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La semana pasada, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió un proyecto de resolución que busca definir las condiciones para la implementación gradual del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para el etiquetado de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA), y la metodología para la determinación de los periodos de carencia (PC), con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos de producción primaria. 

A continuación, las consideraciones más importantes del proyecto:
- La determinación del periodo de carencia será de obligatorio cumplimiento para todos los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola que se comercialicen en el país.
- El periodo de carencia deberá ser determinado a través de estudios de residualidad con curvas de disipación, permitiendo establecer la degradación y permanencia de los residuos del plaguicida desde su aplicación hasta la cosecha.
- El periodo de carencia deberá ser indicado por el titular del registro en el etiquetado del producto, previa evaluación y aprobación del ICA.
- Todos los resultados de periodos de carencia provenientes del desarrollo de estudios de residualidad a través de curvas de disipación podrán ser considerados como información confidencial de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable sobre el tema.
- Estas disposiciones aplican para todas las persona jurídicas o naturales que sean titulares de registros de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola que se produzcan, importen y comercialicen en el país.

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A través de la resolución 1161 de 2020, el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, se pronunció sobre dos medidas innovadoras en el servicio de salud que buscan mejorar las condiciones de atención a los usuarios y apoyar a los hospitales durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país; la primera es la de Canastas Covid, que consiste en “pagar de manera agregada a los hospitales los servicios covid-19 permitiendo que el paciente tenga una atención integral, que no falte nada de los servicios que debe tener un paciente según los protocolos” señaló el ministro.

La segunda medida consiste en un pago por disponibilidad, que “se hace para las UCI con el objetivo de dar la retribución justa a los hospitales que, de acuerdo con nuestros lineamientos, mantienen las camas UCI libres a espera de un paciente covid-19”, aseguró el ministro; el valor a reconocer será de $456.482 pesos por cama/día de cuidados intensivos, y $347.538 pesos por cama/día de cuidados intermedios; el proceso de certificación de la disponibilidad será día vencido, y deberá ser notificado a la ADRES por parte del representante legal de cada entidad.

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A través del webinar “Análisis del mercado eléctrico colombiano”, la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia) y Ata Insights presentaron un balance de la situación actual del mercado eléctrico del país, considerando los impactos que ha recibido desde principio del año, tanto asociados como no asociados a la pandemia del coronavirus; entre los temas tratados se encontraban la disminución de la demanda, la capacidad de los embalses, el impacto financiero para las empresas del sector y las afectaciones a los proyectos en curso.

Según María Nohemí Arboleda, directora general de XM, la disminución de la demanda desde el inicio de la cuarentena ha sido crítica para el sector, que ha registrado caídas del 21% en el mercado no regulado (grandes industrias), y de 7.5% en el regulado (domiciliario y pequeña industria); para Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEG, el riesgo de desabastecimiento causado por el bajo nivel de los embalses ha sido mitigado de manera efectiva, gracias a las medidas que ha tomado el gobierno y la industria, y a la entrada en operación de las centrales térmicas; por su parte, José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, aseguró que las empresas distribuidoras de energía se han visto considerablemente afectadas, pues han tenido que garantizar el servicio, pero sus ingresos han disminuido por cuenta de la menor demanda y del congelamiento del pago de los servicios, por lo que piden al gobierno nacional cumplir con los puntos acordados y desembolsar las líneas de crédito que se establecieron para este propósito.

El sector aceites y grasas al cierre del primer trimestre de 2020 dio señales de recuperación, fundamentada en el alza del precio del dólar, una mejor fórmula para la determinación de precios internos que genera mayor competitividad, y, derivado de los dos puntos anteriores, la preferencia del consumo interno de los hogares por productos locales dadas las restricciones a oferentes externos como Ecuador y el alto costo de las importaciones.

Entre los factores negativos se encuentran los aumentos en costos de producción al tener que adaptarse a las políticas de bioseguridad por el Covid-19; adicional, deberá el sector deberá solventar un posible choque en la demanda interna y externa ante el impacto en las tasas de empleabilidad que tenga la actual pandemia. Por su parte, y vinculado a la producción primaria, el sector deberá afrontar las enfermedades que azotan los cultivos como la pudrición del cogollo, la marchites letal y el descenso que ha venido presentando el rendimiento por hectárea, derivado tanto de las enfermedades ya descritas, como de la longevidad que presentan los cultivos en varias regiones del país.

La capacidad hospitalaria en cuanto a unidades de cuidados intensivos es un tema del que se habla en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por le covid-19 en el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia cuenta con 5.845 UCI distribuidas en todo el territorio nacional. 

El sector avícola en el acumulado a marzo de 2020 presentó incrementos tanto en la producción de carne de pollo como en la producción de huevo. En el primer caso, febrero fue el mes que explicó dicho comportamiento, mientras que en el huevo sería marzo. Por otro lado, la pandemia del Covid-19 ha afectado la demanda de pollo, su consumo y sacrificio, un caso inverso se presenta con el huevo, lo que lleva a que el precio de la carne de pollo se desplome comparado con los meses inmediatamente anteriores, como con los mismos periodos de 2019 y 2018; en contraste con el precio del huevo se incrementó y en algunas regiones entró a ser regulado.

Entre los factores negativos se encuentran los aumentos en costos de producción al tener que adaptarse a las políticas de bioseguridad por el Covid-19; adicional, deberá el sector deberá solventar un posible choque en la demanda interna y externa ante el impacto en las tasas de empleabilidad que tenga la actual pandemia. Por su parte, y vinculado a la producción primaria, el sector deberá afrontar las enfermedades que azotan los cultivos como la pudrición del cogollo, la marchites letal y el descenso que ha venido presentando el rendimiento por hectárea, derivado tanto de las enfermedades ya descritas, como de la longevidad que presentan los cultivos en varias regiones del país.

Las burbujas sociales son un método que algunos países están implementando para salir del confinamiento estricto que se ha impuesto a causa del coronavirus. (Coronavirus, un Llamado a la Consciencia Global)

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Esta práctica inició en Nueva Zelanda, país que, luego de frenar el contagio del coronavirus, relajó las medidas de distanciamiento social y dio paso a la creación de “burbujas sociales”, a través de las cuales se les ha permitido a las personas aumentar su círculo de contactos y de esta manera llevar una vida social reducida, pero continuando con las medidas de aislamiento preventivo, es decir, evitar el contacto con personas que estén fuera de la burbuja. Los integrantes de las burbujas pueden desplazarse en grupos sin problema y se debe mantener el distanciamiento entre burbuja y burbuja de al menos dos metros.

Los grupos se eligen y cada persona debe estar de acuerdo en integrarlo. Esta medida hace énfasis especial en quienes han estado solos en la cuarentena, siendo los más afectados por el aislamiento. El Gobierno de Nueva Zelanda expresó que “la gente debe continuar dentro de la burbuja de su hogar, pero puede expandirla para reconectarse con su familia extendida, o para traer cuidadores, o para ayudar a personas aisladas”.

La ventaja de esta práctica es que se da paso al contacto social con las personas más cercanas que deseen conformar el grupo y a la vez se minimiza el riesgo de transmisión del virus. En caso de un contagio, quedaría solo en la burbuja, suponiendo que se cumple con dos condiciones: la primera es que los miembros de la burbuja deben ser exclusivos, cada persona debe pertenecer solo a una burbuja y no se pueden saltar de una burbuja a otra. La segunda es que los integrantes deben vivir en el mismo pueblo o ciudad, para evitar los desplazamientos de larga distancia.

Algunos países como Escocia, Bélgica y Canadá estudian implementarlo, puesto que trae grandes beneficios para las personas, como alivio psicológico, mejora la salud mental y hace el aislamiento social más llevadero. (Planes de Acción Frente a Contención del Avance del Coronavirus (Video))

Como es sabido, la cuarentena se vuelve más difícil de llevar para aquellas personas que viven solas y no han tenido contacto humano en estos meses de confinamiento, lo cual agudiza la soledad. Si bien la tecnología ha sido una herramienta fundamental para facilitar la comunicación con otras personas, hay quienes no cuentan con celulares, ni computadores, o simplemente estos métodos no son suficientes y el contacto físico se hace cada vez más necesario.

Diferentes expertos en salud mental consideran que estas burbujas pueden ser un alivio para la ansiedad, sin embargo, también conlleva muchos retos si las personas no respetan su círculo de exclusividad, lo que sería contraproducente y podría llevar a un repunte de casos.

Asimismo, el ponerse de acuerdo sobre el número de personas que deben integrar el círculo es difícil y a las familias numerosas les puede costar trabajo decidir con quien compartir. Aun así, los expertos recomiendan que los integrantes deben ser pocos, preferiblemente menos de diez personas, debido a que el distanciamiento social sigue siendo la mejor forma de evitar la propagación del virus y a falta de una vacuna las restricciones deben mantenerse.

Las burbujas sociales son solo una medida a corto plazo para que la cuarentena sea más llevadera y deben implementarse en países que ya superaron el pico de contagios, presentando un claro descenso en el número de casos nuevos. (¿Hasta Cuándo Mantener las Medidas Tomadas por los Gobiernos en la Lucha contra el Coronavirus?)

A inicios de junio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) presentó un borrador de decreto a través del cual se reglamentaría el funcionamiento de la hipoteca inversa y la renta vitalicia inmobiliaria en Colombia. Una vez los medios de comunicación dieron a conocer la propuesta, se generaron una serie de debates alrededor de la alternativa, que algunas personas consideraron una oportunidad para los adultos mayores que actualmente son propietarios de una vivienda, pero que no cuentan con ingresos periódicos, mientras que otros estimaron que se trata de un plan para que la banca se quede con los inmuebles. Veamos en detalle a qué hace referencia la hipoteca inversa y cuáles son sus pros y contras. (Ministerio de Vivienda Anuncia la Creación de la Hipoteca Inversa como Mecanismo de Seguro para la Vejez)

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De acuerdo con el borrador del decreto presentado por el Minvivienda, “la hipoteca inversa es una operación financiera a través de la cual se otorga un préstamo o crédito a los propietarios de un bien inmueble, quienes garantizan el cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una hipoteca, que solo será exigible hasta el fallecimiento del único constituyente o del último de los constituyentes de la misma”. Este instrumento está diseñado para que los adultos mayores de 65 años puedan hipotecar un bien inmueble hasta su fallecimiento, a cambio de una renta vitalicia durante un periodo de tiempo, pero con la garantía de que podrán disfrutar del inmueble por el resto de su vida.

El aspecto más positivo que se atribuye al mecanismo de hipoteca inversa es la posibilidad de que los adultos mayores dispongan de unos ingresos periódicos que les permitan cubrir sus gastos, lo que es realmente una oportunidad en un país como Colombia, en el que solo el 28% de los adultos mayores tiene una pensión, mientras que 67% cuenta con vivienda propia. Otra ventaja es que el mecanismo de hipoteca inversa permite que esta sea cancelada si se retorna al banco la cantidad desembolsada más los intereses. Por otro lado, al constituir la hipoteca inversa, la propiedad no cambia de dueño, el inmueble sigue siendo propiedad de quien firma la hipoteca y además puede seguir haciendo uso de la vivienda. En el borrador del decreto no es claro si el inmueble se puede arrendar, pero en otros países no hay restricciones al alquiler de las viviendas; de igual forma, en otros países los ingresos por hipotecas inversas están exentos de tributación. (El Diseño Inmobiliario se Adapta a la Tercera Edad)

En el borrador del decreto dado a conocer por el Minvivienda se estipula que las partes concertarán a cargo de quién quedan los gastos de administración, vigilancia, mantenimiento y seguros del inmueble, pero con base en la experiencia en otros países, normalmente estos gastos deben ser asumidos por el propietario del inmueble. Otro elemento que se podría considerar negativo lo constituye el mecanismo que se defina para realizar el avalúo del inmueble, pues, en el caso colombiano, si este se establece con base en el valor catastral, se podría subestimar el valor real del inmueble y por ende las rentas generadas para los propietarios serían bajas. Finalmente, serán los adultos mayores, propietarios de vivienda, quienes definan si realmente les conviene acceder a esta alternativa, una vez las entidades financieras interesadas presenten las condiciones específicas.

A comienzos del 2020 el sector del gas en el país presentó una un incremento de 2.8% en sus cifras de producción. Los nuevos campos de Cusiana y Cupiagua están liderando la producción para atender la demanda el sector industrial, las centrales térmicas y la actividad residencial, donde se destaca el aumento del consumo de los hogares estratos 1, 2 y 3 a causa del confinamiento. Sin embargo, se presenta el riesgo de suficiencia en reservas.

En el país la oferta del hidrocarburo sigue siendo insuficiente para atender la demanda nacional y se debe importar gran parte del combustible, situación que se agrava, pues las reservas de gas en el país en 2019 fueron de 3.163 Gpc, existencias que serían suficientes para atender la demanda local por lo menos 8 años más, además por la actual pandemia generada por el covid-19 y precios internacionales, al menos 10 proyectos gasíferos por valor de 2.000 millones de dólares se encuentran en vilo.

Frente a la afectación que ha causado el coronavirus, tanto en la salud, como en la economía, el gobierno ha tomado una serie de medidas para mitigar el impacto que genera el freno en la producción de diferentes sectores. No obstante, la pérdida de empleos ha sido inevitable en diversas ramas de la economía, sin considerar que en Colombia la tasa de informalidad es bastante alta. (Colombia Registra su Mayor Desempleo, Análisis por Sectores y Regiones (Vídeo))

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Como solución parcial, se han asignado subsidios a diferentes sectores y se han reactivado varios segmentos que se consideran clave para la generación de empleo y el aporte al crecimiento del PIB. Así mismo, se han dado alivios económicos a los ciudadanos y se han brindado ayudas para paliar la emergencia. (Señales que Evidencian el Comienzo de la Recuperación Económica (Video))

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues la amenaza de una caída histórica en la demanda cada vez se hace más evidente, ya que el desempleo y la disminución en los ingresos de los hogares sigue aumentando. Por este motivo, diferentes instituciones han lanzado propuestas para impulsar tanto la producción, como el consumo.

Una de ellas es ANIF (Asociación de Instituciones Financieras), que dio a conocer una propuesta que apunta a mitigar el impacto del Covid-19 en el ingreso de los hogares y que ha sido implementada en países como Estados Unidos y Japón. La entidad expone la necesidad de implementar una renta básica semi-universal, la cual se entregaría una única vez a las familias más pobres y a las que corren el mayor riesgo de quedarse sin ingresos. Según la asociación “todavía hay espacio para construir una política más amplia de transferencias monetarias”, puesto que los programas de subsidios, como Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción, entre otros, suman alrededor de $1,8 billones y un mes de cuarentena afecta los ingresos de los hogares en casi $6 billones, cifra que podría ascender a $26 billones de pesos si se prolonga el aislamiento preventivo en algunas ciudades, de acuerdo con Mauricio Santamaria, presidente de ANIF.

Con esta propuesta se busca incluir a más personas que han resultado afectadas y no han recibido ningún subsidio. Para llevar a cabo la iniciativa, ANIF plantea que los beneficiarios sean identificados a través de diversos canales, como la población afiliada al régimen subsidiado en salud, asalariados informales y trabajadores independientes con educación secundaria, trabajadores asalariados formales que coticen en salud y que devenguen 1 SMLV o menos, y la población en situación de pobreza. Según los datos de La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019, este grupo poblacional corresponde a 17’900.000 personas.

Así mismo, el giro que proponen sería de $450.000 pesos, que corresponde al 2% del PIB per cápita y al 75% del ingreso laboral promedio de los trabajadores que se encuentran afiliados al régimen subsidiado. El costo total del programa sería de $8 billones.

Cabe resaltar que la Renta Básica Universal tiene como objetivo entregar a todo ciudadano acreditado una cantidad periódica que cubra, al menos, las necesidades vitales, sin requerir contraprestación alguna. El ingreso o “mínimo vital” permitiría a los hogares disponer de las condiciones mínimas para adquirir bienes necesarios de consumo y, aunque no es una medida que solucione el problema del ingreso, permite que las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica puedan subsistir en el corto plazo, a la vez que contribuyen al dinamismo del consumo.

Finalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió a los Gobiernos de Latinoamérica que implementen “inmediatamente un ingreso básico para las 215 millones de personas que estarán este año en situación de pobreza por los efectos de la pandemia”. La secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcena, expresó que es importante “que los Gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”.

Además, indicaron que el ingreso básico de emergencia debe tener una duración mínima de seis meses y debe ser equivalente a una línea de pobreza, es decir, que corresponda al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas, considerando que, para el mediano y largo plazo, lo ideal es alcanzar un ingreso mínimo que garantice a la población el derecho a la subsistencia.

Esta petición de la Cepal va en línea con la propuesta que ha realizado la ANIF al Gobierno. En un futuro, la Asociación considera también que se deberá evaluar la posibilidad de implementar una renta semi-universal recurrente o periódica.