En el tiempo que llevamos estudiando los sectores en Sectorial, hemos encontrado que la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo depende de las ganas y optimismo de los equipos de trabajo, la inversión correcta en los activos que la organización necesita y la ubicación de estos recursos de forma inteligente según las oportunidades y amenazas que presenta el entorno.

Si la población confía en su presidente, las inversiones y el crecimiento se materializa, hay bienestar económico, empresarial, social y sectorial.

Desde que comenzó el impacto de la pandemia en Colombia, inició la amenaza del impacto económico, la contracción de las finanzas y el riesgo de capacidad de pago que podría llevar a perder la calificación de grado de inversión, situación que se presentó en 2021.

Sin embargo, cuando comparamos por países, en general, Colombia se encuentra en una posición intermedia de riesgo, conllevando a la confianza de extranjeros y registrar el mayor nivel de inversión extranjera sin contar el petróleo.

De otro lado, a nivel interno nos encontramos en una desconfianza fijada; producto de la amenaza de recesión, la entrada de la reforma tributaria, el interés de mantener las reformas y la idea de una asamblea constituyente que ha llevado a los más bajos niveles de inversión por parte de los empresarios locales.

El gobierno de Joe Biden ha propuesto una nueva norma para abordar el calor excesivo en el lugar de trabajo, en respuesta a las altas temperaturas que afectan a decenas de millones de personas en Estados Unidos. Si se aprueba, esta medida protegería a unos 36 millones de trabajadores de lesiones relacionadas con la exposición al calor, estableciendo el primer estándar federal significativo en este ámbito.

Entre los trabajadores afectados por el calor excesivo se incluyen aquellos en la agricultura, reparto, construcción, jardinería y en espacios cerrados como almacenes, fábricas y cocinas. El presidente Joe Biden planea comentar sobre esta iniciativa tras una reunión sobre clima extremo. Actualmente, no existen protecciones específicas para personas expuestas a temperaturas superiores a 27 grados Celsius (80 grados Fahrenheit), a pesar de la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud que representan las altas temperaturas.

La propuesta exige que los empleadores identifiquen los riesgos de calor, tracen planes de emergencia y capaciten a empleados y supervisores en la detección de síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. También deberán proporcionar descansos, sombra, agua y desarrollar gradualmente la tolerancia al calor en empleados nuevos. Las sanciones por incumplimiento de estas normas podrían aumentar significativamente, alineándose con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se estima que 2.300 personas murieron en Estados Unidos por problemas de salud asociados al calor el año pasado. Los trabajadores expuestos prolongadamente a temperaturas extremas son especialmente vulnerables a golpes de calor y otras enfermedades. Con el inicio del mes más caluroso del año, el riesgo de golpes de calor, deshidratación y estrés cardiaco aumenta para las personas.

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La composición en los ingresos del sector de las telecomunicaciones ha presentado una marcada transformación en varios segmentos. La telefonía móvil, por ejemplo, pasó de representar el 35,7% de los ingresos en 2015, a apenas el 8,9% finalizando 2023. La telefonía fija pasó de tener una participación de 11,6% a 6,1% para los mismos periodos de análisis. En contraste, el internet móvil pasó de representar el 18,7% de los ingresos en 2015, a participar con el 40,4% en 2023, lo que supone un aumento de 21,7 puntos porcentuales en menos de una década. En adición, el internet fijo aumentó en 12 puntos porcentuales su participación en los ingresos de las TIC, cerrando 2023 con una participación de 29,4%.

La migración de telefonía hacia internet obedece a una transición hacia servicios de comunicación más eficientes y versátiles. El internet ofrece una variedad de servicios integrados, como la mensajería instantánea, las llamadas de voz y video, así como la transmisión de datos. Esta convergencia de servicios ha hecho que los usuarios prefieran utilizar aplicaciones de internet para comunicarse, reduciendo la dependencia de las líneas telefónicas tradicionales.

Con relación a la telefonía móvil, para el primer trimestre de 2024, Colombia registró 87,4 millones de líneas telefónicas, y tres empresas concentraron el 86,2% del total: Claro acapara la mayor parte de las líneas, participando el 45,3% del total, a este le siguen Movistar con el 23,6% y Tigo con el 17,2%, dando cuenta de la baja competencia existente en el mercado de las telecomunicaciones.

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El reciente remezón ministerial del presidente Gustavo Petro ha causado tensión en su gabinete e incertidumbre en diversos sectores políticos.

Hasta ahora, se han anunciado cuatro cambios, optando por no incluir fichas de los partidos políticos en su primer círculo, prefiriendo continuar con los procesos ya iniciados por los ministros salientes. Ejemplo de ello son las designaciones de los viceministros Martha Carvajalino en Agricultura y María Constanza García en Transporte, quienes asumirán los retos y programas establecidos.

En Justicia, la jurista Ángela María Buitrago ha sido nombrada para mantener la lucha contra las drogas y la humanización carcelaria. Además, Buitrago se encargará de impulsar los primeros tres proyectos de la reforma a la justicia, que se presentarán en el Congreso el 20 de julio. En el Ministerio de Interior ingresará Juan Fernando Cristo, quién ya fue ministro de esta cartera en el gobierno de Juan Manuel Santos, y quien tendrá como principal labor sacar adelante la constituyente.

En Agricultura, la viceministra Martha Carvajalino será la encargada de impulsar la reforma agraria y promover un campo productivo con justicia social, con el respaldo del Pacto Histórico. En Transporte, la nueva ministra, María Constanza García, continuará con los proyectos de ferrocarriles y caminos vecinales, alineados con la intención del gobierno de delegar recursos a las juntas de acción comunal para ejecutar obras.

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El sector de contact centers y BPO en Colombia ha enfrentado una disminución del 7,9% en los ingresos durante los primeros meses del 2024, marcando un cambio significativo en la tendencia de crecimiento observada durante la pandemia. A pesar de la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la computación en la nube, se enfrenta a desafíos debido a la competencia internacional y los cambios en las demandas del mercado, lo que ha llevado a una preferencia por servicios automatizados y personalizados, y una mayor exigencia de habilidades especializadas y bilingües. La reforma laboral propuesta presenta riesgos adicionales, como el aumento de costos operativos y el riesgo de desincentivar la inversión y expansión de empresas de BPO.

La reforma pensional planteada por el gobierno está basada en un sistema de pilares donde se limitarán los recursos para los fondos privados y se fortalecerá Colpensiones buscando subsidiar a las personas que no tienen mesada pensional. En esta cápsula de video te contamos más sobre los pilares solidario y semicontributivo.

Con más de 65 millones de hectáreas de bosque natural, el país tiene el potencial de generar una bioeconomía que supere los US$100 millones, según Fedemaderas. Este vasto recurso, gestionado de manera sostenible, podría ser un motor clave para el desarrollo económico y social del país.

Actualmente, en Colombia operan 223 empresas de plantaciones forestales comerciales, que buscan crear 400.000 empleos formales para 2026. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de cuidado ambiental y la alta prevalencia de madera de origen ilegal en el mercado. Juan Miguel Vásquez, director general de Fedemaderas, subraya que aumentar la disponibilidad de madera legal y sostenible reducirá la presión sobre los bosques naturales y disminuirá la deforestación.

Las proyecciones de Fedemaderas son optimistas, estimando la creación gradual de aproximadamente 2,5 millones de empleos formales directos e indirectos para campesinos, comunidades afro e indígenas entre 2023 y 2052. Para 2026, se espera generar 400.000 empleos en la agroindustria sostenible.

No obstante, Ricardo Perilla, director de Fundación Bosques Verdes, advierte sobre el peligro del “greenwashing”, actividades que sólo aparentan promover la sostenibilidad sin un impacto real. Destaca la importancia de la Ley 2173 de 2021, que promueve el compromiso de plantar árboles, con una meta de 180 millones para 2022.

A pesar del potencial, el sector forestal ha visto una caída en actividades de silvicultura y transformación de madera durante el primer trimestre del año, con descensos de 12,8%, 3,2% y 8,3%, respectivamente. Fedemaderas resalta que las plantaciones forestales comerciales juegan un papel crucial en la protección de los bosques naturales y la conservación de la biodiversidad, proporcionando materia prima para la industria de manera sostenible.

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En mayo de 2024, la actividad de taladros petroleros en Colombia experimentó una disminución significativa. Según las cifras más recientes de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), se registraron un total de 109 taladros activos en el país. De estos, 32 estaban destinados a operaciones de perforación y 77 a operaciones de reacondicionamiento.

Este número representa una caída del 13,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a 17 equipos menos. Además, en comparación con abril de 2024, hubo una disminución del 1,0%, es decir, un equipo menos. La actividad de taladros comenzó el año con 110 equipos activos en enero, disminuyó a 108 en febrero y marzo, volvió a 110 en abril y se situó en 109 en mayo.

En mayo, de los 32 taladros de perforación activos, 30 estaban operativos y dos en movilización. Lo anterior refleja una disminución del 24,0% respecto a mayo de 2023, con 10 equipos menos, y una estabilidad respecto al mes anterior. Esta constancia se explica por el equilibrio entre la finalización de tres operaciones en Meta y Cundinamarca y el inicio de tres nuevas en Casanare.

Por su parte, los 77 taladros de reacondicionamiento activos en mayo mostraron una reducción del 8,3% en comparación con mayo de 2023, con siete equipos menos, y una disminución del 1,3% respecto a abril de 2024.

Campetrol proyecta un leve aumento en el número de taladros activos para los próximos meses, con estimaciones de 109, 110 y 110 taladros en junio, julio y agosto de 2024, respectivamente. Se espera un crecimiento en los equipos de perforación, con 34, 35 y 35 taladros, y una consolidación en 77 taladros de reacondicionamiento.

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El sector de la construcción en Colombia ha enfrentado dificultades financieras en el último año, pero ha comenzado a mostrar señales de alivio con una disminución en el ritmo de crecimiento de sus costos. Según el Índice de Costos de Construcción de Edificaciones (Icoced) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se presentó un crecimiento del 3,58% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En infraestructura horizontal, el Índice de Construcción de Obras Civiles (Icociv) reflejó un aumento del 4,65% frente a 2023.

Los mayores incrementos de precios se dieron en mano de obra (8,24%), equipo (7,15%) y transporte (6,92%). El único grupo de costos que presentó una variación negativa fue el equipo especial para obra (-4,26%). Dentro de los insumos, los mayores aportes positivos a la variación total del Icoced se presentaron en cuadrilla (8,31%), concreto común (5,65%) y cemento (4,02%).

En cuanto a las obras civiles, la variación del Icociv fue del 4,65% en comparación con mayo de 2023. Las mayores variaciones se observaron en represas (7%), tuberías de larga distancia (6,72%) y puentes y carreteras elevadas (6,62%). Por tipología de obra, los caminos vecinales presentaron un incremento del 7,48%, seguido por embalses (7%) y la construcción de oleoductos, gasoductos y poliductos (6,72%). Las menores variaciones anuales se encontraron en la construcción de líneas de media y baja tensión (0,09%), sistemas de riego (1,78%) y telefonía móvil (2,19%).

Por grupos de costos, en mayo de 2024, las mayores variaciones de precios se presentaron en mano de obra (8,81%), transporte (6,88%) y maquinaria (5,8%).

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La situación financiera y operativa del sistema de salud en Colombia es compleja, con una siniestralidad que supera los ingresos y crecientes costos que no son compensados adecuadamente por los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN).

La insuficiencia en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la presión por el aumento en la demanda de servicios, el envejecimiento de la población, y las innovaciones farmacéuticas han llevado a un déficit en la financiación del sistema, resultando en acumulación de deudas y pérdidas significativas para las EPS.

Expertos y asociaciones del sector proponen reestructurar las fuentes de financiamiento, aumentar la innovación y el autocuidado, y mejorar la colaboración entre el sector público y privado para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud en el futuro.

El sistema de salud colombiano ha estado en el centro de múltiples debates y análisis debido a su compleja situación financiera y operativa. Las coyunturas socioeconómicas, sumadas a una creciente demanda de servicios y los desafíos propios de un país en desarrollo, han llevado a plantearse la sostenibilidad y eficiencia del sistema actual. Diferentes voces de expertos, asociaciones del sector y exfuncionarios públicos han resaltado la necesidad urgente de evaluar y reestructurar las fuentes de financiamiento para garantizar una cobertura adecuada y de calidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta que Colombia destina alrededor del 8,0% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la salud, con un 6,1% correspondiente al gasto público y el 1,9% al gasto privado. La mayor parte de estos recursos se dirige al reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y al pago de presupuestos máximos.

¿Cómo se financia el gasto?

El financiamiento se sustenta principalmente en las cotizaciones, los aportes del Sistema General de Participaciones (SGP), los excedentes del SOAT y el FONSAT, además de los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN). Aunque la mayoría de estas fuentes han mostrado estabilidad, los aportes del PGN han evidenciado una tendencia creciente, desempeñando un papel cada vez más protagonista en el cierre financiero del sistema. De hecho, según cálculos de la ANDI, el PGN fue la principal fuente de financiamiento a cierre de 2023.

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¿Qué se encuentra al analizar la financiación del sistema?

El financiamiento del sistema debe tener en cuenta el incremento en los costos, toda vez que la siniestralidad del sistema en 2023 llegó a 104,9%. Esto implica que, por cada 100 pesos girados, las EPS gastan esos 100 pesos más 4,9 para atender el gasto en salud, sin tener en cuenta gastos administrativos y operativos. Según Anwar Rodríguez, vicepresidente de Salud de la ANDI, el aporte de los recursos provenientes del PGN no han tenido un crecimiento proporcional a los costos, de manera que, según cálculos de la ANDI, los aportes de la nación para el aseguramiento en salud vienen decreciendo año a año y para 2024 tuvieron una variación real de -3,1%.

¿A qué se debe el decrecimiento real en los aportes?

A la insuficiencia en el ajuste de 12,01% en la UPC para 2024. La ANDI estima que el incremento mínimo en la unidad debería situarse en 16%, mientras otros actores como el exministro de Salud, Mauricio Santamaría, estima un incremento necesario del 15%. Por otra parte, del lado de flujo de recursos, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha encontrado que los ingresos vs costos de los presupuestos máximos arrojaron un déficit en los últimos tres años donde, para 2023, los ingresos fueron de $4,2 billones de pesos mientras los costos ascendieron a $4,6 billones. De igual manera, la siniestralidad de presupuestos máximos cerró 2023 en 109,0%, sumada a la inoportunidad en los pagos. En adición, el gasto en salud en Colombia ha estado presionado por el aumento en la demanda per cápita de servicios de salud, cambio demográfico y envejecimiento de la población e innovaciones farmacéuticas y patentes. Así entonces, el decrecimiento real en aportes obedece a la suma de estos factores.

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¿Cuáles son las consecuencias?

• Pérdidas acumuladas de las EPS por $7,2 billones que imposibilitan el cumplimiento de reservas técnicas.
• Incumplimiento de patrimonio adecuado.
• Acumulación de deuda con prestadores y proveedores.
• 7 entidades bajo medidas especiales de vigilancia o intervención.
• Petición de retiro voluntario de Sura.

¿Qué soluciones proponen los actores del sector?

De cara al futuro, diferentes personalidades relacionadas con el sector han propuesto soluciones para sortear la coyuntura que vive el sistema de salud actualmente. Según Anwar Rodríguez, debemos buscar alternativas para una nueva forma de distribuir el riesgo financiero, con sistemas de riesgo compartidos entre aseguradoras y Estado. Es necesario revisar el cálculo de la UPC y definir el límite de pérdida establecido en cada segmento, es decir, los niveles de tolerancia. También resulta necesario implementar un plan de trabajo mancomunado entre los agentes de la cadena de valor, ¿Cómo?:

• Profundizando el rol del sector privado y no cargar toda la responsabilidad al Estado
• Fortaleciendo las fuentes tradicionales de recursos
• Incrementando la innovación y el autocuidado
• Repensando el ciclo de formulación, financiación y ejecución de la política públicas de salud
• Creando modelos para atender barreras y brechas de acceso
• Implementando una política industrial del sector del siglo XXI

De otro lado, el exviceministro Santamaría ha planteado algunas de las características que deberían ser tenidas en cuenta para el planteamiento de un nuevo modelo de salud, estas son:

• Tener un sistema efectivo de auditoría sobre el control de costos
• Asegurar una transición efectiva, principalmente para las más de 8,3 millones de personas que tienen tratamientos crónicos.
• Mejorar la prevención en salud.
• Tener un ente responsable del riesgo de salud y financiero para las familias
• No perder lo ganado en términos acceso de población pobre al sistema

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