Para los comicios legislativos, que incluyen la elección de senadores y representantes a la Cámara, los funcionarios públicos interesados en participar deberán renunciar a sus cargos a más tardar el 7 de marzo de 2025. Las candidaturas podrán inscribirse entre noviembre y diciembre del mismo año, y la jornada electoral se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

En cuanto a las elecciones presidenciales, el plazo máximo para la renuncia de funcionarios públicos es el 31 de mayo de 2025. La primera vuelta presidencial está programada para el 24 de mayo de 2026, y, de ser necesaria, la segunda vuelta se realizará el 14 de junio de 2026. Este cronograma establece un marco claro para la participación democrática y la renovación de las principales instancias políticas del país.

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Según el diario Portafolio, el panorama energético en Colombia para 2025 enfrenta grandes desafíos, con riesgos de desabastecimiento eléctrico debido a un crecimiento sostenido de la demanda y un lento avance en la capacidad de generación. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advierte que factores como la limitada firma de contratos de exploración de hidrocarburos, la incertidumbre climática y los bajos niveles de los embalses están complicando aún más la situación. Aunque en 2024 la generación térmica fue clave, aportando más del 29% de la energía total, persisten obstáculos como la conflictividad social, retrasos en proyectos renovables, y problemas con licencias y consultas previas que afectan el desarrollo de nuevas fuentes de generación.

Acolgen resalta que el balance entre oferta y demanda energética es crítico, con márgenes de reserva extremadamente bajos para 2025 y 2026, según datos de XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional, y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Para evitar una crisis, la asociación propone incentivos para materializar proyectos de generación, modernizar el mercado energético e implementar medidas que reduzcan trámites y resuelvan conflictos en los territorios. Sin estas acciones, advierte que el país podría pasar de una crisis de precios a una crisis de suministro energético, situación que exige un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado para garantizar la sostenibilidad y confiabilidad del sistema.

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Según el periódico Agronegocios, el Índice de Precios Agropecuarios (Ipap-BMC) de la Bolsa Mercantil de Colombia cerró 2024 en 231,92, representando un incremento del 0,9% respecto al año anterior, que había registrado una caída del 6,2%. Este aumento estuvo en línea con las proyecciones de la entidad y estuvo influenciado principalmente por el encarecimiento de los insumos agrícolas y productos importados, derivado del alza sostenida en la tasa de cambio durante los últimos seis meses.

El reporte destaca que las subclases con mayor contribución positiva al índice fueron las papas, con 0,94 puntos porcentuales (p.p.), seguidas de granos de cacao (0,8 p.p.), legumbres secas (0,59 p.p.) y flores cortadas (0,32 p.p.). Por el contrario, productos como la leche cruda de vaca (-1,18 p.p.) y la yuca (-1,03 p.p.) tuvieron un impacto negativo significativo. Con una correlación del 93,37% con el Índice de Precios al Productor (IPP) agropecuario y del 86,53% con el IPC de alimentos del DANE, el Ipap-BMC se consolida como un indicador clave para anticipar tendencias en los precios de los alimentos y su impacto en el costo de vida.

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• Bogotá ha sido epicentro político donde al menos seis presidentes de Colombia iniciaron sus carreras públicas.
• La transición hacia la elección popular de alcaldes en 1988 permitió que líderes como Andrés Pastrana y Gustavo Petro transformaran su experiencia en Bogotá en una proyección nacional que los llevó a la Presidencia de Colombia.

A lo largo de la historia de Colombia, la ciudad de Bogotá ha sido un epicentro político y administrativo que ha influido significativamente en el desarrollo del país. Como capital, no solo ha sido el escenario de importantes decisiones nacionales, sino también un espacio donde varios líderes han iniciado o consolidado sus trayectorias políticas. Un aspecto interesante de esta dinámica es la relación entre la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República. Algunos de los mandatarios nacionales también desempeñaron el cargo de alcalde de la capital, ya sea como designados o como elegidos popularmente.

En el siglo XIX, cuando los alcaldes de Bogotá eran designados por el gobierno central, varios de ellos llegaron a ocupar la máxima magistratura del país. Entre los ejemplos más destacados está Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue alcalde designado en 1823 y posteriormente presidente de Colombia en cuatro ocasiones (1845-1849, 1861-1863, 1863-1864 y 1866-1867). Mosquera, un militar y político de gran influencia, utilizó su experiencia en la administración local como base para implementar reformas nacionales que marcaron su presidencia.

Otro caso es el de Rafael Núñez, quien ocupó la Alcaldía de Bogotá en 1854 y más tarde se convirtió en presidente en cuatro periodos diferentes (1880-1882, 1884-1886, 1886-1888 y 1888-1892). Núñez es recordado como el arquitecto de la Constitución de 1886, un documento que definió la estructura política y administrativa del país durante más de un siglo.

Durante el siglo XIX y principios del XX, el cargo de alcalde de Bogotá era una posición estratégica para aquellos que buscaban consolidar su influencia política. José Manuel Marroquín, quien fue alcalde designado en 1858, llegó a la presidencia en 1900 tras un golpe de Estado contra Manuel Antonio Sanclemente. Su mandato estuvo marcado por la pérdida de Panamá en 1903, un evento que tuvo profundas repercusiones para Colombia.

Otro ejemplo relevante es el de Miguel Antonio Caro, quien ocupó la Alcaldía de Bogotá en 1873 y fue presidente entre 1892 y 1898. Caro, un intelectual conservador, continuó con las políticas centralistas y autoritarias de Rafael Núñez, consolidando el modelo de gobierno establecido por la Constitución de 1886.

El sistema de designación de alcaldes de Bogotá cambió radicalmente en 1988, cuando se implementó la elección popular de alcaldes en Colombia. Este cambio democratizó el acceso al poder local y permitió que figuras con agendas independientes o vinculadas a partidos políticos específicos llegaran al cargo. Desde entonces, dos alcaldes elegidos popularmente han llegado a ser presidentes de Colombia.

El primero fue Andrés Pastrana Arango, quien fue elegido alcalde de Bogotá en 1988, convirtiéndose en el primer mandatario local elegido por voto popular. Su gestión estuvo marcada por esfuerzos para modernizar la ciudad y mejorar la seguridad. Más tarde, Pastrana fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002, un periodo recordado por los intentos fallidos de negociación de paz con las FARC y por una crisis económica significativa.

El segundo caso es el de Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Su administración se caracterizó por políticas progresistas en temas de medio ambiente, movilidad y justicia social, aunque también enfrentó controversias y tensiones con sectores tradicionales. En 2022, Petro fue elegido presidente de Colombia, marcando un giro hacia un modelo de gobierno más progresista y enfocado en reformas estructurales.

En total, al menos seis presidentes de Colombia han ocupado también el cargo de alcalde de Bogotá en diferentes momentos de la historia. El desempeño como alcalde de Bogotá ha sido un trampolín para varios líderes que luego alcanzaron la presidencia. La gestión de una ciudad tan compleja y diversa como Bogotá permite a los mandatarios desarrollar habilidades de administración pública, negociación política y manejo de crisis, que resultan esenciales para liderar el país.