En Colombia, la generación de energía hidráulica, que cubre entre el 70% y el 80% del total, expone al sector eléctrico a riesgos ante fenómenos climáticos como El Niño. A finales de 2023, la declaración oficial de El Niño generó disminución en las reservas hídricas del país, que cayeron al 30,7% para abril de 2024, una reducción de 28,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución en las reservas obligó a una mayor dependencia de fuentes de energía alternativas.

Durante el fenómeno, el carbón abarcó aproximadamente el 20,0% de la generación eléctrica. Para julio de 2024, la generación térmica, en gran parte impulsada por el carbón, aumentó un 70,4% en comparación con el año previo. En contraste, la generación hidráulica sufrió una disminución del 12,3% durante el mismo periodo. Superando el fenómeno de El Niño, los niveles de los embalses se encuentran en recuperación, alcanzando un 59,3% en julio.

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El fenómeno migratorio ha aumentado significativamente debido a factores como conflictos, inestabilidad política, crisis económicas y cambio climático.

En América Latina, la migración, especialmente la venezolana, ha tenido impactos mixtos.

El fenómeno migratorio ha crecido exponencialmente en las últimas décadas debido a una confluencia de factores como los conflictos bélicos, la inestabilidad política, las crisis económicas y el cambio climático. La búsqueda de seguridad, mejores oportunidades laborales y una vida digna ha impulsado a millones de personas a abandonar sus países de origen, generando un impacto significativo tanto en las naciones receptoras como en las emisoras. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, lo que representa el 3,6% de la población mundial. Este aumento en la migración no solo se refleja en las cifras, sino también en las repercusiones sociales, económicas y políticas que conlleva.

Los impactos económicos y sociales de la migración son diversos. Mientras que algunos países enfrentan dificultades para incorporar a los migrantes en sus economías, lo que genera tensiones fiscales a corto plazo, otros han logrado capitalizar el potencial de estos nuevos habitantes para impulsar su crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento también trae consigo desafíos, como el aumento en los precios de los inmuebles y alquileres debido a la mayor demanda de viviendas.

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A nivel global, la migración está redefiniendo fronteras y desafiando las estructuras económicas tradicionales. En regiones como Europa y Norteamérica, la llegada masiva de migrantes ha planteado desafíos complejos. Por un lado, persiste la percepción de que los inmigrantes ejercen presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral, lo que genera tensiones sociales. No obstante, estudios recientes indican que la inclusión efectiva de los migrantes en el mercado laboral puede impulsar significativamente la economía de los países receptores, siempre que se implementen políticas de integración adecuadas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la fuerza laboral nacida en el extranjero podría contribuir a un crecimiento económico adicional de hasta un 2% en países como Estados Unidos en la próxima década, gracias al aumento de la inmigración.

En América Latina y el Caribe, la situación es igualmente compleja, con más de 6,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos residiendo en la región según cifras de abril de 2024. Países como Panamá han experimentado un impacto positivo gracias a la inversión de emprendedores venezolanos, quienes han creado miles de empleos, muchos de ellos ocupados por ciudadanos locales. Sin embargo, la integración socioeconómica de los migrantes sigue siendo un desafío significativo.

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En el caso particular de Colombia, la llegada de migrantes venezolanos ha tenido un impacto notorio tanto en lo económico como en lo social. Según el “Estudio de Impacto Fiscal de la Migración Venezolana en Colombia: Realidad versus Potencial”, el impacto fiscal en 2022 representó casi un 2% del total de ingresos fiscales del país, y se proyecta que alcanzará los 804,3 millones de dólares con la regularización completa de los migrantes venezolanos en 2024. Este dato es especialmente relevante dado el contexto socioeconómico de Colombia, que ha enfrentado grandes desafíos para acoger a esta población migrante.

El estudio destaca que un 90% de la población venezolana en edad laboral en Colombia está empleada, aunque solo un 18% trabaja en su campo de especialización, lo que limita su potencial de generación de ingresos y los confina en gran medida al sector informal. Este panorama no es exclusivo de Colombia; estudios similares en Panamá y Perú han mostrado que, si bien los migrantes aportan positivamente a las economías locales, la falta de reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y la discriminación limitan su plena integración socioeconómica.

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A pesar de las dificultades, la migración venezolana ha generado beneficios tangibles para Colombia. En 2022, la recaudación fiscal proveniente de los migrantes venezolanos superó los 529 millones de dólares, una cifra superior al gasto público destinado a su atención en salud y educación, que ascendió a 494 millones de dólares. Este balance positivo demuestra que, aunque la acogida de migrantes representa un desafío considerable, también ofrece oportunidades económicas que, bien gestionadas, pueden contribuir al desarrollo sostenible del país.

En conclusión, la migración, y en particular la migración venezolana en Colombia, representa un desafío, pero también una oportunidad. Si se implementan políticas adecuadas que favorezcan la integración de los migrantes en el mercado laboral formal, los beneficios económicos y sociales pueden ser significativos. Este proceso no solo fortalecería la economía colombiana, sino que también promovería la cohesión social y el desarrollo sostenible en la región.

En los últimos años, Colombia ha experimentado una transformación significativa en la industria de empaques, impulsada por una creciente conciencia ambiental y regulaciones gubernamentales estrictas. El cambio ha llevado a las empresas a adoptar alternativas más sostenibles, con los empaques de papel y cartón emergiendo como opciones destacadas frente a las tradicionales bolsas plásticas.

El impacto ambiental de los plásticos de un solo uso ha sido un tema central en el debate global. En Colombia se generan más de 1,3 millones de toneladas de residuos plásticos anualmente, de las cuales una porción considerable termina contaminando ríos, océanos y suelos. En respuesta, se implementó la Ley 2232, que prohíbe los plásticos de un solo uso, marcando un hito en la lucha contra la contaminación.

Durante el foro “Plásticos de un solo uso: ¿estamos listos para el cambio?” organizado por Semana, Juan Carlos Losada, autor de la Ley 2232, destacó la importancia de esta legislación. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, y Federico Londoño, presidente de Químicoplásticos, también participaron en el evento, subrayando la necesidad de alternativas sostenibles.

Tatiana Céspedes de Greenpeace Colombia advirtió sobre la grave contaminación en el Pacífico, enfatizando que el papel, siendo un material natural y reciclable, ofrece una solución circular al problema. Las empresas que adoptan estos empaques no solo están respondiendo a una necesidad ambiental, sino que también están contribuyendo a una economía circular, minimizando el impacto de los residuos.

El cambio hacia empaques sostenibles representa una oportunidad para reducir la contaminación y proteger los ecosistemas. Al optar por materiales biodegradables y reciclables, las empresas pueden desempeñar un papel clave en la preservación del medio ambiente.

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El año pasado, el Ministerio de Salud implementó resoluciones que requerían que al menos el 5% de los recursos que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), conocidos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se destinara a los equipos básicos de salud. Estos equipos, compuestos por profesionales de la salud, tienen la responsabilidad de visitar y caracterizar a la población en sus territorios, con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud.

Sin embargo, la medida generó controversia entre los gremios de las EPS. Acemi, que representa a 11 EPS, argumentó que la asignación del 5% para estos equipos básicos debilitaba sus finanzas y no les permitiría cubrir sus operaciones. Según el gremio, este recorte implicaba que los recursos asignados no serían suficientes para mantener sus servicios y, por ende, afectaría negativamente sus operaciones.

El Ministerio de Salud respondió que el 5% no representaba un gasto adicional, ya que la UPC ya cubría los costos asociados a estas estrategias. A pesar de la explicación, Acemi decidió presentar una demanda ante el Consejo de Estado, alegando que las resoluciones no fueron publicadas en la página web del Ministerio para consulta pública, lo que consideraron una irregularidad en su trámite. Solicitaron medidas cautelares para suspender la aplicación de las resoluciones mientras se resolvía el asunto.

Recientemente, la Sala Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de Acemi para suspender las resoluciones. El auto judicial concluyó que no se podía asegurar de manera categórica que las normas habían infringido el requisito de publicidad en consulta pública o que la fragmentación de la UPC afectara la destinación específica de los recursos en materia de salud.

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A pesar del leve repunte en las ventas de vehículos nuevos en julio, con un total de 16.494 unidades, que representa un crecimiento del 26%, el sector automotor sigue enfrentando desafíos significativos. Este aumento es notable después de varios meses de cifras negativas, atribuibles principalmente a las elevadas tasas de interés, según la Andi y Fenalco.

El impacto de esta situación también se extiende a la industria de llantas, estrechamente ligada al mercado automotor. Según Asopartes y datos del Radar de las Autopartes, el valor de importación de llantas en 2023 disminuyó un 16% en comparación con 2022, alcanzando un valor FOB de USD 360 millones. Las principales marcas en el mercado colombiano incluyen Bridgestone, Michelin, Goodyear, Hankook, Pirelli y Continental.

A pesar del panorama general, algunas marcas están reportando un desempeño positivo. Walter Ugozzoli, presidente de Michelin, destacó que la empresa ha observado una mejora en las ventas y se ha consolidado en el segmento premium gracias a su enfoque en innovación y sostenibilidad.

Por su parte, Jorge Bayona, country manager de Bridgestone para América Central, indicó que la marca mantiene una posición destacada en el segmento de llantas para camiones, liderando en el mercado de transporte de carga.

Carlos Cruz, gerente comercial de Hankook Tire Colombia, señaló que la empresa está experimentando un crecimiento en ventas de llantas para vehículos de gama media y alta.

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Durante el primer trimestre de 2024, el Índice de Producción de Obras Civiles (IPOC) experimentó un aumento del 7,5%, marcando un cambio positivo tras cinco trimestres consecutivos de declive. Este repunte se debe principalmente al crecimiento en proyectos hidráulicos, que aportaron 5,2 puntos porcentuales a la variación del IPOC. Las obras en puertos, canales, presas, sistemas de riego y acueductos fueron los principales impulsores de este incremento. Además, los trabajos en carreteras, puentes y vías férreas contribuyeron con 3,6 puntos porcentuales.

A pesar de esta recuperación, el IPOC aún no ha alcanzado los niveles anteriores, enfrentando varios desafíos. El aumento en las tasas de interés, los mayores costos de materiales y mano de obra, así como la reducción de proyectos pendientes debido a la finalización de obras 4G, han limitado la plena recuperación del sector. Las expectativas para los próximos trimestres son de una posible estabilización, siempre que se superen estos obstáculos económicos.

El panorama de ciberataques en Latinoamérica es cada vez más alarmante, según se reveló en un reciente evento sobre ciberseguridad organizado por Kaspersky en Cartagena. Fabio Azzolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en una entrevista con el diario Valora Analitik, advirtió que todos los países de la región están sufriendo ataques cibernéticos, siendo Brasil, Colombia, México y Perú los más afectados debido a su gran población y alta conectividad.

Azzolini destacó que las amenazas más prevalentes en la región son el phishing y los ataques a dispositivos móviles. En los últimos 12 meses, se registraron más de 697 millones de intentos de phishing, con un promedio de 4,12 millones de ataques diarios. Este tipo de ciberataque, común incluso en países pequeños de Centroamérica, es barato y fácil de ejecutar, lo que lo convierte en una amenaza constante.

Otra preocupación creciente es el ransomware, un tipo de ataque dirigido principalmente a grandes empresas con el fin de extorsionarlas. En el último año, se reportaron más de 1,18 millones de ataques de este tipo en la región, lo que equivale a 3.247 incidentes diarios. Además, el uso de bankrolls, que afecta principalmente a usuarios de dispositivos móviles, también ha aumentado, impulsado por el creciente uso de internet móvil en la región, que ya alcanza al 65% de la población.

Para prevenir estos ataques, Azzolini subrayó la importancia de que tanto las empresas como los ciudadanos instalen antivirus y se mantengan informados sobre las nuevas modalidades de ciberataques.

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Colombia avanza en su esfuerzo por cerrar la brecha digital y llevar conectividad a toda su población, una tarea que ahora se ve reforzada por la introducción del concepto de pobreza digital y la definición de la Canasta Básica TIC (CBT). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidera esta iniciativa con el objetivo de crear políticas públicas que promuevan el acceso y uso de tecnologías digitales en los hogares más vulnerables del país.

El informe aborda tres ejes fundamentales: acceso a Internet, dispositivos de conexión y apropiación digital. Estos elementos son cruciales para entender las necesidades específicas de cada región y grupo poblacional, permitiendo así la formulación de políticas más efectivas y la orientación eficiente de recursos. En 2022, el 40,5% de los hogares colombianos no tenía acceso a Internet, cifra que asciende al 67,8% en zonas rurales, destacando la urgencia de esta intervención.

Uno de los principales obstáculos identificados es el alto costo del acceso a Internet, especialmente para los hogares de menores ingresos, donde representa el 10% del gasto mensual, muy por encima del 2% recomendado por organismos internacionales. El informe también resalta la importancia de fortalecer la infraestructura de redes móviles en zonas periféricas y el rol de los pequeños proveedores de servicios de Internet (ISP) en conectar áreas remotas.

Además, el DNP propone incentivos para reducir el costo de los dispositivos y sugiere la creación de un comité técnico interinstitucional que mantenga la CBT en constante revisión, adaptándose a la evolución tecnológica. La herramienta permitirá a Colombia medir la pobreza digital y formular estrategias de inclusión digital que potencien la transformación digital en todo el territorio.

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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha implementado una medida que simplifica el proceso de registro para las empresas productoras e importadoras de bioinsumo agrícolas clasificados como extractos vegetales y sustancias bioquímicas. Según la Circular Externa No. 1 de 2024, emitida por el ICA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), estos productos no requieren la obtención de una licencia ambiental.

La nueva disposición busca clarificar los procedimientos relacionados con la solicitud del concepto técnico para la importación de muestras de bioinsumo agrícolas. Las autoridades han especificado que la obligación de obtener una licencia ambiental se mantiene únicamente para aquellos productos importados cuyos ingredientes activos sean microorganismos y macroorganismos, ya sea como producto terminado o como ingrediente activo para ser formulado en Colombia.

Con esta medida, el ICA busca facilitar los trámites para las empresas del sector, contribuyendo al fortalecimiento del campo colombiano. Al simplificar el registro de bioinsumo, se espera que las empresas puedan agilizar la introducción de estos productos al mercado, promoviendo así la transformación y sostenibilidad del sector agrícola.

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Cada vez son más frecuentes los cambios adaptativos de las empresas por movimientos en el sector que habitan.

Existe una constelación que hará que las empresas cambien, esta es la seguridad global, cuyos principales elementos son el orden político, las alianzas en seguridad y el cibercrimen.

Si observamos el mapa de nuestro planeta vemos una erosión en la democracia pues más de una cuarta parte de los países están viviendo en regímenes autoritarios donde sus líderes actúan de manera deplorable con tácticas de represión y silenciamiento, ejemplos de estos los evidenciamos en Rusia, Bielorusia, Cuba, Myamar, Nicaragua y Venezuela.

El futuro también dependerá de la capacidad o no de los países en integrarse, globalización vs regionalización, pero se requiere una base financiera, por eso la integración financiera, este elemento estará marcado por el rol que jugarán del DEFI, las finanzas descentralizadas.

En la actualidad, 3 de cada 5 compañías han sido blancos de ataques especialmente en su software de abastecimiento.