De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), la entrada en operación del parque solar La Loma permitirá controlar la magnitud de importación de potencia en el área Caribe y Caribe 2, mejorando además el control de tensión en el nodo La Loma de 110 kilovoltios. De igual manera, el parque solar Fundación contribuirá al control de la importación de potencia en las áreas Caribe, Caribe 2 y la subárea Guajira-Cesar-Magdalena, optimizando el control de tensión en el nodo Fundación 110 kilovoltios. Este proyecto permitirá suplir las necesidades energéticas de cerca de 380.000 personas, marcando un hito en el avance hacia la sostenibilidad energética del país.

Con la incorporación de estos proyectos, Colombia cuenta ahora con 1.193 megavatios de capacidad solar instalada, de los cuales 952 megavatios se han conectado a la red nacional desde el 1 de enero de 2023. Esta capacidad solar representa el 5,7% del total de 20.678 megavatios instalados en el país. En comparación, la generación hidráulica constituye el 64 % de la capacidad instalada, mientras que la generación térmica representa el 29,3%.

Según registros de la Upme, Colombia cuenta con 637,08 megavatios en proyectos solares y eólicos próximos a entrar en operación comercial, lo que sumará una capacidad instalada de 1.830 megavatios de energías renovables.

Para que estos proyectos sean una realidad, Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de Ser Colombia, ha insistido en la importancia de prontas decisiones regulatorias que simplifiquen los procesos relacionados con conexiones, entrada en operación comercial y contratación de largo plazo.

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El Congreso de la República ha aprobado de manera unánime el Proyecto de Ley 106 de 2023 Senado y 365 de 2024 de Cámara, que adopta permanentemente las medidas establecidas en los Decretos Leyes 560 y 772 de 2020. La incorporación de estos decretos en la legislación permanente marca un punto de inflexión en el régimen de insolvencia de Colombia, proporcionando la estabilidad y previsibilidad necesarias para las empresas en entornos económicos desafiantes.

Las medidas aprobadas abarcan disposiciones diseñadas para el salvamento empresarial, la protección de los empleos y la promoción de la reactivación económica. Entre ellas destacan: mecanismos simplificados para la reorganización empresarial con plazos de pago flexibles, iniciativas para la financiación del deudor y rescate de empresas al borde de la liquidación, marcos sólidos para guiar acuerdos de reorganización y recuperación, directrices claras para un régimen de insolvencia efectivo promoviendo el uso de herramientas tecnológicas, estrategias para maximizar el retorno de activos y minimizar pérdidas, ampliación de la lista de auxiliares para atender procedimientos de insolvencia, procedimientos simplificados para casos de insolvencia de menor tamaño, un marco legal sólido para reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, cumplimiento de compromisos internacionales y mejores prácticas globales, legislación a medida para las necesidades de las pequeñas empresas, protección de inversiones y mejora de la competitividad, fomento a la Economía Popular y Comunitaria, y regulaciones para fortalecer la economía popular.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que esta ley es un hito para el salvamento empresarial, construyendo sobre las medidas temporales que ayudaron a las empresas durante la pandemia, fortaleciendo así el ecosistema empresarial colombiano y la recuperación económica del país.

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Del 17 al 19 de julio de este año, empresas nicaragüenses dedicadas al sector del cuero y calzado tienen previsto viajar a Colombia para asistir a la Feria Internacional del Cuero, Calzado, Marroquinería, Insumos y Tecnología. Según Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (Cancunic), durante este evento aprovecharán para buscar materias primas que contribuyan a mejorar la calidad de sus productos.

“Vamos a encontrar pieles, elásticos, herrajes, hebillas; traer nuevas tendencias de Colombia nos va a permitir nuevas materias primas y mejorar los estilos de los zapatos que tenemos, pensando en nuestra exportación y no sólo el consumo local, que la gran mayoría de nuestras ventas de hecho son en Centroamérica”, indicó Alejandro Delgado.

Actualmente, la industria del cuero y calzado en Nicaragua se abastece de materias primas provenientes de México y Brasil. Próximamente, esperan la llegada de un contenedor de 2 mil pies de cuero de estos países para satisfacer su demanda antes del último trimestre, que es la temporada de mayor actividad para este sector.

“Nos estamos preparando para la temporada alta, por ello ese contenedor arribaría a Nicaragua en septiembre, vienen nuevas tendencias de México, nuevas materias primas y varios contenedores de cuero, pero por eso es bueno aumentar las alianzas”, resalta el presidente de Cancunic.

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La ley de Canasta Básica Cultural pretende solucionar la disparidad, ya que más de 1.000 municipios carecen de presupuesto para la cultura y dependen principalmente de la televisión y eventos esporádicos. La iniciativa promueve que más expresiones culturales lleguen a todo el país mediante el esfuerzo coordinado del Estado en diferentes niveles. Lo anterior, también beneficiará a los artistas, fortaleciendo su presencia en numerosos municipios.

El proyecto proporciona herramientas a los gobiernos departamentales y municipales para promover la cultura, y clarifica que las cajas de compensación pueden invertir en este ámbito, por ejemplo, mediante la creación de bibliotecas. Una propuesta destacada es la creación de un bono cultural juvenil, otorgado a los jóvenes colombianos al cumplir 18 años, para facilitar su acceso a libros, teatro y conciertos, incentivando así más iniciativas privadas similares.

A diferencia de políticas anteriores que financiaban la producción cultural, esta ley busca financiar la demanda, facilitando el acceso de los consumidores a productos culturales y fomentando mejores hábitos de consumo cultural. Para convertirse en ley, la Canasta Básica Cultural sólo requiere la conciliación, la sanción presidencial y la implementación por parte de gobernaciones y municipios, con la expectativa de que las cajas de compensación y el ecosistema cultural se involucren activamente.

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El Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de productos metalúrgicos básicos y de metal en Colombia disminuyó en 2023 y en el primer trimestre de 2024. La Cámara Colombiana del Acero (Camacero) señaló que el consumo de acero disminuyó un 8,0% en 2023, impulsado por la reducción en las ventas de viviendas de interés social (VIS), atribuible a una menor asignación de subsidios

La alta inflación y las tasas de interés elevadas debilitaron la demanda en los sectores de construcción y manufactura, conllevando retrasos y cancelaciones de proyectos. Las siderúrgicas nacionales enfrentan altos costos de insumos y la competencia con acero importado a precios bajos, especialmente desde China. Según el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, la producción de acero en Colombia se redujo un 3,0% en 2023, el doble del descenso del 1,5% en 2022.

El precio del hierro experimentó variaciones cíclicas, con una caída del 17,7% en abril de 2024, situándose en 112,75 USD por tonelada métrica seca. Aunque hubo un repunte impulsado por expectativas de recuperación económica en China, la oferta sigue siendo alta y la demanda baja, con reservas en puertos chinos en su punto más alto en más de un año. Esta sobreoferta global sigue presionando los precios a la baja, afectando la rentabilidad de las empresas del sector metalúrgico en Colombia.

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La edición de 2024 del informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura” (SOFIA) marca un hito significativo: por primera vez, la producción acuícola ha superado a la pesca de captura como la principal fuente de productos acuáticos.

En una entrevista Manuel Barange, jefe de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, se destacaron las implicaciones de este cambio y su relación con la “Transformación azul” de la FAO. Barange subrayó que la producción acuícola alcanzó un récord de 185 millones de toneladas en 2022, con la acuicultura representando el 51% de esta producción. Este crecimiento no ha afectado negativamente a la pesca de captura, que ha permanecido estable durante 30 años, mientras que la acuicultura ha crecido un 5% anual desde principios de siglo.

La acuicultura, concentrada principalmente en Asia representa una solución prometedora para aumentar la producción de alimentos sin agotar los recursos marinos. Sin embargo, África, con sólo el 1,9% de la producción acuícola mundial, necesita un enfoque integral para desarrollar su acuicultura y asegurar la seguridad alimentaria.

El informe SOFIA también resalta la importancia de la sostenibilidad, con el 62,3% de las poblaciones marinas explotadas de forma sostenible. Ejemplos como el del atún, donde el 75% de las especies se explotan de manera sostenible, demuestran que la gestión eficaz de los recursos es posible y necesaria.

En cuanto a las tendencias futuras, se espera que la producción acuícola crezca un 10% para 2032, aumentando el consumo per cápita a 21,3 kg anuales. Esto es esencial para alimentar a una población mundial en crecimiento, que se espera alcance los 9.700 millones en 2050.

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La Ley de Plazos Justos de 2020 establece un plazo máximo de 45 días para el pago de facturas a las pymes.

La solicitud de asociaciones empresariales impulsó al gobierno a promulgar la Ley de Plazos Justos, buscando un entorno más favorable para las pymes.

La Ley de Plazos Justos, decretada en 2020, representa una de las reformas más significativas en Colombia en términos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta ley surge en respuesta a un problema recurrente, los extensos plazos de pago que las pymes enfrentaban por parte de grandes empresas y entidades públicas, lo cual afectaba su flujo de caja y su capacidad operativa. La implementación de esta legislación no sólo busca mejorar la liquidez de las pymes, sino también fomentar un entorno comercial más justo y equitativo (Mipymes aportan 35% del PIB del país).

¿En qué consiste la ley?

La Ley de Plazos Justos de 2020 establece que las grandes empresas y las entidades públicas deben pagar las facturas emitidas por las pymes en un plazo máximo de 45 días. Este plazo se implementó de manera progresiva, permitiendo una adaptación gradual hasta llegar al límite establecido. Además, la ley promueve el uso de la facturación electrónica, lo que facilita la transparencia y la eficiencia en los procesos de pago.

Otra característica clave de la ley es la inclusión de sanciones legales o administrativas para las empresas que no cumplan con los plazos de pago establecidos. Estas sanciones tienen como objetivo incentivar el cumplimiento y proteger los derechos de las pymes. Asimismo, se han implementado mecanismos de resolución de conflictos para abordar disputas relacionadas con el pago de facturas, garantizando soluciones rápidas y justas (Sólo el 12% de las Mipymes exportan).

¿Cómo surge?

La necesidad de la Ley de Plazos Justos surgió de una problemática estructural en la economía colombiana: las pymes, que representan una parte importante del tejido empresarial del país, enfrentaban dificultades debido a los largos tiempos de espera para recibir pagos. Este retraso en los pagos afectaba su flujo de caja, limitaba su capacidad de inversión y, en algunos casos, ponía en riesgo su viabilidad.

La solicitud de diversas asociaciones de pymes y cámaras de comercio, que argumentaban que estos plazos de pago eran una barrera para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, impulsó al gobierno a tomar medidas legislativas.

Evolución de la Ley

La Ley de Pagos en Plazos Justos en Colombia ha experimentado varias modificaciones desde su creación en 2020. En 2021, el plazo de pago para facturas recibidas se redujo a 60 días calendario, y en 2022 se redujo aún más a 45 días. Además, en 2022 se introdujo un sello de buenas prácticas, otorgado a empresas que pagan dentro de estos plazos, mediante una certificación emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se implementó un procedimiento simplificado para la participación de empresas, con un formulario en línea y certificación correspondiente. También se realizaron modificaciones al Ranking de Pago en Plazos Justos, que clasifica a las empresas según sus tiempos de pago a proveedores. Estos cambios buscan mejorar la efectividad de la ley y facilitar su aplicación, en línea con los objetivos de promover el cumplimiento de obligaciones financieras y mejorar la productividad empresarial en Colombia (Colombia es el país OECD que más exige garantías a las pymes para otorgar un crédito (Video y Podcast)).

Implicaciones futuras

La Ley de Plazos Justos tiene implicaciones positivas al fortalecer la posición financiera de las pymes, se espera que estas empresas puedan desempeñar un papel más activo en el crecimiento económico del país. La mejora en la liquidez y la estabilidad financiera permitirá a las pymes innovar, expandirse y generar empleo, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible.

Además, esta ley sienta un precedente importante para otras reformas necesarias en el ámbito de la equidad comercial y el apoyo a las pequeñas empresas. La experiencia positiva con la Ley de Plazos Justos podría impulsar iniciativas similares en otros sectores y regiones, promoviendo un entorno empresarial más justo y dinámico en Colombia.

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A partir del próximo 7 de julio, en el país se dejarán de producir ciertos plásticos de un sólo uso, como los copitos, pitillos, bolsas de punto de pago, rollos de pre-corte para frutas o verduras, y palitos para globos. Esta medida, establecida por la Ley 2232 de 2022, busca reducir el impacto ambiental de estos productos. Sin embargo, la ley contempla tres excepciones que permiten a la industria del plástico reinventarse y cambiar sus métodos de producción.

Eduardo Chahin, gerente de Plásticos Mónaco, en una entrevista con Caracol Radio comentó que, desde la promulgación de la ley en 2022, la industria ha comenzado a adaptarse. Una de las alternativas es el uso de material reciclado postconsumo. La segunda es la producción de materiales biodegradables con estudios de ciclo de vida que demuestren su favorabilidad para el medio ambiente.

A pesar de estos esfuerzos, Chahin expresa su preocupación por el impacto económico de la ley. “Nos preocupa que más de 100 mil empleos se puedan perder. Hemos invertido para adaptar nuestros materiales a las excepciones de la ley. Sin embargo, hemos recibido mala información del Gobierno Nacional, lo que preocupa a nuestros clientes”, puntualizó.

Chahin también advirtió sobre la posible quiebra de muchas empresas. Algunas podrían acogerse a la Ley 1116, mientras que otras podrían liquidarse o cerrar sus puertas. “Los primeros artículos que salen del mercado los producen al menos 450 empresas. En los próximos seis años, otras empresas enfrentarán prohibiciones similares”, señaló.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es la entidad encargada de la ejecución de las políticas del Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad de productos que impacten la salud individual y colectiva. Los artículos vigilados por este organismo se dividen en cuatro grupos: i) alimentos y bebidas; ii) medicamentos y productos biológicos; iii) cosméticos, aseo, plaguicidas y productos de higiene doméstica; y iv) dispositivos médicos. En este escenario, los sectores que se dediquen a la producción o comercialización de productos vigilados por el INVIMA deben contar con un registro sanitario otorgado por la entidad para poder, efectivamente, llevarlos a los mercados del país.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el primer trimestre de 2024, la industria representó el 11,1% del Producto Interno Bruto (PIB) real colombiano. Además, los bienes producidos por la industria nacional que son vigilados por el INVIMA tuvieron una participación del 44,9% dentro de la producción real de todo el sector manufacturero, siendo los más relevantes la elaboración de bebidas (12,3%), la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador (5,8%) y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales (4,3%).

Por su parte, en el primer trimestre del año, el sector comercio tuvo una participación del 16,9% dentro del PIB agregado. En este caso, los productos vigilados por el INVIMA representaron el 28,7% de las ventas reales de todo el comercio minorista. Los alimentos fueron el rubro de mayor importancia (18,4%), seguidos por los productos de aseo personal, cosméticos y perfumería (4,1%).

De lo anterior, se concluye que el 9,8% del PIB colombiano se relaciona con productos vigilados por el INVIMA.

Para finales de 2025, todas las motocicletas que circulen y se ensamblen en Colombia deberán incluir iluminación permanente, llantas homologadas y sistemas de frenado avanzados. Esta medida, informada por la Cámara de Industrias de Motocicletas de la Andi, busca mitigar el riesgo de incidentes asociados a la visibilidad y las frenadas bruscas.

Iván García, director del gremio, destacó la importancia de esta iniciativa para la seguridad vial en Colombia. “La incorporación de sistemas de frenado avanzado en las motocicletas es un avance crucial en términos de seguridad vial. El aumento del porcentaje de motos equipadas con estos sistemas en Colombia representa un hito significativo en la protección de los motociclistas y un aporte de la industria en materia de seguridad vial”, afirmó García.

Además de los avances en frenado, la industria se enfoca en mejorar la iluminación de las motocicletas para aumentar su visibilidad en las vías. Actualmente, el 89% de las motocicletas nuevas en Colombia cuentan con luces siempre encendidas y el 32% con luces de circulación diurna.

“Debemos lograr que cada vez más personas puedan acceder a vehículos con estas características. En Colombia, según datos del Runt, las motocicletas que ruedan en el país tienen en promedio 11 años, por lo tanto, muchas no cuentan con estos sistemas. Urgen políticas de ascenso tecnológico para que más personas tengan motocicletas con estas tecnologías”, agregó García.

Enfatizando la necesidad de diseñar sistemas que perdonen errores humanos y protejan vidas, García instó al Gobierno a acompañar a la industria en la implementación de los reglamentos técnicos de forma ordenada y clara.

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