciones económicas publicadas por el diario La Prensa, la estructuración de este marco legal en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional requirió de mesas técnicas de debate donde se procesaron más de 150 propuestas de ajuste y se escucharon los planteamientos de aproximadamente 35 gremios del sector privado y especialistas en fiscalidad internacional. Los reportes analíticos divulgados por el diario La República y validados por agencias de periodismo investigativo explican que la principal motivación institucional para acelerar la sanción de la ley es lograr la exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal elaborada por la Unión Europea, un registro restrictivo en el cual la nación permanece clasificada desde el año 2020.

Actualmente, el país figura como el único territorio de América Latina incluido en este listado de diez miembros globales, un grupo donde también se encuentran economías como Rusia y Vietnam. Por su parte, revisiones especializadas difundidas por la cadena de noticias Ecotv Panamá indican que la ley aplica a rentas pasivas; el listado exacto de las industrias reguladas excluidas fue detallado exclusivamente por el diputado Eduardo Gaitán.

La implementación práctica de este mecanismo tributario se realizará a través de un anexo de sustancia económica que la Dirección General de Ingresos (DGI) incorporará en los formularios de declaración ordinaria que las corporaciones presentan anualmente. Las autoridades tributarias de la nación disponen de un plazo técnico de 90 días para promulgar la reglamentación detallada de la ley, un proceso operativo que demandará la capacitación de inspectores especializados y la dotación de herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo sistemas de inteligencia artificial, para auditar los reportes corporativos transfronterizos sin generar procesos burocráticos excesivos. A pesar del incremento en los costos de las estructuras corporativas y de la previsible migración de ciertos capitales offshore hacia otras jurisdicciones, los asesores corporativos proyectan que la medida dinamizará la contratación de servicios de auditoría, contabilidad y representación legal interna.

Desde Sectorial, la sanción de la Ley 526 en Panamá representa una respuesta de carácter urgente para mitigar la contracción de los flujos de inversión extranjera directa que ha afectado al país desde su inclusión en la lista negra fiscal de la Unión Europea en el año 2020. El establecimiento de un impuesto del 15,0% sobre las rentas pasivas de las sociedades que carecen de oficinas o personal real constituye una convergencia inevitable hacia los estándares de transparencia exigidos por la OCDE y los bloques económicos occidentales.

Se observa que la exclusión selectiva de los sectores financieros y de la marina mercante protege el núcleo de la infraestructura de servicios tradicionales de la nación, mientras se depura el stock corporativo de las estructuras de papel inactivas que afectaban la calificación de riesgo soberano. A mediano plazo, el incremento en los costos de cumplimiento legal modificará la ventaja competitiva de Panamá, pasando de ser una jurisdicción de baja tributación a una plataforma basada en la sustancia económica y la seguridad jurídica institucional.

Para profundizar en el impacto de los cambios de tributación corporativa internacional sobre los flujos de inversión, la evolución de los regímenes fiscales en América Latina y los análisis de riesgo macroeconómico regional, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial y participe en las mesas técnicas de nuestros Foros Sectoriales, herramientas clave para orientar las estrategias de planeación corporativa en entornos globales de alta regulación.

Te puede interesar: SIC propone retirar cigarrillos y vapeadores de la vista del público en Colombia

 
 

El Índice de Confianza Sectorial (ICS) se situó en 41,0 puntos en mayo de 2026, registrando una caída del 11,3% frente a los 46,2 puntos de mayo de 2025 y un descenso del 2,2% respecto a los 42,0 puntos de abril de 2026.

Los sectores con mayores alertas fueron: transporte, construcción residencial y agrícola.

Los sectores con mayores oportunidades fueron: agrícola, turismo y transporte.

Durante este mes, los sectores agrícola y transporte destacan entre alertas y oportunidades: el agro por las afectaciones derivadas de la variabilidad climática, el aumento de costos de producción y las presiones sobre la oferta de alimentos, aunque con oportunidades en la expansión de exportaciones y la apertura de nuevos mercados; y el transporte por el incremento de costos logísticos, los cuellos de botella operativos y la incertidumbre regulatoria, junto con oportunidades asociadas al mayor comercio exterior, la inversión en infraestructura y la modernización del sistema logístico.

Ante la volatilidad del entorno macroeconómico y los inminentes cambios sociopolíticos derivados de los ciclos electorales, la innovación ágil se consolida como la estrategia corporativa indispensable para mitigar el riesgo sistémico, optimizar la eficiencia operativa y garantizar la continuidad del negocio.

En bienes y servicios de consumo, las disrupciones más sofisticadas del mercado global demuestran que el éxito competitivo radica en el desarrollo de infraestructuras ultra-ágiles basadas en datos de consumo y tecnologías de frontera, permitiendo contrarrestar las ineficiencias de los competidores tradicionales en ciclos récord de producción.

El ecosistema del retail y la comercialización está experimentando un cambio de paradigma impulsado por la reingeniería de procesos internos y la flexibilización regulatoria; esto permite trasladar soluciones complejas hacia canales de conveniencia masiva, optimizando la experiencia del consumidor mediante un mercadeo omnicanal altamente predictivo.

La evolución de la industria del entretenimiento se fundamenta en la “eventización” de contenidos y en el despliegue de infraestructuras descentralizadas (blockchain); esta integración vertical permite a las organizaciones capturar valor cultural y transaccional, transformando narrativas de nicho en activos pop globales de alta rentabilidad financiera.

El sector ganadero colombiano consolidó un avance significativo en su estrategia de internacionalización con la apertura formal del mercado de la República de Filipinas para la carne bovina, porcina y sus subproductos. El gobierno del país asiático autorizó la operación de 11 plantas procesadoras nacionales, decisión que permite a la agroindustria colombiana acceder a un mercado de 121 millones de consumidores potenciales y diversificar geográficamente su base exportadora hacia el sudeste asiático. La habilitación cobra particular relevancia considerando que Filipinas importa entre 200.000 y 250.000 toneladas de carne al año y complementa un consumo per cápita aproximado de cuatro kilogramos anuales. La autorización fortalece la presencia internacional del país, que ya cuenta con acceso sanitario para exportar carne bovina y porcina a China, Singapur, Macao, Corea del Sur, así como exportaciones no formales a Vietnam y Hong Kong. El nuevo destino se suma a la red de admisibilidad en Asia e impulsa la competitividad de la cadena cárnica frente a oferentes tradicionales como Australia, Brasil y Estados Unidos, líderes históricos en el abastecimiento del mercado filipino.

Según el diario El Colombiano, la autorización resulta de un riguroso proceso de evaluación técnica iniciado en octubre de 2025, cuando una misión oficial del Departamento de Agricultura de Filipinas arribó a Colombia para inspeccionar los servicios veterinarios oficiales, el estatus de sanidad animal del hato nacional y los sistemas de inocuidad alimentaria. La delegación auditó presencialmente los complejos industriales habilitados entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre del año pasado, concluyendo que los procesos locales cumplen con las exigencias del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La distribución por segmentos contempla siete plantas dedicadas al procesamiento bovino y cuatro especializadas en porcino, configurando una oferta diversificada que aprovecha las fortalezas productivas del país. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, anunció oficialmente la habilitación el 3 de junio de 2026, destacando que la apertura facilitará la captura de mejores precios internacionales y diversificará los canales de salida de la agroindustria nacional, contribuyendo a aliviar las presiones comerciales internas que enfrentó el sector durante el primer semestre del año.

La apertura del mercado filipino se produce en un contexto favorable para las exportaciones cárnicas colombianas, que cerraron el año 2025 con ventas externas de carnes y vísceras por USD 160,9 millones, equivalentes a cerca de 35.000 toneladas, mientras que las exportaciones de animales vivos sumaron USD 178 millones por 227.429 bovinos. Los principales destinos durante el año fueron China con 18.770 toneladas y USD 91,7 millones, Argelia con 3.440 toneladas y USD 18,8 millones, y Rusia con 3.601 toneladas y USD 15,0 millones. En el mercado de animales en pie, Irak, Egipto y Arabia Saudita encabezaron las compras con valores de USD 63,2 millones, USD 62,8 millones y USD 31,5 millones, respectivamente. La producción nacional de carne superó las 800.000 toneladas durante 2025, configurando la cifra más alta en la historia reciente del sector. A escala regional, la apertura filipina se alinea con tendencias similares observadas en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, que también buscan expandir su presencia en mercados asiáticos mediante acuerdos sanitarios bilaterales. Mientras tanto, Brasil continúa liderando el abastecimiento al mercado filipino dentro de los oferentes latinoamericanos, posicionando a Colombia frente al reto competitivo de consolidar volúmenes estables y trazabilidad reconocida internacionalmente para capturar una participación significativa.

Para Sectorial, la habilitación de 11 plantas para exportar carne bovina y porcina a Filipinas representa un hito estratégico para la ganadería colombiana, particularmente por la magnitud del mercado objetivo y la fase de crecimiento sostenido que atraviesa la demanda asiática de proteína animal. La validación sanitaria por parte del Departamento de Agricultura de Filipinas, además, eleva los estándares técnicos del aparato productivo nacional y refuerza la credibilidad del país como oferente confiable bajo normas internacionales, generando externalidades positivas para futuras negociaciones con otros mercados de Asia y Europa. Los principales desafíos para capitalizar esta apertura radican en consolidar volúmenes exportables estables, mejorar la logística portuaria hacia el Pacífico y mantener la trazabilidad sanitaria del hato. La diversificación geográfica resulta especialmente valiosa en un escenario donde China concentra cerca del 57,0% de las exportaciones colombianas de carne, configurando una concentración de riesgo comercial que la inclusión de Filipinas y otros mercados del sudeste asiático contribuye a mitigar de manera estructural.

Para conocer en mayor profundidad el desempeño del sector ganadero colombiano, la evolución de las exportaciones de carne bovina y porcina, así como las variables financieras, sanitarias y comerciales que condicionan la competitividad internacional de productores, frigoríficos y comercializadores de proteína animal, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los Reportes EXIM de comercio exterior especializados en ganadería y agroindustria. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, productores y entidades reguladoras del sector.

También te puede interesar:

Índice de Desempeño del sector pecuario se ubicó en 59,1 en noviembre de 2025

Ganadería ocupa el 80,0 % de tierra agrícola y aporta solo el 18,0 % de calorías, según estudio

Sacrificio de porcinos y caprinos crece mientras ovinos descienden en el primer semestre del 2024

El crecimiento de la demanda de proteína animal ha sido liderado por la carne de pollo y en menor medida por la de cerdo

El sector de transporte terrestre de carga en Colombia afronta un momento de transición tecnológica impulsado por políticas gubernamentales, incentivos tributarios y la creciente competitividad de las tecnologías de propulsión eléctrica. Si bien el mercado automotor registró un crecimiento histórico en la matriculación de vehículos eléctricos e híbridos durante el primer trimestre de 2026, con un incremento del 95,4% frente al mismo periodo de 2025 al pasar de 14.916 a 29.140 unidades según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolidados por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), el segmento de carga pesada muestra una realidad distinta. De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), de los 12.405 vehículos de carga nuevos matriculados durante 2025, el 98,0% operan con diésel, el 1,6% utilizan gas natural vehicular (GNV) y apenas el 0,2% funcionan con energía eléctrica. El contraste entre la aceleración del mercado de vehículos livianos electrificados, donde las unidades 100,0% eléctricas aumentaron un 171,0% con 9.360 matrículas en el primer trimestre del año en curso, y la lenta penetración de esta tecnología en el transporte de mercancías evidencia los retos estructurales que persisten para descarbonizar la logística nacional.

No obstante, la llegada de nuevos actores al mercado de camiones refuerza la diversificación de la oferta en un segmento que creció un 34,6% en matrículas durante 2025, destacando la marca alemana MAN, que estableció operaciones con una inversión superior a un millón de euros a través de Porsche Colombia, enfocada en tractocamiones y vehículos vocacionales configurados específicamente para la topografía del territorio, así como SITRAK, del grupo chino Sinotruk, representada por Motorysa. Para contextualizar este crecimiento dentro de la dinámica general del sector, cabe recordar que las ventas de vehículos en Colombia crecieron un 23,2% en el primer semestre de 2025, tendencia alcista que se ha profundizado con la oferta de modelos electrificados cada vez más competitivos en precio.

Según el portal RTVC Noticias, el Ministerio de Transporte anunció el lanzamiento oficial de la iniciativa denominada Ruta-E: “Energía Limpia en Movimiento”, un proyecto que busca crear el primer corredor eléctrico para vehículos de carga del país. La infraestructura conectará a Bogotá con Barranquilla y Cartagena a lo largo de 1.200 kilómetros, un tramo por donde circula aproximadamente el 22,0% de la carga que se moviliza en el territorio nacional. El corredor contempla la instalación de electrolineras a lo largo del recorrido y se desarrollará en alianza con las organizaciones Calstart y Drive to Zero, especializadas en soluciones de transporte sostenible, con participación de comercializadores, empresas transportadoras y operadores energéticos.

El inicio de operaciones está programado para el 17 de junio de 2026. En paralelo, el Gobierno Nacional ha impulsado el plan de incentivos INPIMHEL, que establece cupos anuales de importación de hasta 20.000 vehículos electrificados con un arancel preferencial del 5,0% durante 2026 y 2027, complementados con un arancel del 0,0% para la importación de maquinaria destinada a plantas de ensamble. Actualmente, los vehículos eléctricos mantienen un IVA reducido del 5,0% frente al 19,0% aplicable a los de combustión interna, además de beneficios como la exención del pico y placa y descuentos en el SOAT, medidas enmarcadas en la Ley 1964 de 2019 que han contribuido a que los modelos eléctricos representen cerca del 18,0% de las matrículas registradas en marzo del presente año.

En materia de infraestructura de recarga, el país cuenta con aproximadamente 445 puntos distribuidos principalmente en Bogotá con 84 estaciones, Medellín con 48 y Cali con 23, una densidad que aún resulta insuficiente frente al ritmo de adopción vehicular, particularmente en la capital, donde la proporción se sitúa en un cargador por cada 125 vehículos híbridos y eléctricos. El aumento en la oferta de modelos ha sido otro factor determinante: actualmente es posible adquirir vehículos eléctricos desde aproximadamente $90,0 millones, híbridos entre $100,0 millones y $150,0 millones en segmentos masivos, y opciones de gama alta por encima de los $200,0 millones, un rango de precios impensable hace apenas tres años y que, sumado a la llegada de marcas como Tesla al mercado colombiano, ha modificado sustancialmente las expectativas de los consumidores y de las empresas transportadoras.

Desde la perspectiva de Sectorial, la puesta en marcha del corredor eléctrico Bogotá-Cartagena constituye un avance relevante para sentar las bases operativas de la descarbonización del transporte de carga, un segmento que concentra una proporción significativa de las emisiones de dióxido de carbono del sector logístico nacional. Sin embargo, la transición presenta múltiples desafíos simultáneos que condicionan su velocidad. En primer lugar, la brecha de infraestructura de recarga fuera de los principales centros urbanos limita la viabilidad económica de los camiones eléctricos en rutas intermunicipales, un factor que el corredor Ruta-E busca mitigar, pero que requerirá inversiones complementarias en el mediano plazo.

En segundo lugar, la estructura de incentivos fiscales ha demostrado eficacia en el segmento de vehículos livianos; no obstante, su extensión al transporte de mercancías demanda mecanismos de financiación adaptados a la lógica de costos operativos y retorno sobre inversión propios de las empresas transportadoras, donde el costo total de propiedad sigue favoreciendo al diésel en trayectos de largo alcance. Por otro lado, la sobreoferta regulatoria, representada por la coexistencia de estándares técnicos aún en proceso de definición y la incertidumbre normativa derivada del ciclo político, añade complejidad a las decisiones de inversión de las flotas.

La consolidación de la electromovilidad en la logística colombiana dependerá, en última instancia, de la articulación entre la política regulatoria, la expansión de la red de recarga de alta potencia y la competitividad de los precios de adquisición, factores que evolucionarán en función de las decisiones que adopte el próximo gobierno a partir de agosto de 2026. Para obtener más información sobre las tendencias, los indicadores financieros y las variables comerciales que impactan al sector automotor y al transporte de carga, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial, una herramienta diseñada para respaldar la toma de decisiones corporativas con inteligencia sectorial actualizada.

También te puede interesar: Entrada de Tesla ha hecho que precios de vehículos eléctricos disminuyan entre $20 y $80 millones

Una doctrina económica del siglo XVI continúa definiendo las guerras comerciales del 2026. En el último año, Estados Unidos impuso aranceles del 10% a casi todos los países del mundo y un acumulado del 54% sobre productos chinos. La idea no es nueva. Tiene más de 500 años. Y vuelve con fuerza.

Bienvenidos a Economía y Desarrollo. Hoy hablaremos del mercantilismo, la doctrina económica que dominó Europa durante casi 300 años y que pensábamos enterrada desde 1776. Sin embargo, en este 2026 ha regresado bajo nuevos nombres: neomercantilismo, friendshoring, política industrial, aranceles recíprocos. La premisa original era simple: un país es rico cuando exporta más de lo que importa, acumula metales preciosos y el Estado interviene en cada operación comercial.

Para este año, el escenario internacional muestra que esta lógica está plenamente activa. Estados Unidos cerró 2025 con un déficit comercial en máximos históricos, a pesar de imponer los aranceles más altos desde la década de 1930. China asigna recursos masivos al sector privado, pero exige alineación con la estrategia industrial del Estado. Lo más sorprendente es por qué un sistema económico oficialmente superado hace 250 años regresó al centro del debate global. La respuesta está en cómo nació y por qué nunca se fue del todo.

El origen: monarquías absolutistas y la fiebre del oro

El mercantilismo no nació como una teoría unificada. Fue un conjunto de prácticas y creencias económicas que dominaron Europa Occidental entre los siglos 16 y 18, en el contexto del fin del feudalismo y el ascenso de las monarquías absolutistas. Su origen está vinculado a dos hechos históricos: la consolidación del poder real centralizado y el descubrimiento de América en 1492, que abrió la puerta a la llegada masiva de oro y plata desde las minas del Nuevo Mundo.

La premisa central de esta doctrina era que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales preciosos que pudiera acumular. Esta idea, conocida como bullionismo, partía de una concepción específica del comercio internacional: el intercambio mundial era un juego de suma cero, donde la ganancia de un país equivalía a la pérdida de otro. Bajo esta lógica, no existía la posibilidad de crecimiento conjunto entre naciones, lo que justificaba políticas agresivas de exportación y restricción de importaciones.

El economista italiano Antonio Serra publicó en 1613 una de las primeras obras estructuradas sobre el tema, un tratado considerado por los historiadores como un texto fundacional de la economía política. Sus análisis sobre el comercio mediterráneo en ciudades como Venecia, Génova y Pisa establecieron las bases analíticas del mercantilismo como escuela.

Los pilares de la doctrina mercantilista

El sistema mercantilista se sostuvo sobre elementos centrales. El primero fue la acumulación de metales preciosos. Las monarquías europeas consideraban que el oro y la plata constituían la única forma verdadera de riqueza, ya que permitían financiar ejércitos, sostener las cortes reales y proyectar poder político en el escenario internacional.

El segundo pilar fue el principio de la balanza comercial favorable. El objetivo de los gobiernos consistía en exportar mercancías de alto valor agregado y limitar las importaciones, con el fin de generar un superávit que se materializara en ingresos netos de oro y plata desde el extranjero.

El tercer pilar fue la intervención permanente del Estado en la actividad económica. Las monarquías establecían monopolios reales, otorgaban privilegios a sectores productivos específicos, regulaban las prácticas comerciales y aplicaban impuestos aduaneros estrictos para proteger la producción local. La iniciativa privada existía, pero operaba bajo el marco regulatorio definido por el monarca.

El cuarto pilar fue el colonialismo. Las potencias europeas justificaron la expansión territorial en América, África y Asia como un mecanismo para asegurar materias primas baratas, mercados cautivos para sus productos manufacturados y acceso directo a recursos como oro, plata, especias y productos agrícolas. España consolidó esta práctica con la extracción de metales desde sus territorios americanos; Inglaterra, Francia y los Países Bajos replicaron el modelo en distintas regiones del mundo.

El colbertismo: la versión francesa del mercantilismo

El caso más documentado de aplicación práctica del mercantilismo fue el de Francia bajo el reinado de Luis 14, conocido como colbertismo. Jean-Baptiste Colbert, contralor general de finanzas entre 1665 y 1683, diseñó un sistema económico altamente intervencionista basado en el fortalecimiento de la industria local y la protección sistemática del mercado interno.

Colbert estableció manufacturas reales para producir bienes de exportación como tapices, espejos y textiles. Aplicó tarifas elevadas a las importaciones, financió compañías comerciales como la Compañía de las Indias Occidentales y desarrolló una red de carreteras y comunicaciones internas para fortalecer el comercio nacional. Bajo su administración, Francia consiguió acumular reservas considerables de metales preciosos a pesar de no contar con minas propias en su territorio.

Sin embargo, el modelo presentó limitaciones estructurales. El intervencionismo excesivo generó rigidez en los mercados, beneficios desproporcionados para las élites comerciales cercanas al poder y un sistema de deuda estatal creciente que comprometería las finanzas francesas en los siglos posteriores. Los historiadores económicos coinciden en que el colbertismo, a largo plazo, dejó a Francia rezagada frente al modelo más flexible que se desarrollaba en Inglaterra y los Países Bajos.

La caída: adam smith y la crítica del libre comercio

En 1776, el economista escocés Adam Smith publicó La Riqueza de las Naciones, un texto que desmontó analíticamente los principios fundamentales del mercantilismo. Smith sostuvo que la riqueza real de una nación no se mide en la cantidad de oro acumulado, sino en el producto anual del trabajo y la tierra del país, un concepto cercano a lo que hoy denominamos Producto Interno Bruto.

La crítica de Smith se centró en tres puntos. Primero, el mercantilismo beneficiaba a los productores y comerciantes privilegiados por el Estado, pero perjudicaba a los consumidores al imponer precios artificialmente altos. Segundo, los aranceles y restricciones distorsionaban la asignación natural del capital, dirigiéndolo hacia sectores poco productivos por decisión política. Tercero, la división del trabajo y la especialización productiva permitían que naciones diferentes se beneficiaran mutuamente del intercambio comercial, refutando la idea de que el comercio era un juego de suma cero.

El filósofo escocés David Hume había planteado antes un argumento técnico decisivo: era imposible que un país mantuviera una balanza comercial positiva de forma indefinida, porque la entrada constante de metales preciosos elevaría los precios internos, encarecería las exportaciones y eventualmente revertiría el flujo. La doctrina mercantilista, según este razonamiento, se autoderrotaba con el tiempo.

A finales del siglo 18, las ideas liberales comenzaron a desplazar al mercantilismo como marco económico dominante, inspirando las reformas comerciales aplicadas por el primer ministro británico William Pitt el Joven.

El regreso: neomercantilismo en el siglo xxi

Aunque la doctrina clásica fue oficialmente superada, sus principios fundamentales nunca desaparecieron por completo. Bajo el nombre de neomercantilismo, este enfoque resurgió con fuerza durante la segunda mitad del siglo 20, particularmente en períodos de tensión comercial entre potencias. La diferencia con el modelo original es que la acumulación de metales preciosos fue reemplazada por la acumulación de reservas internacionales en divisas y la protección de capacidades industriales estratégicas.

El neomercantilismo contemporáneo se manifiesta en cuatro prácticas concretas. La primera es el uso de aranceles para proteger industrias domésticas frente a la competencia extranjera. La segunda es el control gubernamental del movimiento de capitales y de las decisiones monetarias. La tercera es la promoción activa de las exportaciones mediante subsidios estatales directos. La cuarta es la priorización de sectores estratégicos como semiconductores, energía y defensa para reducir la dependencia frente a proveedores externos considerados rivales geopolíticos.

También te puede interesar: Nuestro video sobre la batalla tecnológica entre potencias explica con más detalle cómo la disputa por los semiconductores y las tecnologías estratégicas está redefiniendo la economía mundial.

Casos actuales: aranceles y subsidios en 2026

El ejemplo más representativo del retorno del mercantilismo es la política comercial reciente de Estados Unidos. El 2 de abril de 2025, el presidente Donald Trump declaró el denominado “Liberation Day”, imponiendo un arancel base del 10% sobre casi todos los productos importados y aranceles adicionales que alcanzaron, en el caso de China, un acumulado del 54%. La justificación oficial fue la necesidad de corregir el déficit comercial estadounidense y reactivar la industria nacional.

Profundiza en este tema: Si te interesa entender más sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China y sus implicaciones económicas, te recomendamos este análisis de Economía y Desarrollo.

Los resultados, sin embargo, no respaldaron las predicciones de la teoría mercantilista. Durante 2025, la inversión extranjera directa en Estados Unidos totalizó 288.400 millones de dólares, una cifra inferior al promedio de los diez años previos. El déficit comercial de bienes alcanzó un máximo histórico, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico en marzo de 2026. En febrero de ese mismo año, la Corte Suprema declaró ilegal el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer estos aranceles en el caso Learning Resources contra Trump.

En paralelo, el Estado estadounidense aplicó políticas industriales clásicamente mercantilistas. La Ley CHIPS de 2022 destinó alrededor de 52.700 millones de dólares en subsidios para fabricantes de semiconductores, junto con un crédito fiscal del 25% para nuevas inversiones. La Ley de Reducción de la Inflación asignó aproximadamente 400.000 millones de dólares para tecnologías verdes. En conjunto con la Ley Bipartidista de Infraestructura, estos tres programas proyectan una inyección superior a los dos billones de dólares en sectores estratégicos.

China desarrolla un esquema similar a través de su Ley de Promoción de la Economía Privada de 2025, donde el Estado coordina activamente el crédito hacia lo que el gobierno denomina “nuevas fuerzas productivas”. La Unión Europea avanza con su propia Ley de Chips y subsidios para tecnologías limpias.

También te puede interesar: Nuestro video sobre si China superará a Estados Unidos analiza en profundidad las capacidades económicas y estratégicas de ambas potencias en este nuevo escenario global.

¿Volvimos al siglo xvii o nunca salimos?

El mercantilismo fue oficialmente sustituido por el liberalismo económico hace más de doscientos años, pero su lógica subyacente nunca abandonó por completo las decisiones de política económica de las grandes potencias. La diferencia con el siglo 17 es en buena medida de vocabulario: donde antes se hablaba de balanza comercial favorable, ahora se habla de superávit estratégico; donde se acumulaba oro, ahora se acumulan reservas internacionales y capacidades tecnológicas; donde se otorgaban monopolios reales, ahora se firman contratos de subsidios industriales.

Las grandes economías han demostrado en este 2026 que, cuando perciben amenazas a su seguridad nacional o a su posición competitiva global, recurren sin excepción a los principios mercantilistas. La pregunta de fondo es por qué, después de 250 años de evidencia económica sobre los costos del proteccionismo, los gobiernos continúan aplicando las mismas fórmulas. ¿Es el mercantilismo una respuesta racional frente a la competencia geopolítica del siglo 21, o una constante histórica que refleja las limitaciones reales de los Estados frente al mercado global? ¿Estamos presenciando una corrección temporal del libre comercio o el inicio de un nuevo ciclo económico definido por las viejas ideas?

La discusión sobre el regreso del mercantilismo afecta directamente los precios que pagan los consumidores, las inversiones extranjeras que llegan a las economías emergentes y las oportunidades de empleo industrial en cada región. ¿Crees que el proteccionismo es una solución viable para los países en desarrollo o una trampa que limita el crecimiento de largo plazo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, activa las notificaciones, dale me gusta, suscríbete y comenta qué otro tema económico te gustaría que analizáramos.

La industria de los péptidos terapéuticos atraviesa un periodo de expansión a nivel mundial, impulsada fundamentalmente por el desarrollo de tratamientos innovadores dirigidos a enfermedades crónicas de alta prevalencia como la diabetes tipo 2, la obesidad y diversas patologías oncológicas. De acuerdo con estimaciones de la firma de investigación Mordor Intelligence, el mercado global de síntesis de péptidos fue valorado en US$1.900 millones durante el 2026. Se proyecta que alcanzará los US$2.590 millones al cierre de 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4%. Dicho dinamismo obedece a factores como la creciente aceptación regulatoria de los terapéuticos basados en péptidos. Y se acumulan más de 110 aprobaciones a nivel mundial, los avances en tecnologías de síntesis en fase sólida y automatizada, y la expansión sostenida de los servicios de manufactura por contrato en regiones como Asia-Pacífico, que crece a una CAGR del 6,5%.

En el contexto colombiano, la industria farmacéutica representa aproximadamente el 11,1% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y aporta cerca de $110,3 billones a la producción manufacturera nacional, consolidándose como uno de los pilares del aparato productivo del país. Sin embargo, el crecimiento legítimo de la demanda de medicamentos peptídicos coexiste con un mercado paralelo de sustancias sin registro sanitario que ha encendido las alarmas tanto de las autoridades regulatorias como del gremio médico especializado.

Según el diario El Tiempo, especialistas en endocrinología han calificado como altamente preocupante el auge del consumo indiscriminado de péptidos que se comercializan a través de redes sociales y plataformas digitales, atribuyéndoles propiedades para la pérdida de peso, el aumento de masa muscular, el control hormonal y el rejuvenecimiento, sin contar con evidencia científica suficiente que respalde su seguridad y eficacia a largo plazo. Las voceras consultadas por el medio indicaron que aproximadamente el 68,0% del contenido sobre inyecciones para bajar de peso que circula en redes sociales resulta falso, lo cual incrementa significativamente la exposición de los consumidores a riesgos metabólicos, hormonales y cardiovasculares derivados del uso de sustancias no autorizadas.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal del producto denominado GLP-1 PATCHES (LUMESSA), ofertado como solución para el control del peso corporal sin disponer de registro sanitario en Colombia. La entidad regulatoria enfatizó que dicho producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales de calidad, seguridad ni eficacia, y que su distribución contraviene el Decreto 677 de 1995. El coordinador de Farmacovigilancia del Invima instó a la ciudadanía a abstenerse de adquirir productos sin autorización sanitaria, especialmente aquellos que prometen resultados rápidos en la pérdida de peso, y a reportar cualquier evento adverso asociado a su uso. Este panorama se inscribe en un sector farmacéutico colombiano cuyas importaciones ascendieron a US$3.950 millones en 2025, frente a exportaciones de apenas US$416 millones, evidenciando una marcada dependencia del suministro externo que concentra alrededor del 71,0% del valor total del mercado, según cifras del reporte DATASCIF de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF).

Desde la perspectiva de Sectorial, la convergencia entre el crecimiento acelerado del mercado global de péptidos y las debilidades regulatorias evidenciadas en Colombia configura un escenario de alto riesgo tanto para la salud pública como para la credibilidad del ecosistema farmacéutico nacional. La capacidad de vigilancia y control del Invima se ve desbordada ante la proliferación de canales de distribución informales y digitales, problemática que se agrava por el rezago acumulado de aproximadamente 12.800 trámites pendientes en registros sanitarios y modificaciones regulatorias, algunos de los cuales tardan hasta 2,4 años en completarse.

La brecha entre la sofisticación de los nuevos desarrollos terapéuticos peptídicos a escala global y la infraestructura regulatoria local plantea un desafío estructural que requiere tanto el fortalecimiento institucional del ente de vigilancia como una mayor articulación entre el gremio médico, la industria formal y las autoridades sanitarias. Cabe destacar que los fármacos basados en análogos del receptor GLP-1, como la semaglutida y la tirzepatida, ya constituyen un segmento de alto valor comercial a nivel mundial, con inversiones superiores a los US$1.000 millones destinadas exclusivamente a la ampliación de capacidades de manufactura contratada en Europa y Norteamérica. Para las empresas colombianas del sector, resulta indispensable monitorear de cerca la evolución normativa y anticipar los cambios en los patrones de prescripción y demanda, toda vez que el envejecimiento poblacional y el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas seguirán impulsando el consumo de terapias peptídicas tanto en el canal institucional como en el comercial. Así mismo, la dependencia de importaciones que caracteriza al sector farmacéutico colombiano subraya la necesidad de fortalecer capacidades productivas locales y de acelerar los procesos de evaluación del Invima, a fin de cerrar la brecha entre la oferta regulada y la creciente demanda de tratamientos biológicos avanzados.

Para obtener más información sobre el comportamiento del sector farmacéutico colombiano, incluyendo indicadores financieros, normativa vigente y tendencias de mercado, consulte nuestro Índice de Desempeño Sectorial. Conozca en profundidad todas las variables financieras, normativas y comerciales que impactan la industria para respaldar sus decisiones corporativas.

También te puede interesar: Cambio de liderazgo en la FDA intensifica la incertidumbre en la regulación farmacéutica

 
 

La industria de cruceros se consolida como uno de los motores más dinámicos del turismo internacional en Colombia, en un contexto global marcado por una expansión sostenida del segmento marítimo y fluvial. Durante el primer trimestre del año en curso, el país recibió 174.371 pasajeros a bordo de cruceros y registró 103 recaladas en sus principales puertos, cifras que representan crecimientos del 4,8% y del 8,4% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. El desempeño positivo coincide con el repunte de la industria a escala mundial, donde el volumen global de cruceristas alcanzó un máximo histórico de 37,2 millones de pasajeros durante 2025, equivalente a un incremento del 25,0% anual y al tercer récord consecutivo según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). El comportamiento ratifica el creciente interés de las principales compañías navieras por incluir a Colombia dentro de sus itinerarios en el Caribe y América Latina, así como el fortalecimiento de la oferta turística nacional y la diversificación progresiva de destinos más allá de los puertos tradicionales que han concentrado históricamente la actividad crucerística del país.

Según el diario La República, con base en cifras de ProColombia y de la Dirección General Marítima (Dimar), Cartagena continúa liderando la actividad crucerística nacional al concentrar 80 de las 103 recaladas registradas durante los tres primeros meses del año, equivalentes al 77,7% del total, y movilizar más de 158.000 pasajeros. Durante el periodo operaron en Colombia un total de 25 líneas de cruceros y 39 embarcaciones diferentes, reflejando la recuperación sostenida del sector. Entre los hitos más relevantes figuran la llegada del Queen Mary 2, de Cunard Cruise, que atracó en Cartagena el 23 de enero con 2.396 pasajeros; el Norwegian Escape, de Norwegian Cruise Line, que realizó su primera escala el 9 de febrero transportando 4.094 viajeros; y el Borealis, de Holland America, que eligió Cartagena como su primer puerto de escala en Colombia el 27 de marzo con 1.110 pasajeros a bordo. Adicionalmente, el Explora II de Explora Journeys llegó a San Andrés el 8 de enero con 781 pasajeros, el Hanseatic Spirit de Hapag-Lloyd arribó a Leticia el 26 de marzo con 204 viajeros, y el Azamara Quest inició operaciones en Cartagena y Santa Marta el 17 de marzo con 666 pasajeros, fortaleciendo la posición de la Amazonía y del litoral norte dentro del segmento de cruceros de expedición.

La estrategia de diversificación territorial impulsada por ProColombia comienza a evidenciar resultados concretos en regiones tradicionalmente relegadas del circuito turístico internacional. Santa Marta, San Andrés, Leticia y Providencia han incrementado su participación dentro de las rutas internacionales, con Providencia recibiendo dos arribos durante la temporada y Cabo de la Vela figurando por primera vez en operaciones desarrolladas desde Puerto Bolívar, ampliando la presencia colombiana en destinos no convencionales. En el segmento fluvial, el operador AmaWaterways consolidó la operación de los cruceros AmaMagdalena y AmaMelodía, que recorren municipios ribereños como Mompox, Calamar, Palenque, Santa Bárbara de Pinto y El Banco, con un total de 4.700 viajeros previstos durante el año 2026 y embarcaciones cuyos primeros itinerarios se encuentran actualmente agotados. El 27 de abril, la Gobernación de Bolívar confirmó que AmaWaterways evalúa la inclusión de Magangué como nuevo destino dentro de sus rutas, lo que representaría un impulso adicional para el comercio local, la gastronomía, el transporte, el turismo cultural y la oferta artesanal del municipio. A escala global, CLIA proyecta que el volumen mundial alcanzará 38,3 millones de pasajeros durante 2026, equivalentes a un crecimiento del 4,0%, mientras el impacto económico del sector ascendió en 2024 a USD 198.800 millones, sosteniendo aproximadamente 1,8 millones de empleos a nivel mundial.

Para Sectorial, el comportamiento reciente del turismo de cruceros configura una oportunidad estratégica para diversificar la oferta turística colombiana y reducir la concentración tradicional sobre destinos tierra adentro. La participación del 77,7% que mantiene Cartagena evidencia simultáneamente la solidez del principal puerto receptor y el potencial inexplorado del litoral pacífico, los corredores fluviales y los destinos amazónicos. La operación de AmaWaterways en el río Magdalena, con itinerarios cuyos cupos están agotados, valida la disposición del viajero internacional a pagar primas significativas por experiencias auténticas y sostenibles, abriendo oportunidades para encadenamientos productivos con artesanos, gastronomía local, transporte fluvial y servicios complementarios. A escala global, la fidelización de más del 60,0% reportada por CLIA y la proyección de 38,3 millones de pasajeros para 2026 confirman un mercado en expansión sostenida, aunque con tasas de crecimiento más moderadas frente a la fase intensa de recuperación. El principal desafío para Colombia radica en consolidar infraestructura portuaria adecuada, fortalecer la conectividad terrestre con los destinos receptores y desarrollar capacidad local de servicios que permita capturar mayor valor agregado de cada arribo, en línea con las tendencias internacionales hacia experiencias inmersivas y de bajo impacto ambiental.

Para conocer en mayor profundidad la dinámica del turismo receptivo, la evolución del segmento de cruceros y las oportunidades comerciales derivadas de la diversificación territorial de la oferta turística colombiana, así como las variables financieras, comerciales y operativas que condicionan a hoteleros, operadores portuarios, agencias de viaje y autoridades turísticas, consulte el Índice de Desempeño Sectorial especializado en turismo y hotelería. Conozca los indicadores clave que respaldan decisiones estratégicas para inversionistas, operadores turísticos y entidades reguladoras del sector.

También te puede interesar: Gobierno expide Circular Única para unificar normas de calidad en el turismo colombiano

El turismo como motor económico descentralizado

Tráfico aéreo nacional supera los 15 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026

https://sectorial.co/wp-content/uploads/bg-404.svg"); background-position: center top; background-repeat: no-repeat; background-size: cover;">

Accede a la inteligencia de tu sector. 

Si quieres enfrentar los cambios del mercado de manera asertiva, suscríbete a ODA, y conoce todos los datos de tu sector.

 

Compra el informe completo del sector de tu interés

Durante 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector financiero y asegurador creció 2,8% frente a 2024, alcanzando $53,1 billones de pesos. La industria aseguradora cerró el año con primas emitidas por $61,0 billones, un aumento anual del 8,7%, mientras los siniestros liquidados ascendieron a $26,4 billones (6,3%). Para el primer trimestre de 2026, las primas continuaron creciendo (4,5%), mientras los siniestros liquidados se redujeron 36,3% frente a igual periodo del año anterior, mejorando los resultados técnicos del sector.

La penetración de los seguros se ubicó en 3,3% del PIB en 2025, manteniéndose en niveles similares a los observados desde 2022. El sector enfrenta retos estructurales como la baja cobertura voluntaria en motocicletas (97,0% sin seguro voluntario), el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado de rentas vitalicias y los riesgos catastróficos: solo 5,0% de los hogares en Antioquia están asegurados contra estos eventos. Al mismo tiempo, la digitalización avanza: la compra de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en plataformas digitales superó las 500.000 pólizas en Mercado Libre. La inteligencia artificial se perfila como un factor clave de competitividad para el sector en la región.

Page 2 of 528