Tener una tasa de intervención por parte del Banco de la República al 9,25 %, representa en la práctica que los bancos están prestando a las empresas entre un 18 % y 23 % anualmente.

Son pocos los proyectos empresariales que tienen tasas de retorno superiores a ese 18 % al 23 %, lo que está conllevando a que no se esté demandando crédito con fines productivos, implicando limitantes en crecimiento.

Adicional del costo alto en la financiación, resulta que las condiciones para acceder al crédito para empresas no se han flexibilizado. El 39 % de las entidades, considerando los riesgos, han incrementado las condiciones, exigiendo garantías avales, reales, fuentes de pago y covenants.

Acceder al crédito se puso costoso y difícil.

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Informes Sectoriales

Contrario a la preocupación inicial, la llegada de tiendas de descuento (hard-discount) a los municipios de tamaño intermedio en Colombia ha generado un impacto positivo en el empleo, después de la apertura de la primera tienda en estos lugares, la tasa de ocupación es aproximadamente 4 puntos porcentuales por encima en comparación con aquellos donde no operan estos formatos.

Según un informe del Banco de la República, el estudio no encontró efectos negativos claros sobre el empleo informal, donde se ubican principalmente los propietarios de las tiendas de barrio. Por el contrario, se observaron resultados positivos en los indicadores de empleo formal y en la recaudación de impuestos, lo que sugiere un impulso a la formalidad económica.

La investigación utilizó técnicas econométricas para comparar la evolución de variables económicas y de empleo en municipios con y sin presencia de estas tiendas, como D1 y Ara. Los resultados positivos y persistentes sugieren que las tiendas de descuento generan beneficios a través de encadenamientos con el aparato productivo local.

Estos encadenamientos se darían principalmente con los sectores agrícola y manufacturero, que crecen para satisfacer la nueva demanda de productos de marca propia que caracteriza a estos formatos.

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Los productores de papa en Colombia enfrentan una crisis de rentabilidad, con pérdidas que oscilan entre los $11 y $16 millones por hectárea. La situación se debe a una caída superior al 60,0 % en los precios pagados al productor durante el primer semestre del año, causada por un desbalance entre la oferta y la demanda.

Según un informe del portal AgroNegocios, que cita a Richard Sánchez Bernal, gerente general de Fedepapa, el exceso de oferta fue ocasionado por un aumento en las áreas sembradas, condiciones climáticas favorables que elevaron los rendimientos, el ingreso irregular de papa por la frontera sur y la competencia desleal de las importaciones.

Ante la crisis, Fedepapa ha propuesto al Ministerio de Agricultura un plan de acción que incluye el control al contrabando, una campaña nacional de consumo, la prolongación de medidas antidumping y alivios financieros para los productores. En respuesta, algunas gobernaciones ya han tomado medidas: Cundinamarca está realizando 50 Mercados Campesinos en Bogotá y sus municipios, mientras que Boyacá inició la compra de 73.000 libras semanales de papa para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Mientras gremios como Dignidad Agropecuaria esperan una pronta solución del Gobierno, Fedepapa ha reafirmado su compromiso con el diálogo y ha descartado su respaldo a bloqueos o vías de hecho. El gremio insiste en la necesidad de soluciones estructurales para garantizar la viabilidad económica de los productores y la continuidad del ciclo agrícola en el país.

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Las zonas portuarias de Colombia movilizaron un total de 180,5 millones de toneladas de carga durante 2024, lo que representó un crecimiento del 2,5 % en comparación con el año anterior. La región Caribe fue la de mayor movimiento, con 157,2 millones de toneladas, seguida por Pacífico, que manejó 20,6 millones de toneladas.

Según el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario de la Superintendencia de Transporte, citado por el diario El Nuevo Siglo, el principal tipo de carga movilizada fue el granel sólido, que incluye productos como el carbón. A este le siguieron la carga líquida, que cubre hidrocarburos, y la carga en contenedores, que mostró un dinamismo importante.

Del total de la carga movilizada, el 60,0 % correspondió a exportaciones, mientras que el 40,0 % restante se distribuyó entre importaciones, transbordo y cabotaje. Este comportamiento refleja la importancia de los puertos como nodos clave para el comercio exterior del país. El informe de la Supertransporte destaca que este crecimiento en el movimiento de carga es una señal positiva para la economía nacional. La eficiencia y la capacidad de las 58 zonas portuarias del país son fundamentales para mantener la competitividad de Colombia en los mercados internacionales.

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• Con el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), se presentan retos en materia energética y de infraestructura debido a los nuevos avances en materia de operabilidad y velocidad, mantener este crecimiento podría costar billones en inversión para el sector.
• Los retos, han llevado a comparar esta posible crisis, con la evidenciada entre 1997 – 2001, la burbuja “puntocom”, que debido a la masificación del internet y la cantidad de empresas que intentaron entrar en la llamada “nueva economía” quebraron.
• Centrales de riesgo han advertido de esta situación, además de señalar que el sector necesitaría generar 600 mil millones de dólares en ingresos anuales para sostener sus valoraciones, lo cual supone un nuevo reto
• El sector busca alternativas más sostenibles en el largo plazo con conceptos como “Green AI” que buscan optimizar tanto el entrenamiento como la ejecución de algoritmos más eficientes que consuman menos recursos computacionales y energéticos. 

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha desencadenado una demanda sin precedentes de infraestructura digital, generando una carrera por construir centros de datos a una escala y velocidad nunca vistas. Sin embargo, esta expansión acelerada presenta una tensión fundamental entre las proyecciones de crecimiento y las limitaciones físicas y económicas del sector, alimentando un debate sobre la posible formación de una burbuja especulativa.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico global de los centros de datos, IA y criptomonedas podría duplicarse para el año 2026, superando los 1.000 Teravatios-hora (TWh), una cifra comparable al consumo total de electricidad de Japón. Este crecimiento está impulsado mayoritariamente por las cargas de trabajo de IA, que exigen una infraestructura diferente a la de los centros de datos tradicionales. Las nuevas instalaciones deben soportar chips especializados como la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), redes de alta densidad y sistemas avanzados de refrigeración líquida para gestionar el calor. La densidad energética es tal que algunos proyectos ya se planifican con capacidades que superan en varios gigavatios, una demanda energética similar a la de pequeñas ciudades.

Sostener este crecimiento requiere una inversión de capital monumental. Estimaciones de la industria proyectan que se necesitarán billones de dólares en inversión global hacia 2030, destinados principalmente a la construcción y equipamiento de infraestructura para IA. Este torrente de capital ha impulsado el valor de mercado de empresas clave del sector, como Nvidia, a superar los 4 trillones de dólares.

Sin embargo, este notable ciclo de inversión ha generado un debate sobre su sostenibilidad, estableciendo similitudes con la burbuja “puntocom” de los años de 1997 y 2001, periodos en los cuales fueron marcados por la fundación (y en muchos casos quiebra) de un nuevo grupo de compañías basadas en Internet, designadas comúnmente como empresas puntocom. Al pasar el tiempo, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar.

Por otro lado, el principal indicador de riesgo es la significativa disparidad entre los niveles de inversión y la rentabilidad actual del sector. En 2023, la inversión de capital riesgo en startups de IA se aproximó a los 50 mil millones de dólares. A pesar de ello, las proyecciones de ingresos necesarios para la autosuficiencia son muy elevados. La firma de capital riesgo, Sequoia Capital, estima que se necesitaría generar 600 mil millones de dólares en ingresos anuales para sostener sus valoraciones, una cifra que contrasta con los 3,4 mil millones de dólares en ingresos anualizados reportados por OpenAI en junio de 2025. Esta brecha ha generado escepticismo institucional; Goldman Sachs, por ejemplo, publicó un informe cuestionando si el gasto en IA generativa se justifica por los beneficios obtenidos hasta ahora.

El núcleo de este desafío reside en los altos costos operativos. El desarrollo de Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) es un proceso con una alta intensidad de capital, dependiente de data centers que consumen grandes cantidades de energía. Los costos son dobles: el alto precio del hardware y el costo recurrente de la energía necesaria para su funcionamiento. Esta realidad no solo impacta la viabilidad financiera, sino que también ha impulsado la necesidad de prácticas más sostenibles, como la “IA Verde” (Green AI) que pone el foco en reducir el impacto ambiental de los modelos de inteligencia artificial desde su desarrollo

La presión por atraer inversión ha derivado en una saturación del mercado, se ha observado una tendencia en la que muchas empresas incorporan la IA en sus presentaciones a inversionistas, aunque esta no constituya el núcleo de su modelo de negocio. En muchos casos, las startups aplican funcionalidades de IA como una estrategia sobre un servicio tradicional, resultando en una proliferación de herramientas redundantes como chatbots o sistemas de preguntas y respuestas.

Ante este panorama, algunos análisis sugieren que el sector se enfrenta a rendimientos decrecientes, donde aumentar el tamaño de los modelos ya no produce los mismos avances exponenciales del pasado. Respecto al cronograma, las predicciones varían. Se espera que en un plazo de dos años aumente la presión de los inversionistas por obtener rentabilidad, lo que podría llevar a una corrección más amplia en un horizonte de cuatro a cinco años. Otros analistas predicen que la burbuja podría estallar en 2026, a medida que disminuya el entusiasmo inicial. El catalizador será previsiblemente la demanda de los inversores por modelos de negocio sostenibles que generen beneficios reales.

La sostenibilidad del actual ciclo de crecimiento de la IA está fundamentalmente ligada a la viabilidad económica y física de su infraestructura. La discrepancia entre los altos costos operativos de los data centers y la rentabilidad demostrada de las aplicaciones de IA constituye un riesgo sistémico. Para evitar el estallido de una burbuja, el sector deberá equilibrar velocidad con sostenibilidad: impulsar la eficiencia energética, adoptar energías renovables, innovar en refrigeración y mejorar la planificación con los reguladores.

El índice de precios de los aceites vegetales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró un aumento del 7,1 % en julio, alcanzando su nivel más alto en los últimos tres años. Este comportamiento, impulsado por el alza en las cotizaciones de los aceites de palma, soya y girasol, fue el principal factor que presionó el índice general de precios de los alimentos.

Según el informe de la FAO, el índice general de precios de los alimentos promedió 130,1 puntos en julio, un 1,6 % más que en junio, aunque todavía se encuentra un 18,8 % por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022. El alza en los precios de los aceites vegetales y de la carne (1,2%) contrarrestó las caídas registradas en los índices de los cereales (0,8%), los productos lácteos (0,1%) y el azúcar (0,2%). La caída en el precio de los cereales se debió a una menor cotización del trigo y el sorgo, que compensó el aumento del maíz y la cebada.

Por su parte, el índice de precios de la carne alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por el encarecimiento de la carne de bovino y ovino. En contraste, el índice de los productos lácteos registró su primera caída desde abril de 2024, debido a los menores precios de la mantequilla y la leche en polvo.

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El costo de los servicios en restaurantes y hoteles registró una variación anual del 7,6 % en julio de 2025. Lo anterior posicionó estos servicios como la división de gasto con la mayor inflación en Colombia. Dicho comportamiento fue uno de los principales impulsores del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice alcanzó una variación anual del 4,9%.

Según el boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación mensual del IPC en julio fue del 0,3%. Además, la acumulada en lo que va del año llegó al 4,0 %. En la medición anual, además de restaurantes y hoteles, otros rubros se ubicaron por encima del promedio nacional. Estos rubros fueron educación (7,6%), transporte (5,4%) y salud (5,4%).

El informe detalla que las subclases que más aportaron a la inflación anual fueron el arriendo imputado, con un alza del 5,6%. También las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, con un 7,8%. Les siguieron el arriendo efectivo (5,9%) y el transporte urbano (9,4%).

En conjunto, las divisiones de alojamiento y servicios públicos, alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles, y transporte; contribuyeron con 4,0 puntos porcentuales al acumulado anual de la inflación. Por contraste, el rubro de Información y comunicación registró una variación anual negativa de 1,1%. Lo anterior ayudó a moderar el índice general.

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La producción de hidrocarburos en Colombia completó seis meses a la baja, con una caída del 11,1 % en la producción de gas natural durante el primer semestre de 2025. La producción de petróleo también registró una contracción, aunque menor, en un escenario que enciende las alarmas sobre la seguridad energética del país.

Según un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), citado por el diario Portafolio, la producción de gas en junio fue de 1.278 millones de pies cúbicos por día (MPCD), un 10,4 % menos que en el mismo mes de 2024. Por su parte, la producción de crudo cayó un 4,7 % en junio, ubicándose en 744.239 barriles por día (bpd).

Un dato que agrava la situación es la caída en la producción comercializada de gas, que en junio se redujo un 18,5 %, alcanzando la cifra más baja en lo que va del año con 793 MPCD. Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, expresó su preocupación por esta “caída mucho más estrepitosa”, que ratifica la creciente necesidad de importaciones para cubrir la demanda interna.

El experto advirtió que el país está dependiendo de que se mantengan las lluvias para la generación hidroeléctrica, ya que de lo contrario podrían presentarse limitaciones de suministro de gas para el sector industrial y comercial. En cuanto al petróleo, Vera señaló que será difícil alcanzar la meta de 800.000 bpd y que un resultado adecuado sería mantenerse en un rango entre 740.000 y 750.000 bpd.

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La agroindustria de la caña en Colombia presenta un panorama de contrastes durante La agroindustria de la caña en Colombia presenta un panorama de contrastes durante el primer semestre de 2025. El sector demuestra una notable fortaleza en el frente externo, con un crecimiento de las exportaciones en valor (7,5%) y volumen (23,7%) y un desplome de las importaciones (-65,3%) en el primer cuatrimestre, lo que ha ampliado el superávit de la balanza comercial. Esta dinámica se ve favorecida por una tendencia a la baja en los precios al productor (-6,2% en mayo), que se ha trasladado al consumidor de azúcar con una caída de precios del 5,3%. Sin embargo, este desempeño positivo en el comercio exterior contrasta con una contracción del 7,4% en el PIB del sector durante el primer trimestre del año, lo que enciende alertas sobre la actividad económica interna.

Adicionalmente, el sector enfrenta desafíos estructurales: una crisis de mano de obra que amenaza la producción panelera y una marcada inflación en el precio de la panela (28,2% en mayo) que presiona a los consumidores. En este contexto, la apuesta por la diversificación hacia la bioenergía y la adopción de tecnología para mitigar riesgos de seguridad y climáticos se consolidan como las perspectivas estratégicas para garantizar la sostenibilidad futura del sector.

El Congreso de la República aprobó la Ley 2501 de 2025. Esta norma implementa y regula la pesca como una actividad turística sostenible en las regiones del país. El lineamiento busca diversificar el sector pesquero y promover el desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de esta actividad.

Según un informe del portal Cambio Colombia, la ley fue impulsada como un mecanismo para fomentar el turismo en las zonas costeras y ribereñas. La nueva ley surge en parte como respuesta a la prohibición de la pesca deportiva por parte de la Corte Constitucional en 2022. Esta prohibición, según expertos, generó un vacío legal. La norma establece que los peces capturados podrán ser devueltos a su hábitat o destinados al consumo personal. Sin embargo, en ningún caso podrán ser comercializados.

Además, la ley prohíbe la pesca de especies exóticas o en peligro de extinción. También fomenta la creación de un mapa interactivo para identificar zonas autorizadas para su práctica. El Gobierno Nacional tendrá un plazo máximo de un año para sancionar y reglamentar la norma. Esto deberá hacerse teniendo en cuenta principios de sostenibilidad ambiental e inclusión social.

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