impulsada por la creciente conciencia pública, la demanda industrial de materiales reciclados, y el compromiso de políticas públicas y empresariales. En Colombia, esta industria ha mostrado un incremento sostenido en el número de empleos, pasando de 102.100 en 2021 a 150.100 en 2023, posicionando al país como el séptimo con la mayor tasa de ocupación en este sector a nivel mundial.

A pesar de su crecimiento, la industria enfrenta retos significativos, especialmente en términos de informalidad laboral y bajos salarios. En Colombia, el 71,8% de los trabajadores del sector es informal, un porcentaje considerablemente mayor al promedio de otros sectores. Esta alta informalidad se suma a los bajos niveles educativos de la mayoría de los empleados, con un 68% que no supera la educación básica, lo que agrava la vulnerabilidad laboral.

Además, la industria de reciclaje presenta disparidades regionales y de género. Las mujeres representan solo el 22,7% de la fuerza laboral global en este sector, y en Colombia, la jornada laboral promedio supera las 50 horas semanales, limitando la posibilidad de equilibrar la vida laboral con otras responsabilidades.

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El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis debido al desfinanciamiento, la cual enfrentaría un nuevo capítulo debido a lo que respecta a los presupuestos máximos, los cuales podrían no ser cubiertos este año. El representante a la Cámara, Andrés Forero le dijo al diario Portafolio que el Ministerio de Hacienda ha indicado que la falta de recursos podría afectar el pago de estos presupuestos, que rondan los $2 billones. La situación se atribuye a la baja en el recaudo tributario durante el primer trimestre de 2024, lo que ha generado presiones sobre la liquidez del Tesoro Nacional y ha llevado a recortes presupuestales.

Los presupuestos máximos son cruciales, ya que financian servicios, medicamentos y tecnologías no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), siendo vitales para los tratamientos de alto costo y enfermedades huérfanas. Sin embargo, no solo están en riesgo los presupuestos de 2024, sino también los de 2022, que aún no han sido girados.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advierte que, si no se giran los recursos necesarios, se afectarán cerca de $1,8 billones que se requieren hasta fin de año.

El Ministerio de Salud puede emitir resoluciones de pago, pero los fondos dependen del Ministerio de Hacienda, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad de estos servicios. La falta de financiamiento adecuado podría tener graves consecuencias para la atención de pacientes vulnerables, destacando la urgencia de encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema de salud.

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El informe reciente del Laboratorio Empresarial de Productividad y Competitividad (LabE) de la Universidad del Rosario, junto con Lift Growth & Innovation y la Universidad EIA, revela un preocupante panorama sobre los bajos niveles de productividad en las empresas colombianas, una tendencia que ha persistido y se ha acelerado durante las últimas décadas. A pesar de las diferencias entre industrias y empresas, la productividad promedio sigue siendo baja, especialmente en comparación con otros países de la OCDE.

El estudio destaca que, aunque las grandes empresas tienden a ser más productivas que las medianas, esto no siempre es así. Algunas empresas medianas en sectores como la industria química, farmacéutica, textil y de cuero superan en productividad a sus contrapartes más grandes. Lo anterior sugiere que factores como la gestión gerencial, las redes de relacionamiento y el acceso a financiamiento podrían estar influyendo en estos resultados.

A pesar de los bajos niveles de productividad, las ventas en las industrias han aumentado, lo que indica que el crecimiento ha sido impulsado por otros factores. Sin embargo, el informe subraya que un aumento significativo en la productividad podría potenciar aún más el crecimiento industrial.

El informe concluye que la persistencia de esta situación está relacionada con la inflexibilidad en los procesos productivos y la falta de dinamismo en las políticas sectoriales. Para mejorar, es crucial que las empresas y el gobierno impulsen innovaciones organizativas y técnicas, así como una mejor utilización del capital físico y humano. Esto no solo aumentaría la productividad, sino que también mejoraría la competitividad del país, fomentando el crecimiento empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.

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Una investigación realizada por Sectorial, basada en los estados financieros de 29.358 empresas en 34 sectores económicos, reveló que los sectores de la construcción inmobiliaria y civil tardarían 5,4 años y 4,6 años, respectivamente, en pagar su deuda financiera si destinaran la totalidad de su EBITDA a este fin. Estos sectores son los que más tiempo necesitarían para saldar sus deudas. En contraste, los sectores de petróleo y carbón son los que más rápidamente podrían pagar sus deudas financieras, con plazos de 0,2 años y 0,1 años, respectivamente.

Para más información acerca del desempeño y perspectivas de cada uno de los sectores y de sus principales indicadores económicos y financieros, visita los informes sectoriales.

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El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de mantener congeladas las tarifas de peajes hasta 2024 ha generado preocupaciones en diversos sectores. Aunque la medida busca aliviar la carga económica sobre los usuarios, la Contraloría General de la República ha advertido que esta decisión podría tener un costo elevado para el país. De acuerdo con el ente de control, si no se realiza el ajuste pendiente del 4,64%, el Gobierno deberá asumir un costo de $1,02 billones, una suma que tendría que ser cubierta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través del Presupuesto General de la Nación.

El congelamiento de tarifas fue ordenado mediante el Decreto 050 de 2023, evitando un incremento del 9,28% que debía ajustarse a la inflación del año anterior. Aunque en agosto se autorizó un ajuste parcial del 4,64%, la postergación del incremento restante hasta 2024 podría afectar gravemente la confianza inversionista y la seguridad jurídica, según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Caicedo explicó que el déficit en los proyectos de concesión vial seguirá creciendo, afectando la capacidad de pago de los concesionarios que financiaron las obras con recursos de los ahorradores. La Contraloría comparte esta preocupación, señalando que la ANI podría enfrentar un menor recaudo de peajes, lo que obligaría al Estado a compensar a los concesionarios afectados. Además, los 11 contratos de concesión vial de Iniciativa Privada (IP) vigentes, que dependen exclusivamente del recaudo de peajes, podrían enfrentar un impacto aún mayor.

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En julio de 2024, la actividad de taladros petroleros en Colombia registró un total de 105 equipos operativos, distribuidos en 31 taladros de perforación y 74 de reacondicionamiento, según el informe más reciente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). Esta cifra refleja una disminución del 18% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa 23 equipos menos. Sin embargo, en comparación con junio de 2024, se observó un leve incremento del 1,9%, con dos taladros adicionales.

La actividad de taladros ha mostrado una tendencia descendente desde noviembre de 2022, con una contracción acumulada del 32,3%, lo que ha resultado en la salida de operación de 50 equipos y la pérdida estimada de 25.675 empleos directos e indirectos. Este descenso en la actividad es el más bajo registrado desde febrero de 2021, cuando se reportaron 104 taladros activos en el país.

Específicamente, los taladros de perforación mostraron una reducción del 24,4% respecto a julio de 2023, con diez equipos menos. Este comportamiento se debe, en parte, a la finalización de una operación en Meta y el inicio de tres nuevas operaciones en Boyacá, Sucre y Casanare. Por su parte, los taladros de reacondicionamiento también experimentaron una disminución del 14,9% en comparación con julio del año anterior, manteniéndose constantes respecto a junio de 2024.

A pesar de estas cifras, Campetrol proyecta una leve recuperación en los próximos meses, con un aumento gradual en el número de taladros activos, alcanzando 106 equipos en septiembre y octubre de 2024.

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En el mercado asegurador colombiano, el incremento de las pólizas de seguros de auto todo riesgo se ha visto impulsado por dos factores principales: el alto costo de las reparaciones automotrices y la creciente frecuencia de accidentes viales. Según Carlos Varela, director de la Cámara de Vehículos de Fasecolda, entre el 70% y 75% de lo que se paga en siniestros se destina a reparaciones, lo que ha llevado a las aseguradoras a ajustar las primas para mantener la viabilidad económica de sus operaciones.

Además, la siniestralidad vial en Colombia, con una frecuencia de accidentes cercana al 50%, refuerza la necesidad de contar con una cobertura robusta. Este escenario se complica aún más con los robos de vehículos, que, aunque menos frecuentes, representan un 8% de los incidentes cubiertos por las pólizas y contribuyen al aumento de los costos debido a los elevados gastos de reposición y recuperación.

Ante esta situación, muchos conductores han comenzado a explorar alternativas como los seguros de asistencia, que ofrecen coberturas específicas para situaciones imprevistas sin afectar drásticamente la economía familiar. Estos seguros permiten gestionar los gastos de reparaciones menores, como el cambio de un bómper, a un costo significativamente menor que una reparación convencional, lo que representa una opción viable para quienes buscan protección sin comprometer su presupuesto.

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Una investigación llevada a cabo por Sectorial a partir de los estados financieros de 29.358 empresas en 34 sectores económicos identificó que la actividad que mayor rentabilidad dio a sus inversionistas fue la de carbón, con un ROE del 21,8%. En contraste, las empresas del sector comercio incurrieron en pérdidas en relación con el capital de sus accionistas, registrando un ROE de -2,3%.

Para más información acerca del desempeño y perspectivas de cada uno de los sectores y de sus principales indicadores económicos y financieros, visita los informes sectoriales.

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El desabastecimiento de combustible de aviación en Colombia ha alcanzado niveles críticos, afectando las operaciones de aerolíneas en varios aeropuertos del país. Este problema se originó a partir de la falla eléctrica en la Refinería de Cartagena el 16 de agosto, lo que ha llevado a una crisis en el suministro de Jet A1. A pesar de que Ecopetrol ha anunciado medidas de contingencia, incluyendo la importación de 100.000 barriles de combustible que llegarán al país próximamente, la situación sigue siendo alarmante.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió al Ministerio de Transporte que varios proveedores han comenzado a suspender o reducir el suministro de combustible, afectando aeropuertos clave como Cartagena, Bogotá y Medellín. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, el proveedor WFS suspendió completamente el suministro a una aerolínea el 23 de agosto, y Terpel también ha anunciado la suspensión del suministro a tres aerolíneas a partir del 26 de agosto. Esta situación es especialmente preocupante para Cartagena, un destino vital para el turismo.

En Bogotá, los principales proveedores de combustible, Terpel y Chevron, han reportado inventarios en niveles críticamente bajos, lo que ya ha llevado a la cancelación de vuelos desde el 25 de agosto. Además, aeropuertos en ciudades como Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Santa Marta también enfrentan la suspensión del suministro de combustible, lo que pone en riesgo la conectividad aérea en estas regiones.

Ante esta situación, la Aerocivil ha permitido a las aerolíneas reprogramar, suspender o cancelar vuelos entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre.

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Recientemente, se completó el envío de 180 plántulas de material vegetal asexual de propagación de cannabis sativa desde La Ceja, Antioquia, hacia la República del Norte de Macedonia, marcando un hito al ser el duodécimo país en autorizar la importación de este tipo de cannabis colombiano.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tras inspeccionar y verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por Macedonia, emitió el certificado que permitió la exportación del material vegetal in-vitro desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Según Juan Fernando Roa Ortiz, gerente general del ICA, “esta industria genera divisas al país, empleo y bienestar en el campo”, subrayando la importancia económica y social de este sector.

Colombia ya cuenta con permisos fitosanitarios para exportar material vegetal de propagación de cannabis a países de la Unión Europea y Costa Rica, así como semilla sexual a Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, entre otros.

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