Un nuevo proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República ha generado controversia al establecer la exención del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para ciertos vehículos eléctricos. El beneficio aplica a aquellos con una potencia igual o inferior a 1.000 vatios, siempre y cuando transiten exclusivamente por las ciclorrutas. Esta condición ha desatado un debate inmediato en ciudades como Cúcuta, donde la normativa expone desafíos sobre el uso del espacio público y la seguridad.

Según Caracol Radio, el abogado y especialista en accidentes de tránsito, Wilmar Cifuentes, advirtió sobre dos impactos principales de esta normativa. El experto criticó que llevar vehículos impulsados eléctricamente a las ciclorrutas impacta un espacio protegido por la Ley 1811 de 2016. Cifuentes señaló que la velocidad y el peso de estos vehículos, a diferencia de la propulsión humana, incrementan la posibilidad de accidentes y podrían provocar reacciones de los bici-usuarios que exigen respeto por su espacio.

El especialista agregó que el proyecto deja un “margen gris” en ciudades con deficiencias de infraestructura. En Cúcuta, la falta de ciclorrutas crea un vacío legal que impide establecer qué requisitos se exigirán a estos vehículos. Cifuentes cuestionó si se les exigirá o no el SOAT o qué otro requisito será necesario, dejando a la ley 2486 un vacío que el Ministerio deberá entrar a regular con urgencia para ofrecer claridad en el uso de las vías y las exigencias de tránsito.

También te puede interesar: Ventas globales de vehículos eléctricos alcanzarán los 20 millones de unidades este año

El sector de las agencias de viajes en Colombia cerró el tercer trimestre de 2025 con un balance altamente positivo, registrando un crecimiento promedio en las ventas del 10,0 % respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado supera la tasa de crecimiento del 7,0 % observada en el trimestre inmediatamente anterior, evidenciando una fuerte dinámica en el turismo nacional.

Según El Diario La Opinión, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, explicó que este incremento podría estar influenciado por las compras anticipadas a la semana de receso escolar de octubre. Los principales destinos nacionales, Cartagena, Medellín y Bogotá, continúan consolidándose, concentrando más del 50,0 % de las ventas. El sondeo de Anato reveló que el 81 % de las agencias afiliadas reportaron variaciones positivas en su comercialización entre julio y septiembre de 2025.

En cuanto a las preferencias de los viajeros, el segmento de sol y playa se mantuvo como el producto más vendido, seguido por naturaleza y aventura, que desplazó a cultura al tercer lugar. A nivel internacional, España, República Dominicana y Cancún (México) lideraron la demanda, mientras que Tailandia y África se destacaron como los destinos más innovadores. La dirigente gremial concluyó que estos estudios son clave para que los empresarios adapten su oferta a las tendencias cambiantes del mercado.

También te puede interesar: Ingresos de agencias de viaje en Colombia crecieron un 13,9 % anual en julio de 2025

El despliegue de buques, submarinos y cazas estadounidenses en el Caribe no solo evidencia una demostración de fuerza, sino el inicio de un pulso estratégico que deja en evidencia la fragilidad del régimen de Nicolás Maduro. Con un presupuesto militar de US$895.000 millones frente a los US$4.000 millones de Venezuela, la asimetría es abrumadora. Las sanciones, la caída del 99 % en los ingresos públicos y unas reservas de apenas US$12.200 millones reflejan un país sin capacidad de sostener una economía de guerra. A esto se suma el colapso operativo de sus fuerzas armadas —con cazas rusos inactivos, fuga de técnicos e ingenieros, y un ejército enfocado en el control interno más que en la defensa externa—, lo que convierte cualquier amenaza de confrontación en un riesgo más político que militar.

Ni Rusia ni China parecen dispuestas a intervenir más allá del discurso, pues su apoyo es pragmático y económico, no bélico. Para Washington, la estrategia no pasa por invadir, sino por desgastar: bloqueos, presión económica y ataques de precisión bastarían para paralizar al país. El resultado es un aislamiento geopolítico total y una vulnerabilidad que impacta a toda la región. Para Colombia y América Latina, este escenario redefine los flujos de inversión y subraya la importancia de anticipar riesgos políticos y comerciales. En este tablero, el “choque” ya no se mide por misiles, sino por el poder económico y la información estratégica.

El sector de la energía eólica en Colombia atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por la cautela de los grandes inversionistas y la parálisis de los proyectos ubicados en el departamento de La Guajira. A pesar de los esfuerzos, como la reciente compra del parque eólico Windpeshi por parte de Ecopetrol y el gran potencial de viento de la región, el panorama de la inversión está en riesgo.

De acuerdo con Portafolio, esta cautela se reflejó en la reciente ronda eólica offshore (mar adentro), en la que solo se recibió una oferta, de las nueve firmas que se habían habilitado para el proceso. La única propuesta fue presentada por CI GMF COÖPERATIEF U.A., filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Fuentes del sector ratifican que “nadie quiere hacer proyectos eólicos en Colombia”, asegurando que las inversiones se están dirigiendo a países vecinos como Perú, a la espera de que pase el momento político actual.

Las principales barreras identificadas son la dificultad para obtener la licencia ambiental y los complejos trámites con las comunidades, lo que ha enredado la gestión de estos proyectos en tierra. De acuerdo con Ser Colombia, el tiempo de puesta en marcha de un proyecto de energía renovable sin licencia ambiental puede tardar entre dos y cinco años, y hasta siete años si ya cuenta con la licencia. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, resaltó que, además del bajo apetito en la ronda offshore, los 16 parques eólicos de La Guajira, asignados hace cinco años, aún no despegan y su arranque más próximo sería en 2027.

También te puede interesar: Trámites para proyectos de energía renovable, eólica y solar en Colombia superan los 2.000 días de demora

La Confederación de Distribuidores Minoristas y Energéticos (Comce) ha emitido una advertencia tras el reciente aumento en el precio de los combustibles, indicando que la gasolina corriente colombiana ya es más costosa en comparación con otros mercados internacionales. Esta situación se deriva de la política del Gobierno para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Según Portafolio, el incremento de $100 por galón, tanto para la gasolina como para el diésel, se hizo efectivo el pasado viernes 24 de octubre de 2025. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de las Estaciones de Servicio, explicó que esta variación positiva en el Ingreso al Productor (IP fósil) implica que el Gobierno mantiene el desmonte gradual del subsidio, generando un diferencial positivo entre el precio de paridad internacional y el precio interno para cubrir el déficit del FEPC.

Como resultado de este ajuste, el precio sugerido de venta al público en Bogotá para la gasolina corriente pasará de $16.293 a $16.393 por galón. Jiménez Mejía atribuyó la subida al cambio en el componente IP fósil, el cual remunera la actividad de refinación e importación de combustible. Ciudades como Villavicencio ($16.493) y Cali ($16.403) tendrán los precios más altos a nivel nacional.

También te puede interesar: Industria de biocombustibles, que reemplaza 14.000 barriles diarios de diésel, advierte riesgos de una reforma tributaria

El Consejo de Estado, máximo tribunal de la administración pública en Colombia, ha suspendido provisionalmente el decreto que buscaba implementar una parte esencial de la reforma a la salud impulsada por el presidente Gustavo Petro. La normativa pretendía modificar funciones clave de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y reorientar el sistema hacia un modelo de atención primaria enfocado en la prevención.

De acuerdo con el diario El País, el alto tribunal aceptó la demanda que solicitaba frenar la aplicación del decreto de forma inmediata. La corte señaló que el Gobierno Nacional “excedió la potestad reglamentaria” al intentar regular de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud mediante un decreto, una atribución que la Constitución encarga exclusivamente al Congreso de la República. La decisión tiene efecto inmediato y obliga al Ejecutivo a depender completamente del trámite legislativo en el Senado.

La parálisis judicial contrasta con las demandas de transformación del sector. Voces expertas han enfatizado la necesidad de enfocarse en la eficiencia y la innovación. Leonardo Espitia, gerente general de Amgen, ha señalado que “invertir en salud es invertir en productividad”, mientras que Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), destaca que “el crecimiento sostenido no es automático; es producto de un ciclo constante de innovación”. La directora de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), Yaneth Giha, advierte que, en Colombia, la espera para que un paciente acceda a un tratamiento innovador es de 66 meses, mientras que en Latinoamérica se tardan 57 meses. Este contexto subraya que la solución a los desafíos del sistema exige un consenso legislativo que la decisión del Consejo de Estado impulsa de vuelta al Congreso.

También te puede interesar: MinSalud limita a 5 el número de EPS que operarán en subregiones Nodales Intermedias

• El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) es clave para evaluar la rentabilidad y eficiencia en el uso de recursos de una empresa.
• Los sectores avícola, cosmético y de comunicaciones destacan por los mayores ROE, con un 16,2%, 15,3% y 14,6%, respectivamente.

El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) es uno de los indicadores más seguidos por inversionistas y analistas financieros. Un sector con un ROE elevado evidencia que sus empresas no solo son rentables, sino que además aprovechan adecuadamente los recursos aportados por sus accionistas.

De acuerdo con el análisis realizado por Sectorial a partir de los estados financieros de 28.285 empresas en 45 sectores económicos, se presentan los sectores que generan mayor rentabilidad para sus dueños.

El análisis por sectores revela que los sectores, avícola, cosmético y de comunicaciones registran los retornos más altos sobre el patrimonio, con ROE de 16,2%, 15,3% y 14,6%, respectivamente. Los resultados reflejan una gestión eficiente de los costos y una adecuada adaptación a condiciones de mercado.

En los informes sectoriales encontrarás más información relacionada con el desempeño y perspectivas de cada uno de los sectores y de sus principales indicadores económicos y financieros.

También te puede interesar

Sectores que más utilizaron endeudamiento financiero en 2023

Sectores con mayor margen EBITDA en 2023

Sectores que más lento recaudaron su cartera en 2023

Sectores que mejor rentabilidad presentaron para sus accionistas en 2023

Años que se tardarían los sectores en pagar su deuda financiera con base en cifras de 2023

El consumo de cigarrillos ilegales en Colombia alcanzó el 36,0 % del total nacional, marcando el nivel más alto registrado desde 2016. Este fenómeno representa una pérdida fiscal que superó el billón de pesos en 2024, recursos que dejan de financiar sectores como la salud, la educación y el deporte. En total, se estima que entre 2017 y 2024, el Estado ha perdido $5,3 billones por este flagelo, una cifra comparable a la mitad del presupuesto anual de Medellín.

De acuerdo con el portal Infobae, el “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2024”, elaborado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos (FND), revela que el problema es más agudo en la Costa Caribe. La Guajira encabeza la lista con un 87,0 % de consumo ilegal, seguida por Cesar (81,0 %) y Magdalena (79,0 %). El análisis también destaca que, en las zonas rurales del país, el 51,0 % de los cigarrillos consumidos no cumplen con la legalidad.

Para mitigar este impacto, la FND, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Fenalco y otros actores han optado por reforzar la estrategia “Zonas de Comercio Legal” (ZCL). La iniciativa busca formar y reconocer a más de 1.000 tenderos como “Embajadores de la Legalidad”, promoviendo la venta de productos legales y la formalización en tiendas, panaderías y licoreras. La versión 2025 del programa capacitará a 738 nuevos tenderos de forma presencial y 337 antiguos de modo virtual en 11 ciudades del país.

Te puede interesar: Licor y tabaco representan el 41,0% del recaudo tributario regional en Colombia

Colombia se ha posicionado como un referente mundial en construcción sostenible, gracias al impulso de la certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) durante la última década. El liderazgo del país reside en su alto impacto social, ya que de las más de 325.000 viviendas que han obtenido esta certificación, el 72,0 % corresponde a Proyectos de Interés Social (VIS). La implementación garantiza para miles de familias ahorros significativos, estimados entre un 20,0 % y un 40,0 %, en las facturas de servicios públicos.

De acuerdo con La Nota Economía, el modelo ha permitido que Colombia capte el 19,0 % de la participación global del mercado EDGE. La certificación, desarrollada por la International Finance Corporation (IFC) y auditada en el país por SGS, certifica proyectos que logran ahorros medibles en energía, agua y la energía incorporada en los materiales. En total, el trabajo conjunto con CAMACOL suma 22 millones de metros cuadrados certificados, logrando evitar más de 224.000 toneladas de CO₂ y un ahorro de 19,9 millones de metros cúbicos de agua.

Hernando López, Gerente de Medio Ambiente de SGS, afirmó que esta transformación demuestra que la construcción sostenible “mejora la calidad de vida de miles de familias, optimiza el uso de los recursos naturales y aumenta la rentabilidad de los proyectos”.

Te puede interesar: Sector de la vivienda proyecta un crecimiento del 11,5 % para el 2026

Un análisis de Bancolombia advirtió que los aumentos del salario mínimo que superen la suma de la inflación y la productividad podrían reactivar las presiones inflacionarias en Colombia. El estudio señala que el proceso de desinflación se encuentra estancado, con un nivel anual que cerró en septiembre en 5,2 %, siendo similar al de 2024. Según el informe, cada punto porcentual de incremento real del salario mínimo (por encima de inflación y productividad) eleva la inflación general en cerca de 0,06 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Diario Occidente, que recoge el “Radar Bancolombia”, el aumento del 9,5 % en 2025 superó en 2,5 puntos la suma de inflación y productividad, lo que habría aportado 0,15 puntos porcentuales de presión inflacionaria adicional durante este año. El informe afirma que los aumentos reales sostenidos no generan bienestar permanente, sino que perpetúan las presiones sobre los precios. Lo anterior ocurre por tres canales: el aumento de costos en sectores como el comercio y restaurantes, la indexación de otras tarifas al salario y las expectativas inflacionarias.

El banco proyecta que la inflación cierre 2026 en 4,1 %, pero este escenario depende de la negociación salarial. Un aumento moderado (entre 6,1 % y 7,0 %) mantendría la inflación cerca de ese dato. Sin embargo, un incremento elevado (entre 10,1 % y 11,0 %) podría subir la inflación hasta 4,4 %, forzando al Banco de la República a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. El informe concluye que la estabilidad de precios exige coherencia entre la política salarial y la monetaria.

Te puede interesar: Recargo dominical y festivo aumentará progresivamente hasta llegar al 100 % en 2027