La revolución de la inteligencia artificial (IA) está impulsando una ola de inversión sin precedentes en la construcción de centros de datos a “hiperescala”, infraestructuras clave para soportar las enormes demandas de procesamiento de esta tecnología. Estas nuevas infraestructuras se diferencian de los tradicionales por su alta densidad y su consumo intensivo de energía.

Según una estimación del banco de inversión, Morgan Stanley, citada en un reportaje de la BBC, a nivel mundial se invertirán alrededor de US$ 3 billones en centros de datos para IA de aquí al 2029. Para poner la cifra en perspectiva, este monto equivale aproximadamente al valor de toda la economía francesa en 2024. Aproximadamente la mitad de esta suma se destinará a la construcción y la otra mitad al hardware especializado, como los chips de Nvidia, que son esenciales para el entrenamiento de los modelos de IA.

Estos centros de datos de IA se caracterizan por una alta densidad de servidores, necesarios para minimizar la latencia (el tiempo de procesamiento) entre los chips. Sin embargo, esta configuración genera un consumo de energía masivo y volátil, con picos que equivalen a miles de hogares encendiendo y apagando electrodomésticos al unísono cada pocos segundos. Para hacer frente a este desafío, gigantes tecnológicos como Microsoft y Google están invirtiendo en energía nuclear, mientras que Amazon Web Services (AWS) se ha convertido en el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo.

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El Gobierno Nacional se alista para radicar en el Congreso de la República una nueva Ley Minera, resultado de un proceso de participación ciudadana que involucró a más de 20.000 personas en diversas regiones del país. La iniciativa busca transformar el modelo minero actual, recuperando la soberanía sobre los minerales y organizando la actividad desde una perspectiva territorial.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el proceso de construcción de la ley incluyó foros, mesas técnicas y audiencias públicas, en las que se recibieron 266 comentarios de diferentes sectores económicos, sociales y ambientales. El nuevo marco normativo tiene como objetivos principales garantizar la participación de las comunidades, organizar la minería con un enfoque territorial y avanzar más allá de un modelo extractivista, en línea con las metas de la transición energética. Con esta ley, el Gobierno busca establecer un nuevo pacto social que equilibre el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos de las comunidades en los territorios mineros.

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La reciente Resolución 1789 de 2025, que reorganiza el sistema de salud en 10 regiones y 119 subregiones funcionales, obligará a que al menos 2,3 millones de colombianos sean trasladados de EPS en los próximos seis meses. Esta medida, que busca implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, ha generado alertas sobre el impacto que tendrá en los usuarios y la operación de las aseguradoras.

Según un análisis del observatorio “Así Vamos en Salud”, el traslado masivo de usuarios obedece a que varias EPS perderán su habilitación para operar en ciertas zonas del país bajo la nueva estructura territorial. Como resultado, la pérdida de habilitación de varias EPS obligará a trasladar millones de afiliados a otras entidades, lo que limita su derecho a la libre elección garantizado por la Ley Estatutaria y la Corte Constitucional. Los afiliados en dichos territorios deberán ser reasignados a otras EPS que sí cuenten con la autorización para operar en la nueva subregión. Se estima que este cambio afectará al 4,4 % de la población afiliada.

La resolución del Ministerio de Salud establece que las EPS y demás actores del sistema contarán con un periodo de seis meses para adecuarse a la nueva organización. Las entidades más afectadas por la reorganización serían Cajacopi, que deberá ceder al 30,5 % de su población, seguida de Coosalud (17,8 %) y Asmet Salud (17,1 %). Si bien, el objetivo de la norma es crear una estructura funcional que no modifica la división político-administrativa del país, expertos advierten riesgos inmediatos en la continuidad de tratamientos, la fragmentación de la atención y la pérdida del derecho a libre elección de los usuarios. También se señalan que la implementación podría superar el periodo de transición previsto, generando tensiones operativas y financieras.

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El sector farmacéutico colombiano atraviesa una coyuntura. A pesar de que las ventas nominales mostraron un crecimiento significativo del 16,7% en 2024, alcanzando los $29,6 billones, los indicadores de producción y ventas reales reflejan una contracción. El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector cayó un 7,4% en el primer semestre de 2025, mientras que las ventas reales mantienen una tendencia negativa desde 2023, con una caída del 1,6% en el mismo periodo. Esta contracción se explica en gran medida por la crisis financiera del sistema de salud, que ha limitado el crecimiento de la industria local.

A la situación se suman ineficiencias regulatorias, como las demoras del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que obstaculizan la inversión y la innovación, llevando al país a una posición desfavorable en competitividad biofarmacéutica regional. El comercio exterior muestra un comportamiento mixto: mientras las exportaciones crecieron un 10,1 % en el primer semestre de 2025, las importaciones tuvieron una leve caída del 0,6 % en los primeros cinco meses del año. En respuesta a la presión sobre los costos, se observan tendencias hacia un mayor control y centralización en las negociaciones, como el Acuerdo Marco de Precios del Gobierno y la negociación en bloque de las EPS, que reconfigurarán la dinámica comercial del sector.

El sistema de financiamiento para la educación superior en Colombia, liderado por el Icetex, atraviesa una coyuntura crítica que ha puesto en riesgo su capacidad para responder a la demanda de los estudiantes. La suspensión de los subsidios a las tasas de interés y un deterioro en su capacidad operativa han llevado a una contracción significativa en la oferta de nuevos créditos, mientras avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca una reforma estructural de la entidad.

Según un análisis del diario Portafolio, la situación actual del Icetex es desafiante. Durante 2025, la oferta de nuevos créditos se redujo a solo 10.000, una cifra muy inferior al promedio histórico de 25.000, lo que implica una contracción cercana al 60,0 % en la cobertura potencial. Para Omar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía para la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, este hecho revela que la entidad no está en capacidad de responder a la demanda y que su rol como política pública de acceso a la educación está en riesgo.

En respuesta a esta crisis, la representante Catherine Juvinao radicó un proyecto de ley, listo para segundo debate, que propone, entre otras cosas, un tope a las tasas de interés de IPC + 2 puntos y prohíbe la capitalización de intereses. Sin embargo, expertos como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y el investigador del LEE coinciden en que el debate no debe centrarse en una transformación estructural, sino en garantizar un modelo de financiamiento estable y predecible para la entidad, financiado con cargo al Presupuesto General de la Nación.

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El sector energético de Colombia enfrenta desafíos significativos de cara a 2026, en un escenario marcado por la incertidumbre regulatoria y la necesidad de inversiones sostenidas para asegurar la confiabilidad del sistema. Aunque se han logrado avances en la diversificación de la matriz, persisten tensiones que podrían comprometer la estabilidad de los precios y la confianza de los inversionistas.

De acuerdo con un informe de proyecciones de Bancolombia, citado por el portal Valora Analitik, uno de los principales focos de preocupación es la capacidad de generación. La dependencia de la hidroelectricidad sigue siendo un factor determinante, y fenómenos como El Niño amenazan con impactar el suministro y presionar las tarifas al alza. En este contexto, el gas natural se mantiene como un pilar para la confiabilidad del sistema, pero enfrenta limitaciones por la disminución de la oferta local y la necesidad de mayores importaciones a precios más altos.

El informe advierte que la regulación juega un papel central en el desempeño del sector. Cambios en las metodologías tarifarias o en la asignación de cargos por confiabilidad generan una incertidumbre que desincentiva la inversión. Las inversiones necesarias en infraestructura de transmisión superarían los varios miles de millones de dólares en los próximos años, pero su ejecución dependerá de la confianza que ofrezca el marco normativo.

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El sector palmicultor colombiano se posiciona como un actor estratégico en el mercado global, en un momento en que los principales productores mundiales, Indonesia y Malasia, han reducido su producción. Esta coyuntura abre nuevas oportunidades comerciales para Colombia en mercados clave como Estados Unidos, Europa, Brasil y México.

De acuerdo con un análisis del portal Agronegocios, expertos internacionales señalan que los precios del aceite de palma se mantendrán en niveles altos durante el resto de 2025 y 2026, debido a las limitaciones en la oferta global. En este contexto, Colombia planea aumentar su capacidad productiva de manera sostenible. El país cerró 2024 con 610.000 hectáreas sembradas de palma y para este año se proyecta la siembra de al menos 10.000 hectáreas adicionales. Desde la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) se ha enfatizado que esta expansión se realizará dentro de la frontera agrícola ya establecida, sin incurrir en deforestación.

La innovación tecnológica es otro de los pilares para el crecimiento del sector. Durante la 21ª Conferencia Internacional de Palma de Aceite, se destacó el uso de inteligencia artificial y visión satelital para el monitoreo de cultivos y la detección temprana de enfermedades. Adicionalmente, se está evaluando el potencial del aceite de palma como insumo en la alimentación para los sectores avícola y porcícola, así como para la creciente demanda de combustibles de segunda generación, especialmente para la aviación y el transporte marítimo.

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• Análisis revela que 39% de entidades financieras han endurecido condiciones crediticias mientras las tasas efectivas alcanzan el 23%.

Un nuevo análisis de Sectorial evidencia una preocupante tendencia en el sistema financiero colombiano. Esto está limitando significativamente el acceso al crédito para las empresas del país.

El análisis, basado en el informe del equipo de estabilidad financiera del Banco de la República, revela que aproximadamente el 39% de las entidades financieras encuestadas han endurecido sus condiciones crediticias. Esta encuesta incluye 18 bancos, cinco cooperativas financieras y cinco compañías de financiamiento.

“Lo que estamos viendo es que, si antes no exigían una garantía real, ya la están poniendo. Ahora exigen una hipoteca, un avalista, una fuente de pago, un covenant”, explicó Alejandro Escobar Correa, gerente de Sectorial.co. En contraste, solo el 9% de las entidades ha flexibilizado sus condiciones, mientras que el resto las ha mantenido iguales.

De otra parte, con la tasa de referencia del Banco de la República manteniéndose en 9,25%, las tasas efectivas anuales para empresas han alcanzado rangos entre 18% y 23%. Esta situación contrasta dramáticamente con los países de la OCDE, donde las tasas promedio de financiación para pymes y emprendedores oscilan entre 7% y 8%.

“Si tú y yo tenemos un proyecto productivo que necesita financiación, vamos a necesitar que ese proyecto tenga un retorno anual superior al 18 o 23%. Y eso es bastante escaso”, advirtió el experto de Sectorial.

IMPACTO SECTORIAL

Los efectos de esta restricción crediticia ya se reflejan en los desembolsos por sectores:

• Construcción: Caída del 48%
• Minería y petróleo: Disminución de doble dígito
• Sector agropecuario: Reducción de doble dígito
• Importadores: Descenso del 17%

Desde la óptica de las empresas solicitantes, el panorama es igualmente desalentador. Las principales quejas identificadas incluyen:

• Tasas de interés excesivamente altas
• Procesos crediticios lentos y burocráticos
• Exigencia de garantías superiores a las que pueden otorgar
• Montos aprobados insuficientes para cubrir necesidades reales de recursos

“Al final, lo que estamos encontrando es que tenemos un crédito que es costoso y difícil de acceder. Y eso se traduce en limitantes para la productividad y el crecimiento”, concluyó Escobar.

Esta situación representa un reto enorme para la economía colombiana. Sin acceso adecuado al crédito, las posibilidades de crecimiento y desarrollo empresarial se ven severamente limitadas, afectando el potencial económico del país.

SOBRE SECTORIAL

Sectorial es una plataforma especializada en análisis de información del entorno económico. Ayuda a las empresas a identificar oportunidades comerciales y a los equipos de riesgo y financiero a detectar amenazas sectoriales.

La Superintendencia Nacional de Salud ha calificado la deuda con los prestadores de servicios como una debilidad sistémica del actual modelo de aseguramiento, evidenciando una crisis de flujo de recursos que afecta directamente a hospitales y clínicas. Las cifras revelan una concentración de la deuda en un grupo de EPS que aglutina a la mayoría de los afiliados del país.

Según el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, la deuda reportada por 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) a la Supersalud, con corte a junio, se estima en alrededor de $12,8 billones. Esta cifra corresponde únicamente a las obligaciones ya facturadas y reconocidas por las EPS, y no incluye los datos de la Nueva EPS, que es señalada como el principal deudor y pagador del sistema. El superintendente destacó que existe una diferencia histórica entre las deudas que reportan las EPS y las cuentas por cobrar que registran las IPS.

Por su parte, el informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) señala que las deudas se concentran en once EPS que están bajo alguna medida de la Superintendencia. Estas entidades agrupan al 60% de la población afiliada al sistema de salud y presentan incumplimientos en indicadores financieros clave, como el respaldo de las reservas técnicas. En el caso particular de la Nueva EPS, la Supersalud ha insistido en la necesidad de avanzar en la revisión de más de $11 billones en anticipos que corresponden a servicios ya prestados y pagados, pero que están pendientes por aplicar contablemente.

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La industria aseguradora en Colombia ha demostrado un sólido desempeño durante los primeros siete meses de 2025, consolidándose como uno de los principales dinamizadores del sistema financiero. El sector no solo registró un crecimiento en la emisión de primas, sino que también superó la dinámica del PIB nacional y el del sector financiero en su conjunto.

De acuerdo con cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), citadas por el diario Portafolio, a julio de 2025, la industria aseguradora recaudó $33,9 billones en primas, lo que representó un crecimiento anual del 8,2 %. Durante este período, el sector respondió a sus asegurados con pagos por $15,3 billones, un aumento anual del 5,7% con respecto al mismo mes de 2024. Las utilidades del sector alcanzaron los $2,96 billones. El buen momento de la industria se refleja en el crecimiento de su PIB, que en el primer semestre alcanzó un 5,3%, un ritmo superior al de las actividades financieras y de seguros en general (2,8%) y al del PIB nacional (2,1%).

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, afirmó que el deber de la industria es mantener la confianza de los colombianos, honrando cada compromiso asumido en las pólizas. Esta solidez se respalda con unas reservas técnicas que a julio de 2025 ascendían a $128,3 billones, una garantía para responder oportunamente a los asegurados. A pesar de la buena tendencia, se advierte que los rendimientos financieros podrían enfrentar incertidumbre debido a los vaivenes de la economía y la proximidad de las elecciones de 2026.

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