Desde 1999 hasta la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la liquidación forzosa de 118 EPS. De estas, el 57,6% correspondían a Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), el 16,9% a EPS del Régimen Subsidiado, el 11% al Régimen Contributivo y el 14,4% a entidades que operaban en ambos regímenes.

Muchas ARS fueron creadas por municipios o departamentos para atender a la población subsidiada, pero salieron del sistema debido a la incapacidad de los entes territoriales para mantenerlas, especialmente en las primeras décadas del modelo de aseguramiento. Entre 1999 y 2012, se liquidaron forzosamente 98 EPS en Colombia: el 69,4% operaban como ARS, el 18,4% eran EPS del Régimen Subsidiado, el 8,2% pertenecían al Régimen Contributivo y el 3,1% operaban en ambos regímenes.

Aunque el ritmo de las liquidaciones forzosas disminuyó, durante la segunda década de los 2000 comenzaron a cerrarse EPS de gran relevancia en el país. Esto generó grandes desafíos para las demás EPS, que tuvieron dificultades para absorber y atender a los afiliados de las entidades liquidadas. Entre 2013 y 2023 se liquidaron 20 EPS, incluyendo algunas con un alto número de afiliados, como SaludCoop, Cafesalud, Coomeva y Medimás.

Actualmente, hay 9 EPS intervenidas por la Supersalud, aunque no se han ordenado nuevas liquidaciones. Incluso EPS como Sura y Compensar han solicitado voluntariamente salir del sistema y la Supersalud ha denegado sus solicitudes. La crisis financiera del sector ha dejado a las demás EPS sin capacidad para recibir nuevos afiliados, lo que agrava la situación del sistema de salud.

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Una falla de seguridad en el software de servidores SharePoint de Microsoft fue explotada por hackers para ejecutar ataques a nivel mundial contra agencias gubernamentales de Estados Unidos, universidades y diversas empresas. La vulnerabilidad, considerada un ataque de “día cero” por ser desconocida antes de su explotación, permitió a los atacantes acceder a sistemas y ejecutar código de forma remota.

Según un informe de Forbes Colombia, la falla afectó específicamente a las versiones locales de SharePoint, mientras que los clientes que utilizan los servicios en la nube de Microsoft 365 no se vieron impactados. Las entidades afectadas incluyen agencias federales y estatales de Estados Unidos, entre otras organizaciones. En respuesta, Microsoft lanzó un parche de seguridad de emergencia para sus versiones más recientes de SharePoint (Subscription Edition y SharePoint 2019) y está trabajando en una solución para la versión 2016. La compañía ha estado coordinando su respuesta con agencias de ciberseguridad como la CISA de Estados Unidos.

Este incidente se suma a otros problemas de seguridad de alto perfil que ha enfrentado Microsoft en los últimos años, incluyendo un hackeo a cuentas de correo de agencias gubernamentales en 2023. Un reciente informe de la Casa Blanca criticó la cultura corporativa de la compañía por restar prioridad a las inversiones en seguridad.

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El Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó un nuevo tarifario dinámico que establece una Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los docentes, un 46,4% superior a la del régimen contributivo general. Esta medida, que empezará a regir desde el primero de agosto, busca facilitar la contratación de servicios de salud y garantizar una atención eficiente para los maestros.

Según el comunicado de la Presidencia, la decisión se tomó en una sesión ordinaria que contó con la participación de los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo, así como representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Fiduprevisora. Maritza Molina, secretaria técnica del Fomag, señaló que el objetivo es que “las y los docentes y sus familias se sientan atendidos de manera adecuada y oportuna”.

El nuevo tarifario incluye consideraciones especiales para mejorar el acceso en todo el territorio nacional. Se aplicará un ajuste adicional del 10,0% para compensar los costos logísticos en zonas con dispersión geográfica y una prima adicional del 37,9% para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adicionalmente, se otorgará una prima del 5,0% a las instituciones que cuenten con acreditación y altos estándares de calidad, verificados y aprobados por el Fomag.

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El Grupo Ecopetrol liderará el primer proyecto exploratorio de energía geotérmica en Colombia, el cual se desarrollará en el volcán Azufral, en el departamento de Nariño. Se estima que esta iniciativa tendrá una capacidad de producción de aproximadamente 80 megavatios (MW) de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 1,6 millones de personas.

Según un informe del diario El Colombiano, la capacidad de este proyecto equivale al consumo total de energía del departamento de Nariño, lo que marca un hito en la diversificación de la matriz energética del país. La energía geotérmica se obtiene del calor del interior de la Tierra y es considerada una fuente renovable y constante.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha destacado que este proyecto es un paso significativo hacia el desarrollo sostenible y la transición energética de Colombia. La primera fase se centrará en fortalecer las capacidades institucionales, territoriales y técnicas para la exploración y el aprovechamiento de este recurso.

La iniciativa cuenta con el respaldo de múltiples entidades, incluyendo los ministerios de Minas y Energía, Ciencia y Ambiente, así como la Gobernación de Nariño. También participan en el proyecto el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET) y otras autoridades técnicas y regulatorias.

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El sector Contact Center y BPO en Colombia creció el 1,4% en ingresos durante el primer trimestre de 2025, impulsado por la adopción masiva de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización.

Colombia se posiciona como uno de los destinos nearshore más atractivos para empresas globales, con Estados Unidos como principal mercado de exportación, concentrando el 50,9% de las ventas internacionales. Cerca del 50% de las empresas planean expandir operaciones a regiones como Antioquia, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, buscando descentralizar actividades y fortalecer las economías locales. A pesar de una reducción del 5,4% en la ocupación laboral, el sector sigue siendo un importante generador de empleo formal, especialmente para jóvenes (63% entre 18 y 29 años) y mujeres (59% de la fuerza laboral).

El Gobierno de Colombia prepara un decreto para incrementar el precio del diésel a un valor cercano a los $15.000 por galón. Sin embargo, el aumento no aplicará para los servicios de transporte de carga y de pasajeros, sino que se enfocará en camionetas y vehículos de uso particular, diplomático y oficial.

Según un informe de W Radio, el objetivo de esta medida es alinear el precio nacional del combustible con el de referencia internacional, que actualmente se ubica en $15.000, para así reducir el costo fiscal del subsidio. El precio actual del diésel para los vehículos que serán afectados por el alza es de aproximadamente $10.500 por galón.

Quedarán exentos del incremento los vehículos de transporte masivo de pasajeros y de carga, como buses, busetas, camiones, microbuses, tractocamiones y volquetas. El Ministerio de Hacienda estima que esta focalización del subsidio generará un ahorro fiscal de alrededor de $386 mil millones en el año. La medida se implementará en 69 municipios del país, incluyendo grandes capitales como Bogotá y ciudades en departamentos como Antioquia, Atlántico y Bolívar. El decreto busca que el subsidio al diésel beneficie exclusivamente a los sectores que tienen un mayor impacto en la canasta familiar y la economía productiva del país.

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El financiamiento para las insurtech (tecnología de seguros) en América Latina alcanzó los US$121 millones durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 370,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra también supera en un 32,0% la inversión total registrada en todo 2024, demostrando un fuerte dinamismo en el sector.

Según un informe del portal Reinsurance News, Brasil lideró la captación de inversiones en la región, con US$89 millones, equivalentes al 74,0% del total. Por líneas de negocio, el segmento de vida y cuidado atrajo el 65,0% de la financiación, mientras que el de movilidad obtuvo el 33,0%.

El ecosistema de insurtech en la región también creció, alcanzando un total de 507 startups. Brasil encabeza la lista con 203 empresas, seguido de México (129) y Argentina (95). Chile, por su parte, registró el mayor aumento porcentual de nuevas compañías, con un alza del 29,0%.

Colombia se destaca como el país más atractivo para las empresas de insurtech extranjeras, con un 66,0% de las compañías del sector provenientes de otros mercados. Le siguen Perú (53,0%) y México (42,0%). El índice de internacionalización de las startups de la región aumentó un 36,0% en el semestre, lo que indica una creciente expansión de estas empresas a otros países.

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Colombia se ha consolidado como el tercer mercado más grande de Business Process Outsourcing (BPO) en América Latina, generando ingresos que superan los US$2.951 millones y aportando cerca del 3,0% al Producto Interno Bruto (PIB) del país. El sector se ha convertido en una fuente crucial de empleo formal, con más de 754.000 personas trabajando en la industria, muchas de ellas jóvenes y mujeres.

Según un informe de la Revista Momentos, Colombia se posiciona en la región solo por detrás de Brasil y México, gracias a su talento humano y su capacidad de integración tecnológica. César López, CEO de la multinacional Covisian, destacó que el país tiene una ubicación ideal para desarrollar centros de experiencia al cliente de alto nivel con alcance continental.

Una de las tendencias clave en el sector es la creciente importancia de la automatización y la inteligencia artificial (IA) para optimizar el servicio al cliente y mejorar la eficiencia. Sin embargo, el modelo exitoso que se está implementando combina la supervisión humana con los procesos automatizados, utilizando la IA como una herramienta de apoyo para evitar las experiencias negativas asociadas a las interacciones exclusivas con chatbots. El futuro del sector BPO en Colombia se perfila como estratégico debido a su potencial económico y a una fuerza laboral altamente calificada.

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• La discriminación sistémica contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia genera exclusión educativa, desempleo, informalidad y barreras en el acceso a servicios financieros.
• A pesar de estas limitaciones, el poder adquisitivo estimado de la comunidad alcanza los USD 16.000 millones anuales, y su participación en el emprendimiento es una forma de resiliencia económica.
• Incluir a esta población en el sistema productivo no es solo un acto de justicia, sino una oportunidad clara para el crecimiento económico, la innovación y la expansión del mercado interno.

En los márgenes de la economía formal y bajo el peso persistente de la discriminación, la comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha encontrado en el emprendimiento y la innovación una vía para sortear las barreras del sistema. Sin embargo, lejos de ser solo una historia de superación individual, la vida empresarial LGBTIQ+ revela un potencial económico colectivo que ha sido sistemáticamente desaprovechado. La exclusión de esta comunidad no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también le cuesta al país talento, productividad e ingresos fiscales.

Un camino marcado por la exclusión: educación, empleo y finanzas

La trayectoria laboral de muchas personas LGBTIQ+ comienza con una herida estructural: la deserción escolar por acoso y discriminación. Según un estudio realizado en Bogotá, el 25% de los miembros de esta comunidad que abandonaron sus estudios lo hicieron por causa directa de la violencia basada en su orientación sexual o identidad de género. Esta exclusión temprana se traduce en menores oportunidades de empleo y menos herramientas para emprender. En el caso de las personas trans, esta realidad es aún más severa: el 49% no tiene ningún tipo de formación para el trabajo.

Las estadísticas del mercado laboral evidencian las consecuencias. El 27% de quienes están empleados lo hacen sin contrato y un 12% adicional bajo acuerdos verbales, lo que implica exclusión de prestaciones sociales, estabilidad y acceso al crédito. Además, el 60% de las personas LGBTIQ+ y el 80% de las personas trans reportan haber sufrido discriminación en entornos laborales.

Esta cadena de exclusión alcanza su punto más crítico en el acceso al sistema financiero. La inclusión bancaria de la comunidad LGBTIQ+ es 20 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población. A pesar de que ciertos segmentos de esta comunidad cuentan con ingresos promedio altos y hábitos de consumo sofisticados, la desconfianza, el temor a ser discriminados y la rigidez de los procesos bancarios los alejan de productos clave como créditos de vivienda, seguros o líneas empresariales. Esto ha motivado una mayor adopción de soluciones fintech y banca digital, no necesariamente por afinidad tecnológica, sino también como mecanismo de protección frente al maltrato institucional.

El emprendimiento como alternativa: del refugio a la resistencia

Frente a este entorno adverso, el emprendimiento ha sido una estrategia de resiliencia. Aunque muchas personas LGBTIQ+ inician sus propios negocios por necesidad ante la exclusión del mercado laboral, no se trata de emprendimientos marginales o de subsistencia. En muchos casos, son iniciativas innovadoras, con alto nivel de profesionalismo, que generan empleo y satisfacen nichos de mercado desatendidos. Este fenómeno da origen a lo que se ha denominado la “Economía Rosa”, un segmento con poder adquisitivo y capacidad de dinamizar sectores como el comercio, la moda, el entretenimiento y la tecnología.

El caso de Estados Unidos, con su ecosistema empresarial LGBTIQ+ más consolidado, ofrece una referencia valiosa. La National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) estima que existen 1,4 millones de empresas propiedad de personas LGBTIQ+ que aportan anualmente USD 1,7 billones a la economía estadounidense. Las empresas certificadas por esta organización, que representan solo una fracción del total, han creado más de 33.000 empleos directos y tienen una longevidad empresarial promedio de 12 años, superando el promedio de las startups convencionales, donde más de la mitad fracasan en los primeros cinco años.

Voces visibles: empresarios que rompen el molde

Algunos empresarios e influenciadores LGBTIQ+ en Colombia y el mundo están marcando la diferencia no solo con sus negocios, sino también con su visibilidad, entre estos casos encontramos:

• Tim Cook, CEO de Apple
• Sam Altman, CEO de OpenAI
• Martyn Sibley, Cofundador de Disability Horizons
• Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb
• Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies
• Martine Rothblatt, CEO de United Therapeutics

En Colombia y América Latina también encontramos grandes personalidades como:

• Santiago Castro, expresidente de Asobancaria
• Claudia López, exalcaldesa de Bogotá
• Sergio Londoño, vicepresidente Asuntos públicos de Coca Cola
• Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane

La oportunidad ignorada: el mercado LGBTIQ+ como motor de crecimiento

El poder económico de la comunidad LGBTIQ+ colombiana está lejos de ser marginal. De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia (CCLGBTCO), el poder adquisitivo de este segmento supera los USD 16.000 millones anuales, lo que lo convierte en el cuarto mercado LGBTIQ+ más grande de América Latina. Esta capacidad de consumo se explica, en parte, por estructuras familiares más reducidas y patrones de gasto orientados hacia el consumo de experiencias, tecnología y servicios especializados.

Además del consumo, el sector financiero podría capitalizar este segmento de forma significativa. Según Asobancaria, existe una oportunidad de mercado para ampliar en un 47 % la vinculación de personas LGBTIQ+ a productos financieros, lo que podría representar ingresos adicionales de hasta USD 633 millones anuales para el sistema bancario colombiano. Sin embargo, esta potencial expansión requiere ajustes profundos en políticas de atención, formación del personal, simplificación de trámites y diseño de productos que reconozcan la diversidad.

La comunidad empresarial y consumidora LGBTIQ+ de Colombia es un activo económico nacional que se encuentra crónicamente subutilizado. Las barreras estructurales, desde la deserción escolar inducida por la discriminación hasta la exclusión del sistema financiero, no son meramente problemas sociales o de derechos humanos. Imponen un costo económico directo y medible al país en forma de pérdida de productividad, menor innovación, una base impositiva reducida y una subutilización del capital humano.

El emprendimiento, en este contexto, emerge como testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación de la comunidad, pero también como síntoma de las fallas del mercado laboral formal. La “Economía Rosa”, con su considerable poder adquisitivo, demuestra el potencial latente. Sin embargo, para que este potencial se materialice plenamente, es necesario pasar de un modelo de supervivencia individual a un ecosistema de crecimiento estructurado.

Cerrar las brechas de desempleo, informalidad e inclusión financiera no solo es un imperativo de equidad, sino una de las oportunidades más claras para impulsar el crecimiento, la inclusión económica de la población LGBTIQ+ ya no puede ser vista como un acto de filantropía o de cumplimiento normativo sino como parte de la formalización y la sofisticación de la economía colombiana.

Durante el segundo trimestre de 2025, un total de 18 nuevos proyectos de energía ingresaron al Sistema Interconectado Nacional (SIN), añadiendo 31,7 megavatios (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica al país. De este total, 12 fueron proyectos de generación, mientras que los seis restantes correspondieron a transmisión y conexión de usuarios.

Según un informe de XM, operador del sistema, citado por el diario Portafolio, la mayor parte de la nueva capacidad provino de fuentes solares, con 29,7 MW. Los 2 MW restantes correspondieron a la ampliación de una central hidroeléctrica. Con estas adiciones, la capacidad total del SIN al 30 de junio de 2025 fue de 20.707 MW.

A pesar de la entrada de nuevos proyectos, la capacidad total del sistema presentó una leve disminución del 0,7 % en comparación con el primer trimestre de 2025. XM explicó que esta reducción se debe a la finalización de un periodo de transición regulatorio, que hizo que 23 plantas, equivalentes a 65,6 MW, retornaran a un estado de pruebas.

El proyecto de generación que más aportó fue el parque solar Baranoa, en el Atlántico, con 19,9 MW. Le siguieron proyectos en Cesar, Meta, Córdoba, Antioquia, Tolima y Nariño. XM destacó que la entrada de estos proyectos permite diversificar el sistema para atender la demanda y aumentar la confiabilidad de la red.

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