• La Frontera Agrícola Nacional, es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias.
• La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
• Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas.

La Frontera Agrícola Nacional es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, pesca y silvicultura. La Frontera Agrícola Nacional también señala las zonas delimitadas por motivos legales, políticos y técnicos, conforme a la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Recientemente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) realizó una actualización a la Frontera Agrícola. La entidad determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.

Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas. Seguido de los departamentos de Vichada y Casanare, con 4,7 millones y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. En la región oriental, se encuentran Antioquia y Santander, con 3,2 millones y 2,3 millones de hectáreas cada uno. Los departamentos que menos contribuyen a la frontera agrícola total son Vaupés y Quindío, con solo 63.000 hectáreas y 96.000 hectáreas, respectivamente.

La actualización de la frontera agrícola incluyó varias acciones fundamentales, como la nueva representación de ésta y la revisión de las categorías que la integran. También se modificó la terminología de “exclusiones” a “restricciones” y se clasificaron las restricciones de “bosques naturales y áreas no agropecuarias” en dos categorías distintas:

• Acuerdo cero deforestación.
• Restricciones técnicas: áreas no agropecuarias

Asimismo, la nueva frontera contempla áreas con condiciones para la actividad agropecuaria que abarcan 10’857.799 hectáreas para el componente ambiental, 6’258.923 hectáreas de carácter étnico-cultural y 20’141.450 hectáreas en frontera no condicionada. Del total de hectáreas productivas, el 37,6% corresponde al umbral agrícola. Las áreas con condiciones abarcan 22,8 millones de hectáreas, mientras que las áreas no condicionadas suman 20,1 millones de hectáreas.

Además, se añadieron nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías (Meta) y la expansión del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena).

Definir la frontera agrícola es fundamental por diversas razones. En primer lugar, facilita la elaboración y enfoque de la gestión de políticas públicas en los sectores agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En segundo lugar, fomenta el uso eficiente del suelo rural destinado a la agricultura, promueve el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y potencia la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Por último, contribuye a estabilizar y reducir la pérdida de ecosistemas de gran relevancia ambiental.

Para la actualización de la frontera agrícola, se tomaron en cuenta varios aspectos esenciales. Se reafirmó el Acuerdo Cero Deforestación sectorial, confirmando los compromisos del país en esta área. También, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la Frontera Agrícola condicionada, teniendo en cuenta las tipologías ambientales, étnico-culturales y de gestión de riesgo. Se dio prioridad a los territorios del Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía colombiana.

Asimismo, se incluyó el análisis del ámbito marino costero y anfibio en el proceso de actualización. Se realizó un estudio exhaustivo de los factores ambientales y de la información suministrada por diferentes entidades y sectores. Además, se establecieron espacios de colaboración con autoridades ambientales, instituciones, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores clave.

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El repunte del precio del oro, que alcanzó los US$2.685 tras el reciente conflicto entre Irán e Israel, ha vuelto a resaltar la importancia de este commodity en la economía global. Los futuros del metal en Estados Unidos aumentaron 0,9%, llegando a los US$2.690,3, lo cual refleja su atractivo como activo refugio en tiempos de incertidumbre geopolítica.

La firma Araujo Ibarra mencionó al diario La República que Colombia se ubicó en el puesto 20 dentro de los principales exportadores de oro a nivel mundial, con exportaciones valoradas en US$2.500 millones de oro bruto para uso no monetario. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) sostiene que el país ocupa la posición 16, ya que gran parte del oro se comercializa a través de contrabando, lo que dificulta la trazabilidad de las cifras oficiales.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y julio de 2024, las exportaciones de oro representaron el 6,9% del total nacional, alcanzando un valor superior a los US$1.900 millones. La Agencia Nacional de Minería (ANM) también señaló que, en el primer semestre de 2024, el oro registró un crecimiento del 4,7% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por el alza de precios internacionales y la creciente demanda de bancos centrales.

Pese a estos logros, la minería ilegal sigue siendo un problema significativo. El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, advirtió que el 70% de la extracción aurífera en el país se realiza sin permisos legales, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). La situación no solo afecta la medición de las exportaciones, sino que también impacta el medio ambiente y las comunidades locales.

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En septiembre de 2024, el sector automotor en Colombia registró la venta de 17.117 vehículos nuevos, lo que representa un incremento del 10,3% en comparación con el mismo mes de 2023. Sin embargo, la cifra refleja una disminución del 28% respecto a los niveles alcanzados en septiembre de 2022, según un reporte conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El crecimiento más destacado se observó en el segmento de vehículos eléctricos, que aumentó un 133% frente a septiembre de 2023, convirtiéndose en uno de los impulsores del mercado. De hecho, tanto julio como septiembre de 2024 se destacan como los meses con mayores ventas de este tipo de automóviles en lo que va del año. Por otro lado, las ventas de vehículos híbridos también mostraron un avance significativo, con un incremento del 59% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los segmentos con mayor dinamismo fueron los utilitarios, con un crecimiento del 28,6%, seguidos de las camionetas (22,5%) y las pickups (6%). Además, ciudades como Ibagué, Bucaramanga y Tunja lideraron el crecimiento en matrículas de vehículos nuevos, con incrementos de 91%, 55% y 52%, respectivamente. Según el informe, de enero a septiembre de 2024 se han matriculado 135.277 vehículos nuevos, lo que representa un aumento acumulado del 1% frente al mismo periodo del año anterior.

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La reciente huelga de tres días en los puertos de la Costa Este y del Golfo de Estados Unidos concluyó tras llegar a un acuerdo que incluye aumentos salariales para los trabajadores portuarios. La Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX) y el sindicato de estibadores (ILA) negociaron un incremento de 4 dólares por hora, que se mantendrá durante seis años, resultando en un alza total del 62%. Aunque el conflicto laboral finalizó rápidamente, aún se prevé una demora en la normalización del flujo de mercancías.

De acuerdo con CNN, la suspensión de la huelga permitirá retomar las actividades, pero la acumulación de contenedores y buques en espera generará retrasos de varios días en los principales puertos afectados. Lo anterior podría tener implicaciones para la logística en Colombia, ya que muchos de los productos que transitan por estos puertos, como maquinaria, alimentos y productos industriales, son fundamentales para la cadena de suministro del país.

Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) señaló que el impacto de la huelga y las disrupciones en el transporte elevan la urgencia de reactivar el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) para exportadores colombianos, ayudando a mitigar los costos logísticos adicionales. Asegurar la competitividad de las exportaciones colombianas es clave, dado que Estados Unidos representa el 30% de las ventas externas del país.

Finalmente, según France24, el acuerdo provisional entre la ILA y la USMX se mantiene hasta el 15 de enero de 2025, momento en el que se definirá el futuro del contrato completo. La suspensión temporal alivia las tensiones en la logística global, pero la incertidumbre continúa, especialmente si no se resuelven temas pendientes como la automatización y los beneficios de pensiones. En el contexto colombiano, las importaciones de insumos para sectores como el alimenticio, químico y manufacturero podrían verse afectadas si las negociaciones no concluyen satisfactoriamente, generando cuellos de botella en la cadena de suministro.

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