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Gran Colombia Gold informó sobre sus resultados de producción.

El director ejecutivo de la compañía, Lombardo Paredes, afirmó que la producción total de los 12 meses anteriores a septiembre de 2021, fue de 201.187 onzas de oro, que muestra un aumento de 2% en la producción, comparado con el año anterior. Un avance que incluyó el cierre planeado de 4 días de la planta María Dama en el mes de julio.

Así mismo, Gran Colombia Gold planea llegar al final del 2021 con producciones cercanas a 220.000 onzas de oro y planea expandir la planta María Dama a 2.000 toneladas diarias, también poner en marcha la nueva planta en polimetálica en Segovia y explorar otras minas y áreas maduras.

En cuanto a producción, las operaciones en Segovia para el tercer trimestre de 2021, llegó a 1.487 tpd, comparado con 1.283 tpd en el mismo periodo de 2020 y en el acumulado a septiembre de 2021, las operaciones llegaron a un promedio de 1.513 tpd, comparado con 1.259 tpd en los primeros nueves meses de 2020.

 El crecimiento económico de China ha mostrado una tasa promedio anual en los últimos diez años del 7,8%, siendo la nación de mejor desempeño en esta variable alrededor del mundo.
 En la historia reciente, en gran parte este crecimiento, se debe a un modelo económico basado en “construir, construir, construir”, la capacidad de ahorro de su población, el impulso crediticio y el interés por invertir en inmuebles (¿En qué Consiste la Iniciativa de la Franja y la Ruta?, la Nueva Ruta de la Seda Liderada por China).
 La caída de Evergrande está poniendo en duda el modelo de crecimiento económico de China. En 2020 el valor de mercado de la compañía era de 41 billones de dólares, en la actualidad es inferior a los 5 billones, poniendo en riesgo alrededor de 80.000 personas que tienen alguno de sus productos inmobiliarios.
 En 2017, Xi Jinping, presidente de China, acuñó una frase sobre el sector que decía que las casas son para vivir no para especular, y de esta forma introdujo tres líneas rojas buscando controlar el sector inmobiliario.
 Y es que en 2008 las personas que invertían en propiedad raíz en el país, solamente el 25% destinaba recursos para una segunda casa, para el 2018 el 25% ya invertía hasta una tercera casa y el 50% una segunda propiedad (La Amenaza Real del Comercio Mundial es China).
 La política “construir, construir, construir” de China ha dejado suficientes casas desocupadas como para darle vivienda a toda la población de Colombia.
 La población de China está creciendo con muchas dificultades, en 2020 apenas nacieron 12 millones de bebés, cifra menor a los 14,65 millones de 2019, en un país habitado por 1,4 billones de personas. Se estima que la tasa de nacimientos rápidamente estará por debajo de los 10 millones, lo que generará afectación en la demanda por la propiedad (Mapeo General de las Plataformas Inmobiliarias en Colombia (Infografía)).
 Por ahora Evergrande está sobreviviendo con la ayuda del gobierno, mientras el país se está quedando sin energía. Estos elementos podrían implicar un cambio en el modelo de crecimiento del país y ver ajustadas sus tasas de expansión al 4% en los próximos años.

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La compañía de servicios de salud tiene previsto el desarrollo de 7 nuevos Centros Médicos para el 2022 y espera construir 15 Centros Especializados en 2023. Para lo cual, se cuenta con el primer centro terminado en Cartagena, obras iniciadas en Bogotá y Medellín y se planea continuar en Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mediante inversiones que oscilan entre $22.000 millones y $25.000 millones.

Marco Aurelio Montes Martínez, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada, afirmó que la entidad cuenta con ingresos aproximados de $1 billón anual, así como el creciente interés en inversiones de los accionistas, lo que favorece una solvencia económica necesaria para lograr una expansión en el mercado del 25%, dado que actualmente cuenta con 22% de participación en el mercado nacional.

Con estas inversiones, Montes expresó el interés de la compañía por aportar a la reactivación económica del país y al mejoramiento en el servicio a los clientes. Ya que dicha reactivación, favorece las posibilidades de acceso de la población a los servicios de salud, y el mejoramiento en los servicios se da por una buena infraestructura y acceso a especialistas, que permitan llegar en 5 años al 100% de satisfacción en el 50% de la población.

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La Federación Nacional de Molineros (Fedemol) alertó a través de la ANDI sobre el impacto que está teniendo el alza de los insumos en la producción nacional de productos panificados, afirma que la cadena global de suministro de trigo y sus derivados ha tenido dificultades desde el inicio de la pandemia, que se han hecho más críticas en los últimos meses generando la escasez del cereal y elevando su costo, algo que está empezando a impactar el precio de los productos de molinería y panadería que se elaboran en Colombia.

La industria panificadora del país depende del mercado internacional para abastecerse de algunos insumos por lo que también se está viendo afectada por la devaluación del peso, cerca del 99,7% del trigo que se utiliza para la producción de harina en Colombia se importa desde Canadá y EE.UU., asimismo, se han registrado alzas en los precios de otros cereales y materias primas como el aceite vegetal, los lácteos y el azúcar.

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BID Invest, miembro del Grupo BID, firmó la financiación por US$200 millones para el proyecto portuario de Puerto Antioquia, el cual tiene un costo total de US$672 millones. El paquete financiero está conformado por un préstamo de US$150 millones de fondos propios y US$50 millones de fondos del BID Invest, con un plazo a 17 años.

Adicionalmente, la operación contará con un financiamiento mezzanine de Global Infrastructure Partners y con préstamos de US$193 millones por parte de la banca local colombiana y patrocinadores como la naviera internacional CMA CGM, la empresa desarrolladora de puertos colombiana Puertos, Inversiones y Obras PIO SAS, la constructora europea Eiffage y las empresas bananeras Agrícola Santamaría, Banafrut, C.I. Unibán y C.I. Tropical.

El préstamo por US$200 millones será utilizado para la construcción, operación y mantenimiento de Puerto Antioquia, una nueva instalación portuaria multipropósito que estará ubicada en el Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia y que se espera esté construido y entre en operación en el segundo semestre de 2024. El puerto contará con una capacidad para movilizar un volumen estimado de 7 millones de toneladas de carga al año y reducirá en más de 350 kilómetros la distancia entre el puerto y los principales centros de producción y consumo del país, lo que permitirá el fortalecimiento del comercio exterior.

Como resultado del fuerte impacto de la pandemia y de las restricciones, en 2020 PIB del sector presentó una desaceleración al igual que el Indicador de Producción en Obras Civiles. El índice de costos de la construcción se mantuvo con tendencia al alza respondiendo especialmente al incremento en los materiales y la mano de obra, cuyos egresos se vieron acentuados por la protesta social. Sin embargo, a la fecha se han firmado 780 contratos para vías 3G, se ha avanzado en la ejecución del 56.36% de vías 4G y se ha adjudicado la primera vía 5G. Además de que han incrementado los oferentes para obras de infraestructura con pliegos tipo, las vías para la legalidad y el plan maestro ferroviario generan expectativas de crecimiento para el sector.

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Coninsa Ramón H., que es miembro del consorcio CCC Ituango, junto con Conconcreto y la brasileña Camargo Correa, fue admitida por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR), previsto en el Decreto Ley 560 de 2020. Recientemente la compañía y las otras firmas fueron sancionadas en primera estancia por la Contraloría, ente que identificó responsables fiscales por lo ocurrido en Hidroituango.

De acuerdo con Supersociedades,“en el marco del trámite, la compañía deberá fijar un aviso sobre el término de duración de la negociación, comunicar a los acreedores el inicio de la negociación de emergencia y a todos los jueces y entidades que adelanten procesos ejecutivos, de restitución, de ejecución de garantías o de cobro coactivo, con el fin de que se suspendan durante el trámite y, deberá iniciar la negociación con sus acreedores y celebrar el acuerdo de reorganización en un término no mayor a tres meses para la confirmación por parte del juez del concurso”.

El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) fue creado en 2007 con el objetivo de disminuir la volatilidad de los precios internos de los combustibles al consumidor final, sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por Corficolombiana, el alza en los precios internacionales del petróleo y el aumento global en el costo de los combustibles generarían un déficit de $8,6 billones para 2021.

Por tanto, con una cotización por barril superior a los US$80, el costo de los combustibles líquidos que se comercializan en el país podría tener un aumento en las próximas semanas, obligando al Fepc a pagar un excedente mayor en el mercado interno. Además, el déficit estimado por Corficolombiana sería $2,9 billones más de lo previsto por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que prevé un déficit de $5,7 billones.

El director de la entidad de investigaciones económicas de la entidad, José Ignacio López, mencionó que un factor que podría compensar en cierta medida la valoración de los precios del crudo y de los combustibles es la apreciación del tipo de cambio, “ya se dio un primer ajuste de los precios en este semestre. Estamos calculando que, frente a presiones adicionales, se produciría un déficit importante no solo para 2021, sino para 2022”.

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Según la Encuesta de Opinión de Andemos, para septiembre de 2021 el 73% de los empresarios tienen una percepción positiva sobre la situación actual del sector automotriz, 98% piensa que en los próximos 6 meses la tendencia de crecimiento será mejor o igual y se calcula entre los encuestados un crecimiento promedio en el mercado de autos de 26,5%, con expectativas de crecimiento.

Los resultados arrojados en el estudio de Andemos, muestran un aumento en la confianza empresarial de 25 puntos porcentuales; comparando septiembre de 2021 frente a junio del mismo año. Incluso, se calculan ventas promedio de 238.900 unidades para 2021 y de 260.200 unidades para 2022.

Sin embargo, los empresarios muestran preocupación por la escasez de semiconductores, que han llevado a tener una industria con bajos niveles de inventarios; así como por el aumento en las expectativas de los precios, tanto de vehículos nuevos como usados, debido a los aumentos que se han presentado en la tasa de cambio. Por el contrario, los empresarios no muestran preocupación sobre posibles cierres o paros.

 La inteligencia artificial (IA) se define como la capacidad de crear máquinas inteligentes que mediante una serie de datos puedan relacionar la información y actuar de manera similar a una persona humana.
 El uso de tecnología ha permitido el desarrollo económico, cultural, educativo y social, mediante la interconexión y el manejo de información, que ha llevado a un aumento acelerado en su uso.
 La ONU ha advertido sobre los riesgos que puede tener el uso no regulado de la IA frente a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de circulación y la intimidad.
 La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha propuesto a los Estados y a las empresas tomar medidas para garantizar los derechos fundamentales, en el uso de la inteligencia artificial y la penalización o prohibición en el caso contrario.

Según la Comisión Europea, la Inteligencia Artificial (IA) es aplicada a sistemas que tienen la capacidad de analizar un entorno y actuar de acuerdo con él. El término de inteligencia proviene del latín “inteligere”, que hace referencia a la capacidad de comprender la relación entre los hechos y las cosas, por lo que la IA inicialmente estaba enfocada en que una máquina pudiera simular la inteligencia humana.

Si bien la era digital ha traído beneficios para el desarrollo económico, social y cultural, como en el caso del sector textil; el aumento acelerado en el uso de tecnologías y medios de inteligencia artificial, en un contexto de no regulación, llega a poner en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Así lo ha advertido la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en un informe de septiembre del 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”, ha advertido sobre la vulneración a derechos como la libertad de pensamiento y opinión, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la libertad de reunión y socialización, la libertad de culto religioso, entre otros, que se han visto afectados por injerencias arbitrarias que facilita el uso masivo de datos.

Uno de los casos se presenta con las tecnologías de reconocimiento biométrico, las cuales permiten la identificación de las personas en tiempo real y a distancia, mediante la representación digital del rostro, el iris, la voz, la forma de caminar, la huella dactilar, entre otro tipo de información única que hace parte de la intimidad de la persona. Dicho reconocimiento hace posible el conocimiento de todos los desplazamientos del individuo, así como el control en el acceso a servicios de salud, educación, entretenimiento, cultura, religión y publicación de contenidos.

Elon Musk, fundador de Tesla, y otros expertos, en 2017 pidieron a la ONU la prohibición de robots de guerra y el uso de máquinas autónomas de conflicto bélico, que podrían ser fácilmente dirigidas y difícilmente asociadas a un propietario o creador. (Panorama de la Población de Robots en el Mundo).

Además, en materia económica, la ONU alertó en 2019 sobre la concentración de la riqueza digital en manos de pocas plataformas, radicadas en EE. UU. y China, que representan más del 75% del mercado de la computación y al menos el 90% en la capitalización del mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, las cuales, al momento presente, no se encuentran cobijadas por un sistema de regulación, como el caso de las criptomonedas, los NFT y el metaverso.

Frente a lo anterior, Bachelet propone a los estados tomar medidas para garantizar que el uso de la inteligencia artificial cumpla con todos los derechos humanos y prohibir cualquier tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que viole el derecho internacional de los derechos humanos.

En palabras de la comisionada: “La inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero (…) también puede tener efectos nocivos e incluso catastróficos, cuando se emplea sin prestar la debida atención a su capacidad de vulnerar los derechos humanos”.