Recientemente, los precios de la gasolina y el diésel en Colombia han experimentado un aumento, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), los nuevos valores son $15.568 por galón de gasolina y $9.456 por galón de diésel, lo que representa un incremento de $79 y $97, respectivamente, en comparación con los valores anteriores.

Este ajuste en los precios responde a una serie de resoluciones emitidas por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda. Uno de los factores principales para el aumento en el precio del diésel es el ajuste en el ingreso al productor del biodiésel, que desde el 3 de agosto de 2024 pasó a costar $16.930 por galón, un incremento de $980 respecto al precio anterior de $15.954. La Federación de Biocombustibles (Fedebiocombustibles) había solicitado esta actualización para reflejar el costo real de la materia prima en el precio final.

Además, se realizó una ligera actualización en el precio del etanol, lo que también impacta ligeramente en el precio de la gasolina corriente. La mezcla de biocombustibles en gasolina y diésel sigue siendo del 10%, conforme a la normativa vigente.

Estos ajustes buscan reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc). Para aumentar los ahorros en este fondo, el precio de la gasolina se ha fijado por encima del valor de paridad internacional, generando un ahorro estimado de $160.000 millones solo en agosto. El aumento de la gasolina está destinado a compensar el precio más bajo del diésel y contribuir al equilibrio del Fepc.

Otra medida destacada es el retiro del subsidio para grandes consumidores de diésel, mediante el decreto 40304. Este cambio afectará a aproximadamente 150 empresas, principalmente en los sectores minero y energético, generando un ahorro estimado de $600.000 millones al año.

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• Durante los primeros dos años del gobierno ha enfrentado dificultades en la ejecución efectiva del presupuesto, lo que ha resultado en una caída significativa en la inversión pública y privada.
• Petro ha logrado aprobar la reforma pensional, una de las más significativas en las últimas tres décadas, pero ha enfrentado importantes derrotas con la reforma a la salud y la educación.

El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, un mandato histórico como el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país. Sin embargo, a mitad de su mandato, el balance sobre su gestión muestra una mezcla de desafíos significativos que han marcado su administración.

Uno de los retos más destacados ha sido la ejecución del presupuesto. Según un estudio de Corficolombiana, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (sin incluir el servicio de la deuda) en el primer semestre de 2024 alcanzó el 36,6%, situándose 2,4 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos 23 años. Esto ha llevado a una caída en la inversión pública y privada, con sectores cruciales como la industria, el comercio y la construcción reportando balances negativos durante más de un año.

La caída abrupta en la inversión es un claro indicador de la necesidad de un plan de reactivación económica que impulse estos sectores fundamentales y fomente la confianza de los inversores. Además, el bajo recaudo fiscal ha sido otro desafío significativo. Durante el primer semestre registró una caída del 0,3% con relación al mismo periodo del año anterior.

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En el ámbito político, Petro ha enfrentado desafíos en la implementación de sus reformas más ambiciosas. Tras la instalación de la tercera legislatura del Congreso el 20 de julio de 2024, el gobierno se vio obligado a recurrir a métodos tradicionales para tramitar sus reformas, dado el rechazo a propuestas como una Asamblea Constituyente o el uso del fast-track.

La reforma pensional fue aprobada por el Congreso y representa una de las transformaciones más significativas del sistema de seguridad social colombiano en las últimas tres décadas. Esta reforma, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, busca fortalecer el fondo público de pensiones y aumentar el porcentaje de jubilados.

Sin embargo, el Gobierno sufrió derrotas importantes con la reforma a la salud y la reforma a la educación. La reforma a la salud, que pretendía eliminar la intermediación de las EPS y canalizar los recursos directamente a hospitales y clínicas, fue rechazada en la Comisión Séptima del Senado. Esta caída representó una de las mayores derrotas políticas para Petro y llevó a la salida de varios ministros claves. La reforma a la educación también fracasó, en parte debido a la falta de apoyo de los sindicatos de maestros, que rechazaron los cambios incorporados en el proyecto, lo que llevó a su hundimiento en el Congreso.

En contraste, la reforma laboral, que había estado en peligro de naufragar, logró avanzar. Aunque ha pasado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, aún debe superar tres debates en el Senado antes de convertirse en ley. Esta reforma incluye mejoras en los derechos laborales individuales, como el aumento de la jornada nocturna y el pago completo por días de descanso obligatorio.

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La alta rotación en el gabinete, con 37 ministros y 55 viceministros cambiados en dos años, ha generado inestabilidad y ha dificultado la implementación de políticas públicas consistentes.

En términos de inclusión financiera, el gobierno ha realizado avances. El fortalecimiento del acceso a crédito, particularmente para las economías populares y los sectores más vulnerables, ha sido un objetivo central. El Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, ha respaldado créditos significativos, con un enfoque particular en la economía popular y el sector agro. Sin embargo, la brecha en la ejecución efectiva de estos programas, agravada por la alta inflación y las tasas de interés elevadas, ha limitado el alcance de estos avances.

Otro de los ajustes destacados ha sido el incremento en los precios del ACPM, una medida que ha tenido repercusiones significativas en los costos de transporte y, por ende, en la economía en general. Aunque el ajuste busca reflejar los costos reales del petróleo y contribuir a la estabilidad fiscal.

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Con la tercera legislatura como una ventana crítica, el gobierno enfrenta la presión de aprobar la mayoría de sus reformas antes de que el ciclo preelectoral de 2025 comience a influir en el Congreso. Las recientes propuestas y ajustes buscan asegurar que las reformas pendientes sean aprobadas en los próximos meses, en un contexto legislativo donde la capacidad de negociar y adaptar las estrategias será clave para el éxito de la agenda reformista del gobierno.

El mandato presidencial de Gustavo Petro ha sido un periodo de cambios significativos, con avances en áreas como la inclusión financiera y reformas estructurales, pero también con desafíos notables en términos de ejecución del presupuesto, recaudo fiscal y estabilidad económica. La combinación de una ejecución presupuestal deficiente, una inversión en declive y un bajo recaudo fiscal destaca la necesidad urgente de un plan de reactivación para revitalizar los sectores clave de la economía y fomentar un crecimiento sostenible.

El indicador económico por excelencia para medir el desempeño de los países es su PIB. Si este se expande, es sinónimo que las empresas están creciendo, demandan más recursos, incrementan el empleo y la inversión. En otras palabras, las compañías están usando sus activos.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad Piloto de Colombia y High Ed Partners muestra el comportamiento que ha tenido la educación virtual en el país en años recientes.

Las cifras presentadas en el informe revelan el dinamismo que ha tenido la educación virtual desde la pandemia del Covid-19. De hecho, se observa que, en 2018, había 200.866 estudiantes que pertenecían a programas virtuales (8,5% del total) y que, para 2022, esa cifra ascendió a 449.146 y representó el 18,5% del total. De este modo, en un periodo de cinco años, los estudiantes virtuales tuvieron un crecimiento del 123,6%.

Otro elemento por destacar es que el número de estudiantes en programas virtuales viene creciendo a tasas de dos dígitos desde 2019 y esto se ha mantenido hasta 2022, cuando tuvo un crecimiento del 17,6%. En contraste, el total de estudiantes se redujo en 2019 y 2020, mientras que, en 2022, solo creció un 1,8%. Para la educación presencial también se evidencia un escenario complejo: en 2019 el número de estudiantes se redujo en 1,1% y en 2022 se registró una caída del 6,0% con respecto a 2018.

Así, se concluye que la pandemia significó una oportunidad de crecimiento para el sector de la educación virtual. Al respecto, el director de mercadeo de la Universidad Piloto de Colombia, Juan Fernando Sánchez, señaló que “aunque hemos crecido de forma significativa y hemos fortalecido el índice de educación superior, seguimos enfrentando retos que nos marcan un plan de trabajo en conjunto con el sector público. Nos invita a cerrar más las brechas digitales, continuar en la implementación de metodologías que permitan a los estudiantes mantener la interacción humana, generar relaciones profesionales para su futuro y ofrecer un acompañamiento constante”.

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Con el objetivo de proteger el estatus fitosanitario, fortalecer la producción y mejorar las cosechas de maíz, arroz, soya, palma y algodón; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) han emitido un llamado urgente a productores, cultivadores y comercializadores. En plena temporada de lluvias, estas organizaciones instan a tomar medidas preventivas y a utilizar semillas autorizadas, lo cual tiene un impacto en la seguridad alimentaria, la competitividad del sector y el bienestar de los productores colombianos.

La práctica de utilizar semillas no autorizadas, conocidas como “semillas de costal”, afecta la calidad y el rendimiento de las cosechas, situación que se agrava en épocas de lluvias fuertes y prolongadas.

“El uso de semillas no certificadas representa un riesgo significativo para la productividad y sostenibilidad de los cultivos. Las semillas que no cumplen con los estándares establecidos pueden afectar negativamente el rendimiento de los cultivos, así como la resistencia a enfermedades y plagas, poniendo en peligro la seguridad alimentaria y los ingresos de los agricultores”, aseguró Alberto Rosero, director Técnico de Semillas del ICA. Leonardo Ariza Ramírez, gerente general de Acosemillas, subrayó la importancia de adquirir semillas evaluadas y aprobadas por el ICA.

A su vez, el uso de semillas no autorizadas lleva a una reducción en la cantidad y calidad de la cosecha, impactando negativamente los ingresos de los productores y la economía agrícola del país.

La variabilidad climática generada por La Niña puede impactar negativamente los rendimientos y la calidad de los cultivos, afectando la seguridad alimentaria y la economía rural de los agricultores, especialmente aquellos que dependen de estacionales como maíz, arroz, soya y algodón.

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A pesar de la desaceleración económica que ha golpeado a varios sectores en Colombia, el segmento de la belleza y los cosméticos han experimentado un notable crecimiento.

La diversidad en los productos ofrecidos y la mayor participación de los hombres en el consumo de cosméticos, han impulsado el crecimiento del sector. Según la Cámara de Cosmética y Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), en Colombia, las ventas de productos de cuidado personal masculino alcanzaron los $US 393 millones en 2023. Además, la entidad indica que cada colombiano gastó en promedio $230.000 en productos de belleza y cuidado personal ese año, lo que representa un aumento del 11,8% en comparación con 2022.

Asimismo, Colombia se destaca como uno de los líderes en cosmética vegana en la región, ocupando el noveno lugar en Latinoamérica en cuanto a la variedad de productos disponibles con estas características.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, superando incluso a los medios de transporte. La principal fuente de estas emisiones proviene del modelo energético basado en combustibles fósiles, que representa el 73,2% de la energía total utilizada.

Ante esta problemática, han surgido tendencias que promueven la reducción del consumo de carne. La carne cultivada, desarrollada mediante biotecnología, ofrece una alternativa sostenible y ética, permitiendo la producción de carne de vaca, cerdo, pollo o pato sin necesidad de sacrificar animales. Este proceso implica el cultivo de células animales en entornos controlados para crear productos cárnicos. David Kaplan, director del Centro de Agricultura Celular de la Universidad de Tufts, explicó que la carne cultivada se obtiene al tomar células de animales y utilizarlas para hacer crecer la carne fuera del animal.

Este método presenta múltiples beneficios ambientales: reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 92%, disminuye el uso de tierras en un 95% y consume un 78% menos de agua en comparación con la producción tradicional. Además, es una opción más segura, eliminando el riesgo de enfermedades zoonóticas al no estar en contacto con patógenos y protege acuíferos y suelos de la contaminación.

Sin embargo, la carne cultivada enfrenta desafíos significativos. Según el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic), su producción depende de células madre provenientes de animales vivos y, en muchos casos, del suero fetal bovino, obtenido de la sangre fetal en mataderos. Además, estudios indican que la producción de carne en laboratorio podría presentar problemas ambientales a largo plazo, particularmente en términos de emisiones de CO2.

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En Colombia, la penetración de seguros ha mostrado un crecimiento considerable en los últimos años, pasando del 2,0% en 2006 al 3,1% en 2023, lo que refleja una creciente aceptación de estos productos y una mayor conciencia sobre su importancia en la protección financiera. Sin embargo, los seguros de vida y personales presentan una penetración más modesta, con un 0,8% en 2023, lo que indica que este segmento sigue teniendo una participación limitada en la economía del país.

A nivel regional en América Latina y el Caribe, el panorama varía. Brasil se destaca con una penetración de seguros de vida del 2,1%, seguido por Chile con un 1,5% y Uruguay con un 1,3%. México, Perú y El Salvador tienen tasas de 1,2%, 1,1% y 1,0% respectivamente. Comparado con el promedio regional de 1,5%, Colombia se encuentra por debajo con su 0,8%. Panamá y Ecuador tienen cifras similares, con tasas del 0,6% y 0,5%, mientras que países como Costa Rica, Guatemala, Argentina y República Dominicana presentan tasas aún más bajas, entre 0,4% y 0,2%.

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Crecimiento: según ANIF, el crecimiento estaría impulsado por el comportamiento de sectores clave como las actividades de esparcimiento, el sector agropecuario y los servicios públicos y para 2025, la economía sería impulsada por el mejor desempeño en actividades artísticas, la administración pública y defensa y el comercio. Proyección Sectorial para Colombia 2024: 1,7% – 2025: 2.6% – 2026: 3,2%.

Inflación: en Colombia, las proyecciones de Oxford Economics ubican una inflación del 4,9% interanual para cierre de 2024, mientras que analistas del mercado proyectan una inflación de 5,70%, por lo que las expectativas dejarían el ajuste de precios por fuera del rango meta del Banco de la República. Proyección Sectorial para Colombia 2024: 7.0% – 2025: 5.0% – 2026: 3,6%.

Tasa de interés: irá disminuyendo a medida que se vayan flexibilizando las variables macroeconómicas como la inflación y las tasas de interés. El Banco de la República ha venido disminuyendo gradualmente la tasa de intervención, por lo que la IBR también ha venido cediendo. Proyección Sectorial para Colombia 2024: 10,0% – 2025: 6,5% – 2026: 3,9%.

Tasa de Cambio: Para 2024, Sectorial estima una tasa de cambio promedio de $3.928, que iría en línea con una mejora en el panorama nacional, con una inflación controlada y tasas de interés con recortes graduales y controlados que reflejan un ambiente de despegue económico, lo cual atraerá más capital para sectores claves como el turismo, y la extracción energética. Proyección Sectorial para Colombia 2025: $3.850 – 2026: $3.832

De acuerdo con analistas del mercado, “en América Latina las proyecciones de crecimiento económico han venido disminuyendo principalmente por una perspectiva menos favorable para economías como la de México y Colombia que crecerían por debajo de 2,0% e incluso economías como la de Argentina, que se contraerá este año 3,5%”. Asimismo, indican que el desafío para la región consiste en recuperar un crecimiento cercano a su capacidad máxima, enfrentando un entorno económico adverso con condiciones financieras globales restrictivas y varios países que todavía mantienen políticas monetarias contractivas. Por su parte, el director de economía de la Universidad Javeriana, Andrés Giraldo Palomino, menciona que la economía de la región se verá afectada por factores como la influencia del petróleo y una demora en la flexibilización de las tasas de interés, debido al estancamiento que se está observando en la inflación.

Para el caso de Colombia, el Banco Mundial revisó sus proyecciones a la baja, considerando que el PIB del país se desacelerará hasta el 1,3% después de presentar un pronóstico de 1,8% en enero. Además, para 2025 indican que la economía nacional crecería 3,2% y un 3,1% en 2026 favorecida especialmente, por la recuperación del consumo privado y un alza en las exportaciones.

Por otra parte, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la economía colombiana crecerá en 2024 un 1,7% y en 2025 el PIB se mantendría en 2,4% ratificando su confianza en una recuperación económica sostenida. De acuerdo con ANIF, el crecimiento estaría impulsado por el comportamiento de sectores clave como las actividades de esparcimiento, el sector agropecuario y los servicios públicos y para 2025, la economía sería impulsada por el mejor desempeño en actividades artísticas, la administración pública y defensa y el comercio. No obstante, existen factores de riesgo que podrían afectar el crecimiento los cuales ANIF centra en un posible aumento en los precios del diésel y devaluaciones del peso colombiano, lo que tendría un impacto negativo en la inflación y, por tanto, en el gasto de los colombianos. Cabe resaltar que la inversión en el país ha disminuido por el panorama de incertidumbre política, situación que también influiría en el crecimiento. Recientemente, Estados Unidos indicó en un informe que el clima inversionista del país está permeado por inconvenientes en trámites y seguridad y estabilidad jurídica que generan incertidumbre entre los inversionistas y podrán afectar la entrada de mayores capitales al país.

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