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Utilizando mecanismos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como las solicitudes de minería tradicional, áreas de reserva especial, subcontratos de formalización y solicitudes de legalización, el Ministerio de Minas y Energía adelanta un proceso de formalización en el sector, en lo que ha denominado Minero 5, que promueve la legalidad, el emprendimiento y la responsabilidad, además de formar personas influyentes y confiables, lo que contribuirá a disminuir los altos índices de accidentalidad en minas informales que se han registrado en los últimos meses.

En conversación el diario Portafolio, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, destacó que existen en el país 15.000 mineros con potencial de legalización, de los cuales, a la fecha se encuentran en tránsito 12.000, y se espera que para cierre de año 3.000 cumplan con la totalidad los requisitos mineros y ambientales, con la expectativa de llegar a 27.000 al 2022. El proceso está concentrado en la producción informal de oro en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolivar, Chocó, Cauca y Nariño, y en la producción informal de carbón en Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

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Los largos procesos jurídicos que han tenido que afrontar propietarios de inmuebles en edificios como Continental Tower’s y Asensi de Medellín, por el inminente riesgo de desplome que generan sus fallas estructurales, podrían no tener que repetirse en el futuro, pues a partir de febrero de 2021 entrará en vigencia el artículo 8 del capítulo II de la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, el cual determina los mecanismos de resarcimiento que tendrían que implementarse en los proyectos de más de 2.000 metros cuadrados que presenten fallas estructurales.

La norma establece controles técnicos, estructurales y de seguimiento a los proyectos, ejecutados por supervisores independientes a las constructoras, los cuales tendrán un proceso de acreditación y registro, que estará a cargo del Icfes. Adicionalmente, establece la constitución de garantías fiduciarias, patrimoniales o de pólizas de seguros por parte del constructor, con una cobertura de 10 años posterior a la fecha de entrega del inmueble. Se espera que esta medida genere confianza entre todos lo actores del sector, desde los constructores hasta los compradores, pasando por los proveedores, los financiadores y los aseguradores.

El sector lácteo nacional registró un gran impulso para inicios de 2020, explicado por el inicio de clases y posterior llegada del Covid-19, aspectos que consolidaron la demanda de leche y sus derivados durante el primer trimestre del año. De forma simultánea, y a pesar del incremento en las importaciones en los primeros dos meses del año, la caída de los inventarios internacionales de leche en polvo y el aumento de la partida pagada en el precio al productor primario nacional, llevaron al incremento de los precios del producto, alcanzando niveles nominales históricos. Dentro de los factores negativos, la informalidad y la baja productividad por animal comparada con países similares, son los que mayor impactan al sector. Lo anterior, lleva a que uno de los mayores retos de esta cadena productiva sea lograr un cambio estructural en la política de fomento, pasando del enfoque en la regulación de precios al enfoque en mejora de la productividad.

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En su séptimo informe especial sobre Covid 19, la Comisión Económica para Américas Latina y el Caribe (CEPAL), sugiere que como estrategia para combatir los efectos negativos que deja la crisis, los países de la región garanticen el acceso a una canasta tecnológica básica, conformada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados; esto con miras a desarrollar una sociedad digital inclusiva, promoviendo la evolución tecnológica y la cooperación digital regional.

El informe señala el importante papel que ha tenido la tecnología en la continuidad de la economía y de la sociedad durante la pandemia, acelerando los procesos de transformación digital en muchas industrias, lo que a su vez deriva en que la falta de acceso a la tecnología podría convertirse en una barrera de acceso a la salud, la educación y el trabajo, perjudicando los hogares de menores ingresos e incrementando las brechas sociales. En este sentido, la región aún tiene camino por recorrer, pues en 2019, solo el 38% de los hogares en el primer quintil de ingresos y 53% de los del segundo quintil tenía conexión a internet.

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En los últimos días ha generado preocupación dentro del gremio azucarero un proceso que cursa en la Superintendencia de Industria y Comercio, que pretende patentar el método de procesamiento del azúcar crudo, que permite maximizar la conservación de policosanoles, en un producto a base de jugo de azúcar natural. Al respecto, el Ministerio de Agricultura señala que no apoya el proceso de la patente, y resaltó que esta afectaría a más de 350.000 familias paneleras, desconociendo los procesos tradicionales de fabricación del producto.

Por su parte, Asocaña se pronunció sobre la polémica propuesta, aclarando que la patente no ha sido solicitada ni desarrollada por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña), y que, por tanto, no cuenta con el aval de este gremio azucarero. Asimismo, Riopaila Castilla, que habría sido señalada como dueña de la solicitud de patente, aclaró a través de la Superintendencia Financiera, que no es propietaria de la patente, y que no tiene vínculo jurídico ni comercial con la misma. Según Asocaña, la patente habría sido solicitada a título personal por el ingeniero Jorge Enrique González Ulloa.

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La comisión de expertos en el sistema tributario territorial, creada en 2019 en el marco de la ley de financiamiento, entregó al gobierno una serie de propuestas orientadas a aumentar el recaudo de los municipios y departamentos, con estrategias muy enfocadas en vehículos y combustibles, e incorporando elementos para compensar su impacto ambiental; la propuesta tiene 4 recomendaciones fundamentales:

- Incorporar un componente ambiental en el cálculo del impuesto vehicular, el cual consideraría el tamaño o las características técnicas del vehículo.
- Someter a las bicicletas con motor, las motonetas y las motos de menos de 125 centímetros cúbicos al pago del impuesto vehicular.
- Eliminar el impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de servicio público, e incluirlos dentro del impuesto vehicular, unificando el tratamiento entre vehículos públicos y particulares.
- Reemplazar la sobre tasa a la gasolina y el ACPM por un impuesto que incluya los combustibles limpios, o que considere la distancia recorrida por vehículo.

La comisión también sugirió al gobierno aclarar las condiciones de otras propuestas incluidas en la Ley 1955 de 2019, como las tasas por congestión, las contribuciones por servicio de parqueadero, el estacionamiento en vías y los peajes urbanos.

La conquista del espacio era liderada en los tiempos de la Guerra Fría por los gobiernos, con Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza. Sin embargo, muchos años después, el sueño espacial resurgió con fuerza, pero ahora con la participación de las empresas privadas. (Los Nuevos Desafíos de la Carrera Espacial: China, Rusia y EEUU)

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Esta nueva etapa de la carrera espacial, en la que las iniciativas privadas llevan el liderazgo, se presenta porque pocos gobiernos están dispuesto a invertir las millonarias sumas de dinero que requieren estos proyectos.

Desde inicios del 2000, la NASA contemplaba permitir programas de cooperación público-privada, en los que la agencia espacial actuaría como una especie de contratista de las empresas privadas, las cuales asumen el reto de crear proyectos innovadores. Las ideas surgidas van desde cohetes reutilizables, cápsulas espaciales que actúan como trasbordadores, hasta el desarrollo comercial y de exploración del espacio, que incluye misiones de vuelos espaciales humanos más extensos.

El objetivo de la NASA para abrir un capítulo al sector privado fue motivado por la oportunidad de estimular la industria espacial comercial, de manera que la agencia alcance sus objetivos estratégicos de expandir las fronteras del conocimiento y las oportunidades en el espacio. En otras palabras, la NASA puede conseguir sus objetivos científicos, mientras que las compañías privadas amplían sus desarrollos comerciales. Elon Musk y Jeff Bezos son algunos de los empresarios que tienen planeado conquistar el espacio, con la mirada puesta en Marte entre sus planes.

Elon Musk es el fundador de SpaceX, compañía que tiene como objetivos la exploración espacial y la oportunidad de colonizar Marte en un futuro cercano. Ahora, con la participación de las empresas privadas, se proyecta la llegada al planeta rojo y otros desarrollos importantes en unos pocos años. Los modelos de su nave espacial “Red Dragon” son no tripulados, con la capacidad para aterrizar en cualquier lugar del sistema solar y se emplean actualmente para llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional.

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En esta carrera espacial también se encuentran “Blue Origin", empresa fundada por Jeff Bezos, que busca aportar a la exploración espacial moderna y la conquista comercial del espacio suborbital con el lanzamiento de turistas al espacio, así como Boeing, la empresa fabricante de aviones, que planea llevar humanos a Marte.

También se encuentran otras compañías y personajes que tienen como objetivo hacer minería espacial. De esta forma, los intereses en la conquista del espacio van desde explotar nuevos recursos, hasta oportunidades científicas y turísticas, lo que requiere de un amplio presupuesto que el sector privado puede proveer.

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Con el objetivo de buscar un blindaje jurídico para evitar que los alimentos de la canasta básica familiar puedan ser gravados con el Impuesto al Valor Agregado, se radicó en el congreso un proyecto de ley que pretende cerrar este camino ante una eventual reforma tributaria que se lleve a cabo en al país, pues se prevé que los efectos de la actual crisis hagan necesaria dicha reforma, y este tipo de medidas afectaría a los ciudadanos con menores ingresos, yendo en contra de la lucha contra la desnutrición y poniendo en riesgo el derecho al mínimo vital.

El proyecto, radicado por el partido liberal, busca una modificación al estatuto tributario que impida que este o cualquier otro gobierno considere esta alternativa dentro de una reforma tributaria, como ya sucedió en el año 2018, cuando la falta de apoyo de las bancadas derivó en la eliminación de este ítem. Según los ponentes del proyecto, con este se pretende mejorar los criterios de equidad y progresividad en el acceso a derechos fundamentales, que es uno de los pilares del Programa de Alimentación y Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (FAO), del que hace parte el país.

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Según el último informe de Colombia Risk Analysis y Monodual, que busca entender la forma cómo los eventos políticos importantes afectan directamente al sector financiero, desde el inicio de la crisis generada por el coronavirus este sector ha sido blanco de críticas y ha emergido como una especie de enemigo común, gracias al populismo económico que se ha dado en los últimos meses, lo que lo ubica en una posición vulnerable frente iniciativas que pretendan promover regulaciones nocivas.

En el país ya se han propuesto con éxito iniciativas como la ley “borrón y cuenta nueva”, y posiblemente, a medida que empeore la situación económica del país, surgirán nuevas iniciativas que vayan en contra de los intereses del sector, como una eventual reforma pensional, o la conformación de un banco estatal para desembolsar subsidios o ingresos solidarios. Esta situación que, según el informe se ha agravado por la incapacidad del sector para comunicar efectivamente su contribución al manejo de la crisis, podría derivar en riesgos regulatorios reales que terminen afectando la rentabilidad del sector.

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Con las medidas adoptadas en el país para contener la expansión del coronavirus, la industria nacional se ha visto afectada significativamente, y uno de los sectores que más ha sentido los efectos negativos de las restricciones a la movilidad ha sido el automotriz, que sufrió una parálisis casi total, alcanzando 217 vehículos matriculados en el mes de abril, aunque se ha iniciado un proceso de recuperación gradual, y en el mes de junio se matricularon cerca de 12.000 vehículos.

Dentro de las estrategias adoptadas por la industria está el fortalecimiento de los canales de venta digitales, que han cobrado relevancia dentro de la nueva dictamina de los consumidores, y han incentivado a la industria a recorrer rápidamente el camino de la digitalización. En conversación con Valora Analitik, Edge Egashira, presidente de Toyota Colombia destacó que la marca ha destinado grandes esfuerzos al desarrollo de su nueva plataforma de venta digital, y expresó que luego de ver una leve recuperación entre mayo y julio, se espera que el 2021 se confirme esta tendencia gradual pero sostenida, para alcanzar los niveles de ventas pre-covid en el 2022.