l sistema de salud en Colombia, donde participan tanto entidades públicas como privadas, atraviesa una crisis profunda. El principal problema es la falta de sostenibilidad financiera, que afecta a todos los niveles y ha provocado una preocupante pérdida de confianza entre los actores del sector. Esta desconfianza no solo influye en la percepción de la ciudadanía, sino que también impacta negativamente en la calidad y la operación de los servicios de salud.

¿En qué consiste la crisis actual

La crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia se manifiesta de manera evidente a través de la desfinanciación y las deficiencias operativas, lo que ha desencadenado una profunda “crisis de confianza” que afecta todas las interacciones dentro del sector. En el último Foro de la Salud de la ANDI, llevado a cabo entre el 18 y 1l 20 de junio de 2025, se puso de relieve esta crisis, y en Sectorial también se ha advertido de las alertas que genera el sector dentro del Índice de Confianza Sectorial (ICS). Si bien el ICS general (que abarca todos los sectores) ha mostrado algunos repuntes leves en los últimos meses, esto no se ha traducido en una mejora sustancial de la confianza en el sector salud. (Leve aumento en la confianza empresarial y de inversión en Colombia en junio, según el Índice de Confianza Sectorial)

Sectorial ha identificado que la incertidumbre en torno a la reforma de la salud sigue siendo un factor predominante que mantiene la confianza en este sector en niveles bajos, o al menos genera señales mixtas y preocupantes. A esta persistente desconfianza se suma la crisis financiera del sistema, agravada por la intervención gubernamental en 9 Entidades Promotoras de Salud, las cuales agrupan aproximadamente al 58,8% de los usuarios. Estas entidades enfrentan niveles de siniestralidad superiores al 100%, junto con un aumento significativo en sus pasivos y resultados negativos. (Diagnóstico de Sectorial sobre el ORIGEN de la crisis financiera del sistema de salud)

Por otra parte, los reclamos de usuarios al sistema se han vuelto más recurrentes y las tutelas, en muchos casos, han demostrado ser ineficaces, lo que resulta profundamente “desalentador” para los pacientes. Según, Claudia Vaca, defensora delegada por la Defensoría del Pueblo para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, entre 2022 y 2024, se ha registrado un aumento superior al 60,0% en las intervenciones realizadas por esta entidad, con un crecimiento alarmante en los casos de tutelas y desacatos. En ciudades como Bogotá, el desacato a las tutelas alcanza niveles preocupantes del 50,0%.

Lo que anteriormente se limitaba a quejas por demoras en citas con especialistas ha evolucionado hacia una crisis de acceso a medicamentos. Este problema ha generado un incremento en las intervenciones judiciales, y está directamente relacionado con la ruptura de operadores clave como Nueva EPS y Audifarma. Sumado a la incapacidad de los proveedores locales de medicamentos para cumplir con sus funciones.

La desconfianza no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro del sistema de salud colombiano. Resolver estos problemas es clave para recuperar la confianza y asegurar el acceso a servicios de calidad. Sin embargo, la desconfianza generalizada dificulta la búsqueda de soluciones conjuntas entre aseguradoras, prestadores, proveedores y pacientes. (Impactos del déficit financiero más allá de la salud)

Una de las principales conclusiones de los diferentes análisis que se presentaron en el Foro de Salud de la ANDI es que reconstruir la confianza dentro del sector salud requiere un esfuerzo conjunto y acciones concretas, especialmente para solucionar la raíz financiera de la crisis:

Recomendaciones para Recuperar la Confianza:

1. Estabilización financiera

– Es urgente reconocer y saldar las deudas acumuladas por la insuficiencia de la UPC.

– Se necesitan mecanismos de pago por disponibilidad, créditos de capital de trabajo y liquidez inmediata para evitar el cierre de servicios esenciales.

– Es fundamental revisar cómo se calcula la UPC.

2. Transparencia y buena gobernanza

– El sistema no puede detenerse ni un solo día; cualquier interrupción afecta gravemente a los usuarios.

– Es esencial que las instituciones tengan claridad sobre los pagos y deudas, y que la comunicación entre las entidades administradoras y las secretarías de salud sea fluida y transparente.

3. Priorizar al paciente y la eficiencia del gasto

– Cualquier medida de reforma al sistema debe centrarse en el paciente y mejorar el funcionamiento actual antes de hacer cambios estructurales.

– Es necesario reducir el pago por evento, considerado poco eficiente y motivado por la desconfianza.

– Se deben implementar pagos prospectivos enfocados en resultados en salud, entendiendo que invertir en salud es invertir en la productividad del país.

4. Reorganizar redes y promover el diálogo territorial

– Es necesario reconstruir la confianza en el sector, los flujos de recursos y las redes de prestación de servicios.

– Fomentar el diálogo a nivel territorial puede ayudar a restablecer la confianza y adaptar soluciones a las realidades locales.

5. Compromiso político y liderazgo

– El próximo presidente debe asumir el liderazgo del sector salud y priorizar su recuperación.

– El plan de desarrollo debe partir de un diagnóstico realista que reconozca tanto la crisis financiera como la de confianza, y debe contar con un actor que coordine y module el sistema.

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Sectorial Salud

Entre enero y mayo de 2025, la demanda de energía en el mercado regulado registró una contracción del 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la demanda en el mercado no regulado mostró un crecimiento equivalente del 0,6%. En conjunto, la demanda total alcanzó los 33.981,14 GWh, de los cuales el 69,0% correspondió al segmento regulado y el 31,0% al no regulado.

Por distribución geográfica, la región Caribe concentró la mayor proporción del consumo energético con un 28,5%, seguida por la región Centro (23,9%), Oriente (14,0%), Antioquia (13,7%) y el Valle del Cauca (8,8%). Los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá aportaron en conjunto un 4,0%, igual que el eje cafetero (Caldas, Pereira, Quindío y Cartago), mientras que el restante 3,1% se distribuyó entre otras regiones del país.

En cuanto al mercado no regulado, la demanda estuvo dominada principalmente por la industria manufacturera, que representó el 39,9% del total, seguida por la explotación de minas y canteras con el 30,8% y el sector comercio con un 4,9%. La mayoría de los sectores económicos experimentaron una disminución en su consumo energético, destacándose las caídas en construcción (-16,1%), distribución y tratamiento de agua (-13,0%), actividades financieras y de seguros (-9,4%) y el sector de información y comunicaciones (-9,4%).

Una eventual imposición de aranceles del 50,0 % por parte de Estados Unidos al café de Brasil podría desviar la demanda hacia otros orígenes como Colombia; sin embargo, el país enfrenta sus propios desafíos productivos. La producción nacional de café en junio fue de 909.000 sacos, registrando una caída del 22,0% frente al mismo mes del año anterior.

Según un informe de Bloomberg Línea, un arancel tan alto sobre el café brasileño “alteraría significativamente los patrones de importación de café de EE. UU.” mencionó Oran Van Dort, analista de materias primas de la firma Rabobank, abriendo una oportunidad para proveedores como Colombia, Vietnam y Centroamérica. No obstante, aprovechar este espacio sería un reto para el tercer productor mundial de café.

El principal obstáculo para Colombia son las condiciones climáticas adversas. Laura Clavijo, analista de Bancolombia, explicó que fuertes lluvias en diversas regiones productoras han afectado tanto el desarrollo del cultivo, retrasando la cosecha, como la infraestructura vial, dificultando el acceso a las zonas cafeteras. Esto se refleja en los dos meses consecutivos de disminución en la producción mensual.

A pesar de los retos, la prima del café colombiano, aunque ha caído un 12,0 % respecto a 2024, ha mostrado una leve tendencia al alza en las últimas semanas. Sin embargo, para Clavijo, “el verdadero desafío será sostener esa tendencia en 2026, especialmente si persisten las condiciones climáticas adversas”.

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La integración de las redes de Movistar y Tigo UNE ha dado un paso clave, luego de que el Ministerio de las TIC autorizara el uso en común del espectro radioeléctrico para su “Proyecto Red Única”. Una vez se complete la operación, se estima que el 90,0 % del negocio de las telecomunicaciones en Colombia quedará en manos de dos grandes competidores: la nueva red conjunta y Claro.

Según un informe del diario La República, la autorización se formalizó a través de dos resoluciones emitidas en junio de 2025. En estos documentos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) permite la cesión del permiso para el uso y explotación del espectro en la banda de frecuencias de 1900 MHz. Esta decisión llega después de que el ministerio diera un concepto positivo a la operación en mayo.

Las resoluciones especifican la distribución del espectro a favor de la Unión Temporal “Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones”. La primera resolución otorga 40 MHz del espectro a Tigo UNE, mientras que la segunda autoriza la cesión de 15 MHz a Movistar dentro de la misma alianza. Este avance regulatorio es fundamental para la consolidación de la red única, un proyecto que busca optimizar la infraestructura y mejorar la cobertura y calidad de los servicios móviles en el territorio nacional. El mercado ahora queda a la expectativa de los siguientes pasos para la implementación total de esta alianza estratégica.

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El Banco de la República ha puesto en marcha la fase de inscripción de “llaves” para Bre-b, el nuevo sistema que permitirá enviar y recibir dinero de manera instantánea y sin costo entre diferentes bancos y billeteras digitales en Colombia. Las transferencias de dinero a través de esta plataforma estarán habilitadas a partir de la segunda quincena de septiembre.

Según el portal La Silla Vacía, los usuarios ya pueden ingresar a las aplicaciones de sus entidades financieras y registrar una “llave”, que puede ser su número de celular, correo electrónico o cédula. Esta llave quedará asociada a una cuenta bancaria y servirá como un identificador único para recibir dinero sin necesidad de compartir el número de cuenta completo.

El sistema permite inscribir diferentes llaves en distintos bancos, pero no se puede registrar la misma llave en más de una entidad a la vez. Si un usuario ya tenía una llave inscrita en una iniciativa privada de su banco, la entidad podrá cargarla automáticamente al sistema Bre-b, y el cliente tendrá la opción de ratificarla, modificarla o cancelarla. El objetivo de Bre-b es solucionar la falta de interoperabilidad y los altos costos que actualmente tienen las transferencias entre diferentes entidades financieras en el país. Con este sistema, se busca modernizar el ecosistema de pagos y reducir la dependencia del dinero en efectivo en Colombia.

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El Gobierno de Colombia ha propuesto un proyecto de resolución para fijar un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, con el objetivo de proteger a los pequeños productores. La medida busca enfrentar la caída de precios y el exceso de oferta, evidenciado por inventarios que en junio de 2025 son un 67,8 % superiores al promedio de la última década.

Según el portal de la Presidencia, esta iniciativa someterá al arroz paddy verde a un régimen de libertad regulada de precios, lo que, implica que una entidad gubernamental establece los criterios y la metodología para que productores o distribuidores determinen o modifiquen los precios máximos de venta. El objetivo es garantizar una tasación transparente que refleje las condiciones del mercado y evite pérdidas para los agricultores, quienes sufrieron una caída del 11,8 % en el precio del grano durante 2024.

El precio mínimo se establecerá de manera diferenciada según la región del país, reconociendo las distintas condiciones de producción. La tendencia a la baja en los precios se mantuvo durante el primer semestre de 2025, lo que ha encendido las alarmas en el sector arrocero. Además de esta medida, el Ministerio de Agricultura ha hecho un llamado a la industria molinera y al sector comercial para participar en un diálogo nacional. La finalidad es lograr acuerdos que permitan construir una cadena productiva más competitiva, equitativa y sostenible para todos los actores involucrados.

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Aunque los precios de los insumos agrícolas en Colombia presentaron una caída de 0,25 % en mayo de 2025, marcando una pausa tras 11 meses de alzas consecutivas, la situación para los agricultores sigue siendo compleja. En la variación anual, el grupo de fertilizantes todavía acumula un aumento del 16,3 %, lo que mantiene una fuerte presión sobre los costos de producción.

Según un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), citado por el portal Infobae, el grupo de fertilizantes registró una disminución mensual de 0,09 % en mayo. El resultado se debió a una caída de 0,52 % en los fertilizantes compuestos, que contrarrestó el alza de 0,57 % en los fertilizantes simples.

El comportamiento de variaciones se observó en el grupo de los plaguicidas, que tuvo una caída mensual de 0,60 %, impulsada principalmente por la baja en los herbicidas (-1,2 %). Moléculas como el metsulfuron metil (-11,1 %) y el 2,4 D (-6,7 %) lideraron esta tendencia descendente. En contraste, la categoría de “otros insumos agrícolas” continuó su camino al alza con un incremento de 0,98 % en mayo, acumulando cuatro meses de aumentos. Por su parte, los alimentos balanceados para animales se mantuvieron relativamente estables, con una variación de apenas -0,07 %.

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A partir de este martes, 15 de julio de 2025, la jornada laboral máxima legal en Colombia se reducirá de 46 a 44 horas semanales, continuando con la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021. Esta medida se debe aplicar sin que afecte el salario, los derechos o las prestaciones de los trabajadores.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, esta es la tercera reducción programada por la ley, que busca llevar la jornada laboral a un total de 42 horas para el 2026. La implementación comenzó en 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas, y continuó en 2024 con el ajuste a 46 horas semanales. La ley permite que empleadores y trabajadores acuerden la distribución de estas 44 horas en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso obligatorio. Con la reducción de la jornada, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el Día de la Familia ni las dos horas semanales para actividades recreativas.

Esta normativa aplica tanto para el sector público como para el privado, aunque existen algunas excepciones. Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo, así como ciertos servidores públicos y menores de edad, no están cubiertos por esta reducción.

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• Los puertos se han consolidado como nodos cruciales para el narcotráfico y el contrabando, un problema que el gobierno ha elevado a la categoría de amenaza a la seguridad nacional para justificar una reforma.
• Por un lado, la propuesta presidencial busca un cambio radical hacia el control estatal para purgar las redes criminales y garantizar la equidad social. Por otro, la vía técnica (CONPES 4118) y el sector privado abogan por fortalecer y optimizar el modelo de concesión actual, mejorando la seguridad y la regulación sin sacrificar la competitividad.

El sistema portuario colombiano, uno de los pilares de la modernización económica del país, se encuentra en un punto de inflexión crítico. Su éxito operativo y eficiencia, producto del modelo de concesión privada implementado desde 1991, contrasta con dos amenazas estructurales que hoy definen el debate sobre su futuro: una gobernanza institucional fragmentada y una profunda crisis de seguridad que lo ha convertido en un activo estratégico para el crimen organizado a gran escala.

A pesar de los éxitos operativos, la arquitectura institucional que gobierna el sector es innecesariamente compleja. La gobernanza está distribuida entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima (DIMAR) y las propias sociedades portuarias. Esta multiplicidad de actores ha generado un entorno desarticulado que un estudio reciente describe como una “fragmentación institucional”, la cual conduce a un “desalineamiento” entre los roles y responsabilidades de los actores públicos y privados.

Esta fragmentación debilita la capacidad del Estado para ejecutar una visión estratégica nacional, como lo reconoce el CONPES 4118 de 2023. Dicho documento propone clarificar las funciones de cada entidad y fortalecer el rol del Ministerio de Transporte como la autoridad portuaria rectora del sistema.

El desafío más explosivo es la utilización de los puertos por redes de crimen organizado. Por su volumen y ubicación, los puertos colombianos son nodos cruciales para la exportación de cocaína e importación de contrabando. La sofisticación criminal ha penetrado las cadenas logísticas, corrompiendo funcionarios y contaminando contenedores.

El gobierno argumenta que los ingresos ilícitos financian a grupos armados, generando un “nuevo paramilitarismo” y exportando la violencia a países vecinos como Ecuador. Esta grave crisis es la principal justificación para proponer un cambio fundamental en el modelo, argumentando que el sistema de concesiones ha sido “cooptado” por intereses criminales.

El debate sobre el futuro portuario está dominado por dos visiones antagónicas: la reforma política radical del gobierno y la defensa del modelo actual por parte del sector privado.

La propuesta presidencial (vía política)

El presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de “cambiar completamente la administración de puertos”, posiblemente a través de una nueva ley. Sus argumentos se basan en:

• Seguridad: Retomar el control estatal para desmantelar las redes criminales que, según el gobierno, han “cooptado” los puertos. Este diagnóstico incluye explícitamente al Aeropuerto El Dorado, considerado el principal puerto para mercancías ilícitas.
• Equidad Social: Garantizar que la riqueza portuaria genere desarrollo local, evitando que nuevos megaproyectos como Puerto Antioquia repitan el “caso de Buenaventura”, donde la prosperidad del puerto coexiste con la pobreza de la ciudad.

La reacción del sector privado

Los gremios empresariales advierten sobre los riesgos de un cambio abrupto, argumentando que:

• El problema es de seguridad y control estatal, no de la naturaleza de la administración.
• Amenaza la inversión: El anuncio de una posible reversión genera incertidumbre jurídica, desincentiva la inversión y daña la confianza en el país.
• La solución es fortalecer, no desmantelar: Proponen aumentar la eficacia de la DIAN y la Policía Antinarcóticos dentro de los terminales, advirtiendo que un retorno a la administración estatal podría resucitar la ineficiencia y corrupción de la era de Colpuertos.

El futuro no reside en una elección binaria entre un modelo estatal fallido y un modelo privado con fallas. El desafío es construir una nueva generación de asociación público-privada, donde operadores eficientes sean supervisados por un Estado fuerte que les exija cumplir con los más altos estándares de rendimiento económico, seguridad integral y responsabilidad social.

El incremento, reportado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), refleja una mayor disponibilidad de alimentos en los mercados urbanos.

Según el portal Occidente.co, el aumento se observó en 18 de las 23 ciudades monitoreadas. Los crecimientos más notables se presentaron en Tibasosa (79,5%), Tunja (42,1%) y Manizales (30,8%). Los grupos de alimentos con mayores aumentos en su disponibilidad fueron pescados, lácteos y huevos.

En el acumulado del primer semestre de 2025, el volumen total de alimentos que ingresó a las centrales mayoristas creció un 3,4 % frente al mismo periodo de 2024. Productos como la mandarina, la piña, la mora, el pepino cohombro y la papa destacaron por sus aumentos. En contraste, el mango, el limón y la papaya mostraron disminuciones.

La UPRA proyecta que la tendencia de buen abastecimiento continuará durante julio y agosto, especialmente para productos como el zapote, la pera, el plátano, la arracacha, la yuca, el brócoli y la berenjena, entre otros.

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