El sector energético colombiano atraviesa una coyuntura compleja caracterizada por una disminución sostenida en la asignación de capitales para hidrocarburos. Las cifras de los gremios indican que la inversión total en producción y búsqueda de nuevos recursos se situó en US$4.330,0 millones durante 2024, lo que representa una caída del 10,0 % frente al periodo anterior. Específicamente, el rubro de exploración descendió desde los US$1.290,0 millones en 2020 hasta los US$900,0 millones en 2024. Las proyecciones actuales estiman que para 2025 dicho monto bajaría aún más, hasta ubicarse cerca de los US$740,0 millones, consolidando así cuatro años consecutivos de contracción financiera.

Según Valora Analitik, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) advierte que la ausencia de nuevos hallazgos podría detonar un déficit de suministro hacia 2030. Tal escenario obligaría a incrementar las importaciones del energético, derivando en sobrecostos tanto para la industria como para los usuarios residenciales y comerciales En el marco de la Segunda Convención de Exploración Energética, diversos expertos recalcaron la urgencia de reactivar proyectos para garantizar la continuidad del mercado. Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos, señaló que regiones como Putumayo, los Llanos Orientales y el Magdalena aún poseen una capacidad productiva significativa que requiere respaldo.

Ante la necesidad de asegurar la soberanía energética, la posibilidad de explorar el océano Pacífico ha cobrado relevancia, a pesar de que los indicios históricos señalan un potencial menor comparado con el Caribe. Aunque las perforaciones previas mostraron resultados modestos, los especialistas sugieren que reactivar campañas offshore y continentales en aquella zona podría revelar reservas de gas vitales para abastecer el occidente del país, específicamente a departamentos como Nariño y Valle del Cauca. Por consiguiente, evaluar dichas cuencas se convierte en una prioridad estratégica para apalancar el desarrollo y mitigar los riesgos asociados al agotamiento de las reservas tradicionales.

El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 0170 de 2026, normativa mediante la cual se oficializa un gravamen del 30,0 % a las importaciones provenientes del vecino país. Dicha medida cobija un total de 73 subpartidas arancelarias, teniendo sectores claves como alimentos, agroindustria y químicos. La decisión surge como una respuesta directa a las restricciones comerciales aplicadas previamente a los envíos nacionales, configurando un nuevo capítulo en las tensiones bilaterales que encarecerá insumos básicos como arroz, cacao en polvo, azúcar de caña y fríjol para el consumidor local.

Según La República, Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó que la lista seleccionada por el Gobierno Nacional afecta al 90,0% de los bienes que esa nación vende a Colombia. Aunque el decreto busca provocar una corrección efectiva de las barreras impuestas inicialmente, el dirigente gremial advierte que tal determinación terminará afectando el intercambio comercial en ambas vías. Al elevarse los costos, la demanda interna se reducirá, obligando a los importadores a buscar proveedores alternativos u orígenes distintos para evitar los sobrecostos generados por dicho conflicto diplomático y económico.

Adicionalmente a los nuevos impuestos, la regulación restringe el ingreso de ciertas mercancías a través de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales y Puerto Asís. Entre los artículos bloqueados por tales pasos fronterizos se destacan el arroz descascarillado, peces ornamentales, trucha para reproducción, camarones, langostinos, papa, cebolla y tomate. De prolongarse la disputa por varios meses, el resultado inevitable será una pérdida significativa del comercio bilateral, donde ambas economías terminarán comprando y vendiendo menos volúmenes ante la inviabilidad financiera de mantener las operaciones actuales.

Durante 66 años, el sistema instaurado tras la Revolución Cubana logró sortear choques que habrían derribado a otros gobiernos: resistió el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962, sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y amortiguó el colapso del “Período Especial” gracias a una posterior alianza estratégica con Venezuela. Sin embargo, el escenario de 2026 luce cualitativamente distinto. La isla enfrenta una combinación inédita de déficit energético extremo, agotamiento demográfico y ausencia de un patrocinador internacional dispuesto a subsidiar su economía. Ya no se debate qué mecanismo permitirá ganar tiempo, sino si el modelo puede sostenerse sin divisas, sin combustible suficiente y con una emigración histórica que erosiona su base laboral y profesional.

El deterioro no es repentino: es la culminación de una descapitalización prolongada, agravada por la crisis venezolana desde 2013, el desplome del turismo tras la pandemia y una unificación monetaria que disparó la inflación. En 2026, la reducción drástica de envíos de crudo —en medio de tensiones regionales y nuevas presiones desde Washington bajo el liderazgo de Donald Trump— ha llevado a apagones de hasta 20 horas diarias, paralizando industria, transporte y servicios básicos. Sin reservas suficientes para comprar energía en el mercado internacional y sin reformas estructurales profundas que reactiven la productividad interna, el régimen enfrenta un punto de inflexión histórico: administrar la escasez ya no parece suficiente para garantizar estabilidad política en un país materialmente exhausto.

El panorama agrícola internacional anticipa un escenario de mayor rigidez para las próximas temporadas. El Consejo Internacional de Cereales (CIC) proyecta que el suministro mundial de trigo podría reducirse durante el ciclo 2026/27, derivado de una expectativa de menor cosecha combinada con un aumento sostenido en el consumo global. Tal comportamiento revertiría la dinámica del periodo 2025/26, donde los excedentes de inventario contribuyeron a una marcada caída en los precios internacionales, llevando los futuros transados en Chicago a su nivel más bajo de los últimos cinco años durante el mes de octubre.

Según el portal Agronegocios, el organismo intergubernamental mantuvo inalterada su previsión para la producción mundial de trigo en la temporada 2025/26, fijándola en 842 millones de toneladas métricas. Dicha cifra supera ampliamente la demanda estimada, la cual se ubica en 823 millones de toneladas, garantizando un margen de holgura temporal. Aunque el documento mensual detalla las perspectivas iniciales, la entidad se abstuvo de publicar las proyecciones exactas de oferta y requerimientos para el siguiente año agrícola, reservando los reportes minuciosos para las próximas entregas oficiales.

En el segmento del maíz, el ente multilateral ratificó sus cálculos para la cosecha global del ciclo 2025/26, proyectando un volumen de 1.313 millones de toneladas, un nivel que también sobrepasa el consumo previsto de 1.298 millones. Sin embargo, al igual que ocurre con el trigo, los análisis sugieren un posible descenso productivo en la próxima temporada. Considerando las hipótesis iniciales sobre el área sembrada y asumiendo que los rendimientos actuales permanezcan constantes, el mercado internacional deberá prepararse para una etapa de menor disponibilidad de los principales granos alimenticios.

El mercado de ventas en línea en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento estructural, registrando un avance del 3,3 % durante el tercer trimestre de 2025 para alcanzar un total de $26,78 billones. Dicho dinamismo comercial se encuentra impulsado por la implementación de sistemas de pagos inmediatos y la constante demanda de una logística urbana eficiente. En medio de tal escenario, la plataforma asiática Temu ha transformado el ecosistema digital, logrando un volumen estimado de 100.000 envíos diarios y ejerciendo una fuerte presión sobre las operaciones de aduana y de entrega de última milla a nivel nacional.

Según Valora Analitik, un informe de la agencia BlackSip evidencia una reconfiguración en el liderazgo del comercio electrónico local. En términos de frecuencia de adquisición, Temu tomó la delantera con un 48,0%, superando por casi 11,0 puntos porcentuales a Mercado Libre, que registró un 37,0%. Sin embargo, en flujo de usuarios mensuales, el portal latinoamericano conserva el primer lugar con 38,2 millones de visitas, seguido por la aplicación asiática con 24,8 millones y Amazon con 22,4 millones. Tal aceleración comercial representa un riesgo de pérdida de relevancia para grandes competidores nacionales que muestran indicadores menores, como Éxito con un 32,0 % y Alkosto con un 29,0 %.

La forma de captar al público también experimenta cambios profundos, dado que el 61,0 % de los consumidores inicia su recorrido de compra directamente en redes sociales. Los algoritmos de recomendación han reemplazado la búsqueda tradicional, permitiendo que los artículos encuentren al comprador de manera proactiva. Otros canales directos incluyen las tiendas virtuales con un 53,0% y las páginas oficiales de las marcas con un 41,0%. Para enfrentar los desafíos actuales centrados en la inmediatez y una geografía fragmentada, los expertos sugieren evaluar alianzas logísticas que permitan integrar inventarios internacionales de forma ágil y eficiente.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó la anulación definitiva de los aranceles globales impuestos unilateralmente por el presidente Donald Trump. A través de un fallo aprobado con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal concluyó que el mandatario carecía de autoridad legal para aplicar dichos impuestos a las importaciones sin la aprobación explícita del Congreso. La decisión representa un revés sin precedentes para una de las principales políticas económicas de la actual administración, marcando límites claros sobre el poder ejecutivo en materia comercial.

Según La República, el presidente del tribunal, John Roberts, redactó el documento argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no fue concebida para establecer políticas arancelarias de tal magnitud. El gobierno había invocado dicha normativa para gravar productos provenientes de más de 100 naciones y sancionar comercialmente a México, Canadá y China bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo. En los últimos 50 años, tal herramienta legal solo se había utilizado para embargos específicos, motivo por el cual diversas instancias judiciales previas ya habían declarado ilegales las medidas adoptadas desde la Casa Blanca.

Las estimaciones oficiales indicaban que la estrategia arancelaria pretendía recaudar aproximadamente US$1,5 billones durante la próxima década. Sin embargo, análisis de la Reserva Federal de Nueva York revelaron que los ciudadanos y empresas estadounidenses terminaron asumiendo el 90,0% del costo de los gravámenes. Ante la anulación, los jueces disidentes advirtieron sobre el enorme desafío logístico que implicaría devolver miles de millones de dólares a los importadores afectados. Frente al fallo adverso, los representantes comerciales del gobierno han manifestado su intención de explorar nuevas herramientas legales para intentar restablecer la cuestionada política tributaria.

Tras la fuerte contracción exportadora registrada en 2024 (-20,1 %), la agroindustria panificadora mostró en 2025 señales de recuperación en el frente externo, alcanzando cerca de US$ 134 millones FOB y un crecimiento cercano al 4,6 %. No obstante, el entorno interno continúa desafiante. El incremento del salario mínimo (23,7 %) y la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas han elevado significativamente el costo por hora trabajada en un sector compuesto mayoritariamente por microempresas intensivas en mano de obra. A esto se suma la dependencia estructural del trigo importado (99,0 %), lo que mantiene alta exposición a volatilidad cambiaria y de precios internacionales. En paralelo, emergen oportunidades asociadas con la modernización tecnológica, automatización industrial y expansión de formatos precocidos y congelados, que podrían redefinir la estructura competitiva del sector en el mediano plazo.

La intensa ola invernal que atraviesa el territorio nacional ha puesto en riesgo crítico la cosecha arrocera correspondiente al primer semestre de 2026. Las constantes precipitaciones y las consecuentes inundaciones han impactado severamente la infraestructura agropecuaria, dejando un saldo preliminar de más de 1.400 hectáreas de siembras dañadas. Semejante emergencia climática se traduce en mermas económicas que superan los $10.000 millones, encendiendo las alarmas sobre un posible desabastecimiento de uno de los bienes alimenticios más relevantes dentro de la canasta familiar básica.

Según Contexto Ganadero, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, expuso ante la Comisión Tercera del Senado la gravedad de la coyuntura actual. La funcionaria advirtió que la recolección proveniente de Córdoba y otras zonas fuertemente golpeadas podría no llegar a comercializarse, alterando de forma directa la estabilidad de la cadena de suministro en todo el país. Las lluvias extremas han deteriorado las vías terciarias y paralizado las labores de campo, agravando el panorama operativo para los agricultores locales que dependen de dicho cereal.

Frente a semejante escenario de vulnerabilidad, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente para establecer acuerdos colaborativos entre los cultivadores, la industria y los demás eslabones comerciales. El propósito central radica en mitigar el golpe financiero, proteger el sustento de las familias campesinas y generar estrategias que permitan estabilizar la oferta alimentaria interna. De persistir el mal tiempo, resultará indispensable adoptar medidas de contingencia extraordinarias para evitar que la reducción del grano disponible termine golpeando el poder adquisitivo del consumidor final.

El Ministerio de Salud y Protección Social modificó los plazos establecidos para la formulación de los Planes Maestros de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud (PMIDS). Mediante una nueva resolución, el gobierno nacional otorgó un periodo de 60 días calendario, contados a partir de la expedición del decreto, para que los usuarios creadores de iniciativas remitan la información respectiva a las secretarías de salud departamentales y distritales. Tal directriz busca facilitar la adaptación al marco regulatorio fijado por la Ley 2294 de 2023, normativa encargada de reorganizar las inversiones en equipamiento y establecimientos médicos de la red pública.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la modificación del artículo 30 de la Resolución 2373 de 2025 responde directamente a los requerimientos manifestados por diversas entidades territoriales. Tras unas jornadas de asistencia técnica llevadas a cabo en diciembre de 2025, los gobiernos locales solicitaron capacitaciones adicionales para fortalecer su capacidad técnica al momento de sustentar proyectos. Dicho tiempo extra resulta fundamental para que las regiones logren evaluar los alcances del Decreto 1437 de 2025 e identifiquen con precisión las necesidades que fundamentan la planeación a su cargo.

Mientras se consolidan los primeros documentos bajo el cronograma actualizado, los actuales Planes Bienales de inversión manejados por las administraciones territoriales mantendrán su plena vigencia. La reglamentación exige que la estructuración de las propuestas se desarrolle en conjunto con las autoridades regionales, tomando en consideración la duración del Plan Decenal de Salud Pública. Con el lapso ampliado, se espera garantizar una planeación rigurosa que asegure la correcta asignación de recursos destinados a la modernización tecnológica y estructural del sistema sanitario.

El canal tradicional en Colombia enfrenta una transformación que redefine su papel histórico en el abastecimiento de los hogares. Al cierre de 2025, la frecuencia de visitas a los establecimientos minoristas registró una caída del 7,1 %. Aunque el valor total de las ventas experimentó un crecimiento del 1,4 %, dicho avance responde a presiones inflacionarias y no a un mejor desempeño comercial. El desembolso promedio por compra pasó de $9.325 en 2024 a $10.850 en enero de 2026, reflejando un aumento del 11,8 %, lo cual indica que el consumidor paga más dinero por lo básico llevando un menor volumen a su mesa.

Según El Colombiano, un informe elaborado por Servipunto señala una estrategia de optimización extrema del presupuesto familiar. Los clientes modificaron sus hábitos y ahora compran montos cerrados de dinero en lugar de pedir por gramaje, comportamiento que derivó en reducciones del 5,4 % en el volumen de carnes frías y del 10,2% en la rotación de arroz. Ante tal escenario, surge una clara preferencia por adquirir formatos mínimos o sobres individuales, segmento que creció un 11,0 %. El ahorro planificado se trasladó a las tiendas de descuento duro, relegando al tendero a un rol secundario para urgencias y artículos faltantes a mitad de semana.

De cara al 2026, el mayor reto para los micronegocios consistirá en redefinir su enfoque comercial sin intentar competir exclusivamente por precios. Juan Pablo Muñoz, líder de analítica de la firma investigadora, advierte sobre una migración de lealtad donde el mercado pesado ya tiene un destino fijo en las grandes superficies. Por consiguiente, la supervivencia del canal tradicional dependerá de su capacidad para capitalizar las compras de reposición rápida y consolidarse como el aliado inmediato del día a día, aprovechando sus fortalezas históricas de cercanía y agilidad frente a un comprador cada vez más calculador.