La inteligencia artificial (IA) se define como la capacidad de crear máquinas inteligentes que mediante una serie de datos puedan relacionar la información y actuar de manera similar a una persona humana.
 El uso de tecnología ha permitido el desarrollo económico, cultural, educativo y social, mediante la interconexión y el manejo de información, que ha llevado a un aumento acelerado en su uso.
 La ONU ha advertido sobre los riesgos que puede tener el uso no regulado de la IA frente a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de circulación y la intimidad.
 La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha propuesto a los Estados y a las empresas tomar medidas para garantizar los derechos fundamentales, en el uso de la inteligencia artificial y la penalización o prohibición en el caso contrario.

Según la Comisión Europea, la Inteligencia Artificial (IA) es aplicada a sistemas que tienen la capacidad de analizar un entorno y actuar de acuerdo con él. El término de inteligencia proviene del latín “inteligere”, que hace referencia a la capacidad de comprender la relación entre los hechos y las cosas, por lo que la IA inicialmente estaba enfocada en que una máquina pudiera simular la inteligencia humana.

Si bien la era digital ha traído beneficios para el desarrollo económico, social y cultural, como en el caso del sector textil; el aumento acelerado en el uso de tecnologías y medios de inteligencia artificial, en un contexto de no regulación, llega a poner en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Así lo ha advertido la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en un informe de septiembre del 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”, ha advertido sobre la vulneración a derechos como la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de reunión y socialización, la libertad de culto religioso, entre otros, que se han visto afectados por injerencias arbitrarias que facilita el uso masivo de datos.

Uno de los casos se presenta con las tecnologías de reconocimiento biométrico, las cuales permiten la identificación de las personas en tiempo real y a distancia, mediante la representación digital del rostro, el iris, la voz, la forma de caminar, la huella dactilar, entre otro tipo de información única que hace parte de la intimidad de la persona. Dicho reconocimiento hace posible el conocimiento de todos los desplazamientos del individuo, así como el control en el acceso a servicios de salud, educación, entretenimiento, cultura, religión y publicación de contenidos.

Elon Musk, fundador de Tesla, y otros expertos, en 2017 pidieron a la ONU la prohibición de robots de guerra y el uso de máquinas autónomas de conflicto bélico, que podrían ser fácilmente dirigidas y difícilmente asociadas a un propietario o creador. (Panorama de la Población de Robots en el Mundo).

Además, en materia económica, la ONU alertó en 2019 sobre la concentración de la riqueza digital en manos de pocas plataformas, radicadas en EE. UU. y China, que representan más del 75% del mercado de la computación y al menos el 90% en la capitalización del mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, las cuales, al momento presente, no se encuentran cobijadas por un sistema de regulación, como el caso de las criptomonedas, los NFT y el metaverso.

Frente a lo anterior, Bachelet propone a los estados tomar medidas para garantizar que el uso de la inteligencia artificial cumpla con todos los derechos humanos y prohibir cualquier tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que viole el derecho internacional de los derechos humanos.

En palabras de la comisionada: “La inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero (…) también puede tener efectos nocivos e incluso catastróficos, cuando se emplea sin prestar la debida atención a su capacidad de vulnerar los derechos humanos”.

 La ley de insolvencia o de reorganización se ha convertido en una oportunidad a la que pueden acceder aquellas empresas que no cuentan con suficientes recursos para pagar sus deudas.
 Sobre la ley se ha creado un mecanismo especial que estará vigente hasta el 14 de abril de 2022. Las empresas que quieran acceder a este procedimiento de insolvencia deben presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades.
 Existen dos procedimientos de insolvencia: la liquidación judicial que le da fin a la empresa y el proceso de reorganización que busca preservar la compañía y regularizar el negocio.
 En la coyuntura actual, las empresas deben actuar de manera oportuna y acertada para no correr el riesgo de quiebra, por eso es necesario que mejoren su flujo de información, su toma de decisiones y puedan aprovechar las herramientas legales para enfrentar las crisis económicas que puedan surgir.

El crédito es esencial en una economía de libre mercado, sin embargo, existe la posibilidad de incumplimiento por parte del deudor y esto a su vez trae la necesidad de elementos legales que garanticen alternativas para contrarrestar el incumplimiento cuando este se produzca. En este sentido, la ley de insolvencia o de reorganización es una oportunidad a la que pueden acceder aquellas empresas que no cuentan con suficientes recursos para pagar sus deudas. La ley establece un régimen de insolvencia temporal para las empresas con el objetivo de recuperar y salvar negocios viables, en lugar de declararse en quiebra, mediante la negociación de acuerdos para el compromiso de sus deudas, alivios financieros y la posibilidad de una reactivación comercial.

El decreto 560 del 15 de abril de 2020 emitido por el gobierno designa la ley especial de insolvencia en la cual establece reducir el tiempo de negociación entre las empresas y sus prestamistas lo que facilitaría la venta de activos para pagar deudas, otorgar exenciones fiscales y suspender algunas regulaciones, todo en un intento por mejorar el flujo de caja de las empresas y evitar pérdidas masivas de empleos por la situación generada por la Covid-19. El mecanismo especial estará vigente hasta el 14 de abril de 2022 y las empresas que quieran acceder a este procedimiento de insolvencia deben presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades que es el organismo dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo responsable de la supervisión de las sociedades en Colombia.

En ese orden de ideas existen dos procedimientos de insolvencia: por un lado, está la liquidación judicial que busca darle fin a la empresa y, por otro lado, está los procedimientos de reorganización que buscan preservar la entidad y regularizar el negocio. Las empresas interesadas en acudir a esta ley deberán demostrar que no pueden cumplir con sus obligaciones por motivos de la pandemia y los documentos presentados en la solicitud de admisión, serán responsabilidad exclusiva del deudor y su contador. Las medidas de cuarentena tomadas en el marco de la pandemia se tradujeron en choques negativos de demanda, productividad y oferta laboral, lo que ha conllevado a la quiebra de muchas empresas, como también el incremento de compañías que han acudido a la ley de insolvencia como opción de salvamento. Tal es el caso de Tostao que para febrero de 2021 la superintendencia le autorizo un acuerdo de reorganización empresarial para ayudarla en los plazos de pago de deudas que contrajo por aproximadamente $148 mil millones.

Así mismo, Mercadería Justo & Bueno, que pertenece al mismo grupo de Tostao, acudió meses después al trámite de negociación de emergencia ante la superintendencia como mecanismo para proteger alrededor 20.000 empleos, justificando que no podía hacer frente a sus acreedores, ya que estaba experimentando pérdidas económicas a causa de los cierres, restricciones y medidas que habían decretado las autoridades para mitigar el impacto del virus en el territorio nacional.

Durante el primer semestre de 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió alrededor de 615 solicitudes de Insolvencia, lo que reflejo un incremento de 36% en comparación al primer semestre del año 2020, las 615 solicitudes se distribuyeron en 485 procesos de reorganización (en trámite y ejecución) y 130 procesos de liquidación. En el quinto mes de 2021 la cantidad de empresas cerradas creció 12% frente a las empresas cerradas en mayo de 2020.

La ley de insolvencia a pesar de ser la respuesta a las necesidades de los comerciantes, hay empresas que puede que la desaprovechen ante la falta de conocimiento parcial o total sobre su proceso. En la coyuntura actual las empresas deben actuar de manera oportuna y acertada para no correr el riesgo de quiebra, por eso es necesario que mejoren su flujo de información, su toma de decisiones y puedan aprovechar las herramientas legales para enfrentar las crisis económicas que puedan surgir.