Las exportaciones de follajes ornamentales de Colombia alcanzaron los US$21,1 millones en 2024, un segmento que, aunque representa menos del 2,0 % del total de las ventas del sector floricultor, muestra un crecimiento sostenido y un alto potencial. El principal destino de estos productos es Estados Unidos, que concentra el 60,0 % de las compras.

Según un informe del portal AgroNegocios, que cita datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), la demanda de follaje colombiano está en aumento gracias a las nuevas tendencias de consumo. Los mercados internacionales valoran la decoración sostenible y los productos con trazabilidad y cultivo responsable. Además de Estados Unidos, otros compradores importantes son Canadá, Holanda, España y Corea del Sur.

El producto nacional compite por su alta calidad fitosanitaria, su larga vida útil después de la cosecha y porque su producción no requiere de tantos insumos químicos, lo que lo hace viable para pequeños productores. Para la segunda mitad de 2025, se espera un crecimiento en el sector de entre el 8,0 % y el 12,0 %, que podría beneficiarse de la exportación de nuevas variedades nativas.

A pesar del potencial, el sector enfrenta desafíos como la informalidad, el acceso limitado a financiamiento para tecnificación y la necesidad de consolidar una narrativa comercial unificada. Felipe Romero, gerente de la productora Expobloom, afirmó que “se necesita escalar el volumen de producción y posicionar la categoría como estratégica dentro del portafolio exportador”.

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El recaudo por impuestos saludables en Colombia alcanzó los $1,6 billones entre enero y mayo de 2025, lo que representa un crecimiento del 23,0 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Del total recaudado, $1,3 billones provinieron de los alimentos ultraprocesados y $288.000 millones de las bebidas azucaradas.

Según el diario El Nuevo Siglo, estos impuestos, implementados en 2023, buscan desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcares, sodio o grasas saturadas. La medida se justifica en cifras como que el 56,5 % de la población adulta en Colombia sufre de sobrepeso u obesidad, y más del 80,0 % de los niños y adolescentes consume regularmente bebidas azucaradas y productos de paquete.

La tarifa del impuesto a los alimentos ultraprocesados ha sido progresiva, pasando del 10,0 % en 2023 al 20,0 % a partir de 2025. Cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2024 indican que 28 millones de colombianos consumen bebidas azucaradas al menos una vez por semana, y 21 millones consumen alimentos de paquete con la misma frecuencia.

El impuesto parece estar influyendo en los hábitos de consumo, especialmente en los jóvenes de 12 a 28 años, donde el consumo diario de bebidas azucaradas bajó del 24,6 % en 2022 al 22,6 % in 2024. La disminución fue aún más pronunciada en el grupo de 29 a 44 años, donde el consumo diario cayó del 24,9 % al 19,2 % en el mismo periodo.

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El sector comercio es considerado de “alta vulnerabilidad” por su dependencia de la mano de obra, sus bajos márgenes de rentabilidad y su necesidad de operar en horarios nocturnos y festivos.

Según un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se estima que la reforma laboral incrementará los costos de las empresas del sector comercio en un 7,4 %. A nivel general, el aumento promedio para toda la economía sería del 7,6 %, lo que podría elevar la tasa de desempleo nacional hasta un 11,0 % para 2026.

La ley, sancionada el 25 de junio de 2025, modifica aspectos clave como la ampliación de la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7:00 p.m., y el aumento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos, que pasará del 75,0 % al 100,0 % para 2027. Estas medidas impactan directamente a los comercios, que operan con esquemas de turnos extendidos.

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El 86 % de las empresas en los diferentes sectores a nivel global considera que la falta de habilidades en el mercado laboral local es su principal barrera para la transformación.

La mayoría de estas industrias perciben los retos de disponibilidad de talento como problemas sectoriales, lo que sugiere oportunidades para soluciones colaborativas a nivel intra e intersectorial.

El upskilling, el reskilling, la diversidad, la equidad y el apoyo gubernamental serán claves para la transformación laboral. Estos elementos, acompañados de inteligencia artificial, procesamiento de datos, tecnologías para la energía, robótica y semiconductores; conllevará a sectores como gobierno, manufactura, servicios profesionales, salud, química, energía, agricultura y alojamiento a potenciar el talento con la tecnología; y, por su parte a la minería, automotriz, tecnología, petróleo, infraestructura, logística, comercio, educación, bienes de consumo, servicios financieros, electrónica y seguros a automatizarse, usar la tecnología para reemplazar tareas humanas.

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Informes Sectoriales

El costo oculto del auge de la inteligencia artificial se mide también en recursos hídricos, ya que se estima que el envío de 2.500 millones de prompts diarios a ChatGPT representa, de acuerdo con cálculos externos, un consumo de 805.000 litros de agua al día. Esta cifra evidencia el impacto ambiental asociado al entrenamiento y la operación de los grandes modelos de lenguaje.

Según un informe del portal Xataka, este consumo de agua se debe principalmente a la necesidad de refrigerar los potentes centros de datos donde se ejecutan los modelos de IA. El proceso de responder a las solicitudes de los usuarios genera una gran cantidad de calor, y mantener los servidores a una temperatura óptima requiere de sistemas de enfriamiento que utilizan agua.

El consumo de recursos no es exclusivo de ChatGPT, ya que otros modelos de IA también tienen una huella hídrica y energética significativa. A medida que el uso de estas tecnologías se masifica, la demanda de energía y agua para mantener en operación los centros de datos seguirán en aumento.

Este panorama ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del sector tecnológico. Compañías como Microsoft y Google ya están explorando soluciones más eficientes, como sistemas de refrigeración líquida y la optimización de sus algoritmos, para reducir el impacto ambiental de la inteligencia artificial.

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el sector empresarial, al punto que el 52,0 % de los empresario ha frenado su decisión de aumentar su planta de personal para el segundo semestre del año. Esta medida, que busca mejorar los derechos de los trabajadores, podría incrementar los costos laborales entre un 3,2 % y un 10,7 %.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, que cita análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y del Banco de la República, el aumento de costos podría llevar a un recorte de alrededor de 454.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años. Por su parte, investigadores de Bancolombia estiman un aumento promedio del 7,6 % en los costos laborales, lo que podría elevar la tasa de desempleo hasta en 1,2 puntos porcentuales.

Sectores como el de alojamiento y turismo ya calculan un impacto directo. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estiman que los costos de nómina se incrementaron un 6,3 % en promedio con la entrada en vigor de la reforma. Solo el cambio en la contratación de aprendices del SENA, que ahora tendrán derecho a un salario mínimo en su etapa práctica, le costará al sector de alojamiento $23.502 millones adicionales al año.

El aumento progresivo del recargo dominical también genera preocupación: un 46,0 % de los comerciantes anticipa un impacto financiero grave. Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, advirtió que estas medidas pueden desincentivar la contratación, elevar la informalidad y poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas agencias de viajes.

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Las ventas de vivienda en Colombia registraron una caída general del 6,0 % en junio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, con un total de 11.198 unidades comercializadas. El descenso fue impulsado principalmente por la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyas ventas se desplomaron un 21,0 %.

Según un informe de Camacol, citado por el diario Portafolio, el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) también registró una contracción del 8,0 %, mientras que la vivienda No VIS tuvo una caída más moderada, del 3,0%. A pesar de la disminución, las VIS siguen representando la mayor parte del mercado, con cerca del 69 % del total nacional.

El comportamiento regional fue mixto, con 14 de las 19 zonas analizadas reportando cifras negativas en al menos uno de los segmentos. Mercados clave como Bogotá y Cundinamarca experimentaron una caída del 13,0%, mientras que en Bolívar el descenso fue del 28,0%. En contraste, se observaron crecimientos notables en Meta (54,0 %), Quindío (64,0 %) y Valle del Cauca (32,0 %).

El segmento No VIS mostró una mayor resiliencia e incluso crecimientos significativos en varias regiones, como en Caldas, donde un alza del 218,0 % en No VIS compensó las caídas en los otros segmentos y generó un aumento total del 34,0 %, estos aumentos se producen sobre una base comparativa baja. Esta dinámica ha hecho que los constructores pongan su atención en este tipo de vivienda.

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Desde 1999 hasta la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la liquidación forzosa de 118 EPS. De estas, el 57,6% correspondían a Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), el 16,9% a EPS del Régimen Subsidiado, el 11% al Régimen Contributivo y el 14,4% a entidades que operaban en ambos regímenes.

Muchas ARS fueron creadas por municipios o departamentos para atender a la población subsidiada, pero salieron del sistema debido a la incapacidad de los entes territoriales para mantenerlas, especialmente en las primeras décadas del modelo de aseguramiento. Entre 1999 y 2012, se liquidaron forzosamente 98 EPS en Colombia: el 69,4% operaban como ARS, el 18,4% eran EPS del Régimen Subsidiado, el 8,2% pertenecían al Régimen Contributivo y el 3,1% operaban en ambos regímenes.

Aunque el ritmo de las liquidaciones forzosas disminuyó, durante la segunda década de los 2000 comenzaron a cerrarse EPS de gran relevancia en el país. Esto generó grandes desafíos para las demás EPS, que tuvieron dificultades para absorber y atender a los afiliados de las entidades liquidadas. Entre 2013 y 2023 se liquidaron 20 EPS, incluyendo algunas con un alto número de afiliados, como SaludCoop, Cafesalud, Coomeva y Medimás.

Actualmente, hay 9 EPS intervenidas por la Supersalud, aunque no se han ordenado nuevas liquidaciones. Incluso EPS como Sura y Compensar han solicitado voluntariamente salir del sistema y la Supersalud ha denegado sus solicitudes. La crisis financiera del sector ha dejado a las demás EPS sin capacidad para recibir nuevos afiliados, lo que agrava la situación del sistema de salud.

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Una falla de seguridad en el software de servidores SharePoint de Microsoft fue explotada por hackers para ejecutar ataques a nivel mundial contra agencias gubernamentales de Estados Unidos, universidades y diversas empresas. La vulnerabilidad, considerada un ataque de “día cero” por ser desconocida antes de su explotación, permitió a los atacantes acceder a sistemas y ejecutar código de forma remota.

Según un informe de Forbes Colombia, la falla afectó específicamente a las versiones locales de SharePoint, mientras que los clientes que utilizan los servicios en la nube de Microsoft 365 no se vieron impactados. Las entidades afectadas incluyen agencias federales y estatales de Estados Unidos, entre otras organizaciones. En respuesta, Microsoft lanzó un parche de seguridad de emergencia para sus versiones más recientes de SharePoint (Subscription Edition y SharePoint 2019) y está trabajando en una solución para la versión 2016. La compañía ha estado coordinando su respuesta con agencias de ciberseguridad como la CISA de Estados Unidos.

Este incidente se suma a otros problemas de seguridad de alto perfil que ha enfrentado Microsoft en los últimos años, incluyendo un hackeo a cuentas de correo de agencias gubernamentales en 2023. Un reciente informe de la Casa Blanca criticó la cultura corporativa de la compañía por restar prioridad a las inversiones en seguridad.

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El Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aprobó un nuevo tarifario dinámico que establece una Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los docentes, un 46,4% superior a la del régimen contributivo general. Esta medida, que empezará a regir desde el primero de agosto, busca facilitar la contratación de servicios de salud y garantizar una atención eficiente para los maestros.

Según el comunicado de la Presidencia, la decisión se tomó en una sesión ordinaria que contó con la participación de los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo, así como representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Fiduprevisora. Maritza Molina, secretaria técnica del Fomag, señaló que el objetivo es que “las y los docentes y sus familias se sientan atendidos de manera adecuada y oportuna”.

El nuevo tarifario incluye consideraciones especiales para mejorar el acceso en todo el territorio nacional. Se aplicará un ajuste adicional del 10,0% para compensar los costos logísticos en zonas con dispersión geográfica y una prima adicional del 37,9% para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adicionalmente, se otorgará una prima del 5,0% a las instituciones que cuenten con acreditación y altos estándares de calidad, verificados y aprobados por el Fomag.

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