La Superintendencia Nacional de Salud realizó un ajuste a la sanción que previamente le había impuesto a la EPS Coomeva, esto con posterioridad a la defensa jurídica que adelantó la entidad ante la Delegada de Procesos Administrativos de la Supersalud. Con esta decisión, la multa que debe pagar la entidad pasa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 350 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir una reducción del 65%.

A pesar de haber sido excluida del aislamiento obligatorio, la emergencia sanitaria desencadenada por el coronavirus ha generado una disminución significativa en la actividad minera, que ha visto una merma en el proceso de extracción y exportación.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) emitió un comunicado en el que anuncia la adopción de medidas en el sector para contribuir al control de la expansión del coronavirus en el país y proteger la salud de los empleados. En la comunicación se específica que varias empresas van reducir las operaciones para minimizar la concentración de personas y adicionalmente mantendrán los contratos laborales de los empleados de quienes no se requiera la presencia en las minas. Por otro lado, también encaminarán sus inversiones de carácter social para promover la prevención del virus en las comunidades.

Una tarea pendiente con base en el Decreto 376 de la Presidencia de la República es la ampliación de la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que pasaría de contar con 73 funcionarios a 499, en un proceso que se realizará por fases entre 2020 y 2022. Con el inicio de la incorporación de los funcionarios se busca fortalecer la entidad para dar respuesta oportuna a las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales para los sectores de infraestructura, hidrocarburos, minería, energía y agroquímicos.

El viernes de la semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) presentó los resultados del comportamiento del Producto Interno Bruto colombiano durante la vigencia 2019. Los datos indicaron un crecimiento de la economía de 3.3% a nivel agregado y la recuperación de uno de los sectores clave del país: la actividad minera.

Al cierre del año pasado una onza de paladio se cotizaba cerca de los 2.000 dólares, reflejando un incremento de más de 50% en relación a su precio de comienzos de 2019 y aproximadamente 350 dólares por encima del valor de una onza de oro. Este relevante crecimiento se atribuye a que el metal se ha convertido en un insumo clave para la industria automotriz debido a las mayores restricciones en cuanto a las emisiones y, precisamente, el paladio es empleado en los catalizadores de los vehículos a gasolina e híbridos. Se estima que el 85% de la producción de este material se destina a los sistemas de escape de los automóviles donde ayuda a reducir la emisión de contaminantes tóxicos. El resto de la producción se destina a la fabricación de componentes electrónicos y piezas de odontología.

Este miércoles entró en operación el nuevo Catastro Minero, una herramienta de la Agencia Nacional Minera (ANM) que permitirá la radicación de las propuestas para concesiones mineras y que agilizará el tiempo del proceso hasta en un 72%. En el nuevo sistema, denominado AnnA Minería, se estima que se radicarán 100 peticiones mensualmente y que en todo 2020 se entregarán alrededor de 200 concesiones mineras.

En medio de la tensión que se vive en medio oriente como consecuencia de los ataques militares realizados por Estados Unidos, el precio de metales como el oro, el paladio, la plata y el platino se han encarecido, este lunes una onza de oro se cotizaba en 1.588 dólares.

El subsector lácteo colombiano tiene un impacto representativo en el ámbito económico, pues con su producción de 7.500 millones de litros al año, además de aportar el 12% del PIB del sector agropecuario, genera más de 700.000 empleos directos. En Colombia, el consumo de leche per cápita es de 150 litros anuales, pero aún se tiene un potencial de crecimiento de 20 litros per cápita anuales para alcanzar los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mediante la Resolución 072, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó una serie de modificaciones al procedimiento mediante el cual se determina el precio a pagar al productor de leche cruda. Tradicionalmente se venían tomando muestras de leche cruda para realizar análisis de y con base en los datos presentados por los laboratorios se fijaba un precio de referencia, pero la situación de emergencia sanitaria está limitando el envío de estas muestras a los laboratorios, según lo manifestaron empresas como Alquería, Alpina, Nestlé y otras, por lo que se hizo necesario plantear una alternativa.