En lo corrido de 2020, el sector de la ganadería ha presentado un comportamiento positivo derivado del incremento de las exportaciones en un momento donde la tasa de cambio presentó tendencia alcista y de la recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa. Estos aspectos llevaron a que, comparado con otros sectores, en medio de la pandemia la ganadería muestre un desempeño destacable, aun cuando a nivel interno, el sacrificio, la venta y por ende el consumo muestre reducciones significativas.

Si bien se ha dado el buen desempeño en materia de comercio internacional, son varios y complejos los retos que le estiman en la ganadería colombiana: mantener el estatus de libre de aftosa; un Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, SIVC, homologable por los países compradores; un sistema confiable de trazabilidad en la cadena de valor y fortalecer el mejoramiento genético para incrementar producción de carne y leche.

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Después de abrirse espacio dentro del marco fiscal de mediano plazo, los proyectos 5G empiezan a cobrar más protagonismo dentro de la agenda política nacional, esta vez por cuenta del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) número 4000, que puntualmente para la ejecución de proyectos aeroportuarios, sugiere la promoción de alianzas público privadas, buscando optimizar y proteger los recursos públicos destinados a este tipo de obras, y reducir los riesgos asumidos por el Estado.

Dentro de los proyectos 5G, que costarían en total $43,8 billones, $4,57 billones serían destinados a infraestructura aeroportuaria, en el nuevo aeropuerto de Cartagena ($2,92 billones), aeropuertos del Suroccidente ($1,18 billones) y el mejoramiento del actual aeropuerto de Cartagena ($470.000 millones). Según el Conpes, “se requiere un balance adecuado entre riesgo y retorno para el inversionista, de tal forma que este tipo de proyectos sean fácilmente financiables, promuevan la competencia del sector privado, generen los incentivos adecuadamente, se ejecuten de manera efectiva y se cumplan los cronogramas”.

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El ministro de Salud y el presidente de la república confirmaron que después de sostener conversaciones con Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Janssen, se firmó un acuerdo de confidencialidad para acceder a la vacuna desarrollada por la multinacional, con el objetivo de probarla en voluntarios colombianos, como parte de la tercera fase de pruebas de la vacuna. La prueba se llevará a cabo con la aplicación de una sola dosis en 60.000 personas sanas a nivel global, con edades entre 18 y 60 años.

El presidente de la república destacó la importancia de que el país haga parte de los esquemas de pruebas de las vacunas experimentales, pues, en caso de que funcione, se tendría una población inmunizada. Adicionalmente, el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, resaltó que en el proceso para seleccionar los países que participaran en la prueba, se tuvieron en cuenta la prevalencia actual de la enfermedad, la demografía de la población y los requisitos de las autoridades reguladoras, y aclaró que el costo del estudio será asumido por Janssen en su totalidad.

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Con el objetivo de consolidar su posición como el mayor transportador de energía en Perú, y reivindicando la importancia que tiene este país dentro del plan estratégico de la compañía al 2030, ISA anunció la adquisición del 100% de las acciones de Orazul Energy Group, compañía de transporte de energía propietaria de Etenorte y Eteselva, las cuales operan seis líneas de transmisión con un total de 746 kilómetros de circuito, con concesiones a perpetuidad que representan ingresos anuales cercanos a los 13 millones de dólares.

Las compañías, que fueron adquiridas por 152 millones de dólares, no tienen deudas financieras, y cuentan con un saldo en caja de 6.5 millones de dólares, por lo que la transacción total se dio por 158.5 millones de dólares. Las líneas adquiridas representan el 2,4 % de los ingresos del mercado de transmisión de energía peruano, incrementando la participación de marcado del Grupo ISA hasta 73%, que se consolida como el mayor transportador de energía del país. La transacción se dio con la asesoría financiera de Scotiabank y legal del Estudio Echecopar, miembro de Baker & McKenzie International en Lima.

Con las medidas de confinamiento tomadas para evitar la propagación del coronavirus, muchas empresas se vieron obligadas a diseñar soluciones para continuar sus operaciones y asegurar el empleo de sus colaboradores. Una de estas soluciones fue adoptar el trabajo en casa o trabajo remoto. Esta “nueva normalidad”, como aseguran varios expertos, llegó para quedarse y esto ha hecho que gremios, empresas, centrales obreras y el mismo gobierno empiecen a preguntarse cómo se van a adaptar a esta modalidad, que se volvió parte de las nuevas dinámicas de las compañías. (El Fin de la Oficina como el Centro del Trabajo (Vídeo))

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El trabajo en casa es una disposición excepcional y temporal que se estableció en medio de la pandemia del coronavirus para mantener los puestos de trabajo. Según el ministro de trabajo, Angel Custodio Cabrera, “el desafío más grande que teníamos era poder mantener los puestos de empleo y por eso el Ministerio de Trabajo lideró y está liderando estos cambios. Ahora el reto es darle una regulación. A muchas empresas les gustó y están pensando en dejarla permanente, razón por la cual tenemos la tarea de hacer un marco que lo regule”. De esta forma, el trabajo remoto genera varios interrogantes referentes a la revolución tecnológica, la conectividad y la economía colaborativa, por lo cual se hace necesario darle un marco regulatorio.

Antes de la pandemia, en el país habían cerca de 122 mil teletrabajadores. Según datos de Fasecolda y las ARL, en la actualidad esta cifra ascendió a un rango entre 2 y 3 millones de personas. Adicionalmente, el teletrabajo empieza a tomar importancia cuando se miran los requisitos establecidos en la ley para implementarse, entre los cuales están: visita previa al lugar de trabajo, disponer de la guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo suministrada por la ARL, y realizar los trámites de afiliación y novedades adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cabe mencionar que estos requisitos no se tienen en cuenta en el trabajo en casa, ya que este, como lo dispuso el Ministerio del Trabajo, es una modalidad excepcional y temporal de trabajo.

En este contexto, el gobierno anunció que presentará un proyecto de ley con carácter prioritario con el objetivo de crear las normas necesarias para regular esta modalidad de trabajo en lo referente a: riesgos laborales, horarios, elementos de trabajo, relación laboral, el derecho a la desconexión, el derecho a la protección de datos, entre otros. Por su parte, los gremios y empresarios coinciden en que el centro de la iniciativa debe ser el bienestar de los empleados, reglas claras en términos de seguridad social, con una reglamentación moderna y ajustada a las necesidades de las compañías y las nuevas circunstancias del trabajo.

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En este orden de ideas, la regulación del teletrabajo no es nueva y se encuentra enmarcada en lo que se denominan nuevas tecnologías, en específico, en la cuarta revolución industrial, la cual modificará la forma en que viven, trabajan y se relacionan las personas. De hecho, la mayoría de las economías desarrolladas cuentan con normatividad concerniente al teletrabajo, en un ranking liderado por Holanda, seguido por Finlandia, naciones donde las empresas ofrecen a sus empleados la opción de jornadas flexibles, presupuesto para crear un ambiente cómodo en sus hogares y también el uso de oficinas compartidas (Coworking).

En América Latina, Argentina y Brasil marcan la línea en implementación de trabajo en casa, países que, desde 2003 han fortalecido y dado continuidad a estas políticas. Le sigue Chile, que fue uno de los pioneros en legislación del teletrabajo en la región, con un referente en la normatividad laboral del 2001. Perú y Uruguay continúan en esta lista: el primero ha establecido estatutos de última generación para el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo desde las casas, mientras que el segundo amplió el rango de conectividad y estableció el uso de las nuevas tecnologías como parte del teletrabajo y como una modalidad laboral generalizada para todos los sectores económicos.

En conclusión, la pandemia del coronavirus ha generado grandes cambios y uno de estos fue el teletrabajo como una de las formas de trabajo que flexibiliza los mercados y que impacta en la sostenibilidad del empleo en la economía, razón por la cual se hace necesario un marco legar que lo regule.

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Con el objetivo de promover la cooperación internacional y de conseguir precios más justos para los productores nacionales, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca incluir a Colombia en la Organización Internacional del Cacao (ICCO), beneficiando más de 52.000 familias cacaoteras del país, de las cuales el 95% son pequeños productores.

La producción de cacao ha registrado un incremento de 31% durante los últimos nueve años en el país, y un crecimiento de 296% en las exportaciones y, adicionalmente, entre enero y mayo de 2020, en medio de la crisis del coronavirus, ha logrado incrementar las exportaciones en un 14.2%. Según Minagricultura, el cacao es uno de los que más aporta a la sustitución de cultivos en el país, con cultivos ubicados en zonas como Tumaco, Arauca y Catatumbo, y la pertenencia a esta organización serviría para abrir nuevos mercados y fortalecer las economías cacaoteras nacionales.

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El pasado viernes el DANE dio a conocer los resultados del Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) en el país. Estas son sus principales conclusiones:

- El IPVN registró una variación de 1,35% en el segundo trimestre de 2020, en comparación con el primer trimestre.
- El precio por metro cuadrado presentó un incremento tanto en destino apartamentos (1,29%) como en destino casas (2,21%).
- Los mayores incrementos en el precio del metro cuadrado se prestaron en Cúcuta (7,34%), Cartagena (5,15%) y Popayán (3,97%), mientras que las áreas de Villavicencio (-10,36%) y Pasto (-3,57%) presentaron las principales variaciones negativas.
- En estrato bajo, los mayores incrementos se presentaron en Bogotá (11.52%) y Pereira (10.87%), y las mayores disminuciones en Medellín (-5.68%) y Armenia (-2.94%).
- En estrato medio, los mayores incrementos se presentaron en Armenia (19.74%) y Medellín (0.49%), y las mayores disminuciones en Pereira (-6.96%) y Bogotá (-1.33%).
- En estrato alto, los mayores incrementos se presentaron en Medellín (3.14%) y Armenia (1.79%), y las mayores disminuciones en Pereira (-7.23%), y Cali (-3.46%).
- En lo corrido del año, el IPVN presentó un incremento de 2.68%.
- Respecto al segundo trimestre de 2019, el IPVN registró un incremento de 4.96% puntos.
- Los precios de venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos de 4,84% y 6,86%, respectivamente.

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El pasado viernes, el DANE dio a conocer los resultados del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) con corte al mes de julio, el cual refleja la disminución de costos que han percibido los transportadores durante el periodo de aislamiento. Estas son sus principales conclusiones:

- En el mes de julio, el ICTC tuvo un incremento de 0,78%, respecto a junio de 2020.
- Los principales aportes positivos fueron peajes (10,02%), mano de obra conductor(es) y ayudante(s) (0,44%) y seguros (0,32%).
- Los principales aportes negativos fueron combustibles (-0,87%), costo del vehículo y su apalancamiento (-1,78%) y partes y piezas utilizadas en la suspensión (-0,11%).
- En lo corrido del año, el ICTC registró una variación de -1,64%; el único aporte negativo a la variación año corrido se presentó en combustibles (-8,12%); las principales contribuciones positivas se presentaron en peajes (5,83%), mano de obra conductor(es) y ayudante(s) (2,68%) y costo del vehículo y su apalancamiento (1,37%).
- Respecto al mes de julio de 2019, el ICTC presentó una variación de -0,66%; el grupo combustibles (-7,18%) presentó la menor variación, seguido por los grupos de partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,64%), insumos (3,85%) y costos fijos y peajes (4,22%).

Con 800 millones de usuarios activos en todo el mundo, TikTok se ha consolidado como la séptima plataforma social con mayor actividad. En la actualidad registra un acelerado crecimiento en descargas con una tasa del 68% en el primer trimestre de 2020 y con un promedio anual del 132%. Mientras esto sucede, EEUU ha anunciado el bloqueo de la red social de origen chino para antes del 15 de septiembre pues estaría siendo usada con fines de espionaje y por el riesgo que supone para la privacidad de las personas. Sin embargo, ¿las personas necesitan protección solo de TikTok o de todas las tecnológicas? A través del siguiente video presentamos la trayectoria de la plataforma, una nueva etapa de guerra tecnológica entre Estados Unidos y China y el posible escenario de venta de la plataforma a Microsoft.

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La pandemia generada por el coronavirus, con los impactos que esta ha tenido sobre la rutina de los consumidores, se ha convertido en un acelerador de la transformación digital de muchas compañías, que han encontrado en la virtualidad y las innovaciones tecnológicas herramientas importantes que ayudan a contrarrestar los efectos de la crisis; prueba de esto es el lanzamiento de los bots Tomi y Naty, desarrollados por Seguros Mundial, y que permitirán adquirir el SOAT a través de WhatsApp y Facebook, respectivamente.

Según Andrés Torres Fonseca, gerente de eCommerce de Seguros Mundial, con estas herramientas se amplían los canales de comunicación con los clientes y se mejora le experiencia del usuario, ya que están al alcance de la gran mayoría de la población y resultan de muy fácil acceso, lo que sumado a la facilidad del trámite, permite a la compañía proyectar un incremento en ventas de SOAT de 15% para este año. Esta innovación convierte a la compañía en la primera del país en habilitar la venta del seguro a través de WhatsApp.