El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha revisado al alza, por quinto año consecutivo, sus proyecciones sobre la expansión de la energía nuclear a nivel global. En su escenario más optimista, la agencia de la ONU estima que la capacidad instalada podría más que duplicarse para el 2050, impulsada por un creciente consenso sobre su rol indispensable para un suministro energético limpio y sostenible.

Según el informe presentado por el OIEA y citado por el diario Portafolio, a finales de 2024 operaban en el mundo 417 reactores nucleares, con una capacidad total de 377 gigavatios eléctricos (GWe). Estos reactores generaron el 8,7% de la energía eléctrica producida a nivel mundial durante ese año. Las nuevas proyecciones estiman que para 2050, la capacidad podría lleagr hasta los 992 GWe en el escenario más optimista, lo que equivale a 2,6 veces el nivel actual. En un escenario más conservador, el crecimiento sería del 50,0 %, alcanzando los 561 GWe.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó que este crecimiento subraya que la energía nuclear es indispensable para lograr un suministro limpio, fiable y sostenible. La expansión será impulsada en parte por la nueva tecnología de reactores modulares pequeños (SMR), que representarían entre el 5,0% y el 24,0% de la nueva capacidad. Actualmente, 31 países cuentan con plantas de energía nuclear, y otros 30, como Egipto y Turquía, están construyendo sus primeras instalaciones. La facilitación del financiamiento a través de bancos multilaterales es uno de los factores clave detrás de esta expansión.

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A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en agosto en Colombia y el mundo:

Fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay conmocionó a Colombia: El escenario político colombiano se enlutó tras confirmarse, el 11 de agosto, el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Su muerte se produjo tras permanecer más de dos meses hospitalizado en estado crítico, como consecuencia de un atentado con arma de fuego perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Uribe Turbay, de 39 años, fue considerado el primer aspirante presidencial asesinado en más de tres décadas, lo que ha reavivado el debate nacional sobre la seguridad de los líderes políticos y las garantías para el ejercicio de la democracia en el país. El magnicidio ha sido condenado por todos los sectores políticos y ha generado una profunda conmoción social. Las autoridades han avanzado en la investigación del crimen y, a principios de septiembre, se ordenó la prisión para una persona acusada de participar en la planeación y ejecución del atentado, aunque los móviles detrás del ataque continúan siendo materia de investigación judicial. El suceso marca un punto de inflexión en la contienda electoral y deja un vacío en el panorama político nacional.

El Salvador aprobó la reelección presidencial indefinida y extendió el mandato a seis años: El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó el 1 de agosto una controvertida reforma constitucional que habilita la reelección presidencial sin límite de mandatos y amplía el periodo de gobierno de cinco a seis años. La decisión le permite al actual presidente, Nayib Bukele, perpetuarse en el poder, una medida que ha sido calificada como un retroceso democrático por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la oposición política. La reforma se produce en un contexto de alta popularidad del mandatario, impulsada por su política de mano dura contra las pandillas, pero también entre fuertes críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y la concentración de poder en el Ejecutivo. Críticos y analistas señalan que este tipo de reformas son características de regímenes autoritarios, comparando la situación de El Salvador con los casos de Venezuela y Nicaragua. A pesar de los cuestionamientos internacionales, el presidente Bukele defendió la medida, consolidando así un mayor control sobre las instituciones del Estado salvadoreño y abriendo un nuevo capítulo en la política centroamericana.

Gobierno de EE. UU. adquiere el 10,0 % de Intel para fortalecer su industria de chips: En una medida sin precedentes recientes, el gobierno de Estados Unidos adquirió una participación del 10,0 % en el gigante tecnológico Intel, en una operación valorada en 8.900 millones de dólares. El acuerdo, confirmado el 22 de agosto, se materializó mediante la conversión de subvenciones de la Ley CHIPS (CHIPS Act) en capital accionario, convirtiendo al Ejecutivo estadounidense en el mayor accionista individual de la compañía, aunque sin derechos de representación en el consejo directivo. Esta estratégica inversión, impulsada por la administración Trump, busca blindar la producción nacional de semiconductores, un sector considerado vital para la seguridad nacional y la competitividad tecnológica frente a China. La decisión marca un giro en la política industrial del país, optando por una participación directa en lugar de otorgar subsidios sin retorno. La operación se produce en un momento en que Intel busca reestructurarse para competir con rivales como Nvidia y ha iniciado planes de ajuste que incluyen una reducción significativa de su plantilla.

Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga: El 21 de agosto, la sección quinta del Consejo de Estado confirmó la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, una de las principales ciudades de Colombia. El alto tribunal determinó que Beltrán incurrió en doble militancia política durante su campaña electoral. Según el fallo, el entonces candidato, apoyó a aspirantes a concejos y asambleas de partidos diferentes a Colombia Justa Libres, la agrupación que oficialmente avaló su candidatura. La decisión, que responde a una demanda por irregularidades, deja a la capital de Santander sin su mandatario electo y abre un periodo de incertidumbre administrativa hasta que se defina su reemplazo. Beltrán, quien se había posicionado por sus propuestas de seguridad, manifestó su intención de seguir trabajando por la ciudad hasta que el fallo quede en firme, mientras que la noticia genera un reacomodo de las fuerzas políticas en la región y pone de relieve la estricta vigilancia de las normas electorales por parte de las altas cortes del país.

OpenAI lanza GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado: La compañía de investigación en inteligencia artificial OpenAI lanzó oficialmente el 7 de agosto su nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño, GPT-5. Este sistema de última generación es presentado como el más inteligente, rápido y útil desarrollado hasta la fecha, con capacidades de razonamiento integradas y un rendimiento superior en áreas como matemáticas, programación, ciencias y finanzas. Entre sus principales mejoras técnicas, GPT-5 cuenta con una ventana de contexto ampliada de hasta 400.000 tokens, una reducción de aproximadamente el 45,0 % en alucinaciones (respuestas incorrectas o inventadas) y una mayor eficiencia en comparación con su predecesor, GPT-4o. El nuevo modelo unifica el razonamiento avanzado y la entrada multimodal (texto, visión y voz) en un solo sistema, eliminando la necesidad de alternar entre herramientas especializadas. El lanzamiento de GPT-5 está destinado a tener un profundo impacto en el sector empresarial y tecnológico, ofreciendo una herramienta más potente y confiable para la resolución de problemas complejos, análisis de datos y desarrollo de software.

Otros hechos importantes que tuvieron lugar en agosto:

• Hallazgo petrolero de BP: La petrolera británica BP anunció el 4 de agosto el descubrimiento de un importante yacimiento de gas y petróleo en aguas profundas frente a las costas de Brasil, considerado su hallazgo más relevante en los últimos 25 años.
• Impuesto a exportaciones de chips: Nvidia y AMD acordaron pagar al gobierno de EE. UU. un 15,0 % de los ingresos obtenidos por la venta de chips avanzados a China, en un pacto inédito que funciona como un “peaje” para obtener licencias de exportación.
• Disputa Colombia – Perú por la isla de Santa Rosa: La cambiante dinámica del río Amazonas, producto de la sedimentación, ha generado una disputa diplomática entre Colombia y Perú sobre la soberanía de islas fluviales como Santa Rosa, reavivando tensiones históricas por la definición de los límites fronterizos.

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El sector de las agencias de viaje en Colombia registró un sólido desempeño en julio de 2025, impulsado principalmente por un notable aumento en sus ingresos nominales. Sin embargo, este crecimiento en la facturación contrastó con un leve descenso en la generación de empleo, reflejando una dinámica mixta para la industria en el séptimo mes del año.

Según el boletín de la Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los ingresos nominales del sector presentaron una variación anual del 13,9 % en julio de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. En contraste, el personal ocupado registró una ligera variación negativa del 0,3% en el mismo período. Por su parte, el salario nominal promedio en el sector aumentó 11,8 %. En lo corrido de 2025, los ingresos de las agencias acumulan un crecimiento del 8,0 %.

El principal componente que impulsó los ingresos en julio fue la venta de paquetes turísticos propios, que representó el 46,3 % del total de la facturación. El segundo rubro más importante fue el de “otros ingresos” (que incluye servicios receptivos, reuniones, incentivos, entre otros), con una participación del 21,6%. En cuanto a los canales de venta, el canal tradicional se mantuvo como el dominante, generando el 61,4% de los ingresos, mientras que el canal online representó el 38,6 % restante.

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El sector de la moda en Colombia muestra recuperación y se proyecta que mantenga su dinamismo durante el resto de 2025. Impulsado por el consumo nacional y la reactivación del comercio tradicional, se espera que la industria cierre el año con un crecimiento del 8,0 %.

De acuerdo con un informe del portal HSB Noticias, el mercado de la moda en el país generó ingresos por aproximadamente $33,3 billones en 2024, lo que representó un aumento del 3,7 % en comparación con el año anterior. Este comportamiento positivo refleja la confianza del consumidor y una mayor disposición a gastar en productos.

El análisis detalla que el gasto de los hogares se distribuyó principalmente en prendas de vestir, seguido de accesorios personales y calzados. Asimismo, se observó un crecimiento en los servicios relacionados con el vestuario y los textiles para el hogar, lo que demuestra una recuperación integral de toda la cadena de valor de la moda. La proyección de crecimiento del 8,0 % para lo que resta de 2025 confirma las buenas expectativas para el sector.

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Una transición energética acelerada y sin una estrategia clara podría generar una caída de $38 billones en la economía nacional y la pérdida de 74.000 empleos. Esta es la principal advertencia del informe ‘Transición Energética de los Carbones Colombianos’, elaborado por la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) y el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree). El estudio subraya los graves riesgos fiscales, sociales y económicos que enfrentaría el país si no se planifica adecuadamente el proceso.

Según el análisis, citado por el diario El Tiempo, el impacto comprometería las finanzas públicas, ya que el recaudo de regalías e impuesto de renta representa cerca del 95,0% de los ingresos que recibe la nación por la producción de carbón. En departamentos como Cesar y La Guajira, estas regalías superan el 100% de sus ingresos corrientes, por lo que una transición abrupta comprometería la inversión en salud y educación. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, afirmó que la estabilidad laboral y la inversión social en 132 municipios dependen de una transición bien planificada.

El informe propone que la propia industria del carbón sea la base para financiar una reconversión ordenada. Para ello, se plantea la creación de un fondo fiscal que mitigue los efectos negativos y el diseño de programas de reconversión laboral. El estudio también destaca la importancia económica del sector, que actualmente genera más de 55.000 empleos directos, con ingresos 2,6 veces superiores al promedio nacional y beneficia indirectamente a más de 250.000 personas. Colombia es el quinto exportador mundial de carbón térmico, y solo en 2022, las exportaciones del sector sumaron más de 8.100 millones de dólares.

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La relación entre el activismo social y el desarrollo económico resulta compleja de establecer, principalmente debido a la dificultad para medir el primero. Este puede entenderse como formas de participación alternativa, disruptiva y simbólica, que cada vez están menos enfocadas exclusivamente en problemáticas materiales como la inequidad en los ingresos o la distribución desigual de la tierra. En cambio, también se fundamenta en identidades, valores y derechos, como ocurre con los movimientos feministas, ecologistas y de diversidad sexual, entre otros.

A diferencia de la participación política, que puede medirse mediante censos electorales, afiliación a partidos, asistencia a debates y otras actividades canalizadas a través de medios institucionales, el activismo se desarrolla en espacios híbridos como calles, redes sociales, plataformas digitales y otros entornos que escapan al control absoluto del Estado y sus instituciones. Es más volátil y depende en gran medida de causas contextuales, como los cambios en la coyuntura política, social y ambiental, lo que dificulta evaluar con precisión su intensidad, impacto y frecuencia.

Por otro lado, es posible identificar el impacto de la participación política en el desarrollo, evidenciándose una correlación positiva y constante entre altos niveles de participación democrática y prosperidad económica. Los países con sistemas democráticos más sólidos, como los nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), suelen concentrar un mayor poder económico a nivel global. De manera similar, en regiones cercanas a Colombia, tanto por su ubicación geográfica como por su contexto económico, se han registrado avances significativos. Casos como Brasil, Chile y Corea del Sur demuestran que el fortalecimiento de las democracias, impulsado por una participación política más activa, ha derivado en mejoras económicas sustanciales. (Formar para trabajar, trabajar para formar: Claves del desarrollo según Paul Romer)

Los países nórdicos, antes mencionados, no sobresalen exclusivamente por su participación política; sus instituciones gubernamentales también promueven activamente la intervención social al proteger los derechos de propiedad privada, garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento de los contratos y fomentar la igualdad en derechos y oportunidades. Lo anterior, ha generado una elevada confianza en las instituciones estatales, que suele superar el 70%.  Por lo anterior, el activismo social en estas naciones se orienta a operar dentro del sistema democrático existente, priorizando mejoras graduales a partir de la institucionalidad instalada y enfocándose en soluciones sostenibles a largo plazo.

En cambio, en democracias menos consolidadas como las de América Latina, el activismo se distingue por su carácter más antisistémico y confrontacional, impulsado por una profunda desconfianza hacia las instituciones, cuya credibilidad rara vez supera el 40%. Esta desconfianza se ve reforzada por la incapacidad de dichas instituciones para garantizar igualdad de oportunidades y evitar que la estructura estatal perpetúe el poder de élites económicas y sociales. Como resultado, el activismo en la región tiende a ser más orientado al corto plazo, enfocado en atender necesidades urgentes, y responde principalmente a problemas relacionados con la exclusión y la desigualdad social. Además, suele fomentar liderazgos populistas que prometen transformaciones radicales, pero que se estancan a la hora de lograr consensos (Al parecer, las posiciones políticas de centro no existen)

Estas dos formas de activismo no pueden clasificarse como positivas o negativas, ya que están moldeadas por los contextos sociales y económicos, así como por la estructura institucional en la que se desarrollan. De distintas maneras, ambas cumplen con uno de los beneficios más relevantes del activismo en las sociedades democráticas: vigilar a las instituciones estatales e intentar corregir las afectaciones que puedan surgir.

En conclusión, la evidencia indica que, si bien la democracia no asegura automáticamente el desarrollo, las sociedades más participativas y democráticas suelen generar condiciones más favorables para un crecimiento económico sostenible y equitativo. Los cinco países que lideran el Índice de Democracia Liberal, Dinamarca, Suecia, Estonia, Suiza y Noruega, destacan por su fortaleza económica y, especialmente, por su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En contraste, los últimos en la lista, Afganistán, Nicaragua, Myanmar, Corea del Norte y Eritrea (puestos 175 a 179 a nivel mundial), son conocidos por tener gobiernos autoritarios o democracias restringidas y niveles extremadamente bajos de bienestar social.

El sector petrolero en Colombia atraviesa un momento complejo en 2025, marcado por una caída en la producción, una contracción en la inversión y un entorno de precios internacionales volátil. Según un reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la situación compromete tanto la seguridad energética como la estabilidad macroeconómica del país, planteando serios desafíos para las finanzas públicas.

De acuerdo con el informe, citado por el diario Occidente, la producción de crudo entre enero y julio de 2025 promedió 746.826 barriles diarios, lo que representa una reducción del 4,3% anual. Esta caída se atribuye a factores internos como atentados a oleoductos y bloqueos comunitarios en zonas estratégicas como Arauca y Meta. El indicador más preocupante, sin embargo, es la drástica caída en la inversión. La actividad de taladros se redujo en un 27,7 % entre noviembre de 2022 y julio de 2025, pasando de 155 a solo 113 equipos activos. Específicamente, los taladros de perforación, claves para reponer reservas, cayeron 48,3 %

Esta contracción en la actividad exploratoria se refleja en el monto de la inversión proyectada para 2025, que será de apenas USD 740 millones, un 18,0 % menos que en 2024 y el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El debilitamiento del sector ya tiene consecuencias fiscales; durante el primer trimestre de 2025, las regalías por hidrocarburos disminuyeron un 5,3 % en comparación con el mismo período del año anterior. ANIF concluye que es urgente estabilizar el sector para garantizar los ingresos que financien, paradójicamente, la propia transición energética del país.

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La Agencia Nacional del Espectro (ANE) ha encendido las alarmas sobre la creciente demanda de espectro radioeléctrico en Colombia, un recurso fundamental para soportar las tecnologías 4G y 5G que utilizan millones de ciudadanos. Según las proyecciones de la entidad, el país enfrentará un déficit de capacidad en los próximos años si no se toman medidas para flexibilizar la asignación y gestión de este recurso estratégico.

De acuerdo con un análisis del diario El Nuevo Siglo, el director de la ANE, Sergio Sotomayor, explicó que para el presente año Colombia requiere alrededor de 540 MHz de espectro para atender adecuadamente la demanda de tráfico móvil. Aunque actualmente se cuenta con 740 MHz asignados, las proyecciones indican que en los próximos dos años la demanda alcanzará los 824 MHz, superando el límite de acumulación de espectro que llegaría a 750 MHz bajo la regla actual. Esta situación se agudizará en un plazo de tres años, cuando se necesitarán al menos 270 MHz adicionales para cubrir las necesidades del mercado.

Para hacer frente a este desafío, la ANE está explorando varias alternativas. Se contempla la explotación de nuevas bandas de frecuencia ya identificadas a nivel internacional, como las de 2.3 GHz y 10 GHz, y se adelantan estudios para evaluar el uso de otras. Asimismo, se avanza en la habilitación de la banda de 6 GHz para uso libre en exteriores, lo que potenciaría la expansión de tecnologías como wifi 6 y 7. Adicionalmente, Sotomayor anunció la creación de un Observatorio de Valoración del Espectro para ajustar los precios de las frecuencias de forma competitiva y reiteró la necesidad de retomar la discusión sobre la creación de mercados secundarios para un uso más eficiente del recurso.

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Durante el primer semestre de 2025, las zonas portuarias de Colombia movilizaron un total de 85,4 millones de toneladas de carga, un resultado que consolida al país como uno de los principales referentes logísticos de la región. La Superintendencia de Transporte también reportó un incremento del 14 % en el arribo de buques en comparación con el mismo período de 2024, con un total de 6.456 embarcaciones.

Según el informe de la Superintendencia de Transporte, la región Caribe fue la de mayor actividad, al movilizar 72,3 millones de toneladas, lo que equivale al 84,7 % del total nacional. La región Pacífico, por su parte, manejó 11,7 millones de toneladas (13,7 %). En cuanto al tipo de carga, las sociedades portuarias movilizaron 2,9 millones de TEUS (contenedores de 20 pies), equivalentes a 24,8 millones de toneladas. La Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. lideró este segmento con 1,2 millones de TEUS, representando el 43,5 % del total.

Varios puertos destacaron por su notable crecimiento. En exportaciones, los de Turbo, Santa Marta y San Andrés registraron los mayores incrementos porcentuales, con alzas del 45,9 %, 29,3 % y 8,1 %, respectivamente. En el frente de las importaciones, Turbo duplicó su volumen con un aumento del 109 %, mientras que Buenaventura y Santa Marta crecieron un 26 % y un 24,9 %. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que estos resultados confirman el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y la apuesta por una mayor competitividad logística.

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• Debido a la caída de exportaciones en sectores claves como el petróleo, la entrada de divisas se ha visto impactada, conllevando a que las remesas cobren una mayor relevancia, junto con el turismo.

Al analizar las remesas de los primeros trimestres de Estados Unidos a Colombia, la tendencia es positiva desde 2017 hasta el 2024, con una aceleración marcada en el periodo de mandato de Joe Biden (2021 – 2024), donde las políticas migratorias fueron más flexibles. Sin embargo, Los datos más recientes marcan un cambio en esta dinámica. Para el primer trimestre de 2025, coincidiendo con el inicio de un nuevo mandato de Donald Trump, donde el monto se ubicó en US$ 1,599.4 millones, lo que representó una caída del 3.8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Aunque la cifra se mantiene en niveles históricamente altos, esta es la primera disminución interanual, sugiriendo un posible cambio de tendencia o una estabilización tras años de crecimiento. Esta contracción coincide con la implementación de políticas migratorias más restrictivas por parte de la nueva administración Trump, que incluyen un aumento en las deportaciones, lo que podría estar impactando la capacidad de envío de dinero de los migrantes.