El sector textil colombiano enfrenta un momento desafiante debido a la alta competencia de las importaciones y el contrabando, una situación evidenciada por el hecho de que alrededor del 80,0 % de la totalidad de las telas que importa el país provienen de China. Así lo afirmó Gustavo Lenis Steffens, presidente de Fabricato, quien además señaló que el contrabando ha tenido un impacto severo en la producción nacional.

Según una entrevista del diario La República, el contrabando de denim (tejidos resistentes de algodón) es tan exacerbado que se calcula que representa aproximadamente el 50,0 % del consumo nacional. La situación obligó a Fabricato a cerrar por completo su planta dedicada a este tipo de tejido.

Lenis también expresó su preocupación por el masivo ingreso de prendas a través de plataformas digitales como Temu, que no están siendo cubiertas por el arancel del 40,0 % que impuso el Gobierno. Según el directivo, “nadie tiene una dimensión de lo que está ingresando, pero es muy grande”, lo que afecta tanto al sector de la confección como al de las tiendas.

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El sector agrícola colombiano, fundamental para la producción de alimentos, enfrenta complejos desafíos económicos y sociales derivados de factores climáticos. Las variaciones como lluvias intensas, heladas y sequías prolongadas han llegado a reducir la producción hasta en un 50,0 % en fincas que carecen de acceso a sistemas de riego eficientes.

Según un informe del portal del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), a los retos climáticos se suma el incremento en los costos de producción, que presiona la economía de los agricultores. El aumento en los precios de insumos clave como plaguicidas y fertilizantes, junto con los costos de la mano de obra, afecta directamente la rentabilidad de los cultivos en los principales departamentos productores.

Además, la degradación del suelo por el uso excesivo de agroquímicos y prácticas intensivas ha disminuido la fertilidad y la productividad a largo plazo, generando una mayor dependencia de insumos costosos. Desde la perspectiva social, la migración de jóvenes a las ciudades y el envejecimiento de la población rural dificultan la adopción de tecnologías y prácticas innovadoras.

Frente a estos desafíos, el informe propone la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), como la agricultura regenerativa y el uso de abonos orgánicos, para reducir costos y la dependencia de químicos. Sin embargo, se subraya que la transición hacia estos modelos más resilientes requiere de una mayor articulación institucional para garantizar el acceso a financiamiento y apoyo técnico adaptado a las necesidades de los productores rurales.

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) cerró el 83,3% de los 1,2 millones de reclamos presentados por los usuarios contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado, entre enero y el 30 de julio de 2025.

Según el comunicado oficial de la Supersalud, la Nueva EPS fue la entidad con el mayor volumen de reclamos, acumulando 295.390, de los cuales logró cerrar 161.179. Por su parte, Famisanar se destacó con una alta tasa de cierre, al solucionar 138.551 de los 154.133 casos presentados en su contra, mientras que Compensar atendió y cerró 87.367 de sus 91.971 quejas.

La tasa general de reclamos en el sistema fue de 202,11 por cada 10.000 afiliados. Las cinco EPS con la tasa más alta en lo corrido del año fueron Comfenalco Valle (298,75), Capital Salud (289,8), Famisanar (277,4), SOS (268,8) y Compensar (263,8).

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• Las plataformas priorizan el contenido emocionalmente intenso, lo que aumenta la polarización y reduce el diálogo constructivo.
• El interés económico de las plataformas prevalece sobre el interés común.

Siva Vaidhyanathan, profesor de Estudios de Medios y director del “Center for Media and Citizenship” en la Universidad de Virginia, presentó, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano en 2025, una visión crítica sobre cómo las redes sociales han transformado la sociedad contemporánea. Su análisis exploró los efectos políticos, culturales y psicológicos de estas plataformas, cuestionando su papel como herramientas de conexión y debatiendo su impacto en la calidad de la democracia y la cohesión social.

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Las redes sociales, si bien nacieron con la promesa de democratizar la comunicación, han evolucionado hacia sistemas que privilegian la polarización, la desinformación y la manipulación algorítmica. Esto fue planteado bajo las siguientes premisas:

• Las plataformas priorizan el contenido emocionalmente intenso, lo que aumenta la polarización y reduce el diálogo constructivo.
• La arquitectura algorítmica favorece la desinformación porque ésta genera mayor interacción que los datos verificados.
• El modelo de negocio basado en publicidad digital convierte a los usuarios en el producto, incentivando la extracción masiva de datos personales.
• Aunque ofrecen oportunidades para la visibilidad de movimientos sociales, también facilitan la propagación de discursos extremistas.
• El interés económico de las plataformas prevalece sobre el interés común.

El uso extendido de redes sociales plantea al menos tres grandes retos para la sociedad:

1. Recuperar el control ciudadano sobre los espacios digitales, estableciendo normas que prioricen el bien común.
2. Proteger la privacidad y los derechos digitales frente a la recolección masiva de datos.
3. Garantizar que las plataformas asuman responsabilidades editoriales frente a la desinformación y el discurso de odio.

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Algunas de las medidas que pueden aplicar los países para mejorar el ecosistema digital son:

• Establecer regulaciones claras y exigibles sobre el uso de datos personales.
• Promover la alfabetización mediática desde la educación básica de pensamiento crítico.
• Desarrollar plataformas que prioricen la calidad de la información y la participación cívica.
• Incentivar la transparencia algorítmica para que los usuarios comprendan cómo se prioriza el contenido que consumen.
• Fomentar alianzas para abordar los efectos negativos de las redes sociales.

Vaidhyanathan cerró su intervención con el mensaje de que las redes sociales son una infraestructura de comunicación muy influyente para dejarla exclusivamente en manos de intereses comerciales, y las empresas no deberían permitir que el espacio público digital se convierta en un mercado sin ley, sino en un bien común.

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Aunque la nueva reforma laboral busca mejorar la estabilidad de los trabajadores para facilitar el acceso a la vivienda, su impacto podría ser limitado, ya que el 58,0 % de la fuerza laboral del país es informal y no cuenta con las protecciones legales necesarias para acceder a subsidios o créditos hipotecarios.

Según un informe del portal Metro Cuadrado, que cita expertos en materia laboral, la reforma fortalece el contrato a término indefinido y establece condiciones más estrictas para los contratos a término fijo (máximo cuatro años) y por obra o labor. Estas medidas, junto con indemnizaciones más altas por despido injustificado (que pueden ser de 45 días de salario por el primer año), buscan dar a los empleados formales la seguridad económica necesaria para adquirir una vivienda.

No obstante, la ley no establece una cobertura especial para los trabajadores informales, dejándolos sin acceso a garantías de ahorro o crédito. Adicionalmente, la reforma podría generar efectos contraproducentes para las pequeñas empresas, que representan el 6,1% del total en el país, ya que los nuevos costos y exigencias podrían desincentivar la contratación formal.

Un ejemplo de esto es el cambio en los contratos de aprendizaje, donde la monetización ($2.135.250) resulta ahora más económica que la contratación de un aprendiz en su etapa práctica ($2.268.879), lo que podría reducir las oportunidades para los jóvenes. A esto se suma el desafío de la inflación y el aumento en los costos de los materiales de construcción, que también podrían limitar el impacto positivo de la reforma en el acceso a la vivienda.

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La producción de obras civiles en Colombia registró un crecimiento anual del 9,6 % durante el segundo trimestre de 2025, impulsada principalmente por el dinamismo en la construcción de obras para minas y plantas industriales. Este último grupo tuvo una expansión del 38,3 % y aportó 7,4 puntos porcentuales al crecimiento total del indicador.

Según el boletín técnico del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el segundo sector que más contribuyó al crecimiento fue el de carreteras, calles y vías férreas, que presentó un aumento del 6,7 % y sumó 3,2 puntos porcentuales a la variación anual. Le siguieron las obras para deportes y esparcimiento (6,1 %) y las de tuberías y redes de comunicación (3,0 %).

Dentro de las subclases de obras, se destacaron los crecimientos en la construcción de centrales eléctricas, con un alza del 52,4 %, y en los sistemas de riego y control de inundaciones, que se dispararon un 72,7 %. La construcción de carreteras y calles también tuvo un buen desempeño, con un aumento del 10,8 %.

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas y otras obras hidráulicas fue el único que registró una contracción, con una caída del 20,4 % en su producción. Este descenso fue jalonado principalmente por la disminución en la construcción de acueductos (23,1 %) y puentes y carreteras elevadas (33,1 %).

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Más del 78,0 % de la producción mundial de plásticos se moviliza a través del comercio internacional, un factor que sitúa a esta actividad en el centro del debate sobre la gestión de la contaminación. En este contexto, Colombia enfrenta el doble desafío de manejar un déficit comercial estructural en el sector y de adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad.

Según un informe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), al menos el 75,0 % del plástico producido históricamente ha terminado como desecho, generando un costo social y ambiental que supera los 1,5 billones de dólares anuales. A pesar de un crecimiento en las exportaciones colombianas de productos plásticos, el aumento de las importaciones ha sido mayor, lo que ha consolidado la dependencia de materias primas externas.

El gremio propone que el comercio exterior, lejos de ser el problema, se convierta en una herramienta para mitigar la contaminación a través de una transición hacia una economía circular. En este sentido, la negociación de un Tratado Global sobre Plásticos se presenta como una oportunidad para armonizar regulaciones e incentivar la inversión en alternativas sostenibles.

Para Colombia, la estrategia debe enfocarse en aprovechar este nuevo marco internacional para fomentar la inversión en ecodiseño y en la investigación de materiales sostenibles. De esta manera, el país podría reconfigurar sus cadenas productivas y posicionarse como un exportador de bienes con valor agregado bajo criterios de sostenibilidad.

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Tener una tasa de intervención por parte del Banco de la República al 9,25 %, representa en la práctica que los bancos están prestando a las empresas entre un 18 % y 23 % anualmente.

Son pocos los proyectos empresariales que tienen tasas de retorno superiores a ese 18 % al 23 %, lo que está conllevando a que no se esté demandando crédito con fines productivos, implicando limitantes en crecimiento.

Adicional del costo alto en la financiación, resulta que las condiciones para acceder al crédito para empresas no se han flexibilizado. El 39 % de las entidades, considerando los riesgos, han incrementado las condiciones, exigiendo garantías avales, reales, fuentes de pago y covenants.

Acceder al crédito se puso costoso y difícil.

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Informes Sectoriales

Contrario a la preocupación inicial, la llegada de tiendas de descuento (hard-discount) a los municipios de tamaño intermedio en Colombia ha generado un impacto positivo en el empleo, después de la apertura de la primera tienda en estos lugares, la tasa de ocupación es aproximadamente 4 puntos porcentuales por encima en comparación con aquellos donde no operan estos formatos.

Según un informe del Banco de la República, el estudio no encontró efectos negativos claros sobre el empleo informal, donde se ubican principalmente los propietarios de las tiendas de barrio. Por el contrario, se observaron resultados positivos en los indicadores de empleo formal y en la recaudación de impuestos, lo que sugiere un impulso a la formalidad económica.

La investigación utilizó técnicas econométricas para comparar la evolución de variables económicas y de empleo en municipios con y sin presencia de estas tiendas, como D1 y Ara. Los resultados positivos y persistentes sugieren que las tiendas de descuento generan beneficios a través de encadenamientos con el aparato productivo local.

Estos encadenamientos se darían principalmente con los sectores agrícola y manufacturero, que crecen para satisfacer la nueva demanda de productos de marca propia que caracteriza a estos formatos.

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Los productores de papa en Colombia enfrentan una crisis de rentabilidad, con pérdidas que oscilan entre los $11 y $16 millones por hectárea. La situación se debe a una caída superior al 60,0 % en los precios pagados al productor durante el primer semestre del año, causada por un desbalance entre la oferta y la demanda.

Según un informe del portal AgroNegocios, que cita a Richard Sánchez Bernal, gerente general de Fedepapa, el exceso de oferta fue ocasionado por un aumento en las áreas sembradas, condiciones climáticas favorables que elevaron los rendimientos, el ingreso irregular de papa por la frontera sur y la competencia desleal de las importaciones.

Ante la crisis, Fedepapa ha propuesto al Ministerio de Agricultura un plan de acción que incluye el control al contrabando, una campaña nacional de consumo, la prolongación de medidas antidumping y alivios financieros para los productores. En respuesta, algunas gobernaciones ya han tomado medidas: Cundinamarca está realizando 50 Mercados Campesinos en Bogotá y sus municipios, mientras que Boyacá inició la compra de 73.000 libras semanales de papa para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Mientras gremios como Dignidad Agropecuaria esperan una pronta solución del Gobierno, Fedepapa ha reafirmado su compromiso con el diálogo y ha descartado su respaldo a bloqueos o vías de hecho. El gremio insiste en la necesidad de soluciones estructurales para garantizar la viabilidad económica de los productores y la continuidad del ciclo agrícola en el país.

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