A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en diciembre en Colombia y el mundo, priorizados por su impacto global y regional: 1. Salario mínimo en Colombia sube 23,7% y alcanza los $2 millones con auxilio de transporte El gobierno decretó un incremento del salario mínimo del 23,7% para 2026, uno de los más altos en décadas, fijando el salario mínimo legal mensual en $1.750.905 y llevándolo a cerca de $2 millones al incluir el auxilio de transporte, que también tuvo un aumento considerable. Según el ejecutivo, la decisión tuvo en cuenta variables como inflación, productividad, composición de los hogares y el impacto sobre la demanda interna, y busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores formales y estimular el consumo. El presidente afirmó que el aumento tendría efectos positivos sobre el empleo y la actividad económica. Sin embargo, distintos gremios empresariales y económicos expresaron preocupación por el impacto fiscal y laboral de la medida, advirtiendo sobre riesgos en materia de inflación, informalidad y sostenibilidad del empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Entidades como la Andi, Fenalco, Anif y el Consejo Gremial Nacional cuestionaron la falta de concertación y señalaron que un alza de esta magnitud podría presionar los costos empresariales y las finanzas públicas en un contexto de alta incertidumbre fiscal y desaceleración económica. 2. UPC del sistema de salud sube 12,9% para 2026 El gobierno nacional definió el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá en 2026 para los regímenes contributivo y subsidiado, con un incremento promedio de 12,9%, lo que elevará el presupuesto del aseguramiento en salud de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones el próximo año. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el ajuste responde a un estudio técnico realizado con la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, y busca cerrar brechas entre regímenes, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. Para 2026, se recomendó un aumento de 9,0% en el régimen contributivo y de 16,5% en el subsidiado, este último con primas adicionales asociadas a factores como dispersión geográfica, ubicación territorial y pertenencia a comunidades indígenas. El Gobierno aseguró que los recursos adicionales, estimados en $11,6 billones, deben reflejarse en pagos efectivos a hospitales y clínicas, y anunció mayores controles de vigilancia y transparencia. No obstante, gremios del sector salud cuestionaron el incremento del régimen contributivo, al considerarlo insuficiente frente al aumento de costos laborales y la situación financiera del sistema. 3. Colombia entra en incertidumbre fiscal tras la caída de la ley de financiamiento El Congreso de la República archivó de forma definitiva la ley de financiamiento presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que dejó sin una fuente clave de recursos al Presupuesto General de la Nación de 2026. El proyecto, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, fue negado el 9 de diciembre por las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, luego de que la Comisión Cuarta del Senado rechazara la ponencia positiva con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que provocó automáticamente su hundimiento. Pese a los ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda y a los intentos por modificar algunos componentes tributarios, la iniciativa no logró revertir una mayoría legislativa adversa. Tras la decisión, el Gobierno advirtió sobre la necesidad de recortar gasto público, especialmente en inversión, y días después el presidente Petro decretó el estado de emergencia económica por 30 días para adoptar medidas fiscales extraordinarias. El episodio evidenció las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al manejo del déficit fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el alcance de los mecanismos constitucionales para enfrentar desequilibrios presupuestales. 4. Congreso hunde la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó de manera definitiva la reforma a la salud impulsada por el gobierno, tras una votación de ocho senadores a favor del archivo y cinco en contra. Con esta decisión, el proyecto quedó cerrado para la actual legislatura y se consolidó como uno de los principales reveses políticos del gobierno en el cierre del año. La iniciativa buscaba transformar el modelo de aseguramiento vigente desde la década de 1990, reduciendo la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud y fortaleciendo el rol del Estado en la administración de los recursos y la atención primaria. Sin embargo, el proyecto no logró disipar las preocupaciones sobre su viabilidad financiera ni construir consensos políticos suficientes en el Congreso. El archivo de la reforma se produjo en un contexto de dificultades estructurales del sistema de salud, marcadas por tensiones financieras y problemas de atención a los usuarios. Con su hundimiento, el debate sobre la sostenibilidad y el futuro del sistema sanitario colombiano queda abierto y se traslada a próximos periodos legislativos. 5. Inmobiliaria china Vanke logra un respiro financiero en medio de la crisis del sector La promotora inmobiliaria china Vanke evitó un escenario inmediato de bancarrota tras alcanzar acuerdos de última hora con sus acreedores para ampliar los periodos de gracia de parte de su deuda, en medio de la prolongada crisis que atraviesa el sector inmobiliario chino. Según información revelada por Bloomberg, los tenedores de un bono por US$241 millones aceptaron extender el plazo de pago hasta el 28 de enero de 2026, mientras que otro grupo de acreedores aprobó ampliar de cinco a treinta días hábiles el periodo de gracia de un pagaré por cerca de US$447 millones. No obstante, la empresa no logró el respaldo necesario para diferir por un año el pago del principal, lo que mantiene latente el riesgo de una reestructuración más profunda. Las dificultades de Vanke reflejan el deterioro estructural del mercado inmobiliario en China, afectado por la caída de ventas, restricciones al crédito y pérdida de confianza de los compradores. Aunque las autoridades han reforzado la supervisión y brindado apoyo limitado, el alivio obtenido es temporal y no despeja las incertidumbres sobre la estabilidad financiera del sector. Otros hechos importantes que tuvieron lugar en diciembre: Proyecto de Asamblea Constituyente en Colombia: El gobierno formalizó ante la Registraduría un comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bajo el argumento de superar un “bloqueo institucional”, el proyecto busca una transformación estructural que incluye reformas al modelo económico, la descarbonización de la economía y cambios profundos en los sistemas de salud y justicia. Ataque de la CIA en Venezuela: Se reportó una operación exclusiva de la CIA mediante el uso de drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela. Según fuentes gubernamentales de EE. UU., el objetivo era un muelle utilizado por el grupo criminal “Tren de Aragua” para el narcotráfico; el presidente Donald Trump confirmó la autoría del ataque, calificándolo como un golpe directo a las rutas de distribución de drogas. Actualización masiva de software de Airbus: La aerolínea Avianca completó con éxito la actualización de software en su flota A320 tras una directriz global del fabricante Airbus. El proceso, que requirió el trabajo ininterrumpido de más de 2.500 técnicos, afectó temporalmente a miles de pasajeros, pero logró normalizar la operación aérea a principios de mes bajo los más altos estándares de seguridad. Creación de DAVIbank: El Grupo Davivienda anunció el nacimiento de DAVIbank, una nueva entidad bancaria que surge tras la integración de las operaciones de Scotiabank en la región. Este movimiento posiciona al grupo como un holding multilatina con más de 29 millones de clientes, operando dos marcas en paralelo antes de una futura consolidación total. Netflix adquiere Warner Bros: En un movimiento histórico para la industria del entretenimiento, Netflix anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. por aproximadamente 82.700 millones de dólares. La transacción incluye los legendarios estudios de cine, televisión y el servicio HBO Max, lo que otorga al gigante del streaming el control sobre franquicias como el Universo DC, Harry Potter y Game of Thrones. Emisión de bonos colombianos a PIMCO: El Ministerio de Hacienda de Colombia concretó una venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos al fondo de inversión estadounidense PIMCO. La operación generó debate y un requerimiento de información por parte de la Contraloría debido a la naturaleza directa de la adjudicación y las condiciones de la tasa pactada en comparación con el mercado abierto. Primer caso de influenza H3N2 en Colombia: El Ministerio de Salud confirmó el primer caso importado del virus de influenza A(H3N2) subclado K en el país, correspondiente a un viajero procedente de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a reforzar la vacunación, especialmente en adultos mayores, ante la circulación de esta variante que ha mostrado un aumento sostenido a nivel global. Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado: La líder opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego destacó su “lucha incansable por los derechos democráticos” y su papel fundamental en la promoción de una transición pacífica en Venezuela, convirtiéndola en un símbolo global de resistencia civil y esperanza democrática.

El expresidente Donald Trump ha propuesto un ambicioso plan para intervenir y revitalizar la industria petrolera de Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas del mundo con 303.000 millones de barriles. La iniciativa busca que corporaciones estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la reparación de una infraestructura energética que ha sido desmantelada y saqueada tras décadas de gestión deficiente. Sin embargo, la capacidad operativa actual es mínima, con una producción de solo 860.000 barriles diarios reportada en noviembre, lo que equivale a un tercio de lo que era hace diez años y representa menos del 1,0 % de la demanda global de crudo. De acuerdo con informes de la BBC y análisis de expertos del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, la viabilidad de esta estrategia enfrenta barreras legales y técnicas de gran magnitud. Los especialistas advierten que la reactivación del sector no sería inmediata, pues se estima que alcanzar un incremento significativo en la producción tomaría hasta una década de inversiones constantes. Además, la mayoría de las reservas venezolanas consisten en crudo pesado y agrio, el cual es más complejo de refinar que el petróleo ligero producido habitualmente en Estados Unidos. Para los analistas de Kpler, cualquier avance significativo depende de un acuerdo con un nuevo gobierno, factor que hoy genera una profunda incertidumbre jurídica. En el ámbito financiero, se prevé que el impacto sobre los precios internacionales del combustible sea marginal en el corto plazo, dadas las demoras estructurales para normalizar la oferta. Actualmente, Chevron es la única compañía norteamericana activa en la zona, responsable de aproximadamente el 20,0 % de la extracción nacional bajo licencias específicas. El éxito de un eventual retorno masivo de capitales extranjeros estará condicionado a la estabilidad política y a la resolución de disputas por expropiaciones previas de activos. Mientras tanto, el mercado global mantiene una oferta sólida de otros proveedores, lo que reduce la urgencia inmediata de integrar el recurso venezolano a la cadena de suministro internacional.

El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia enfrenta un panorama de alta presión financiera debido a su estructura operativa, donde el factor humano representa entre el 80,0 % y el 90,0 % de los costos totales. Dado que la industria opera con márgenes de rentabilidad estrechos, situados habitualmente entre el 2,0 % y el 3,0 %, los incrementos en la remuneración básica tienen un efecto inmediato en la sostenibilidad de las empresas. La dependencia estructural del componente humano limita la capacidad de las organizaciones para absorber choques económicos abruptos sin trasladar los costos a los usuarios finales o comprometer la estabilidad del empleo formal en el país. Según la Federación de Empresas de Seguridad Privada (Fedeseguridad), la tarifa mínima del servicio está regulada e indexada al salario mínimo, lo que implica que cualquier ajuste en este rubro encarece directamente la contratación para colegios, hospitales, industrias y zonas residenciales. Raquel Garavito, presidenta del gremio, advirtió que la combinación del aumento salarial para 2026 con los efectos de la reforma laboral, que incluye la reducción de la jornada a 42 horas y el alza en recargos nocturnos y dominicales, generará un incremento acumulado del 31,5 % en la tarifa. Actualmente, un puesto de vigilancia equivale a 9,77 salarios mínimos, una carga prestacional que impactará con fuerza los presupuestos del sector público y privado. Las consecuencias de este encarecimiento se manifiestan en una tendencia hacia la reducción de coberturas, donde los usuarios optan por disminuir turnos operativos de 24 a 12 horas para mitigar el impacto económico. Asimismo, el gremio alerta sobre una posible migración hacia esquemas de seguridad informal que no cumplen con los requisitos legales ni de formación técnica, lo que incrementa los riesgos para la seguridad ciudadana. Aunque la tecnología se integra progresivamente como un apoyo, el sector considera que el país aún no está preparado para una sustitución masiva del personal físico, manteniendo la presión sobre el mercado laboral en los principales nodos logísticos y centros urbanos de Colombia.

El sector inmobiliario en Colombia ha experimentado una transformación estructural en su dinámica de precios durante la última década, evidenciando una desconexión creciente frente a los gastos operativos de edificación. Entre los años 2014 y 2025, el valor de los inmuebles registró un incremento acumulado del 116,0 %, una cifra que supera con amplitud el comportamiento de los insumos constructivos. Esta tendencia ha generado que la relación entre ambas variables pase de 1,03 en 2015 a un máximo histórico de 1,33 al cierre del periodo analizado. Según datos del DANE analizados por el analista Mauricio Cabrera, mientras el índice de precios de la vivienda escaló de forma sostenida, los costos de construcción solo aumentaron un 69,0 % en el mismo lapso. El experto señala que esta diferencia no es capturada totalmente por los indicadores oficiales, ya que responde a factores externos como el costo de la tierra, los gastos financieros y los márgenes de utilidad de las empresas constructoras. Este encarecimiento tiene efectos directos sobre la demanda y la accesibilidad de los hogares colombianos. Si bien la población que percibe un salario mínimo mantiene cierta capacidad de adquisición debido a que los precios han subido en proporciones similares a este rubro, aquellos ciudadanos con ingresos inferiores enfrentan barreras de acceso cada vez más altas. El mercado actual depende estrechamente de la suficiencia de los subsidios estatales; de lo contrario, la sostenibilidad del sector requerirá ajustes en los precios del suelo o una reducción en las expectativas de rentabilidad de los desarrolladores para equilibrar la oferta con la realidad económica.

América Latina cerró 2024 con la tasa de pobreza más baja desde que existen registros: 25,5% de la población, equivalente a 162 millones de personas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Entre 2022 y 2024, entre 20 y 25 millones de personas salieron de la pobreza, impulsadas principalmente por Brasil y México. Brasil redujo su pobreza de 25,3% a 20,6% en solo un año, sacando a 8,6 millones de personas, mientras que México explicó cerca del 60% de la reducción regional. Otros países como República Dominicana, Paraguay, Costa Rica y Colombia también mostraron avances, aunque más moderados. Sin embargo, este progreso es altamente concentrado: sin Brasil y México, la reducción regional habría sido marginal, lo que deja en evidencia profundas brechas entre países y modelos económicos dentro de la región. El problema estructural que persiste es la desigualdad. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini cercano a 49 puntos, muy por encima del umbral de alta desigualdad. Además, cerca del 32% de la población vive en situación de vulnerabilidad, con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, expuesta a caer nuevamente ante cualquier choque económico. La informalidad laboral, que afecta a ocho de cada diez trabajadores pobres, limita el acceso a protección social y perpetúa ciclos de precariedad. Mientras países como Uruguay, Chile, Brasil y México combinaron empleo formal, control de inflación, diversificación productiva y programas sociales enfocados en empleabilidad, otros como Honduras, Guatemala o Haití mantienen economías poco diversificadas, instituciones débiles y altos niveles de corrupción. La conclusión es incómoda pero clara: la pobreza puede reducirse, el modelo existe y ya fue probado, pero sin reformas institucionales profundas y crecimiento con valor agregado, el progreso seguirá siendo frágil y profundamente desigual.

Tecnología, talento y transformación, la era de estas 3T, nos enfrenta a un mundo donde la única constante es el cambio. La velocidad del desarrollo tecnológico redefine las reglas del juego en todos los sectores, pero es el talento humano el que convierte la innovación en ventaja competitiva (https://sectorial.co/hoja-de-ruta-empresarial/). La relación entre el bienestar emocional y la productividad laboral es innegable, y se han convertido en indicadores claves para entender cómo los estados emocionales colectivos afectan el rendimiento económico. El talento humano no es un recurso reemplazable, sino el corazón de cualquier estrategia de crecimiento. Empresas que prioricen la empatía, la inteligencia emocional y la motivación lograrán construir equipos sólidos y resilientes, capaces de afrontar los desafíos de un entorno incierto.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha oficializado la certificación de los precios de venta al público para el mercado de cigarrillos y tabaco elaborado, dando cumplimiento a las facultades otorgadas por las leyes vigentes. Esta normativa es fundamental para la estructura tributaria del sector, ya que determina el componente ad valorem del impuesto al consumo, el cual se fija en un 10,0% de la base gravable calculada sobre los precios efectivamente cobrados en las grandes superficies y cadenas minoristas del país. Según el portal MSN, la metodología para establecer estos valores toma como referencia la información financiera de establecimientos con ventas anuales superiores a los $7.000 millones (valorados a precios de 1995), promediando los registros obtenidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. La certificación tendrá una vigencia general que abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque se estipula un régimen especial semestral para los productos nacionales que ingresan al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuya validez se extiende únicamente hasta el 30 de junio del mismo año. Adicionalmente, la resolución integra el Código Único como herramienta clave para agilizar los procesos administrativos y simplificar la gestión del impuesto al consumo. Para garantizar la cobertura total del mercado y evitar la evasión, la norma establece que los productos nuevos o aquellos que no figuren en los listados actuales deberán tributar aplicando la tarifa del producto que más se asimile a sus características, medida que se mantendrá vigente hasta que el ente estadístico emita la certificación específica correspondiente, salvaguardando así los principios de equidad y eficiencia en el recaudo nacional.

El reciente decreto gubernamental que incrementa el salario mínimo en un 23,7% para 2026 ha generado una alerta institucional en el sector educativo privado, el cual advierte sobre un desequilibrio financiero que pone en riesgo la continuidad de miles de jardines infantiles y colegios. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Mesa Académica Nacional Convivencia Familia – Educación (MANCFE) y la Mesa Departamental de Rectores, señalan que esta medida desconoce la realidad económica de un sector donde los ingresos regulados por matrículas solo aumentaron en promedio un 7,0%, creando una brecha insostenible que amenaza con la quiebra de instituciones formales. Según el comunicado oficial, el impacto será devastador para la estabilidad laboral y la calidad educativa, anticipando una inminente reducción de personal administrativo, la sobrecarga de docentes y la migración forzada hacia modelos de contratación informal para sobrevivir. El gremio enfatiza que cerca del 85,0% de estas instituciones atienden a población de estratos 1, 2 y 3, por lo que el cierre de establecimientos no solo destruiría empleo formal, sino que dejaría a miles de niños sin acceso a educación inicial de calidad, obligando a las familias a recurrir a servicios sin supervisión ni garantías pedagógicas. Ante este panorama crítico, las organizaciones han solicitado al Gobierno Nacional la derogatoria del decreto o la implementación urgente de medidas de salvamento, tales como subsidios temporales a la nómina, alivios en cargas parafiscales y la creación de un fondo de compensación sectorial. Los líderes educativos insisten en que fortalecer el ingreso de los trabajadores no puede lograrse a costa de la desaparición de un servicio social esencial, advirtiendo que la rigidez de la estructura de costos, especialmente en preescolar donde se exige una baja relación niño-docente, hace inviable la operación bajo las nuevas condiciones salariales.

El sector de minas y canteras en Colombia enfrenta un panorama contractivo para el cierre de 2025, proyectando una caída anual del 6,1% en su actividad productiva. Esta tendencia negativa responde principalmente al deterioro en la extracción de hidrocarburos, la cual ha entrado en una fase decreciente estructural donde el aporte de los nuevos campos resulta insuficiente para compensar el declive natural de los pozos maduros. A esto se suman factores regulatorios y geopolíticos determinantes, como la imposición de impuestos a las exportaciones y la prohibición de vender carbón a Israel, medidas que han golpeado la competitividad y los volúmenes de despacho de la industria extractiva. Según Portafolio, un informe de Corficolombiana revela que durante el segundo trimestre del año el rubro decreció un 10,3%, marcando el peor registro histórico sin contar la pandemia. Las cifras detalladas muestran que la producción de petróleo se ubicó en 747.000 barriles diarios entre enero y julio, lo que significa una contracción del 4,3% frente al mismo periodo del año anterior. La situación es igualmente crítica para el gas natural, cuya producción comercializada acumula 21 meses a la baja, con una disminución del 18,0% en lo corrido del año, obligando a incrementar las importaciones para garantizar el abastecimiento de la demanda nacional ante la menor producción general. El impacto financiero de este ciclo bajista se refleja en los resultados de Ecopetrol, cuyo EBITDA y utilidad neta cayeron un 11,0% y 25,0% respectivamente al corte del segundo trimestre. Aunque las reservas de crudo mostraron un leve repunte, situándose en 7,2 años, permanecen por debajo de los niveles de 2022, mientras que el valor de las exportaciones se desplomó un 19,0% en la primera mitad del año. Analistas advierten que la actividad petrolera atraviesa un deterioro persistente, donde la desaceleración en la extracción y los menores precios internacionales configuran un escenario retador para la estabilidad fiscal y energética del país en el corto plazo.

En Colombia, la tasa de desocupación nacional alcanzó mínimos históricos, situándose en el 8,2% en octubre de 2025. La informalidad, por su parte, se ubicó en 56,1% del total de ocupados, mostrando comportamientos a la baja en sectores rurales como la agricultura y fluctuaciones en sectores de servicios como el comercio y el turismo, los cuales han sido los receptores directos del choque de costos derivado de los nuevos recargos dominicales y la reducción de la jornada. La implementación de dos cambios estructurales en la legislación laboral colombiana, como lo fueron la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral) y la tercera fase de la reducción de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021, afecta de manera directa los costos y la productividad de los sectores. Por un lado, la Ley 2566 de 2025 representó un cambio desde la flexibilización hacia el garantismo y la estabilidad; otros aspectos afectados fueron el incremento del recargo dominical y festivo (Art. 15); el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio aumentó del 75,0% al 80,0%. El cambio afectó directamente la estructura de costos de los sectores que operan 24/7, específicamente alojamiento y servicios de comida, comercio minorista, vigilancia y transporte. Por su parte, el 15 de julio de 2025 entró en vigor la tercera fase de reducción de la jornada laboral, pasando de 46 a 44 horas semanales. Al reducir las horas trabajadas manteniendo constante el salario mensual, el valor de la hora ordinaria se incrementó automáticamente en aproximadamente un 4,5%. Para las empresas de servicios y comercio, donde la producción está ligada a la presencia física y al horario de atención al público, esta reducción implica una pérdida neta de horas operativas que deben ser cubiertas mediante pago de horas extras (encareciendo la nómina), contratación de personal adicional (aumentando costos fijos), reducción de horarios de atención (afectando ventas) o aumento de la carga laboral por trabajador (riesgo de burnout). También se estableció el contrato a término indefinido como la regla general. Los contratos a término fijo se limitaron a un máximo de cuatro (4) años, tras los cuales se convierten en indefinidos. La medida introduce rigidez en la contratación. Durante el tercer trimestre, es probable que las empresas hayan acelerado la finalización de contratos a término fijo próximos a vencer o hayan migrado a modelos de servicios externalizados para evitar la vinculación indefinida automática, afectando la rotación laboral.