Un sistema de aranceles globales, agravado por las recientes medidas de Estados Unidos, afecta a los países productores de café, que a pesar de generar el 74,0 % del volumen de exportación mundial, solo reciben el 57,0 % de su valor. Esta situación, según un informe de la organización Coffee Watch, canaliza las ganancias hacia las naciones más ricas y amenaza con agravar la pobreza de millones de caficultores.

Según un informe del diario El Colombiano, que cita a la entidad internacional, la escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye un arancel del 10,0 % a todas las importaciones de café y uno adicional del 50,0 % para Brasil, podría afectar las economías rurales enteras. El sector del café sostiene a 25 millones de agricultores y 100 millones de trabajadores agrícolas en todo el mundo.

El problema estructural radica en que los altos aranceles en países consumidores, especialmente en Europa, penalizan la importación de café procesado. Esto obliga a que el 99,0 % de las exportaciones de los países productores sean de granos crudos y de bajo valor, a pesar de que el café tostado alcanza más del doble del precio.

Etelle Higonnet, directora de Coffee Watch, afirmó que “no se trata solo del café, se trata de justicia”, y señaló que los países productores asumen los riesgos del cultivo, pero se ven excluidos de las verdaderas ganancias. El informe destaca a países como Australia y Canadá, que no aplican aranceles al café procesado, como un ejemplo de que un comercio más justo es posible.

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La venta de paquetes turísticos se ha consolidado como el principal motor de ingresos para las agencias de viajes en Colombia, representando el 73,0 % de sus ventas totales. El 27,0% restante corresponde a la comercialización de productos individuales, como tiquetes aéreos y servicios de alojamiento.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, que cita una encuesta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el turismo vacacional es el segmento de mercado más importante, con un 68,0 % de las ventas. Por su parte, el turismo corporativo representa el 25,0 % del total y finalmente, el 7,0 %, se dirige a la Industria de reuniones

Dentro de los productos individuales, los tiquetes aéreos son los más vendidos, con un 43,0 % de participación, seguidos por los servicios de alojamiento, con un 32,0 %. Un dato relevante es que, a pesar de la digitalización, el 55,0 % de las ventas de las agencias todavía se realizan de manera presencial, lo que demuestra que los viajeros valoran la asesoría personalizada. En cuanto a las preferencias de los colombianos, los productos de “sol y playa” son los más comercializados, con un 30,0 % del total. Le siguen los paquetes culturales, con un 17,0 %, y los de naturaleza y aventura, con un 16,0 %, mostrando una diversificación en los intereses de los viajeros.

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Durante el Foro de Salud número 31 de la ANDI, celebrado entre el 18 y el 20 de junio en Cartagena, líderes del sector salud, representantes del gobierno, organismos de control y operadores del sistema coincidieron en una realidad ineludible: el derecho a la salud está en riesgo, no por falta de normas o instituciones, sino por una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad, calidad y equidad.

Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y moderador de uno de los paneles sobre la defensa del derecho a la salud, enmarcó la discusión recordando la relevancia de la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, que reconoció este derecho como fundamental y autónomo. A partir de allí, planteó dos preguntas claves:

• ¿Se está garantizando adecuadamente el derecho a la salud?
• ¿Cómo hacer sostenible el sistema en el mediano y largo plazo?

Las respuestas de los participantes reflejaron una preocupación transversal por el debilitamiento del sistema, no solo desde el aseguramiento, sino en cada eslabón de la cadena.

Evidencia de regresividad y alerta institucional

Germán Escobar, viceministro de Salud Pública, reconoció que algunos grupos de riesgo están viendo disminuida su garantía al derecho dentro del sistema de salud, citando como ejemplo preocupante el reciente informe sobre VIH de la Cuenta de Alto Costo. La falta de liquidez, las facturaciones por debajo del 50,0 % a ciertas instituciones prestadoras, y la necesidad de nuevas fuentes de financiación son señales de un sistema estresado financieramente. Escobar propuso priorizar el gasto, garantizar un giro estable de recursos, y articular con seguridad jurídica el retorno de EPS intervenidas al sistema. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)

La judicialización crece y los pacientes pierden confianza

Claudia Vaca, defensora delegada para el Derecho de la Salud, expuso cifras alarmantes: entre 2022 y 2024 las intervenciones de la Defensoría crecieron más del 60 %, con el problema de los medicamentos superando al histórico reclamo por citas con especialistas. Las tutelas por salud están aumentando, así como los desacatos judiciales.

La Defensoría en un informe que se hará público en los próximos días identificó que la geografía de la vulneración del derecho a la salud coincide con intervenciones recientes a EPS, afirmó que territorializar los diálogos y mejorar los mecanismos de financiación como la UPC y los Presupuestos Máximos se vuelve urgente.

Crisis financiera: impacto transversal y pérdida de capacidades

En otro espacio del Foro, Juan Pablo Rueda, presidente global de salud del Grupo Keralty, amplió la perspectiva al señalar que la desfinanciación no es un problema solo del aseguramiento, sino que afecta todos los niveles del sistema, con consecuencias directas en el acceso y la calidad del servicio para los pacientes. Alertó sobre como la atención primaria y preventiva ha sido relegada por la necesidad de resolver urgencias, lo cual generará mayores costos en el futuro.

Asimismo, Rueda advirtió sobre la asfixia financiera, el aumento de los costos (producto de la pandemia, y del crecimiento del PBS), y la desconfianza generalizada que impide encontrar soluciones conjuntas.

Desorganización institucional y pérdida de control

Desde una visión territorial, Alma Solano, exsecretaria de Salud de Atlántico y Barranquilla, insistió en que las reformas deben comenzar por mejorar el funcionamiento actual. Solano pidió evaluar si los esfuerzos actuales en Atención Primaria en Salud son sostenibles y están dando resultados. Propuso redireccionar recursos y reorganizar equipos para que la APS realmente impacte donde más se necesita.

Las IPS, acorraladas por la falta de pagos

Marta Ospina, presidenta ejecutiva de Méderi, también participó en el Foro con un diagnóstico: las IPS están atrapadas en una crisis dentro de otra crisis. El déficit presupuestal se traduce en falta de caja, y hasta los proveedores más sólidos han tenido que usar sus reservas operativas simplemente para subsistir.

Con cifras reveladoras, Ospina explicó que cada punto de EBITDA adicional otorga solo un mes más de vida a los proveedores, y que, por cada día de mora del pagador, se generan 30 días adicionales de retraso para el proveedor. Esta cadena de iliquidez termina afectando directamente a los pacientes y deteriorando la calidad del servicio.

Lo que surgió de este foro no fue solo un diagnóstico compartido, sino la necesidad urgente de un nuevo pacto nacional que reconozca al derecho a la salud como lo que es: un pilar de dignidad y equidad, esencial para el funcionamiento de la economía nacional y el desarrollo del país que no debe seguirse viendo como una promesa condicionada a la coyuntura financiera. (Diagnóstico de Sectorial sobre el FUTURO de la crisis financiera del sistema de salud)

La sostenibilidad del sistema no se resolverá con ajustes cosméticos ni con medidas fragmentadas. Requiere una transformación guiada por evidencia, legitimada por diálogo territorial y enfocada, por encima de todo, en el bienestar de las personas.

Un reto monumental, pero inaplazable.

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Nuevo sistema de salud colombiano 2026 – 2030 (Video y Podcast)

Las exportaciones de follajes ornamentales de Colombia alcanzaron los US$21,1 millones en 2024, un segmento que, aunque representa menos del 2,0 % del total de las ventas del sector floricultor, muestra un crecimiento sostenido y un alto potencial. El principal destino de estos productos es Estados Unidos, que concentra el 60,0 % de las compras.

Según un informe del portal AgroNegocios, que cita datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), la demanda de follaje colombiano está en aumento gracias a las nuevas tendencias de consumo. Los mercados internacionales valoran la decoración sostenible y los productos con trazabilidad y cultivo responsable. Además de Estados Unidos, otros compradores importantes son Canadá, Holanda, España y Corea del Sur.

El producto nacional compite por su alta calidad fitosanitaria, su larga vida útil después de la cosecha y porque su producción no requiere de tantos insumos químicos, lo que lo hace viable para pequeños productores. Para la segunda mitad de 2025, se espera un crecimiento en el sector de entre el 8,0 % y el 12,0 %, que podría beneficiarse de la exportación de nuevas variedades nativas.

A pesar del potencial, el sector enfrenta desafíos como la informalidad, el acceso limitado a financiamiento para tecnificación y la necesidad de consolidar una narrativa comercial unificada. Felipe Romero, gerente de la productora Expobloom, afirmó que “se necesita escalar el volumen de producción y posicionar la categoría como estratégica dentro del portafolio exportador”.

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El recaudo por impuestos saludables en Colombia alcanzó los $1,6 billones entre enero y mayo de 2025, lo que representa un crecimiento del 23,0 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Del total recaudado, $1,3 billones provinieron de los alimentos ultraprocesados y $288.000 millones de las bebidas azucaradas.

Según el diario El Nuevo Siglo, estos impuestos, implementados en 2023, buscan desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcares, sodio o grasas saturadas. La medida se justifica en cifras como que el 56,5 % de la población adulta en Colombia sufre de sobrepeso u obesidad, y más del 80,0 % de los niños y adolescentes consume regularmente bebidas azucaradas y productos de paquete.

La tarifa del impuesto a los alimentos ultraprocesados ha sido progresiva, pasando del 10,0 % en 2023 al 20,0 % a partir de 2025. Cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2024 indican que 28 millones de colombianos consumen bebidas azucaradas al menos una vez por semana, y 21 millones consumen alimentos de paquete con la misma frecuencia.

El impuesto parece estar influyendo en los hábitos de consumo, especialmente en los jóvenes de 12 a 28 años, donde el consumo diario de bebidas azucaradas bajó del 24,6 % en 2022 al 22,6 % in 2024. La disminución fue aún más pronunciada en el grupo de 29 a 44 años, donde el consumo diario cayó del 24,9 % al 19,2 % en el mismo periodo.

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El sector comercio es considerado de “alta vulnerabilidad” por su dependencia de la mano de obra, sus bajos márgenes de rentabilidad y su necesidad de operar en horarios nocturnos y festivos.

Según un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se estima que la reforma laboral incrementará los costos de las empresas del sector comercio en un 7,4 %. A nivel general, el aumento promedio para toda la economía sería del 7,6 %, lo que podría elevar la tasa de desempleo nacional hasta un 11,0 % para 2026.

La ley, sancionada el 25 de junio de 2025, modifica aspectos clave como la ampliación de la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7:00 p.m., y el aumento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos, que pasará del 75,0 % al 100,0 % para 2027. Estas medidas impactan directamente a los comercios, que operan con esquemas de turnos extendidos.

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El 86 % de las empresas en los diferentes sectores a nivel global considera que la falta de habilidades en el mercado laboral local es su principal barrera para la transformación.

La mayoría de estas industrias perciben los retos de disponibilidad de talento como problemas sectoriales, lo que sugiere oportunidades para soluciones colaborativas a nivel intra e intersectorial.

El upskilling, el reskilling, la diversidad, la equidad y el apoyo gubernamental serán claves para la transformación laboral. Estos elementos, acompañados de inteligencia artificial, procesamiento de datos, tecnologías para la energía, robótica y semiconductores; conllevará a sectores como gobierno, manufactura, servicios profesionales, salud, química, energía, agricultura y alojamiento a potenciar el talento con la tecnología; y, por su parte a la minería, automotriz, tecnología, petróleo, infraestructura, logística, comercio, educación, bienes de consumo, servicios financieros, electrónica y seguros a automatizarse, usar la tecnología para reemplazar tareas humanas.

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Informes Sectoriales

El costo oculto del auge de la inteligencia artificial se mide también en recursos hídricos, ya que se estima que el envío de 2.500 millones de prompts diarios a ChatGPT representa, de acuerdo con cálculos externos, un consumo de 805.000 litros de agua al día. Esta cifra evidencia el impacto ambiental asociado al entrenamiento y la operación de los grandes modelos de lenguaje.

Según un informe del portal Xataka, este consumo de agua se debe principalmente a la necesidad de refrigerar los potentes centros de datos donde se ejecutan los modelos de IA. El proceso de responder a las solicitudes de los usuarios genera una gran cantidad de calor, y mantener los servidores a una temperatura óptima requiere de sistemas de enfriamiento que utilizan agua.

El consumo de recursos no es exclusivo de ChatGPT, ya que otros modelos de IA también tienen una huella hídrica y energética significativa. A medida que el uso de estas tecnologías se masifica, la demanda de energía y agua para mantener en operación los centros de datos seguirán en aumento.

Este panorama ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del sector tecnológico. Compañías como Microsoft y Google ya están explorando soluciones más eficientes, como sistemas de refrigeración líquida y la optimización de sus algoritmos, para reducir el impacto ambiental de la inteligencia artificial.

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el sector empresarial, al punto que el 52,0 % de los empresario ha frenado su decisión de aumentar su planta de personal para el segundo semestre del año. Esta medida, que busca mejorar los derechos de los trabajadores, podría incrementar los costos laborales entre un 3,2 % y un 10,7 %.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, que cita análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y del Banco de la República, el aumento de costos podría llevar a un recorte de alrededor de 454.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años. Por su parte, investigadores de Bancolombia estiman un aumento promedio del 7,6 % en los costos laborales, lo que podría elevar la tasa de desempleo hasta en 1,2 puntos porcentuales.

Sectores como el de alojamiento y turismo ya calculan un impacto directo. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estiman que los costos de nómina se incrementaron un 6,3 % en promedio con la entrada en vigor de la reforma. Solo el cambio en la contratación de aprendices del SENA, que ahora tendrán derecho a un salario mínimo en su etapa práctica, le costará al sector de alojamiento $23.502 millones adicionales al año.

El aumento progresivo del recargo dominical también genera preocupación: un 46,0 % de los comerciantes anticipa un impacto financiero grave. Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, advirtió que estas medidas pueden desincentivar la contratación, elevar la informalidad y poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas agencias de viajes.

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Las ventas de vivienda en Colombia registraron una caída general del 6,0 % en junio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, con un total de 11.198 unidades comercializadas. El descenso fue impulsado principalmente por la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyas ventas se desplomaron un 21,0 %.

Según un informe de Camacol, citado por el diario Portafolio, el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) también registró una contracción del 8,0 %, mientras que la vivienda No VIS tuvo una caída más moderada, del 3,0%. A pesar de la disminución, las VIS siguen representando la mayor parte del mercado, con cerca del 69 % del total nacional.

El comportamiento regional fue mixto, con 14 de las 19 zonas analizadas reportando cifras negativas en al menos uno de los segmentos. Mercados clave como Bogotá y Cundinamarca experimentaron una caída del 13,0%, mientras que en Bolívar el descenso fue del 28,0%. En contraste, se observaron crecimientos notables en Meta (54,0 %), Quindío (64,0 %) y Valle del Cauca (32,0 %).

El segmento No VIS mostró una mayor resiliencia e incluso crecimientos significativos en varias regiones, como en Caldas, donde un alza del 218,0 % en No VIS compensó las caídas en los otros segmentos y generó un aumento total del 34,0 %, estos aumentos se producen sobre una base comparativa baja. Esta dinámica ha hecho que los constructores pongan su atención en este tipo de vivienda.

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