El gobierno al ver inviable el trámite democrático de su reforma a la salud a través del congreso, decidió expedirla vía decreto. La nueva normatividad tiene varias dificultades para que se pueda ejecutar, entre ellas, que cuenta con 17 asuntos que debe reglamentar entre 3, 6 y 12 meses. ¿En ese tiempo se logrará la asimilación del conocimiento por parte de los entes territoriales y los actores del sistema?.

Ahora, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, por lo que el decreto no puede eliminar los elementos que fueron creados por la ley 100, por lo que es inconstitucional. De esta forma, el rol de la Corte Constitucional será clave para mantener el derecho a la salud de los colombianos.

Al final, vas a seguir encontrando desorden en la atención en salud y todos esperando que el derecho se restablezca en el próximo gobierno, donde las pistas de los candidatos, asociadas a sus propuestas, van desde la continuidad hasta crear una comisión de expertos independientes debe definir la UPC.

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Informes Sectoriales

El Ministerio de Salud ha expedido la Resolución 1809 de 2025, un nuevo marco regulatorio que busca transformar la operación de los Gestores Farmacéuticos (GF) y Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud (OLTS) en Colombia. La normativa establece reglas, indicadores públicos y controles financieros para elevar los estándares de estas entidades.

Según la información del portal Consultor salud, la resolución obliga a los gestores y operadores a demostrar su existencia legal con estados financieros bajo normas internacionales, implementar códigos de buen gobierno y crear comités de riesgo y auditoría. Adicionalmente, se les exige establecer canales de atención al usuario gratuitos y accesibles, y publicar trimestralmente indicadores de desempeño en tres áreas: estructura (capacidad instalada), proceso (gestión de quejas) y resultados (entrega de medicamentos).

La resolución establece un plazo máximo de seis meses para la creación de un portal de registro electrónico. Una vez activo, las empresas tendrán tres meses para inscribirse. A partir de su registro, contarán con un plazo máximo de nueve meses para implementar la totalidad de las nuevas disposiciones. La Superintendencia Nacional de Salud será la encargada de la vigilancia y podrá imponer sanciones, incluyendo la cancelación del registro, a quienes no cumplan.

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La implementación del Decreto 858 de 2025, que pone en marcha la reforma al sistema de salud, enfrenta importantes retos financieros que generan incertidumbre sobre su viabilidad. Un análisis de los costos asociados con los componentes claves del nuevo modelo revela que, si bien se han definido los gastos necesarios, aún no se han especificado las fuentes de financiación para varios de ellos, lo que plantea preguntas sobre cómo se cubrirán estas nuevas obligaciones.

Uno de los mayores desafíos es el financiamiento de los Equipos Básicos Territoriales de Salud (EBTS). Se estima que la conformación de más de 7.000 de estos equipos, compuestos por médicos, enfermeros y psicólogos, entre otros, tendrá un costo anual que supera los $3,1 billones. Sin embargo, el decreto no precisa si estos recursos provendrán de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), presupuestos máximos o apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.

Otros componentes del nuevo modelo también carecen de una ruta de financiación clara. La creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) requiere inversiones en infraestructura y dotación, pero no se identifican las fuentes de recursos, especialmente para municipios pequeños y rurales. De igual manera, la formalización laboral de miles de trabajadores y el desarrollo de los sistemas de información, que debe exigirse en un plazo de 6 meses, implica un aumento de costos para las entidades de salud sin una ruta financiera que lo respalde.

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El sector de la vivienda en Colombia muestra algunos signos de recuperación durante 2025 y ya tiene la vista puesta en un crecimiento consolidado para 2026. A pesar de la desaceleración causada por la finalización de programas de subsidios nacionales como “Mi Casa Ya”, el dinamismo del sector privado, la banca y los gobiernos locales han sido claves para impulsar nuevamente las ventas y la construcción, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS).

De acuerdo con un análisis del diario El Nuevo Siglo, las cifras del primer semestre de 2025 son alentadoras. Entre enero y junio se vendieron 138.662 unidades de vivienda nueva, lo que representa un aumento del 38,6 % en comparación con el mismo período de 2024. Las proyecciones indican que el sector podría cerrar el presente año con un crecimiento en ventas del 9,0 %, y acelerar a un 11,5 % para 2026. Este comportamiento es fundamental para la economía, ya que la construcción de vivienda aporta entre el 8,5 % y el 8,8 % al PIB nacional.

Según expertos del sector, como el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, la recuperación se debe a una combinación de factores que incluyen la reducción en las tasas de interés de los créditos hipotecarios y el acceso a subsidios de las cajas de compensación. Herrera también ha hecho un llamado a repensar los esquemas de acceso a la vivienda y a mantener una estabilidad regulatoria para incentivar la inversión a largo plazo. Además, se espera que la implementación de un seguro decenal obligatorio para las viviendas nuevas contribuya a fortalecer la confianza en el mercado.

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El sector automotor en Colombia muestra una sólida recuperación entre enero y julio de 2025, con un crecimiento en la venta de vehículos del 26,7 % y de motos del 36,3 % frente al mismo periodo de 2024. El dinamismo está fuertemente impulsado por el segmento de vehículos híbridos y eléctricos, cuyas ventas aumentaron un 67,7 %, y que ya representan un 32,6 % del total. A nivel de mercado, los vehículos tipo SUV dominan con un 55,4 % de las ventas, siendo Kia, Renault y Toyota las marcas líderes. A pesar de las proyecciones positivas de ventas, que apuntan a 218.000 unidades en 2025 y 229.000 en 2026, el sector enfrenta riesgos considerables debido a la dependencia de las importaciones, principalmente de China, una tasa de cambio (TRM) volátil y las tensiones geopolíticas que podrían incrementar los aranceles y los precios al consumidor.

El sector agroindustrial de Colombia se encuentra ante una oportunidad histórica para fortalecer su presencia en el mercado de Estados Unidos, su principal socio comercial. Un reciente cambio en una orden ejecutiva del gobierno estadounidense ha abierto la puerta para que varios de los productos agrícolas más importantes del país puedan ingresar a ese mercado con un arancel del 0 %, lo que representa un impulso significativo para la competitividad y el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas.

Según la información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta nueva ventana comercial cubre un universo de exportaciones valorado en US$4.536 millones. Para dimensionar su impacto, la cifra equivale al 24,6 % del total de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos y representa el 65,2 % de las ventas no minero-energéticas a ese mismo destino.

Entre los productos que se verían más beneficiados por la posible eliminación de aranceles se encuentran el café, las flores, el banano, el plátano, el aguacate y el limón Tahití, todos ellos pilares del sector agrícola colombiano. El logro no solo fortalece la posición de Colombia como un socio estratégico para Estados Unidos, sino que también materializa la política de comercio exterior del gobierno, enfocada en abrir nuevos mercados y consolidar los existentes para los productos del campo y la industria nacional.

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Tras la expedición del decreto que pone en marcha la reforma al sistema de salud en Colombia, se ha conocido la hoja de ruta que deberá seguir el Gobierno Nacional para su implementación. Un total de 17 temas fundamentales deberán ser reglamentados en plazos que van desde los tres meses hasta un año, estableciendo un cronograma acelerado para transformar el modelo de atención en el país.

Según el decreto 858 de 2025, el Ministerio de Salud será el principal responsable de desarrollar la mayoría de estas normativas. Entre los asuntos prioritarios, con un plazo de apenas tres meses, se encuentran la definición de los lineamientos para la conformación de los Equipos de Salud Territorial y el fortalecimiento del nivel complementario del sistema. Estos puntos son cruciales para la nueva estrategia de atención primaria que busca llevar los servicios de salud directamente a las comunidades.

Otros temas de gran relevancia, como la organización funcional para la gestión territorial en salud, los criterios para la conformación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS) y la regulación del Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria, deberán estar listos en un plazo de seis meses. Así mismo, la estandarización de la Clasificación Única de Ocupaciones en Salud y la actualización del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGCS) contarán con un plazo de un año para su completa implementación.

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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) ha emitido una advertencia sobre el impacto negativo que el proyecto de reforma tributaria podría tener en el país. Según el gremio, las medidas propuestas afectarán principalmente a la clase media, elevando de manera importante el costo del transporte y reduciendo la productividad en diversos sectores económicos.

De acuerdo con declaraciones del presidente ejecutivo de ADITT, José Yesid Rodríguez, presentadas por la revista Semana, uno de los puntos más críticos es el incremento que se proyecta para el precio de la gasolina. La agremiación sostiene que este ajuste no solo perjudica a los dueños de vehículos particulares, sino que tiene un efecto en cadena que encarece el transporte público, los alimentos y, por ende, la canasta básica familiar. “Decir que los pobres no usan gasolina es desconocer la realidad”, afirmó Rodríguez, señalando que en Colombia hay más de 750.000 taxis y cientos de vehículos de servicio turístico y mixto que movilizan diariamente a campesinos, estudiantes y turistas.

El líder gremial argumenta que el alza en los combustibles se traduce directamente en un mayor costo de vida, limitando las oportunidades de progreso de las familias con menos recursos. Con este pronunciamiento, ADITT se une a las críticas de otros sectores y hace un llamado al Congreso de la República para que no se aprueben medidas que “castiguen la movilidad y el trabajo de los colombianos”, pidiendo en su lugar soluciones que promuevan la productividad.

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• El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) ya ha aprobado US$39.000 millones en 120 proyectos de infraestructura sostenible.
• Colombia y Uzbekistán fueron admitidos el 7 de julio del 2025 por el NDB. La Casa de Nariño oficializó la adhesión el 19 de junio del 2025

El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB por sus siglas en inglés) es un banco multilateral creado por los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para movilizar recursos hacia infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes. Su capital autorizado es de US$100.000 millones; el capital suscrito inicial fue de US$50.000 millones (US$10.000 millones pagados y US$40.000 millones exigibles). No existe poder de veto, cada país posee un voto proporcional a su participación y las decisiones se toman por mayoría; los fundadores conservarán el 55,0 % de las acciones para así mantener el control frente a sucesivas ampliaciones de membresía.
Este diseño contrasta con el Banco Mundial, donde EE. UU. posee derecho de veto.

¿Qué financia y cómo presta?

Áreas prioritarias

• Energía limpia y eficiencia
• Transporte (carretero, férreo y urbano)
• Agua y saneamiento
• Protección ambiental
• Infraestructura social y digital

El banco no se restringe a estas líneas, pero las usa como puerta de entrada para proyectos que impulsen el desarrollo sostenible. Desde su creación, el banco ha aprobado una suma US$39.000 millones en 120 proyectos. Un sello distintivo es financiar y fondearse en monedas locales. El 25,0% de la cartera ya está denominada en divisas de los BRICS, para lograrlo el NDB emite bonos domésticos. El esquema reduce el riesgo cambiario, algo clave cuando el dólar se fortalece o reaparecen aranceles, y a su vez fortalece mercados de capitales locales.

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¿Quiénes son los miembros BRICS?

A los fundadores (BRICS), el NDB ha incorporado Bangladés, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argelia (2024). En 2025 la junta de gobernadores admitió a Colombia y Uzbekistán como miembros prestatarios, extendiendo la cobertura demográfica del banco al 45,9% de la población mundial, lo que refuerza su legitimidad y peso geopolítico, aunque el banco financia a gobiernos y empresas, no directamente a individuos. El acuerdo del NDB permite ampliar membresía, preservando el peso mínimo de los BRICS en el voto.
El 19 de junio del 2025, la Presidencia confirmó la entrada, calificándola de “diversificación clave de las fuentes de financiamiento” para proyectos estratégicos (transición energética, conectividad y soberanía alimentaria).

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Debate y riesgos:

Aunque el NDB amplía la oferta de financiación con préstamos en moneda local y una estructura sin veto que luce más democrática, arrastra tres riesgos clave: su vínculo con países sancionados puede bloquear proyectos y tensionar su rating AA; la toma de decisiones podría volverse lenta a medida que crezca la membresía; el modelo de emisiones en monedas domésticas solo funcionará si los mercados ganan suficiente profundidad y liquidez.

La ampliación de miembros fortalece legitimidad, pero exige coordinación para evitar lentitud decisoria.

¿Qué viene? (corto, mediano y largo plazo)

Corto plazo (2025–2026): el NDB se ha fijado como meta acelerar los desembolsos y llevar al 30 % la proporción de préstamos en moneda local.

Mediano plazo (2027-2028): prevé ampliar la cofinanciación con otros bancos de desarrollo y profundizar los mercados de capital domésticos para sostener ese modelo de divisa local.

Largo plazo (desde 2029): con una base accionaria más amplia y nuevo capital, aspira a duplicar su cartera actual de 120 proyectos, más de US$39.000 millones aprobados hasta 2024, y consolidarse como uno de los financiadores clave de infraestructura sostenible en economías emergentes.

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La verificación de los atributos de sostenibilidad en los materiales se está convirtiendo en un pilar fundamental para fortalecer las cadenas de suministro en el sector de la construcción en Colombia. La elección de productos con un menor impacto ambiental, social y económico es clave para reducir emisiones, optimizar recursos y consolidar un entorno construido más responsable y preparado para los desafíos futuros, como el cambio climático.

Según un informe del portal Construdata, aunque existe un avance en la oferta de productos sostenibles, todavía hay una brecha importante en materia de transparencia y verificación. El reporte “Estado de la Construcción Sostenible en Colombia 2024” revela que, si bien el 53,0 % de los fabricantes asegura que más de la mitad de sus materiales posee atributos de sostenibilidad, un preocupante 44,0 % de los elementos disponibles en el mercado carece de cualquier tipo de etiqueta o declaración ambiental verificada.

Para cerrar esta brecha, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) ha desarrollado herramientas claves como la “Hoja de Ruta de Sostenibilidad para Materiales” y el “Servicio de Verificación de Atributos de Sostenibilidad”. A la fecha, este servicio ya ha verificado 16 productos de empresas líderes, y otros 36 se encuentran en proceso. Adicionalmente, se creó la plataforma SOSTENIDO, que funciona como un catálogo de materiales verificados, facilitando a los constructores la toma de decisiones informadas y fomentando la confianza en el mercado. El objetivo nacional es que el uso de Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) sea una práctica común para el año 2030.

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