El comercio internacional de ganado bovino atraviesa un momento de reacomodo, en el que la competitividad cambiaria se ha convertido en el factor determinante para definir qué países ganan y cuáles pierden participación de mercado. Colombia, tradicionalmente un jugador secundario frente a gigantes como Brasil, ha visto reducida su capacidad de colocar animales en pie y carne en mercados como China, principal destino de la carne bovina, e Irak, uno de los mayores compradores de ganado en pie, justo cuando el real brasileño se ha devaluado y le permite a ese país ofrecer precios más competitivos por kilogramo. En ese contexto, el comportamiento del dólar dentro de Colombia se ha vuelto tan relevante para los ganaderos exportadores como las condiciones sanitarias, los costos logísticos o los protocolos de admisibilidad vigentes en los países compradores.

El dólar en Colombia pasó de cotizarse en $4.409 hace 16 meses a un mínimo de $3.086 durante 2026, lo que equivale a una revaluación del peso cercana al 22,0%. El medio explica que, para cualquier exportador, “menos pesos por cada dólar vendido significa menos ingresos”, un efecto que se suma a otras presiones como el alza de los fletes marítimos, que según el índice Drewry llegaron a US$4.639 por contenedor, un incremento del 74,0% frente al año anterior. Aunque estas presiones afectan a la canasta exportadora en general, golpean con particular fuerza a sectores con márgenes estrechos como el ganadero, en el que el precio del animal ya compite de por sí con el ofrecido por otros proveedores regionales, sin margen adicional para absorber sobrecostos cambiarios o logísticos.

A nivel sectorial, las cifras de Fedegán, con base en el DANE, confirman la desaceleración. Las exportaciones de animales en pie pasaron de 7.952 cabezas en junio de 2025 a apenas 463 cabezas en junio de 2026, último mes con datos disponibles, tras meses intermedios con cierta recuperación, como marzo de 2026, cuando se colocaron 17.692 cabezas. Por su parte, las exportaciones de carne bovina y despojos cayeron de 2.160 toneladas en junio de 2025 a un mínimo de 1.513 toneladas en enero de 2026, para cerrar junio en 1.868 toneladas, una reducción del 13,5% frente al registro de junio del año pasado. Estas cifras reflejan la pérdida de competitividad del ganado colombiano frente al precio ofrecido por proveedores como Brasil, cuya moneda se ha devaluado en el mismo periodo en el que el peso colombiano se ha fortalecido, ampliando la brecha de precios entre ambos países.

Para Sectorial, la caída de las exportaciones ganaderas responde a una combinación de factores cambiarios y de mercado que difícilmente se revertirá en el corto plazo. Mientras la tasa de cambio se mantenga cerca de los $3.100, el margen de los exportadores colombianos seguirá comprimido frente a competidores con monedas más devaluadas, lo que limita la capacidad de negociar precios en mercados como Venezuela, Ecuador o los países árabes. A esto se suma que el mercado internacional de carne bovina está cada vez más disputado por Brasil, hoy el mayor exportador mundial, que ha aprovechado su tipo de cambio para ampliar su cuota. Para el sector ganadero colombiano, el reto de fondo no es solo cambiario: persisten cuellos de botella en trazabilidad, sanidad animal y logística que limitan el acceso a mercados de mayor valor agregado, como el asiático. En ese escenario, diversificar destinos y avanzar en protocolos sanitarios que abran nuevos mercados resulta tan urgente como monitorear la evolución del tipo de cambio, que seguirá siendo la variable de mayor incidencia de corto plazo sobre la rentabilidad exportadora del sector.

Para profundizar en las variables que definen el comportamiento detallado del comercio exterior ganadero y en proyecciones sobre el tipo de cambio, puede consultar los informes y bases de datos sectoriales de Sectorial, disponibles en la plataforma.

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El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Competitividad, conocido como “ley antitrámites”, una iniciativa que busca reducir la carga burocrática que enfrentan los ciudadanos y las empresas colombianas al momento de crear, formalizar y operar un negocio. La propuesta, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) bajo el ministro Mauricio Gómez Amín, se apoya en el principio de “una sola vez”, según el cual ninguna entidad estatal puede exigirle a una persona o empresa un documento o dato que ya reposa en otra base de datos pública. El proyecto hace especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen tener menor capacidad para asumir los costos y tiempos asociados a los trámites administrativos.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la creación de un Expediente Único Empresarial Digital, herramienta que permitirá compartir información entre entidades públicas sin duplicar solicitudes. También propone modernizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), digitalizar por completo los folios de matrícula inmobiliaria y aplicar el silencio administrativo positivo, de manera que una solicitud se entienda aprobada si la entidad no responde dentro del plazo fijado. De acuerdo con Portafolio, el texto es claro en que la digitalización de estos procesos “no podrá dar lugar a la creación de cobros adicionales ni al incremento de tarifas”, por lo que el Gobierno insiste en que la reforma no crea nuevos impuestos ni eleva el recaudo.

Entre las medidas puntuales, el proyecto elimina el cobro de la inspección técnica de bomberos para microempresas y fija en 15 días hábiles el plazo máximo para expedir el certificado urbanístico vinculante que hoy retrasa proyectos de construcción. La iniciativa fue radicada el 18 de agosto de 2026 y, por ahora, se encuentra en fase de discusión: debe surtir los debates reglamentarios en el Senado y la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley, por lo que aún no existe una fecha definida de entrada en vigencia. El contexto que motiva la propuesta es relevante: según el Ranking Mundial de Competitividad 2026 del IMD, Colombia cayó cinco posiciones y quedó en el puesto 59 entre 70 economías, arrastrada por una eficiencia gubernamental que ocupa el puesto 65, mientras que el Global Business Complexity Index 2026 ubicó al país como la sexta economía más compleja del mundo para hacer negocios.

Para Sectorial, el proyecto de ley antitrámites apunta a una de las variables que más pesa en la percepción de competitividad del país: la eficiencia del Estado frente al empresario. Que Colombia ocupe el puesto 65 en eficiencia gubernamental del ranking IMD y el sexto lugar en complejidad para hacer negocios del GBCI confirma que la duplicidad de requisitos y los tiempos de respuesta de las entidades son, hoy, una barrera de entrada tan relevante como los costos tributarios o laborales. Medidas como el Expediente Único Empresarial Digital y el silencio administrativo positivo, si se implementan con la interoperabilidad tecnológica que requieren, podrían reducir tiempos de formalización y estimular la creación de nuevas mipymes, que representan la mayoría del tejido empresarial colombiano. No obstante, el margen de mejora dependerá de qué tan rápido avance el trámite legislativo y de la capacidad real de las entidades territoriales para digitalizar procesos como las licencias urbanísticas y el registro inmobiliario. La experiencia con reformas similares muestra que la brecha entre lo aprobado en el Congreso y lo implementado en la práctica suele ser el mayor riesgo para este tipo de iniciativas.

Sectorial hace seguimiento permanente a la dinámica empresarial y regulatoria del país. Los usuarios interesados en profundizar en el impacto de este tipo de reformas sobre la formalización, la inversión y la competitividad sectorial pueden consultar el Índice de Desempeño Sectorial para monitorear en detalle el comportamiento financiero, normativo y comercial del sector industria.

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La carrera espacial está entrando en una nueva era. Ya no se trata únicamente de quién lanza más cohetes, llega primero a la Luna o coloca más banderas en el espacio. El verdadero poder está migrando hacia otro lugar: la capacidad de controlar satélites, datos, conectividad y, próximamente, infraestructura de cómputo en órbita.

En 2025 se realizaron alrededor de 330 lanzamientos espaciales en todo el mundo. Una cifra que parece pequeña frente a la magnitud de la industria, pero que adquiere otra dimensión cuando se compara con el tamaño de la economía espacial global, estimada en US$686.000 millones, con proyecciones que podrían llevarla hasta US$1,8 billones para 2035, según estimaciones de McKinsey y el Foro Económico Mundial.

Entonces, ¿dónde está realmente el negocio? El cohete dejó de ser el principal indicador de poder. Durante buena parte del siglo XX, la carrera espacial se medía en hitos: quién llegaba primero a la Luna, quién lanzaba más cohetes o quién conseguía mayor capacidad tecnológica. Hoy, esa métrica resulta insuficiente.

Un lanzamiento es un evento puntual. Un satélite, en cambio, puede permanecer años en órbita generando ingresos mediante conectividad, posicionamiento, imágenes, monitoreo climático, agricultura de precisión, logística y servicios de inteligencia.

La diferencia es fundamental para entender el nuevo modelo económico espacial: el valor ya no está únicamente en fabricar y lanzar el activo, sino en mantener infraestructura funcionando y monetizar los datos que genera.

Y el sector privado es el principal protagonista de esta transformación. Según el reporte 2025 de Space Foundation, el 78% de la economía espacial global ya está en manos de empresas privadas, lo que demuestra hasta qué punto la actividad dejó de ser exclusivamente una competencia entre gobiernos.

Estados Unidos: la ventaja de tener la mayor infraestructura orbital

Para medir quién domina el espacio hay que diferenciar entre dos conceptos: flujo y stock. El flujo corresponde a los lanzamientos realizados durante un período, mientras que el stock representa los satélites que permanecen activos en órbita.

Y es precisamente en el stock donde Estados Unidos mantiene una ventaja contundente.

El país opera aproximadamente tres cuartas partes de los satélites activos del mundo, impulsado principalmente por Starlink. A mediados de 2026, la constelación ya superaba los 10.900 satélites en órbita, equivalentes a cerca de dos tercios de todos los satélites que orbitan actualmente la Tierra.

Esto convierte a la infraestructura orbital en un activo estratégico de enorme valor. La ventaja no está solamente en lanzar satélites, sino en disponer de una red capaz de prestar servicios de manera permanente y a escala global.

China acelera: menos satélites, más capacidad estratégica

China parte de una posición diferente. Su número de satélites activos pasó de aproximadamente 600 en 2024 a 1.250 en 2026, impulsado por proyectos como Guowang y Qianfan, diseñados para reducir la dependencia de infraestructura estadounidense.

Pero la estrategia china no se limita a competir por cantidad. A finales de 2025, varias empresas chinas presentaron ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones solicitudes de frecuencia para más de 200.000 satélites futuros. Aunque estas solicitudes no significan que todos los satélites vayan a construirse o lanzarse, sí muestran una disputa estratégica por recursos fundamentales: el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales.

Además, China está ganando terreno en capacidades de observación y teledetección. Un análisis de 2024 del Center for Strategic and International Studies, junto con el Taylor Geospatial Institute y USGIF, evaluó sistemas comerciales de teledetección de 11 países y encontró que China ocupó el primer lugar en cinco de 11 categorías tecnológicas, frente a cuatro de Estados Unidos.

Esto cambia la naturaleza de la competencia: los datos obtenidos desde el espacio tienen cada vez más valor económico, militar y geopolítico.

Europa apuesta por una industria espacial propia

En noviembre de 2025, la Agencia Espacial Europea aprobó un presupuesto récord de €22.100 millones para 2026-2028, un 30% superior al ciclo anterior. Parte de estos recursos busca reducir la dependencia europea de lanzadores extranjeros y fortalecer su autonomía tecnológica.

El sector empresarial también está capturando valor. Airbus Defence and Space cerró 2025 con ingresos de €13.400 millones, un crecimiento del 11%, impulsado parcialmente por un pedido de 340 satélites OneWeb para Eutelsat. Por su parte, la división espacial de Leonardo creció 11%, superando los €1.000 millones.

La estrategia europea, por tanto, no necesariamente busca competir en volumen, sino posicionarse en segmentos de mayor valor agregado, como fabricación, componentes, tecnología satelital y lanzamiento.

La próxima batalla: datos y cómputo desde el espacio

El siguiente salto podría ser todavía más disruptivo. Empresas como SpaceX, Starcloud y Blue Origin han anunciado proyectos relacionados con centros de datos en órbita, con la posibilidad de procesar información directamente en el espacio utilizando energía solar y condiciones térmicas favorables para el enfriamiento.

Si esta tecnología escala, la competencia espacial podría dejar de medirse principalmente por el número de satélites. La pregunta sería otra: ¿quién controla la infraestructura que procesa los datos generados desde el espacio?

Para las empresas, esto abre una nueva frontera de oportunidades en sectores como telecomunicaciones, defensa, agricultura, logística, inteligencia artificial, observación terrestre y análisis de datos.

Pero también existe un riesgo creciente: la saturación orbital. La concentración de miles de satélites en órbita baja incrementa el riesgo de colisiones y de generación de basura espacial, con el potencial de desencadenar el llamado síndrome de Kessler, escenario en el que ciertas órbitas podrían volverse inutilizables durante generaciones.

¿Quién ganará la nueva carrera espacial?

La respuesta depende de cómo se mida el poder. Estados Unidos domina actualmente en volumen e infraestructura comercial; China avanza en autonomía tecnológica, vigilancia y capacidades estratégicas; mientras Europa busca capturar valor en manufactura y tecnología especializada.

Pero la gran transformación está en que el espacio dejó de ser únicamente un escenario de exploración para convertirse en una infraestructura crítica de la economía digital.

La nueva carrera espacial no necesariamente la ganará quien lance más cohetes, sino quien consiga controlar los satélites, el espectro, los datos y el cómputo que sostendrán la economía del futuro.

¿Qué país creen que definirá las reglas del juego orbital durante la próxima década: el que tenga más satélites o el que controle los datos que estos generan?

El Gobierno Nacional declaró, en la noche del miércoles 19 de agosto, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos del país, mediante el Decreto 1261 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella. La medida, con una vigencia de 30 días calendario, busca habilitar herramientas jurídicas extraordinarias para atender la tragedia dejada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que hasta la mañana del 19 de agosto acumulaba 393 réplicas registradas. La declaratoria rige en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, y podrá extenderse a otros municipios donde se compruebe una afectación directa derivada del fenómeno. El decreto ordena, además, que el Ministerio del Interior rinda un informe motivado al Congreso y que el texto sea remitido a la Corte Constitucional para su revisión.

Según el diario Infobae, el decreto documenta afectaciones directas en 471 municipios. El reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabiliza 30.803 viviendas destruidas, 151.433 averiadas y 302 edificios colapsados, junto con 3.513 centros educativos, comunitarios y de salud afectados. En materia de infraestructura vial, el balance registra daños en 450 vías, 70 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales, 110 acueductos y cinco aeropuertos, entre ellos los de Pereira y Cartago, que a la fecha del decreto permanecían fuera de operación por daños graves. El propio documento advierte que estas cifras podrían aumentar por las dificultades de verificación en zonas rurales de difícil acceso.

El impacto económico preliminar calculado por el Gobierno asciende a $30,0 billones, cerca del 1,8% del Producto Interno Bruto, mientras el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ubica el rango más probable de pérdidas entre USD 1.000 millones y USD 10.000 millones. El decreto explica que el cupo de endeudamiento anual aprobado por el Congreso, de USD 17.273,1 millones, y la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con apenas $47.265,8 millones disponibles para la línea de manejo de desastres, resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre.

Para ampliar la capacidad financiera, la emergencia habilita al Ejecutivo a expedir decretos legislativos que permitan usar, a título de préstamo, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías, ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos y disponer de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según explicó el diario Portafolio. Antes de la declaratoria, el Instituto Nacional de Vías (Invías) ya reportaba, con corte al 14 de agosto, un avance del 86,2% en la atención de 113 puntos críticos identificados en los corredores nacionales, de los cuales 51 estaban totalmente habilitados y 62 operaban a un solo carril, según cifras de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, citadas por el portal Semana.

Para Sectorial, el decreto de emergencia económica marca un punto clave frente a anteriores desastres naturales en el país: por primera vez en este ciclo, la reconstrucción de la red vial nacional queda anclada a un marco jurídico excepcional que le permite al Gobierno “saltarse” los trámites ordinarios de contratación y presupuesto, en lugar de depender exclusivamente del trámite legislativo convencional. La brecha entre los 113 puntos críticos que Invías ya intervenía antes del decreto y los 450 corredores que reconoce el balance oficial evidencia que la magnitud del daño superó ampliamente la capacidad de respuesta ordinaria, y explica por qué el Ejecutivo activó esta figura constitucional de uso excepcional. El reto, sin embargo, no es solo jurídico, sino de ejecución: los 30 días de vigencia de la emergencia alcanzan para estructurar la financiación, pero las obras físicas de reconstrucción vial deberán tramitarse por la vía presupuestal ordinaria en los meses siguientes.

La reconstrucción de la infraestructura vial abrirá nuevas dinámicas de contratación, financiación y riesgo para el sector de la construcción y la infraestructura en los próximos meses. Consulte el Índice de Desempeño Sectorial para monitorear en detalle el comportamiento financiero, normativo y comercial del sector de infraestructura durante el proceso de reconstrucción.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), golpeó con fuerza al sector de la moda en ciudades como Cali, Pereira, Armenia y Manizales, plazas clave para el comercio textil y de confección del país. Exacerbando la tragedia humana, el sismo interrumpió de forma abrupta la operación de decenas de marcas, tiendas multimarca y centros comerciales que sostienen miles de empleos directos e indirectos en el Eje Cafetero y el suroccidente del país, justo cuando Colombia se consolidaba como uno de los mercados de moda más relevantes de América Latina, con un tejido empresarial que combina producción textil propia y presencia creciente de marcas internacionales.

Según El Espectador, empresarias de Pereira y Armenia relatan la magnitud del golpe sobre sus negocios. La tienda multimarca Las Industrias del Eje, que reunía las creaciones de 30 emprendimientos de moda, accesorios y decoración y daba sustento a igual número de familias, quedó destruida y será demolida. La marca de moda femenina de Sofía Lizalde, con 36 empleados, perdió su bodega de telas, las máquinas de confección y las áreas de diseño y despacho, mientras que Amatista Cuero, firma de calzado con 16 años de trayectoria y 6 empleados, también deberá desocupar su local.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló tras recorrer Pereira que cerca del 70,0% del comercio de la ciudad presenta algún tipo de afectación y que el 34,0% de los establecimientos permanece cerrado. Ante la emergencia, cerca de 1.200 comerciantes se organizaron en un centro de acopio para gestionar ayudas conjuntas mientras se define la reapertura de los centros comerciales. Las pérdidas físicas directas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas se acercan a los $30,0 billones, de los cuales $24,5 billones corresponden a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura, según cifras preliminares del Gobierno Nacional.

El impacto alcanzó la infraestructura comercial de gran formato. De acuerdo con Modaes, centros comerciales como Éxito San Fernando y Cañaveralejo Mall, en Cali, y el Comercial Alfaguara, en Jamundí, con 55.000 metros cuadrados y 86 locales, registraron daños estructurales, mientras la Aeronáutica Civil suspendió temporalmente la operación de siete aeropuertos, entre ellos Pereira, Manizales, Armenia y Buenaventura, y Banco Falabella cerró de forma preventiva varias de sus oficinas en Cali, entre ellas la de Jardín Plaza.

Colombia, con un mercado interno de más de 50 millones de habitantes y exportaciones de moda por US$434,6 millones en 2025 (2,3% más que el año anterior), enfrenta ahora un freno inesperado en una de sus plazas comerciales más dinámicas. FashionNetwork estima que la región afectada, con más de 6 millones de habitantes, podría registrar una contracción cercana al 45,0% en la facturación del comercio de agosto, mientras el país destinaría al menos $20,0 billones a la reconstrucción de infraestructura institucional en los próximos meses.

Desde Sectorial consideramos que el sismo expone una vulnerabilidad estructural del comercio de moda regional: la alta concentración de inventario, maquinaria y personal en infraestructuras físicas puntuales, sin mecanismos robustos de aseguramiento ni planes de continuidad de negocio, especialmente entre las pequeñas y medianas marcas del Eje Cafetero. La experiencia de emprendimientos ilustra un riesgo compartido por miles de comerciantes independientes: la pérdida simultánea de activo físico, empleo y capital de trabajo, en sectores donde el margen de maniobra financiero suele ser limitado. En el corto plazo, es previsible que el comercio electrónico y los canales de venta alternos, como el domicilio o las citas virtuales que ya implementan algunas marcas del Quindío, absorban parte de la demanda desplazada, mientras se resuelven las inspecciones estructurales en Cali y Pereira.

Para monitorear el impacto sectorial de la emergencia y anticipar riesgos similares en su cadena de valor, consulte el Índice de Desempeño Sectorial y los Foros Sectoriales de Sectorial, así como la Guía de entendimiento sectorial para conocer el modelo de negocio de un sector.

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El sector de calzado y marroquinería, que agrupa cerca de 28.000 empresas formales, cerró el primer semestre de 2026 con una recuperación productiva incipiente y asimétrica. El calzado creció 1,8% en producción y 0,5% en ventas.

En comercio exterior, la brecha se profundizó: las importaciones de calzado crecieron 10,2% y las de marroquinería 18,7%, con China concentrando 43,7% y 78,6% de cada categoría, respectivamente, mientras las exportaciones de marroquinería cayeron 30,4% en valor.

Hacia el segundo semestre, el Decreto 594 de 2026 impuso un arancel de 35,0% al calzado asiático de bajo costo, la disputa comercial con Ecuador se normalizó tras alcanzar aranceles recíprocos de hasta 100,0%, y el relevo presidencial de agosto, con Abelardo de la Espriella a la cabeza, abre una ventana de expectativa para la protección de la manufactura nacional, aunque su materialización real solo podrá evaluarse una vez asuma funciones.

En Colombia tenemos un doloroso saldo histórico. En 500 años, 25 grandes desastres (desde epidemias hasta terremotos, excluyendo el conflicto armado) han dejado un lamentable saldo de aproximadamente 258.000 víctimas fatales.

Gran parte de estas pérdidas están vinculadas a emergencias sanitarias históricas. Desde la viruela (1558-1560) con 40.000 fallecidos, pasando por el cólera (1849-1850) con 20.000 y la gripa española (1918) con 30.000, hasta el reciente impacto del Covid-19 (2020-2023) que cobró la vida de cerca de 143.000 colombianos.

Hemos presenciado una vulnerabilidad en terremotos devastadores como los de Cúcuta (1875, mag 6,8), el Pacífico (1906, mag. 8.8), Tumaco (1979, mag. 8,1), Popayán (1983, mag 5,5) y el Eje Cafetero (1999, mag 6,2) han evidenciado que la falta de planeación urbana y la debilidad en las construcciones son el verdadero catalizador de la tragedia humana y económica. La normativa sismorresistente es nuestra única defensa real.

El reciente sismo de 2026 nos presenta la cuarta factura más alta de América Latina en este siglo. Reconstruir a Colombia costará inicialmente unos 20 billones de pesos (aprox. USD 6.350 millones), comprometiendo cerca del 1% del PIB nacional. Un desafío inmenso, comparable al costo de la reconstrucción del Eje Cafetero en 1999, que absorbió alrededor del 2% del PIB de la época.

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Informes Sectorialesectoriales

La porcicultura colombiana atraviesa uno de sus mejores momentos en más de una década, impulsada por una mayor producción, un consumo interno más robusto y una menor dependencia de las compras externas. El consumo aparente de carne de cerdo, resultado de sumar la producción y las importaciones, superó las 840.000 toneladas durante 2025, con las compras externas representando el 21,0 % de ese total. La producción nacional, por su parte, alcanzó 663.885 toneladas el año pasado, equivalentes a un crecimiento anual compuesto del 7,2 % entre 2020 y 2025; a junio de 2026, el ritmo de expansión del sector se aceleró hasta el 15,5 % interanual, más del doble de ese promedio histórico. Este dinamismo coincidió con la realización, en julio, del congreso PorkAméricas 2026 en Cartagena, donde el gremio Porkcolombia reiteró su aspiración de convertir a la porcicultura en la actividad más relevante del agro colombiano hacia 2030.

Según el informe Panorama Sector Porcicultor, elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia (Cibest) y publicado en agosto de 2026, el crecimiento reciente del consumo colombiano está siendo abastecido, en mayor medida, por la producción nacional. En el acumulado a mayo de este año, el consumo aparente creció 6,3%, mientras que las compras externas cayeron 19,3%, reduciendo su participación sobre el consumo total al 18,6%. En materia de cortes, la carne deshuesada y las chuletas-costilla concentraron el 83,0% del volumen importado, con Estados Unidos y Canadá como principales países de origen, según el mismo informe. Este comportamiento confirma una tendencia de sustitución de importaciones que se ha profundizado durante el primer semestre del año.

El aumento de la oferta también ha presionado los precios a la baja. A junio, el precio promedio del cerdo en pie fue 26,5% inferior al registrado un año atrás, mientras que en canal, fría y caliente, la caída fue del 25,0%. Este comportamiento se refleja en el Índice de Precios al Consumidor: en junio, la variación anual del IPC de la carne de cerdo fue de -6,7%, frente a un alza de 14,3% en la carne de res, 3,3% en el pollo y 2,0% en el pescado. Los menores costos internacionales de materias primas, como el maíz amarillo, la soya y la torta de soya, que cayó cerca de 7,0% en 2025, también contribuyó a contener los precios del alimento balanceado, principal componente de los costos de producción del sector. En el frente comercial, el informe señala que las tiendas nacionales y especializadas concentraron el 41,0% de los ingresos del comercio minorista porcícola en 2025, seguidas por los supermercados de cadena nacional con 19,0%, mientras que 15 comercializadores reunieron el 46,0% del valor transado. De cara a 2028, el mismo análisis proyecta que los hard discounters incrementarían su participación del 30,0% al 36,0% del comercio minorista, mientras los supermercados retrocederían al 16,0%.

Para Sectorial, el desempeño de la porcicultura colombiana confirma que el crecimiento de la oferta ya no depende del abastecimiento externo, sino de la capacidad productiva instalada en el país. La caída de la participación importadora a 18,6% es una señal favorable de sustitución, pero también expone al sector a un riesgo estructural: el mismo aumento de producción que reduce la dependencia externa es la que presiona los precios internos a la baja, con caídas cercanas al 25,0% y 26,5% en canal y en pie, respectivamente. Para los productores, el reto inmediato ya no es crecer, sino proteger el margen mediante eficiencia en conversión alimenticia, manejo sanitario y, cuando la escala lo permita, integración vertical con la comercialización. La concentración del 46,0% del valor transado en apenas 15 comercializadores, sumada a la proyección de que los hard discounters ganarán seis puntos porcentuales de participación hacia 2028, anticipa una reconfiguración de los canales de venta que exigirá a la industria adaptar cortes, presentaciones y condiciones comerciales a cada formato.

Para conocer en profundidad las variables financieras, comerciales y de riesgo que condicionan la competitividad de la porcicultura colombiana, consulte el Índice de Desempeño Sectorial de Sectorial, o participe en nuestros Foros Sectoriales para un análisis a fondo de las tendencias que definirán el negocio en 2026.

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La acuicultura mundial atraviesa un momento de expansión sin precedentes y Colombia busca capitalizar ese impulso para atraer capital extranjero hacia dos de sus especies más representativas: la tilapia y el camarón. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de pesca y acuicultura alcanzó un récord de 235 millones de toneladas en 2024, impulsada principalmente por la acuicultura, que llegó a 141,6 millones de toneladas, con proyecciones de un crecimiento cercano al 10,0% hacia 2034. En ese contexto, la producción acuícola nacional pasó de 112.570 toneladas en 2016 a más de 240.000 toneladas en 2025, avance impulsado principalmente por la piscicultura, actividad que representa cerca del 97,0% de la producción acuícola del país y que ha crecido a un ritmo promedio cercano al 9,0% anual durante la última década.

De acuerdo con el diario Diario del Sur, Colombia se consolidó en 2025 como el mayor exportador mundial de tilapia fresca, alcanzando cerca del 55,0% de las importaciones estadounidenses de este producto y convirtiéndose en el principal proveedor de ese mercado; la tilapia fresca y sus filetes representaron, además, el 54,0% de las exportaciones acuícolas y pesqueras del país. El potencial no se limita a la tilapia: estudios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) identifican cerca de 25,8 millones de hectáreas aptas para el cultivo de tilapia, 25,4 millones para cachama y más de 7,7 millones de hectáreas con vocación para el camarón de cultivo. La producción se concentra en zonas con experiencia consolidada: Huila, Meta y Tolima lideran la piscicultura, mientras Bolívar concentra más del 80,0% de la producción nacional de camarón cultivado y Nariño complementa la oferta desde la costa Pacífica.

El mayor atractivo para los inversionistas, sin embargo, está en la brecha comercial del sector. En 2025, las importaciones de productos acuícolas y pesqueros alcanzaron los US$599,0 millones frente a exportaciones por US$183,0 millones, lo que significa que el país importó 3,3 veces más de lo que exportó y sostuvo, durante los últimos cinco años, un déficit comercial promedio de US$347,0 millones anuales. Para el camarón, el reto adicional es competir en medio de la sobreoferta mundial y el alza en los costos de producción, aunque ProColombia ha señalado oportunidades en mercados europeos y asiáticos que exigen productos diferenciados y estándares de sostenibilidad, y el Plan de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura contempla un incremento sustancial del volumen exportado hacia 2043. La acuicultura colombiana está respaldada hoy por más de 36.000 unidades productivas, cerca de 72.000 empleos directos y más de 216.000 indirectos, además de plantas certificadas bajo estándares HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), mientras la agroindustria concentró el 9,2% de los proyectos de inversión extranjera acompañados por ProColombia en 2025.

Para Sectorial, la combinación de un liderazgo exportador ya consolidado en tilapia con una brecha comercial de US$347,0 millones anuales configura un escenario poco común para el capital extranjero: una industria que ya sabe producir y exportar, pero que aún no cubre ni la mitad de su propia demanda de productos del mar. Esa asimetría, más que la escasez de tierra apta o de experiencia técnica, es la que convierte al camarón y a la transformación de productos acuícolas en los frentes con mayor margen de crecimiento hacia 2043. La disponibilidad de 7,7 millones de hectáreas para camarón y de plantas ya certificadas bajo HACCP reduce el riesgo de entrada para nuevos proyectos, pero el reto de fondo sigue siendo la sofisticación: pasar de vender pescado fresco a desarrollar líneas de mayor valor agregado, como harina de pescado, colágeno o proteínas especializadas. Mientras la tilapia ya demostró que Colombia puede competir en mercados exigentes como el estadounidense, el camarón enfrenta la prueba de la sobreoferta mundial, un factor que exigirá ganancias reales en genética, bioseguridad y eficiencia productiva antes de que la inversión extranjera se traduzca en resultados comerciales sostenidos y diversificados por destino.

Para profundizar en el desempeño financiero y de riesgo de la cadena acuícola colombiana, y en las oportunidades de inversión en camarón y tilapia, consulte el Índice de Desempeño Sectorial, los Reportes EXIM de Sectorial y participe en los próximos Foros Sectoriales.

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Inversión en el Agro en Colombia: Oportunidades y Empresas Destacadas

• China construyó un control estratégico sobre componentes invisibles y tierras raras, convirtiéndolos en potentes herramientas de presión geopolítica.
• Las restricciones comerciales de EE. UU. obligan a las multinacionales a reubicar fuera de China inversiones estimadas en $655.000 millones de dólares.
• Ante la inacción estatal, la integración de América Latina en las nuevas cadenas globales de valor dependerá exclusivamente del liderazgo y la competitividad empresarial.

Durante décadas, el análisis global sobre el ascenso económico de Pekín se concentró en el ensamblaje de bienes de consumo masivo o la alta tecnología. Sin embargo, detrás del resplandor industrial, el gigante asiático ejecutó un plan estratégico definitivo: dominar los insumos intermedios. Así lo expuso de manera categórica Jorge Guajardo, exembajador de México en China, durante su intervención en el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) organizado por la ANDI en Cartagena.

La estrategia china inició con su ingreso a la OMC, cuando los componentes intermedios representaban el 46% de su producción. Se trataba de productos poco llamativos que la industria occidental delegó sin reparos: autopartes, componentes industriales básicos e insumos farmacéuticos tan vitales como la cadena mundial de antibióticos. Al concentrar la fabricación de aquello que no se ve, pero resulta indispensable, China volvió al mundo estructuralmente dependiente de su industria, ganando un mecanismo de presión geopolítica letal (https://sectorial.co/articulos-especiales/china-activa-su-plan-b-asi-se-prepara-para-sobrevivir-sin-ee-uu/).

El caso más crítico reside en los minerales de tierras raras. Aunque no son biológicamente escasos en el planeta, su refinación exige procesos severamente contaminantes con presas de agua radiactiva. Durante 30 años, Pekín asumió el costo ambiental y ofreció precios bajos hasta dominar el 90% del procesamiento global de insumos clave para la aviación, la electrónica y la defensa. La utilización explícita de estos insumos como arma económica —vista en disputas territoriales con Japón o en las recientes restricciones comerciales con EE. UU.— precipitó una ruptura estratégica irreversible con Washington.

Ante la amenaza de bloqueos, Estados Unidos endureció sus políticas mediante listas restrictivas a empresas chinas, la ley Endorsing Acceleration Act para recortar insumos asiáticos y normas para excluir componentes de origen chino de su industria automotriz y robótica. Esta tensión ha desencadenado una reubicación masiva de capitales: multinacionales occidentales preparan más de $655.000 millones de dólares para retirar sus cadenas de suministro de China.

Sin embargo, el traslado no es sencillo. Guajardo advirtió que la transición enfrenta barreras severas de calidad y productividad: mientras el margen de rechazo o defecto en productos como los iPads fabricados por Apple en China es de tan solo el 3%, en plantas alternativas como las de India llega a escalar drásticamente al 60%. La brecha exige años de capacitación, infraestructura y estándares rigurosos que pocos países emergentes han logrado estructurar.

Frente a esta coyuntura, la lección para Colombia y la región es contundente: los capitales globales buscan nuevo destino, pero no esperarán indefinidamente a las burocracias locales. Guajardo dirigió un mensaje directo y tajante al empresariado reunido en el CEC:

“Si quieren cambiar la industria de este país, olvídense de lo que el gobierno haga. Ojalá lo haga bien, pero concéntrense en cómo insertarse por cuenta propia en las cadenas globales de valor.”

La reorganización de los próximos 30 años recompensará a las empresas que logren capacitarse, certificar sus procesos e integrarse a la oferta de insumos que hoy demanda el mercado occidental. No se trata de una meta de política pública o de discursos gubernamentales, sino de un desafío directo de ejecución privada.