El mercado global de la pesca y la acuicultura enfrenta una crisis de integridad significativa, donde una porción considerable de los productos comercializados incurre en prácticas engañosas que van desde el etiquetado falso hasta la adulteración física. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta que este sector, valorado en 195.000 millones de dólares, presenta irregularidades en cerca del 20,0 % de su comercio. Tal fenómeno no solo distorsiona las dinámicas económicas, sino que plantea riesgos serios para la biodiversidad marina y la salud de los consumidores, superando las tasas de fraude observadas en otros rubros proteicos debido a la vasta diversidad de especies transadas a nivel mundial.

Según El Tiempo, el informe detalla modalidades ilícitas como el uso de colorantes para simular frescura en el atún o la sustitución de especies de alto valor por otras más económicas, como vender tilapia en lugar de pargo rojo. De hecho, ocultar el origen geográfico de productos como el salmón puede inflar artificialmente el precio hasta en 10 dólares por kilogramo, mientras que en regiones como Italia, la lubina de cultivo etiquetada como pesca local triplica su valor comercial. Dichas estrategias buscan maximizar ganancias engañando al comprador sobre la procedencia real y la calidad del alimento, encubriendo en ocasiones la pesca que excede las cuotas legales.

El alcance de esta problemática es palpable en el continente americano, donde investigaciones en Argentina detectaron una tasa de sustitución de especies del 21,3 %, y en Estados Unidos y Canadá las estimaciones rondan el 25,0 %. Para contrarrestar estas distorsiones, se propone armonizar las normas internacionales de etiquetado exigiendo el nombre científico y fortalecer los sistemas de trazabilidad mediante tecnologías de aprendizaje automático. Implementar estas medidas resulta crucial para asegurar la transparencia en la cadena de suministro, evitando que el consumo de pescado crudo o mal identificado se convierta en un peligro sanitario y ambiental.

El mercado publicitario colombiano experimentó un retroceso significativo durante el 2025, registrando una contracción en la inversión estimada entre el 10,0 % y el 12,0 % en términos reales debido a la presión inflacionaria y la menor actividad económica. Adicionalmente, el volumen de inserciones se redujo en un 10,5 %, contabilizando un total de 10,0 millones de avisos frente a los 11,2 millones del año anterior, cifra que confirma una desaceleración en la dinámica de pauta y una mayor cautela en el gasto por parte de las marcas.

Según Forbes Colombia, los datos suministrados por Kantar IBOPE Media evidencian un comportamiento desigual entre los diferentes canales de comunicación. Mientras la televisión nacional logró un leve crecimiento del 2,2 % y la publicidad exterior repuntó un notable 28,0 % gracias a la digitalización de formatos, la radio y la televisión por suscripción sufrieron caídas del 6,4 % y 4,4 %, respectivamente. En cuanto a los sectores económicos, la industria farmacéutica se posicionó como el mayor anunciante al incrementar su inversión en $281.000 millones, alcanzando un total de $1,52 billones; por el contrario, el rubro de servicios reportó la mayor disminución, recortando su presupuesto en $244.000 millones.

Carolina Ibargüen, CEO de Kantar IBOPE Media, señaló que el ejercicio se caracterizó por una operación más selectiva y costosa para los anunciantes, quienes debieron ajustar sus estrategias ante la coyuntura de precios altos. De cara al 2026, se proyecta una recuperación gradual de la inversión, impulsada por mejores expectativas de crecimiento y eventos coyunturales de alto impacto como el Mundial de fútbol y el ciclo electoral, factores que históricamente dinamizan el consumo y fomentan la competencia. Dicho escenario permitiría revertir la tendencia negativa del último año y reactivar los flujos de capital hacia la promoción comercial.

El gobierno estadounidense oficializó el lanzamiento de TrumpRX, una herramienta digital diseñada para transformar el acceso a los servicios de salud mediante la venta directa de medicamentos al consumidor final. La iniciativa tiene como objetivo eliminar la intermediación en la cadena de distribución, buscando reducciones en los precios de venta al público que oscilan entre el 33,0 % y el 93,0 %. Dicha estrategia se perfila como una respuesta gubernamental ante la creciente preocupación de los votantes por el alto costo de vida, posicionándose como una de las apuestas más ambiciosas de la actual administración para aliviar la carga económica de los tratamientos médicos recurrentes.

Según CNN en español, la plataforma funciona como un centro de información que conecta a los pacientes con 16 fabricantes farmacéuticos dispuestos a negociar tarifas preferenciales para pagos en efectivo. Actualmente, el catálogo incluye 43 referencias para tratar patologías como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y el control de peso. El sistema permite a los usuarios consultar la disponibilidad y obtener vales canjeables en farmacias, aunque se sugiere a quienes poseen seguro médico verificar sus copagos, pues en ocasiones estos podrían resultar más económicos que la oferta del portal.

A pesar del entusiasmo oficial, la medida ha generado opiniones divididas entre los expertos del sector, quienes señalan que el impacto inicial podría ser limitado y focalizado principalmente en la población no asegurada o con deducibles altos. Analistas académicos advierten que, aun con las rebajas aplicadas, muchos precios finales superan los US$100,0, una barrera financiera que históricamente desincentiva la adherencia a los tratamientos en el ciudadano promedio. Asimismo, se ha detectado que algunos fármacos ya se encuentran disponibles en el mercado a precios similares mediante otros mecanismos, lo que exigirá una investigación detallada por parte del consumidor para garantizar un ahorro real.

La agroindustria de la caña en Colombia ha entrado en una fase de transformación estructural definida por el tránsito de un sector puramente alimentario hacia un modelo sucroenergético de alta eficiencia. Al cierre de 2025, el sector demostró una resiliencia notable: mientras la demanda interna de azúcar industrial se contrajo entre un 3,0% y 4,0% debido a la plena aplicación de los impuestos saludables, la industria logró sostener un crecimiento del 2,0% en su PIB sectorial mediante rendimientos récord de 12,4 toneladas de azúcar por hectárea y un aumento del 8,4% en la molienda. El panorama para 2026 está marcado por una dualidad de riesgos y oportunidades. En el frente interno, la rentabilidad de los biocombustibles enfrenta una presión del 9,0% a la baja por el cambio en la fórmula de precios (Resolución 40616), lo que pone en alerta la estabilidad de los 286.000 empleos de la cadena. En el frente externo, el sector ha iniciado una reconfiguración agresiva de su mapa exportador: la pérdida de competitividad en mercados andinos por barreras arancelarias (como el nuevo arancel del 30,0% en Ecuador) está siendo compensada por la eliminación de aranceles en Estados Unidos para la panela y la apuesta por nichos de “etiqueta limpia” en Europa. En definitiva, la consolidación de la economía circular y el aporte a la seguridad energética nacional mediante la biomasa se perfilan como los salvaguardas de la rentabilidad sectorial para el nuevo año.

Tras el alivio que dejaron los mercados en 2025 —bolsas al alza, inflación retrocediendo y expectativas de recortes de tasas— el comienzo de 2026 cambió radicalmente el humor de los inversionistas. El oro se disparó hasta niveles cercanos a US$5.600 por onza, mientras fondos globales migran hacia bonos del Tesoro y monedas refugio. La volatilidad regresó en cuestión de semanas y reabrió una pregunta incómoda: ¿era real la estabilidad o solo una pausa antes de nuevas turbulencias? El giro ocurre en medio de tensiones comerciales renovadas, cadenas de suministro más frágiles y señales de desaceleración simultánea en economías clave como China y Europa.

Detrás del nerviosismo aparece un problema estructural: el peso de la deuda y los déficits fiscales. En 2025 la deuda pública global rondó el 95 % del PIB mundial, con grandes economías operando con desbalances superiores al 5 %. A esto se suman choques políticos que impactan expectativas: disputas arancelarias entre aliados históricos, presiones sobre la autonomía de bancos centrales y dudas sobre la capacidad de los gobiernos para sostener el crecimiento sin nuevos estímulos. No es una crisis declarada, pero sí un entorno donde el margen de error es cada vez menor. El mercado dejó de celebrar el aterrizaje suave y volvió a prepararse para un escenario de corrección.

El sector autopartista colombiano anticipa un año de dinamismo comercial, proyectando una expansión de hasta el 8,0 % para el cierre de 2026, impulsada fundamentalmente por la demanda de posventa y el envejecimiento natural del parque automotor. Dicho comportamiento se sustenta en las cifras registradas durante el año anterior, cuando se matricularon 254.438 vehículos nuevos, lo que representó un aumento del 26,4 %, mientras que las motocicletas alcanzaron las 1.125.540 unidades vendidas, marcando un crecimiento del 35,1 %. Este volumen de rodamiento garantiza una necesidad constante de reposición y servicios de mantenimiento, vitales para la movilidad nacional.

Según Dataifx, a pesar de las expectativas positivas en ventas, el gremio Asopartes advierte sobre desafíos estructurales derivados de las nuevas reglas fiscales y la presión arancelaria. La industria, que depende en un 85,0 % de insumos importados, enfrenta riesgos de iliquidez por la aplicación plena del Decreto 572 y la propuesta gubernamental de elevar los aranceles hasta un 40,0 % para vehículos de combustión y un 35,0 % para motocicletas. Tal escenario podría encarecer los repuestos por encima de la inflación, desplazando el consumo hacia canales informales y afectando la competitividad de las empresas legalmente constituidas.

Adicionalmente, la transición energética plantea interrogantes sobre el futuro de los incentivos tributarios para los vehículos híbridos y eléctricos, un segmento que, aunque creció en el último periodo, requiere estabilidad jurídica para consolidarse. El presidente del gremio, Carlos Andrés Pineda, enfatiza que los automotores híbridos demandan una especialización técnica que actúa como barrera frente a la informalidad, por lo que desincentivar su uso podría tener efectos contraproducentes. En consecuencia, el sector clama por reglas claras que permitan proteger el empleo formal y garantizar la seguridad vial en las carreteras del país.

América Latina dio un paso importante hacia la soberanía tecnológica con el lanzamiento de LATAM GPT, el primer modelo de lenguaje de código abierto diseñado específicamente para responder a las realidades culturales y lingüísticas de la región. Esta herramienta, desarrollada bajo una arquitectura base Llama 3.1 de 70.000 millones de parámetros, fue entrenada con más de 300.000 millones de tokens de texto en español y portugués. El proyecto busca mitigar la subrepresentación histórica del sur global en la inteligencia artificial, dado que los datos en estos idiomas apenas constituyen el 4,0% y 2,0%, respectivamente, en los repositorios mundiales, permitiendo así crear soluciones digitales ajustadas al contexto local.

Según Impacto TIC, la iniciativa fue coordinada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y contó con la colaboración estratégica de CAF, Amazon Web Services (AWS) y el Ministerio TIC de Colombia, entidad que formalizó su participación mediante un memorando de entendimiento. Gracias al soporte de infraestructura en la nube, el tiempo de entrenamiento del modelo se redujo en un 64,0 %, pasando de 25 a solo 9 días, lo cual optimizó significativamente los recursos técnicos. Este esfuerzo articuló a más de 200 especialistas de 60 instituciones en 15 países, quienes curaron rigurosamente la información para eliminar sesgos y asegurar la anonimización de los datos.

A diferencia de las soluciones comerciales cerradas, este desarrollo se concibe como un bien público orientado a democratizar el acceso a la tecnología en sectores estratégicos como la educación, la gestión gubernamental y la innovación productiva. Las proyecciones indican que su implementación podría mejorar el rendimiento de hasta el 50,0 % de la fuerza laboral latinoamericana, al ofrecer una base trazable y transparente para la creación de nuevas aplicaciones. De este modo, la región deja de ser un simple usuario pasivo para convertirse en un actor capaz de generar valor agregado, fortaleciendo sus capacidades técnicas y reduciendo la dependencia de algoritmos entrenados en Estados Unidos o China.

El sector de infraestructura y obras civiles en Colombia experimentó una recuperación asimétrica durante los primeros nueve meses de 2025, registrando un crecimiento del 9,0 % en su índice de producción frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño positivo estuvo jalonado principalmente por el segmento de construcción de minas y plantas industriales, el cual tuvo una expansión anual del 36,4 %, aportando significativamente al resultado general. De igual manera, las obras viales contribuyeron con un alza del 6,2 %, mientras que los despachos de mezcla asfáltica acumularon 2,2 millones de metros cúbicos hasta octubre, lo que representa un incremento del 6,6 % impulsado por la malla vial urbana e interurbana.

Según el informe realizado por Sectorial, a pesar de las cifras de crecimiento, la actividad se ubica en una zona de precaución con 41,5 puntos sobre 100, debido a riesgos estructurales y financieros. El informe destaca avances como el 72,1 % de ejecución en la Primera Línea del Metro de Bogotá y la finalización del 100,0 % del Tramo 1 en el Túnel del Toyo. Sin embargo, persisten desafíos como la liquidación anticipada de concesiones 4G y la baja ejecución presupuestal del Invías, entidad que cerró la vigencia con 62 proyectos estratégicos, presentando avances mínimos, situación que compromete la conectividad regional en departamentos clave.

Aunque el gobierno de Gustavo Petro registra un marcado aumento en términos de monto ($308 billones, un crecimiento del 35 % frente a 2022), proporcionalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos lidera el endeudamiento con una variación del 134% (pasó de $203 a $473 billones).

Mientras que la deuda de Duque se atribuye a la emergencia del COVID-19 (FOME) y la de Santos a la caída del petróleo (2014), la del gobierno Petro carece de una justificación de peso similar; si restas los recursos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el excedente se ha desviado hacia gasto burocrático y fines probablemente electorales mediante subsidios.

Tenemos, por su parte, la advertencia de las calificadoras internacionales, que en 2021 nos quitaron el rating de grado de inversión, en 2024 nos pusieron en perspectiva negativa; es decir que ven una solvencia justa de la Nación para pagar su endeudamiento, debido al alto nivel de este y el mal manejo de las finanzas que ha hecho el gobierno.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) fijó el precio promedio internacional del carbón de referencia en US$84,69 por tonelada para el año gravable 2025, cifra determinante para calcular el impuesto sobre la renta del sector extractivo. Al comparar este valor con los umbrales históricos, se evidencia que la cotización se mantuvo por debajo del percentil 65, establecido en US$104,94, lo que implica que las compañías mineras no deberán liquidar puntos adicionales en su tarifa tributaria. En consecuencia, la carga fiscal para estas empresas no sufrirá incrementos, dado que no se activaron los rangos de sobretasa del 5,0 % ni del 10,0 % previstos para escenarios de precios altos.

Según la Resolución 000049 de la UPME, el cálculo técnico tomó como base el indicador internacional API2, restando los fletes BCI7, valores que fueron deflactados con el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos para garantizar su comparabilidad real. El documento de soporte detalla que el mercado mostró una tendencia decreciente a lo largo del año, iniciando enero con un valor ajustado de US$99,22 y cerrando diciembre en US$76,52, comportamiento que consolidó un promedio anual inferior a los límites de bonanza definidos por la normativa tributaria.

El análisis de los últimos 120 meses permitió establecer que el percentil 75, umbral que marca el escenario de precios extraordinarios sujeto a la tarifa máxima con 10 puntos extra, se ubicó en US$110,51, un nivel distante de la realidad del mercado en 2025. Por consiguiente, el sector carbonífero operará bajo un esquema de tributación estándar sin la adición de puntos porcentuales al impuesto de renta, reflejando una normalización en las cotizaciones energéticas globales. De esta manera, la autoridad minera define con claridad las reglas de juego fiscal para la próxima declaración de renta de las compañías productoras de hulla y lignito.