Los hospitales públicos en Colombia enfrentan una crisis financiera debido a las millonarias deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que compromete su funcionamiento y la atención a los ciudadanos.

Según un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos, a diciembre del año pasado, las EPS intervenidas por el Gobierno adeudaban $5,3 billones, representando el 45,8 % del total de la cartera morosa con los hospitales públicos. En total, se proyecta que la deuda de las EPS superarán los $17 billones en 2025. La situación ha llevado a muchas entidades a la imposibilidad de cumplir con obligaciones básicas como el pago de salarios al personal médico y asistencial, la compra de medicamentos, el mantenimiento de la infraestructura y el pago de servicios públicos.

El comunicado ha alertado sobre esta problemática, señalando que del total de servicios que solicitan las EPS, solo se está pagando el 65,0 %, dejando en el “aire” el 35,0 % restante de las obligaciones. La falta de recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera y operativa de los hospitales públicos, considerados vitales para la salud de los colombianos. Además, se señala la importancia de los hospitales públicos como columna vertebral del sistema de salud colombiano, sobre todo en las regiones apartadas.

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En los últimos 20 años, la producción porcina en Colombia ha crecido 171,0 %, una cifra que supera ampliamente el promedio global del sector, lo que posiciona al país como uno de los más dinámicos en América Latina.

Según la revista Semana, con base en datos de BBVA Research, la producción nacional alcanzó 550.000 toneladas en 2023. En contraste, la producción mundial de carne de cerdo fue de 124,7 millones de toneladas. El crecimiento colombiano, además de ser sostenido, ha superado el promedio anual mundial por 7,5 puntos porcentuales en los últimos 13 años, con un incremento local promedio del 8,5% anual.

Antioquia lidera la producción porcina nacional, seguida por Valle del Cauca y Cundinamarca. Estas tres regiones concentran la mayor parte del censo porcino y se destacan por la tecnificación de sus sistemas. Actualmente, el 63,6 % de la producción en el país se realiza bajo esquemas tecnificados, lo que ha permitido elevar la eficiencia y calidad del producto.

La carne de cerdo representa hoy el 24,0 % del consumo per cápita de proteínas animales en Colombia. Esta mayor demanda interna ha impulsado al sector a realizar inversiones en infraestructura, tecnología y sanidad, lo que ha contribuido al fortalecimiento del sistema productivo y a su creciente participación en la economía agroindustrial del país.

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El aumento de 800.000 barriles diarios para 2025 se encuentra por debajo de los 900.000 barriles diarios estimados previamente.

Según el diario La República, el ajuste se debe principalmente a la baja en los precios internacionales del petróleo y a una reducción esperada del 5,0 % en las inversiones en exploración y producción fuera del bloque. En 2024, la inversión en este segmento fue de USD 299.000 millones, con un incremento interanual de USD 3.000 millones, aunque se anticipa una desaceleración para el próximo año.

El informe mensual de la organización también señala que esta caída en el ritmo de producción facilitaría el reequilibrio del mercado, tras años de crecimiento acelerado en países como Estados Unidos, país en el que se espera que la producción crezca 300.000 barriles diarios en 2025, una cifra menor frente a los 400.000 proyectados anteriormente.

La Opep+ mantuvo sin cambios sus proyecciones de demanda mundial para 2025 y 2026, tras haberlas reducido en el informe anterior. Además, destacó como positiva la tregua comercial de 90 días entre Estados Unidos y China, por su posible impacto en la recuperación de los flujos internacionales de crudo.

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La tecnología es el motor más divergente en cuanto a cambio del mercado laboral se trata. El Foro Económico Mundial estima que será responsable de la creación de 19 millones de puestos de trabajo, y a la vez del desplazamiento de 9 millones. Específicamente, la inteligencia artificial y la robótica serán las protagonistas de estos cambios.

Tendremos un mundo con una simbiosis entre humanos y máquinas, lo que ayudará a aumentar los niveles de productividad, permitiendo cada vez hacer una mayor cantidad de tareas y que estas generen mayor valor.

Estos elementos tendrán efectos en nuestras habilidades laborales. Si bien, actualmente estamos mejor adaptados para el futuro, pues a partir del 2020 aceleramos la adopción de herramientas digitales, aprendimos a trabajar de forma remota y hemos implementado inteligencia artificial generativa. Se estima, que el 39 % de nuestras competencias básicas las tendremos que cambiar en los próximos cinco años.

Las necesidades de cambio serán más marcadas en países de ingreso medio y bajo; en Egipto y Zimbawe hasta un 48 %, en Colombia un 44 %, mientras que en Dinamarca tan sólo el 28 %.

El mercado colombiano de grandes electrodomésticos registró un crecimiento de 6,0 % en unidades vendidas y de 3,0 % en valor durante mayo de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según el diario Portafolio, con base en un informe de NielsenIQ, las categorías con mayor dinamismo fueron las secadoras, cuyas ventas aumentaron 44,2 % en unidades y 32,9 % en valor. También se destacaron las ventas de unidades en los segmentos de neveras y lavadoras, que impulsaron gran parte del crecimiento, con incrementos de 20,1 % y 37,2 % respectivamente.

El estudio señala que el precio promedio de estos productos tuvo una reducción de 7,0 % al compararlo con mayo de 2023. A pesar del contexto económico desafiante, la línea blanca ha mostrado un comportamiento favorable, consolidándose como una de las categorías más relevantes en el canal de retail de tecnología y electrodomésticos.

Por otro lado, en tecnología y el segmento electrónico, como televisores, computadores y bafles, también se evidenció un crecimiento del 4,0 % en unidades vendidas durante la temporada de madres de 2024, pero las ventas totales en valor cayeron 2,0 %. Este crecimiento se enmarca en un entorno competitivo, donde las empresas del sector apuestan por diferenciación, servicio posventa y canales digitales para mantener el impulso en ventas.

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En marzo de 2025, las ventas reales del comercio minorista en Colombia aumentaron 12,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el personal ocupado presentó una disminución de 0,9 %.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), si se excluye el comercio de combustibles, el crecimiento en ventas fue mayor, alcanzando 14,7 %. El segmento de mayor contribución a las ventas totales fue el de vehículos automotores, con una variación de 32,8 % en sus ventas, le siguen equipos de informática y telecomunicaciones con 53,9 % y, otros vehículos automotores y motocicletas 22,4 %.

En contraste, el número de empleados en el comercio minorista sigue en descenso. La reducción del personal se explicó principalmente por la caída del 3,7 % en trabajadores temporales directos y del 7,1 % en contratados por empresas, mientras que el personal permanente aumentó ligeramente en 1,0 %.

Por tipo de comercio, los grandes almacenes e hipermercados reportaron ventas nominales por $10,5 billones en marzo, lo que representa un aumento de 9,8 % frente al mismo mes de 2024. Sin embargo, el personal ocupado en este segmento también disminuyó 0,9 %. En cuanto al comercio electrónico, las ventas crecieron 23,9 % y representaron el 2,3 % del total del comercio minorista en marzo, una leve mejora frente al 2,1 % del mismo mes del año anterior.

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La industria colombiana tiene oportunidad en el aprovechamiento de residuos orgánicos debido a que en Colombia se desperdician alrededor de 9,8 millones de toneladas de alimentos al año, un 34,0 % del total de producción. La oportunidad podría lograrse, según información de organizaciones como World Wildlife Fund (WWF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), mediante el uso de tecnologías de digestión anaerobia, que permiten transformar estos desechos en biogás y biometano, contribuyendo a la transición hacia energías más limpias.

Según el diario El Nuevo Siglo, el proceso consiste en la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno, lo que genera biogás compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. Este gas puede ser utilizado directamente para la generación de calor o electricidad, o purificado para obtener biometano, un combustible con características similares al gas natural.

La digestión anaerobia se perfila como una alternativa viable para reducir el impacto ambiental de los residuos orgánicos, al tiempo que promueve la economía circular y la sostenibilidad energética, ya que, se ha demostrado que es posible generar hasta 76 kW mensuales a partir de residuos orgánicos. Estas acciones fortalecen el compromiso del sector productivo colombiano con la mitigación del cambio climático y la diversificación de fuentes energéticas, impactando sectores como el retail, cosméticos, alimentos y salud.

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A continuación, se presenta un análisis detallado de las modificaciones en las juntas directivas de Ecopetrol, Grupo Nutresa, ISA y Banco de Occidente, incluyendo perfiles de los miembros salientes y entrantes. En adición, se presenta el resumen de los miembros entrantes y salientes de las juntas de otras compañías relevantes.

Ecopetrol

Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país, experimentó cambios notables en su junta directiva para el periodo 2025-2029. Estos cambios se dan en un contexto de controversias y desafíos financieros para la compañía. Uno de los ajustes incluye la salida de un miembro y la incorporación de un nuevo integrante en su lugar. Además, otras tres personas se sumaron a la junta para ocupar vacantes que habían estado disponibles desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025.

Miembros salientes:

Gonzalo Hernández Jiménez fue miembro de la Junta desde octubre de 2022. Es economista de la Universidad Javeriana y PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts.  También se desempeñó como viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público hasta abril de 2023. 

Miembros entrantes:

Alberto José Merlano Alcocer es administrador de negocios de la Universidad EAFIT y magister en Administración Industrial de la Universidad del Valle. En 2013, fue nombrado por el entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También ocupó Vicepresidencia Administrativa de Ecopetrol. Su nombramiento en la Junta ha estado sujeto a polémicas debido a su parentesco con la esposa del presidente, Verónica Alcocer.  

Hildebrando Vélez Galeano es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Sociología de la misma universidad, magister en Filosofía de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Su trayectoria laboral incluye actividades de docencia, asesoría a organizaciones ambientales, campesinas y sindicales y cargos directivos en entidades como Censat Agua Viva. Su elección también ha sido controversial, pues es el padre de la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

Ricardo Rodríguez Yee es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magister en Gestión de Organizaciones de la Université du Québec à Chicoutimi y en Ingeniería Industrial y de la Universidad de los Andes y candidato a doctor de la Università degli Studi di Palermo. Según información reportada por Ecopetrol, ha sido contralor delegado para el Sector de Minas y Energía. También ocupó la Dirección de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Luis Felipe Henao Cardona es abogado y especialista en Derecho de Empresa de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y candidato a doctor en Derecho de la misma universidad. Entre 2013 y 2016, se desempeñó como ministro de Vivienda, Entidad y Territorio. Además, ha ocupado el Viceministerio de Vivienda y de Participación e Igualdad de Derechos y la Secretaría General de los Ministerios del Interior y Justicia y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En la actualidad, también pertenece a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y es el director de Lambda Consultoría.  [IS1https://sectorial.co/articulos-especiales/asi-quedaron-los-gobiernos-de-ecopetrol-nutresa-isa-y-banco-de-occidente/Los%20Protagonistas%20de%20Mayo%202023:%20Grupo%20Gilinski%20se%20Queda%20con%20Nutresa%20y%20Avianca%20Dice%20No%20a%20la%20Integraci%C3%B3n%20con%20Viva%20Air" style="box-sizing: border-box; outline: none; transition-duration: 0.3s; text-decoration: none; color: rgb(232, 52, 66); box-shadow: none;">Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo. Es el hijo del exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

ISA

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) también vio cambios en su junta directiva en 2025, en un contexto de cuestionamientos y debates internos.

Miembros salientes:

Carlos Raúl Yepes Jiménez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado y magister en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, en la que se destaca sus cargos como vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Argos y presidente del Grupo Bancolombia.

Hizo parte de la Junta Directiva de ISA entre enero de 2024 y febrero de 2025, cuando presentó su renuncia a la Junta y a los comités en los que estaba. De acuerdo con información presentada por la compañía, “el señor Yepes motivó la renuncia en su inconformidad con la elección del presidente de ISA, que se produjo por decisión mayoritaria de la Junta Directiva”.

Miembros entrantes:

Juan Emilio Posada Echeverri es administrador de empresas de la Universidad EAFIT, tiene un título MBA en Negocios Internacionales y Finanzas de la Escuela de Negocios Lubin de la Universidad Pace y estudios de posgrado en Derecho Financiero Internacional del London School of Economics. Lideró empresas como Avianca, Aces, VivaAir y el proyecto Puerto Brisa. Además, ocupó cargos internacionales en Billiton Marketing and Trading (Grupo Shell) y el Banco Cafetero. En el sector de infraestructura, ocupó cargos directivos en la Financiera de Desarrollo Nacional y ODINSA. En el sector energético, cuenta con experiencia como miembro de la Junta de Ecopetrol y fue presidente de ISA entre julio de 2022 y enero de 2024.

Banco de Occidente

La Asamblea Ordinaria de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2025 realizó el nombramiento de la Junta Directiva para el período 2025-2026, el cual incluyó la salida de un anterior miembro y el ingreso de su reemplazo.

Miembros salientes:

José Carlos Santander Palacios es economista de la Universidad América. Perteneció a las juntas directivas de la Fiduciaria de Occidente, Corficolombiana, Leasing de Occidente, entre otras. También hizo parte de la Junta Directiva del banco desde marzo de 2019.

Miembros entrantes:

Jorge Castaño Gutiérrez es abogado y especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia y magister en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene más de veinte años de experiencia en los sectores público y privado y se desempeñó como superintendente Financiero de Colombia entre 2017 y 2023. En 2024, asumió la Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia del Grupo Aval Acciones y Valores.

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Un análisis reciente del economista Eduardo Lora revela una creciente desconexión entre la formación académica y las oportunidades laborales en Colombia, situación que afecta especialmente a los jóvenes. A pesar de alcanzar niveles de educación superior, muchos se ven obligados a desempeñar trabajos no relacionados con su área de estudio, lo que genera descontento, baja productividad e informalidad.

Según el diario Opanoticias, se destaca que este fenómeno se ve agravado por expectativas poco realistas sobre el emprendimiento y una alta informalidad laboral. Datos de la Fundación Empresarios por la Educación indican que la mayoría de los jóvenes con estudios técnicos o universitarios terminan en empleos no vinculados a su formación, lo que contribuye a la insuficiente protección social en el país.

Además, diversos estudios señalan que el 69,0 % de los empleadores en Colombia reporta dificultades para encontrar profesionales con la experiencia y competencias técnicas necesarias. Los sectores de tecnología y telecomunicaciones, impulsados por la demanda en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad, lideran las expectativas de contratación. Sin embargo, las empresas se han adaptado a los cambios, teniendo que el 55,0% manejan una modalidad de trabajo mixta, buscando un equilibrio entre bienestar y cultura organizacional.

Ante esta situación, expertos proponen un diálogo nacional para reformar el sistema educativo, mejorar su calidad y fomentar una colaboración más estrecha entre el sector educativo y el empresarial. La alineación de la formación académica con las demandas del mercado laboral es clave para que el talento joven pueda contribuir efectivamente al progreso nacional.

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La expansión de la minería ilegal en América Latina está privando a la región de capitalizar los actuales precios récord del oro, que han superado los US$3.200 por onza. La actividad ilícita genera impactos económicos y ambientales significativos, al tiempo que fortalece redes criminales.

Según Bloomberg Línea, se estima que la minería ilegal representa aproximadamente el 80,0 % del oro extraído en Colombia, el 50,0 % en Bolivia, el 40,0 % en Perú y el 30,0 % en Brasil. En Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales. Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT), señaló que esta actividad genera más de US$7.000 millones anuales en ingresos ilícitos en Sudamérica.

La minería ilegal está dominada por una compleja red de actores que incluye grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices. Además de las pérdidas económicas, esta actividad genera graves consecuencias sociales y ambientales, como trabajo infantil, prostitución y drogadicción, especialmente en comunidades vulnerables.

La falta de regulación y control efectivo sobre la cadena de producción y comercialización del oro permite que estas redes ilícitas prosperen, impidiendo que los países latinoamericanos se beneficien plenamente del auge en los precios del metal precioso.

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