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El pasado sábado se dio a conocer que por decisión del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), el Gobierno Nacional participará en el proceso de reestructuración que actualmente adelanta Avianca en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, después de haberse acogido al capítulo 11 del código de bancarrota el pasado 10 de mayo. El mecanismo de participación sería un préstamo de $370 millones de dólares, en un plazo de 18 meses, tiempo estimado de duración del proceso de reestructuración de la compañía.

El Ministerio de Hacienda explicó que el proceso contará con la participación tanto de inversionistas existentes, como de nuevos participantes en condiciones de mercado, y que la decisión del gobierno busca preservar el servicio aéreo de los colombianos, pues las afectaciones a la operación de la compañía tendrían grandes repercusiones en la calidad del servicio, la economía y la competitividad del país. En 2019 Avianca movilizó el 53,8% de los pasajeros en las rutas nacionales, y el 46,9% de los internacionales, lo que muestra su amplia participación de mercado.

El ciclo de vida de las empresas pasa por las etapas de emprendimiento, crecimiento, aceleración, escalabilidad, madurez y declive (Ser Empresario No es para Cualquiera). Estos períodos pueden verse afectados drásticamente cuando se está inmerso en una crisis económica, sin embargo, la actual situación ha mostrado que tiene efectos muy diferentes a las recesiones tradicionales. A través del siguiente video describimos en detalle el ciclo de vida empresarial, la dinámica de búsqueda de capital por parte de las organizaciones a través de los IPO’s y los nuevos activos de refugio (¿Es el Oro un Refugio ante Situaciones Económicas Adversas?).

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Según la información revelada por el Ministerio de Minas y Energía, la producción petrolera nacional en el mes de julio alcanzó 734.987 barriles promedio día (bpd), presentando un incremento de 0,7% frente al mes de junio, impulsada por el desarrollo y la optimización de los campos Rubiales (Puerto Gaitán, Meta), Chichimene (Acacías, Meta), Jacana (Villanueva, Casanare), Túa (Tauramena, Casanare) y a la reactivación de los campos Hamaca (Puerto Gaitán, Meta), Copa (San Luis de Palenque, Casanare) y Rumba (Aguazul, Casanare).

A pesar de este leve incremento, en lo corrido del año, con corte al mes de julio, la producción petrolera alcanzó 801.792 bpd, registrando una disminución de 9,81% frente al mismo periodo de 2019. Por su parte, la producción de gas en el mes de julio fue de 932,5 millones de pies cúbicos por día (mpcd), registrando una disminución de 14,9% respecto a julio de 2019, y en el acumulado del año ha presentado una disminución de 2,44%, alcanzando los 1.016 mpcpd Esta disminución se dio principalmente por el mantenimiento programado en los campos Floreña y Floreña Mirador, y por problemas mecánicos en los campos Pauto Sur y Floreña (Yopal, Casanare) hacia finales de mes.

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Utilizando mecanismos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como las solicitudes de minería tradicional, áreas de reserva especial, subcontratos de formalización y solicitudes de legalización, el Ministerio de Minas y Energía adelanta un proceso de formalización en el sector, en lo que ha denominado Minero 5, que promueve la legalidad, el emprendimiento y la responsabilidad, además de formar personas influyentes y confiables, lo que contribuirá a disminuir los altos índices de accidentalidad en minas informales que se han registrado en los últimos meses.

En conversación el diario Portafolio, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, destacó que existen en el país 15.000 mineros con potencial de legalización, de los cuales, a la fecha se encuentran en tránsito 12.000, y se espera que para cierre de año 3.000 cumplan con la totalidad los requisitos mineros y ambientales, con la expectativa de llegar a 27.000 al 2022. El proceso está concentrado en la producción informal de oro en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolivar, Chocó, Cauca y Nariño, y en la producción informal de carbón en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

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Los largos procesos jurídicos que han tenido que afrontar propietarios de inmuebles en edificios como Continental Tower’s y Asensi de Medellín, por el inminente riesgo de desplome que generan sus fallas estructurales, podrían no tener que repetirse en el futuro, pues a partir de febrero de 2021 entrará en vigencia el artículo 8 del capítulo II de la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, el cual determina los mecanismos de resarcimiento que tendrían que implementarse en los proyectos de más de 2.000 metros cuadrados que presenten fallas estructurales.

La norma establece controles técnicos, estructurales y de seguimiento a los proyectos, ejecutados por supervisores independientes a las constructoras, los cuales tendrán un proceso de acreditación y registro, que estará a cargo del Icfes. Adicionalmente, establece la constitución de garantías fiduciarias, patrimoniales o de pólizas de seguros por parte del constructor, con una cobertura de 10 años posterior a la fecha de entrega del inmueble. Se espera que esta medida genere confianza entre todos lo actores del sector, desde los constructores hasta los compradores, pasando por los proveedores, los financiadores y los aseguradores.

El sector lácteo nacional registró un gran impulso para inicios de 2020, explicado por el inicio de clases y posterior llegada del Covid-19, aspectos que consolidaron la demanda de leche y sus derivados durante el primer trimestre del año. De forma simultánea, y a pesar del incremento en las importaciones en los primeros dos meses del año, la caída de los inventarios internacionales de leche en polvo y el aumento de la partida pagada en el precio al productor primario nacional, llevaron al incremento de los precios del producto, alcanzando niveles nominales históricos. Dentro de los factores negativos, la informalidad y la baja productividad por animal comparada con países similares, son los que mayor impactan al sector. Lo anterior, lleva a que uno de los mayores retos de esta cadena productiva sea lograr un cambio estructural en la política de fomento, pasando del enfoque en la regulación de precios al enfoque en mejora de la productividad.

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En su séptimo informe especial sobre Covid 19, la Comisión Económica para Américas Latina y el Caribe (CEPAL), sugiere que como estrategia para combatir los efectos negativos que deja la crisis, los países de la región garanticen el acceso a una canasta tecnológica básica, conformada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados; esto con miras a desarrollar una sociedad digital inclusiva, promoviendo la evolución tecnológica y la cooperación digital regional.

El informe señala el importante papel que ha tenido la tecnología en la continuidad de la economía y de la sociedad durante la pandemia, acelerando los procesos de transformación digital en muchas industrias, lo que a su vez deriva en que la falta de acceso a la tecnología podría convertirse en una barrera de acceso a la salud, la educación y el trabajo, perjudicando los hogares de menores ingresos e incrementando las brechas sociales. En este sentido, la región aún tiene camino por recorrer, pues en 2019, solo el 38% de los hogares en el primer quintil de ingresos y 53% de los del segundo quintil tenía conexión a internet.

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En los últimos días ha generado preocupación dentro del gremio azucarero un proceso que cursa en la Superintendencia de Industria y Comercio, que pretende patentar el método de procesamiento del azúcar crudo, que permite maximizar la conservación de policosanoles, en un producto a base de jugo de azúcar natural. Al respecto, el Ministerio de Agricultura señala que no apoya el proceso de la patente, y resaltó que esta afectaría a más de 350.000 familias paneleras, desconociendo los procesos tradicionales de fabricación del producto.

Por su parte, Asocaña se pronunció sobre la polémica propuesta, aclarando que la patente no ha sido solicitada ni desarrollada por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña), y que, por tanto, no cuenta con el aval de este gremio azucarero. Asimismo, Riopaila Castilla, que habría sido señalada como dueña de la solicitud de patente, aclaró a través de la Superintendencia Financiera, que no es propietaria de la patente, y que no tiene vínculo jurídico ni comercial con la misma. Según Asocaña, la patente habría sido solicitada a título personal por el ingeniero Jorge Enrique González Ulloa.

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La comisión de expertos en el sistema tributario territorial, creada en 2019 en el marco de la ley de financiamiento, entregó al gobierno una serie de propuestas orientadas a aumentar el recaudo de los municipios y departamentos, con estrategias muy enfocadas en vehículos y combustibles, e incorporando elementos para compensar su impacto ambiental; la propuesta tiene 4 recomendaciones fundamentales:

- Incorporar un componente ambiental en el cálculo del impuesto vehicular, el cual consideraría el tamaño o las características técnicas del vehículo.
- Someter a las bicicletas con motor, las motonetas y las motos de menos de 125 centímetros cúbicos al pago del impuesto vehicular.
- Eliminar el impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de servicio público, e incluirlos dentro del impuesto vehicular, unificando el tratamiento entre vehículos públicos y particulares.
- Reemplazar la sobre tasa a la gasolina y el ACPM por un impuesto que incluya los combustibles limpios, o que considere la distancia recorrida por vehículo.

La comisión también sugirió al gobierno aclarar las condiciones de otras propuestas incluidas en la Ley 1955 de 2019, como las tasas por congestión, las contribuciones por servicio de parqueadero, el estacionamiento en vías y los peajes urbanos.

La conquista del espacio era liderada en los tiempos de la Guerra Fría por los gobiernos, con Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza. Sin embargo, muchos años después, el sueño espacial resurgió con fuerza, pero ahora con la participación de las empresas privadas. (Los Nuevos Desafíos de la Carrera Espacial: China, Rusia y EEUU)

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Esta nueva etapa de la carrera espacial, en la que las iniciativas privadas llevan el liderazgo, se presenta porque pocos gobiernos están dispuesto a invertir las millonarias sumas de dinero que requieren estos proyectos.

Desde inicios del 2000, la NASA contemplaba permitir programas de cooperación público-privada, en los que la agencia espacial actuaría como una especie de contratista de las empresas privadas, las cuales asumen el reto de crear proyectos innovadores. Las ideas surgidas van desde cohetes reutilizables, cápsulas espaciales que actúan como trasbordadores, hasta el desarrollo comercial y de exploración del espacio, que incluye misiones de vuelos espaciales humanos más extensos.

El objetivo de la NASA para abrir un capítulo al sector privado fue motivado por la oportunidad de estimular la industria espacial comercial, de manera que la agencia alcance sus objetivos estratégicos de expandir las fronteras del conocimiento y las oportunidades en el espacio. En otras palabras, la NASA puede conseguir sus objetivos científicos, mientras que las compañías privadas amplían sus desarrollos comerciales. Elon Musk y Jeff Bezos son algunos de los empresarios que tienen planeado conquistar el espacio, con la mirada puesta en Marte entre sus planes.

Elon Musk es el fundador de SpaceX, compañía que tiene como objetivos la exploración espacial y la oportunidad de colonizar Marte en un futuro cercano. Ahora, con la participación de las empresas privadas, se proyecta la llegada al planeta rojo y otros desarrollos importantes en unos pocos años. Los modelos de su nave espacial “Red Dragon” son no tripulados, con la capacidad para aterrizar en cualquier lugar del sistema solar y se emplean actualmente para llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional.

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En esta carrera espacial también se encuentran “Blue Origin", empresa fundada por Jeff Bezos, que busca aportar a la exploración espacial moderna y la conquista comercial del espacio suborbital con el lanzamiento de turistas al espacio, así como Boeing, la empresa fabricante de aviones, que planea llevar humanos a Marte.

También se encuentran otras compañías y personajes que tienen como objetivo hacer minería espacial. De esta forma, los intereses en la conquista del espacio van desde explotar nuevos recursos, hasta oportunidades científicas y turísticas, lo que requiere de un amplio presupuesto que el sector privado puede proveer.

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