En medio de la incertidumbre por la decisión final de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) ha solicitado un plazo prudencial para su eventual entrada en vigor. El gremio argumenta que se necesita un tiempo mínimo para realizar los ajustes operativos y evitar inconsistencias en las cotizaciones de los afiliados.

Según el diario La República, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseguró que, de recibir luz verde por parte de la Corte, el sistema necesitaría al menos dos meses para reprocesar los cambios poblacionales ocurridos desde el 1 de julio, fecha en que originalmente debía entrar en vigor la ley. La petición coincide con la de otros actores como el Banco de la República y los operadores de la Pila, quienes incluso han sugerido un plazo de hasta seis meses para garantizar una transición ordenada y evitar que haya cotizaciones de un mismo mes en dos sistemas diferentes.

Mientras la Cámara de Representantes trabaja para subsanar un vicio de trámite detectado por la Corte, los colombianos continúan acumulando semanas de cotización. Esto es clave, ya que las mujeres con 750 semanas o más, y los hombres con 900 semanas o más, antes de la entrada en vigor de la reforma, pueden acogerse al régimen de transición. Asofondos también informó que, gracias a un artículo de la ley que no fue suspendido, han brindado cerca de 200.000 asesorías para traslados de régimen a personas que están a menos de diez años de la edad pensional.

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La economía colombiana se proyecta con un crecimiento para los próximos años, impulsada principalmente por el dinamismo en el consumo de los hogares. Sin embargo, la fragilidad de la inversión, una inflación persistente y un elevado déficit fiscal son los principales desafíos para consolidar una senda de desarrollo sostenible.

Según el diario Occidente, que cita la Guía 2026 de Bancolombia, la economía del país crecerá un 2,6 % en 2025 y acelerará ligeramente a un 3,0 % en 2026. El pilar de esta actividad seguirá siendo el consumo privado, que representa cerca del 77,0 % del PIB, sostenido por el flujo de remesas y la mejora del mercado laboral. No obstante, la inversión se mantiene estancada en niveles bajos, alrededor del 17,0 % del PIB, una cifra insuficiente para las necesidades de modernización del país.

En el panorama sectorial, se espera que los servicios, especialmente en entretenimiento, actividades financieras y comercio, continúen liderando el crecimiento. Por su parte, la construcción y la manufactura, que han enfrentado años de contracción, muestran señales de recuperación para 2026, gracias a la estabilización de costos y la expectativa de nuevos proyectos de vivienda e infraestructura. En contraste, la minería y el agro enfrentan un panorama más complejo debido a la volatilidad de los precios internacionales y los desafíos climáticos. El déficit fiscal, que se proyecta en -6,5 % del PIB para 2026, se mantiene como una de las principales alertas para la estabilidad macroeconómica.

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La agricultura digital se consolida en Colombia como una respuesta clave a los desafíos del cambio climático y la necesidad de una producción más sostenible. El uso de inteligencia artificial (IA), drones, sensores y el internet de las cosas (IoT) está transformando la manera en que se gestionan los cultivos, permitiendo optimizar recursos, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Según un informe del Observatorio de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, citado por el portal Agronegocios, la solicitud de patentes en agricultura digital está creciendo a un ritmo del 9,4 % anual. En Colombia, esta tendencia se refleja en proyectos innovadores en diversos sectores. En el Valle del Cauca, por ejemplo, se ha implementado un sensor de humedad del suelo conectado a una red de IoT que ha permitido reducir hasta en un 50,0 % el consumo de agua durante el riego en los cultivos de caña de azúcar.

Esta transformación tecnológica también está presente en otros cultivos estratégicos. En el suroriente del país ya se utilizan drones y sensores para monitorear la salud de los cafetales y mejorar la calidad del grano. En Antioquia, el sector floricultor emplea drones para la pulverización de precisión, mejorando la calidad de las flores y disminuyendo el impacto ambiental. Asimismo, compañías productoras de aguacate Hass, como Cartama, combinan la IA con el monitoreo para lograr productos con calidad de exportación. La Superintendencia de Industria y Comercio ha destacado la importancia de estas tecnologías en boletines enfocados en el sector agroindustrial.

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El PIB del sector de transporte y almacenamiento creció 3,3 % anual, impulsado por la mayor movilización de carga sólida y el dinamismo en transporte terrestre y otras actividades complementarias. También aportaron positivamente el transporte marítimo y los servicios postales. No obstante, el desempeño se vio limitado por la caída del comercio exterior, afectado por la disminución en las exportaciones minero-energéticas y por problemas estructurales en aduanas y normatividad, lo que reduce carga movilizada y genera ineficiencias operativas.

Adicionalmente, los costos del transporte de carga por carretera subieron 8,6 % anual en julio, casi el doble de la inflación (4,9 %). El nuevo Decreto 572, que eleva la autorretención en la fuente de 1,1 % a 3,5 %, agrava la situación al impactar severamente la liquidez y utilidades, especialmente en empresas con flota tercerizada (88,0 % del parque).

En el frente regulatorio, persisten tensiones por el esquema de reposición vehicular “uno a uno” y la falta de claridad en la tabla de equivalencias, que han limitado la modernización del parque automotor. A esto se suma la incertidumbre por la posible terminación del acuerdo comercial con Brasil, que encarecería el acceso a vehículos nuevos y afectaría las exportaciones hacia ese mercado.

Ante las advertencias sobre un posible racionamiento de energía en Colombia entre 2026 y 2027, fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca declarar la seguridad energética como un derecho colectivo. La iniciativa, que pretende modificar la Ley 472 de 1998, tiene como objetivo garantizar que el acceso a la energía sea un servicio confiable, continuo y estable para todos los ciudadanos.

Según Caracol Radio, el proyecto fue presentado por representantes a la Cámara. La propuesta surge en un contexto donde, según los ponentes, 8,4 millones de personas en el país viven en situación de pobreza energética y uno de cada dos hogares rurales carece de este servicio. Los representantes afirmaron que el país enfrenta una crisis energética debido a “decisiones improvisadas” y que sin energía no hay salud, educación ni desarrollo.

Entre los objetivos de la ley se encuentran establecer una planificación a largo plazo para la estabilidad del servicio, lograr la equidad energética, cerrando la brecha entre zonas rurales y urbanas, y promover una transición energética justa y responsable. Además, los representantes agregaron que no es posible una verdadera transición si no hay seguridad energética y se destacó el papel que han jugado las termoeléctricas para evitar apagones recientes. Con esta iniciativa, se busca que la seguridad energética se convierta en una política de Estado.

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La industria manufacturera colombiana registró un balance positivo en julio de 2025, con un crecimiento en su producción real del 5,8 % y en sus ventas del 6,4 %, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este dinamismo, sin embargo, muestra un comportamiento heterogéneo entre los diferentes subsectores, con algunos registrando crecimientos excepcionales mientras otros continúan rezagados.

Según datos de la Encuesta Mensual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de las 39 actividades industriales analizadas, un total de 32 presentaron variaciones positivas. El subsector de la trilla de café fue el gran protagonista, con un aumento en su producción del 66,2%. A este le siguieron actividades intensivas en mano de obra como la confección de prendas de vestir, que creció un 15,2%, y la producción de textiles, con un alza del 9,1%. En contraste, los sectores con bajo desempeño fueron las industrias básicas de hierro y acero (-13,1%) y la elaboración de cacao y chocolate (-8,1%).

A pesar del buen dato de julio, el balance para los primeros siete meses del año muestra un crecimiento más moderado, con una variación en la producción real del 1,9%, y la variación del año corrido del subsector trilla de café fue de 39,7%. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) señaló que este resultado obedece a factores como los precios internacionales del café y el aumento en el flujo de remesas.

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En año y 9 meses, Nueva EPS ha tenido 2 presidentes y 3 interventores. Su volatilidad administrativa ha generado falencias en el proceso de control interno y gestión de riesgo, que comprometen la confiabilidad de la información financiera y la operación de la entidad. Desde 2023 no se sabe ¿cuáles son los resultados de la entidad?.

En julio de 2025 la Contraloría General de la Nación hizo una inspección de policía judicial y advirtió que en la entidad se han incrementado, de 2023 a junio de 2025, anticipos por $11,87 billones; no se han procesado facturas por $13,2 billones y se tienen cuentas por pagar de $21,3 billones.

Adicionalmente, el reporte de la inspección dice que la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud. 

Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta que en 2023 la entidad apenas contaba con caja de $700 mil millones y un patrimonio negativo de $5 billones, el riesgo de colapso está presente.

Si este riesgo se materializa, colapsa la salud del 22 % de los colombianos y el 31 % de las clínicas, hospitales y prestadores del país.

Para evitar el colapso, la Superintendencia de Salud aprobó que la entidad pueda ser capitalizada. Las dudas están sobre la capacidad de recursos del gobierno actual para hacerlo o ¿será otro de los grandes problemas que heredará el próximo gobierno?

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Informes Sectoriales

El sector bananero colombiano ha mostrado una recuperación en los mercados internacionales durante la primera mitad de 2025. Impulsado por un mayor dinamismo en la demanda, especialmente desde Estados Unidos, el sector bananero celebra el repunte, aunque advierte sobre la necesidad de acompañamiento gubernamental para garantizar que el crecimiento sea sostenible a largo plazo.

Según cifras de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), reportadas por el diario El Informador, entre enero y junio de 2025 las exportaciones de la fruta alcanzaron los 67,4 millones de cajas de 20 kilos. Esto representa un crecimiento del 22,0 % en comparación con el mismo período de 2024, equivalente a 12,1 millones de cajas adicionales. La región Caribe colombiana también tuvo un comportamiento positivo, con la exportación de 24,6 millones de cajas, lo que significó un aumento del 18,0 % y una participación del 36,4 % en el total nacional.

Estados Unidos se consolidó como el destino más dinámico para el banano colombiano. Durante el primer semestre se enviaron cerca de 12 millones de cajas a ese país, un crecimiento del 39,0 % a nivel nacional. Este mercado es particularmente estratégico para los productores de la costa Caribe, ya que representa cerca del 40,0 % de sus exportaciones. Mercados europeos como Alemania y Países Bajos también mantienen su relevancia con participaciones del 11,0 % y 8,0 %, respectivamente, aunque imponen mayores retos por nuevas exigencias ambientales y sociales.

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A pesar de que el dólar en Colombia ha alcanzado sus niveles más bajos en más de un año, tocando los $3.906, la esperada reducción en los precios de los insumos agrícolas, como abonos y fertilizantes, aún no se materializa de forma generalizada. El comportamiento de estos productos sigue siendo mixto, influenciado tanto por la tasa de cambio como por una compleja combinación de factores internacionales y la dinámica propia del mercado.

Según el portal Agro Negocios, que cita un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el índice nacional de precios de insumos agrícolas registró un incremento mensual del 0,06 % en julio de 2025. El grupo de fertilizantes tuvo un alza del 0,41 %, impulsado principalmente por un repunte en los fertilizantes simples, con aumentos destacados en la urea sulfato y la urea 46,0 %, del 2,2 % y 1,9 % respectivamente. En contraste, los fertilizantes compuestos experimentaron una baja del 0,4 %, mientras que los plaguicidas consolidaron una trayectoria descendente con una caída del 0,7 %.

Expertos del sector explican que, si bien una tasa de cambio más baja tiende a abaratar los productos importados, los precios de los fertilizantes no dependen únicamente de este factor. Variables como la demanda de grandes consumidores como India y Brasil, los costos de insumos clave como el gas natural y la logística marítima internacional juegan un papel crucial. María Helena Latorre, directora de la cámara Procultivos de la ANDI, señaló que las empresas realizan importaciones de materia prima con mucha anticipación, por lo que el mercado se va equilibrando gradualmente a los nuevos precios.

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