El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) estableció una alianza estratégica con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) en el marco del Proyecto ALER4TA, que tiene como objetivo la protección de los cultivos de banano y plátano en Colombia, para prevenir la Marchitez por Fusarium, una enfermedad que representa una amenaza significativa para la industria bananera del país.

La GIZ ha realizado una donación al ICA, que incluye equipos de última tecnología para fortalecer el sistema de vigilancia fitosanitaria. Entre estos equipos se encuentran dos drones multiespectrales, una estación de trabajo especializada para el análisis de datos y el software necesario para el procesamiento fotogramétrico.

Ralf Buss, responsable de la implementación del Proyecto ALER4TA de la GIZ, resalta la importancia de esta colaboración para mejorar la capacidad de respuesta de Colombia ante la Marchitez por Fusarium. Este proyecto no solo beneficia a Colombia, sino que también comparte conocimientos y experiencias con otros países de la región.

Juan Fernando Roa, gerente general del ICA, destaca el valor de la tecnología en la prevención y control de plagas. Los equipos donados permitirán ampliar la cobertura de vigilancia y obtener datos sobre la salud fitosanitaria de los cultivos de manera eficiente y continua. El proyecto también busca promover la cooperación regional y desarrollar estrategias para combatir la Marchitez por Fusarium. La teledetección, mediante el uso de drones, ofrece grandes posibilidades para obtener datos precisos y eficientes sobre la condición de los cultivos.

El ICA, como la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Colombia, prioriza el fortalecimiento del equipo técnico y la validación de herramientas para el monitoreo de plagas, especialmente el Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical (Foc R4T), una plaga reglamentada en el país. En el año 2023, el ICA llevó a cabo inspecciones en zonas de cultivo de banano y plátano ubicadas en 32 departamentos de Colombia, cubriendo una extensión de más de 66.000 hectáreas con el fin de asegurar la salud fitosanitaria de dichos cultivos.

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• El envejecimiento demográfico, la expansión de la cobertura sanitaria universal y la rápida adopción de nuevas tecnologías médicas contribuyen al aumento de la demanda de servicios de salud.
• Ante la insuficiencia de recursos, es crucial para los países enfocar sus esfuerzos en optimizar el uso de los flujos existentes.
• Si bien el modelo de pagador único, como el del NHS del Reino Unido, ofrece ventajas en términos de simplificación administrativa, enfrenta serios desafíos

El gasto en salud enfrenta constantes desafíos que hacen que los recursos disponibles sean insuficientes para satisfacer plenamente las necesidades de la población. Factores como el envejecimiento demográfico, el cambio en el perfil epidemiológico hacia enfermedades no transmisibles, la expansión de la cobertura sanitaria universal y la rápida adopción de nuevas tecnologías médicas contribuyen al aumento de la demanda de servicios de salud. Sin embargo, estas tendencias se ven contrarrestadas por el deterioro de los equilibrios fiscales y las perspectivas de crecimiento económico inciertas, lo que anticipa restricciones presupuestarias en el futuro.

Ante esta realidad, es imperativo que los países enfoquen sus esfuerzos en optimizar el uso de los recursos existentes en lugar de realizar recortes indiscriminados que comprometan la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. En este sentido, mejorar la eficiencia del gasto en salud se convierte en una prioridad ineludible, buscando obtener los máximos beneficios con los recursos disponibles. Si bien no existe una solución única para medir la eficiencia a nivel hospitalario, herramientas como el análisis comparativo de parámetros de referencia, el análisis envolvente de datos o el análisis de costos internos ofrecen enfoques valiosos. Es crucial destacar que tres de las principales fuentes de ineficiencia en el sector de la salud están vinculadas al ámbito farmacéutico. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la fijación de precios de los medicamentos y en los procesos de adquisición no sólo mejora la gobernanza, sino que también tiene el potencial de generar impactos positivos en otros aspectos que influyen en la eficiencia del sistema de salud.

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El panorama de salud en Colombia y en el Reino Unido refleja dos realidades con sus propias complejidades y desafíos. En nuestro país, el sistema de salud se encuentra en un punto crítico, donde la reforma propuesta busca abordar las deficiencias que enfrenta el modelo actual. El enfoque de “pluralismo estructurado”, que involucra tanto al Estado como a actores privados en la prestación y financiación de servicios de salud, ha generado controversia. La propuesta de eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y trasladar la administración de recursos al Estado busca mejorar la eficiencia y equidad en el acceso a la atención médica. Este cambio, inspirado en el modelo de pagador único del sistema de salud del Reino Unido, como lo dejó entrever en su momento la exministra Carolina Corcho, pretende resolver los problemas de fragmentación, competencia y falta de coordinación que actualmente afectan al sistema colombiano.

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Sin embargo, el modelo de pagador único del National Health Service (NHS) del Reino Unido, no está exento de desafíos. El NHS enfrenta limitaciones en la financiación y asignación de recursos, lo que impacta la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. La escasez de talento humano y la falta de integración entre los distintos niveles de atención también representan barreras significativas. A pesar de que el sistema de pagador único ha permitido una gestión más centralizada de los recursos, persisten problemas como el incumplimiento en el financiamiento de tecnologías de salud para enfermedades raras y cáncer, así como el aumento de costos post pandemia.

Es importante destacar que, si bien el modelo de pagador único ha demostrado algunas ventajas en términos de simplificación administrativa, no constituye una solución definitiva para todos los desafíos del sistema de salud. La implementación exitosa de este modelo requiere un enfoque integral que aborde tanto las cuestiones estructurales como las necesidades cambiantes de la población y los avances tecnológicos en la medicina.

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En última instancia, tanto Colombia como el Reino Unido enfrentan la tarea de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera, la calidad de la atención y la equidad en el acceso a los servicios de salud. Si bien pueden extraer lecciones y experiencias del modelo de pagador único del NHS, es fundamental adaptar las soluciones a las realidades y necesidades específicas de cada país. El éxito de la reforma a la salud propuesta en Colombia dependerá de la capacidad para abordar los desafíos inherentes a cualquier cambio estructural en este ámbito.

• El impacto en la economía y en la competitividad empresarial de las Reformas aún es incierto, advierten analistas.

A 18 meses de iniciado el mandato de Gustavo Petro, los avances de las reformas a la salud, pensional y laboral, pilares del actual gobierno, siguen generando incertidumbre y expectativas en el sector empresarial, según lo advierte la plataforma de análisis de sectores económicos Sectorial.co.

La reforma a la salud, la más avanzada con dos debates superados en el Congreso, busca transformar el sistema colombiano a través de la creación de los Centros de Atención Prioritaria (CAPS), las redes integradas e integrales en salud, el cambio de las EPS por Gestoras de Salud y Vida, el fortalecimiento a la ADRES y la producción local de tecnologías en salud. Sin embargo, la incertidumbre gira en torno a su viabilidad fiscal, ya que el Ministerio de Hacienda aún no ha emitido un aval definitivo.

Alejandro Escobar Correa, gerente estratégico de Sectorial.co, afirma: “La reforma a la salud tiene el potencial de mejorar la calidad de la atención y la cobertura, pero su éxito dependerá en gran medida de la disponibilidad de recursos financieros y de la capacidad del gobierno para implementarla de manera eficiente”.

Por su parte, la reforma pensional, con un debate a cuestas en el Congreso, enfrenta la disyuntiva sobre el futuro de los ahorros pensionales. Las tres ponencias presentadas hasta el momento ofrecen diferentes perspectivas: una con instrucción negativa (Colombia Justa Libres), una favorable con ajustes (Partido de la U) y una favorable (Pacto Histórico). Los puntos clave giran en torno al umbral pensional de tres salarios mínimos, la administración de los recursos por Colpensiones o el Banco de la República y el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

Escobar señala que “la reforma pensional podría generar un impacto significativo en el mercado de capitales, ya que una mayor participación de Colpensiones afectaría los recursos y rentabilidad de los fondos privados”.

Entre tanto, la reforma laboral, aún sin iniciar su trámite legislativo, promete cambios sustanciales en el mercado de trabajo. Entre sus principales modificaciones se encuentran la jornada nocturna a partir de las 7:00 p.m., el aumento de los recargos nocturnos y dominicales al 100% (progresivo hasta 2026), el fortalecimiento de la actividad sindical, la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas y la creación de capítulos específicos sobre trabajo verde y azul. No obstante, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional advierten que la reforma podría desincentivar la creación de empleo formal.

“Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a los cambios que se avecinan en el mercado laboral, como la mayor flexibilidad laboral y la formalización del trabajo en plataformas tecnológicas”, afirma Escobar.

Si bien los próximos meses serán cruciales para definir el futuro de las reformas, el impacto en la economía, el sistema de salud, el mercado laboral y la competitividad empresarial aún es incierto, generando un panorama de expectativas y desafíos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha anunciado medidas para hacer frente a la crítica situación que enfrenta el relleno sanitario La Pradera de acuerdo con el diario El Tiempo. En una reunión con los gerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y de Emvarias, se discutió la necesidad de una capitalización de 350 mil millones de pesos, sumados a recursos propios se pueda hacer inversión por más de 700 mil millones de pesos para afrontar la emergencia.

De acuerdo con el mandatario la situación en La Pradera es alarmante, además lamentó el estado del relleno, calificándolo como un “desastre absoluto”. Se resaltó la falta de atención previa a este problema y se destacó la urgencia de actuar ante la gravedad de la situación.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, explicó la complejidad del panorama, mencionando la posibilidad de una contingencia ambiental que afectaría no solo a Medellín sino también a municipios cercanos. Ante este escenario, se plantea la necesidad de estabilizar el vaso Altair, considerar la reapertura del vaso La Música y avanzar en la adecuación del nuevo vaso La Piñuela, previsto para enero de 2025.

Por su parte, Gustavo Castaño Galvis, gerente de Emvarias, detalló las acciones inmediatas, como la creación de una segunda zona de disposición en el vaso Altair para garantizar el servicio hasta septiembre. Además, se evalúa la opción de reabrir el vaso La Música para gestionar residuos hasta la puesta en marcha de La Piñuela.

El relleno sanitario La Pradera, ubicado en Donmatías, recibe una carga considerable de residuos diariamente, siendo vital para la gestión de desechos de Medellín y más de 40 municipios en Antioquia.

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El último informe presentado por BBVA Research sobre la situación inmobiliaria en Colombia muestra que el sector inmobiliario presenta dificultades, pero existen oportunidades para la recuperación. Según este análisis, el mal momento que atraviesa la construcción y la venta de viviendas nuevas en el país se prolongará durante algunos meses más, con una recuperación total proyectada para el año 2025.

El reporte destaca la importancia de aprovechar las oportunidades de reactivación que presenta el mercado de vivienda actualmente. Se enfatiza en la necesidad de implementar estrategias efectivas para superar la desaceleración y evitar que la situación negativa se extienda en el tiempo.

Uno de los aspectos resaltados es el modelo de pre-ventas, el cual ha demostrado reducir el riesgo de acumulación excesiva de inventarios, quiebras empresariales y crisis sistémicas. En todas las ciudades del país, las pre-ventas representan más del 60% de la oferta total de vivienda, lo que indica su relevancia en la estabilidad del sector.

Sin embargo, el informe señala que, durante el año 2023 a diferencia de otros periodos de desaceleración económica, el sector de la construcción no cumplió su papel anticíclico. Esto se tradujo en una fuerte caída de las ventas de vivienda, equiparables a niveles registrados en 2011.

Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia, explica que la disminución en las ventas ha afectado la penetración del mercado inmobiliario en todos los departamentos. Además, se observa una reducción en las ventas de viviendas de interés social (VIS) en relación con la cantidad de personas pobres en cada ciudad.

Las renuncias a transacciones previas también han impactado las ventas recientes, debido a factores como la reducción de recursos disponibles, la anulación de subsidios y el aumento de tasas de interés. A pesar de estos desafíos, se espera que los subsidios de vivienda sigan siendo una herramienta importante para reducir el desistimiento, especialmente en el mercado VIS.

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El más reciente informe de Campetrol sobre la actividad de taladros y producción ha generado preocupación en la industria petrolera y en la economía nacional. Según el reporte, la actividad de los equipos ha alcanzado su nivel más bajo desde junio de 2021, con sólo 110 taladros activos en enero, de los cuales 35 son de perforación y 75 de reacondicionamiento. Esta cifra representa una disminución del 26,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La situación ha activado las alarmas entre los expertos, quienes señalan serias implicaciones en la economía si esta tendencia persiste. Julio César Vera, presidente de Xua Energy, advierte que la disminución en la actividad de los taladros podría resultar en la pérdida de más de 4.000 empleos, entre directos e indirectos, además de impactar negativamente en la compra y venta de bienes y servicios locales, los ingresos tributarios y las regalías para las regiones.

¿A qué se debe esta reducción en la actividad? Los analistas apuntan a varios factores, entre ellos, la caída en la actividad de perforación de pozos de desarrollo y exploración, la pérdida de confianza en el sector petrolero y las políticas gubernamentales que desincentivan la producción nacional de hidrocarburos.

Para Camila Orbegozo, directora de análisis sectorial y sostenibilidad de Corficolombiana, esta disminución refleja la falta de nuevos proyectos o pozos explotados en el país, en consonancia con las medidas gubernamentales. Por otro lado, Sergio Cabrales, analista y docente de la Universidad de Los Andes, destaca la menor inversión en trabajos de pozos destinados a aumentar la producción y la reducción en la perforación de nuevos pozos exploratorios.

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La canasta básica familiar en Colombia ha experimentado varias modificaciones desde 1954, cuando se realizó la primera medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En aquel entonces, se estableció a partir de la “Encuesta de ingresos y gastos medios y bajos” de 1953, incluyendo 198 productos para medir los precios. Sin embargo, en la actualidad, la canasta básica consta de 443 productos, lo que representa un aumento de 247 desde entonces.

A lo largo de los años, se han utilizado seis canastas diferentes en Colombia para evaluar las variaciones de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Estos cambios reflejan la evolución de los hábitos de consumo y las condiciones económicas del país a lo largo del tiempo.

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• En Colombia, el sistema de salud combina aseguradoras privadas y entidades públicas, con el objetivo de equilibrar la competencia regulada
• La proporción del PIB destinada a la salud no garantiza eficiencia, la verdadera medida es la cobertura ofrecida
• La búsqueda de cobertura universal, equidad en el acceso y eficiencia financiera son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud en la región.

La evolución reciente de los sistemas de salud en América Latina ha mostrado un cambio hacia enfoques más inclusivos y orientados a la cobertura universal. Varios países han implementado reformas para mejorar la accesibilidad, equidad y eficiencia de los servicios de salud. Se ha presentado una tendencia hacia la adopción de estrategias basadas en la Atención Primaria de Salud, así como esfuerzos para fortalecer los sistemas de seguridad social. A pesar de estos avances, persisten desafíos, como la desigualdad en el acceso a la atención médica y la necesidad de adaptarse a las crecientes demandas de una población en constante cambio.

Brasil ha establecido el Sistema Único de Salud (SUS), un modelo de atención médica pública universal que busca garantizar el acceso a servicios integrales, enfrentando desafíos dada su vasta geografía y diversidad poblacional. México ha implementado el Seguro Popular, destinado a mejorar la cobertura médica para segmentos desatendidos, aunque con limitaciones en términos de financiamiento y eficiencia operativa. Argentina ha desarrollado un sistema de salud fragmentado que combina el acceso público y privado, generando desafíos en términos de equidad y calidad. Chile ha implementado un modelo de aseguramiento con participación pública y privada, aunque persisten preocupaciones sobre la equidad en el acceso y la atención. Cuba ha establecido un sistema de salud centralizado con fuerte inversión en atención primaria, enfrentando desafíos económicos. En Colombia, el sistema de salud es mixto, incorporando aseguradoras privadas y entidades públicas, buscando equilibrar la competencia regulada, pero enfrentando desafíos financieros y disparidades en la calidad de la atención entre las entidades.

La diversidad en los sistemas de salud de la región refleja las complejas realidades políticas y sociales de cada país. Argentina se destaca por su estructura descentralizada, Bolivia ha establecido una división de gobierno para abordar necesidades regionales, Brasil combina servicios públicos y privados, y Chile presenta un sistema mixto basado en el aseguramiento. Colombia, con un sistema de competencia regulada, enfatiza la participación público-privada. Ecuador adopta un enfoque mixto, Paraguay cuenta con un sistema diversificado que involucra al sector público, privado y mixto, y Uruguay coexiste con un sector público y privado. Venezuela tiene subsistemas público y privado, donde el financiamiento público respalda instituciones como el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mientras que el sector privado se financia principalmente mediante pagos directos o empresas aseguradoras. Estas diferencias presentan una visión de los enfoques adoptados por los países suramericanos en la provisión de servicios de salud.

El financiamiento en salud en los países latinoamericanos revela variaciones entre ellos, y el sistema colombiano presenta diferencias y similitudes significativas en comparación con sus pares de la región. Argentina se destaca por asignar un 10,4% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud en 2020, seguido de Uruguay 6,5% y Colombia 5,9%. Con un gasto público en salud inferior se encuentran, Bolivia 4,4%, Ecuador 4,3%, Brasil 3,9%, Perú 3,1%, Paraguay 3% y Venezuela con una mínima asignación del 0,1% en gasto público en salud como porcentaje del PIB.

Sin embargo, es importante reconocer que la proporción del PIB destinada a la salud pública no garantiza automáticamente la eficiencia del gasto. La eficiencia del financiamiento debe evaluarse considerando la cobertura ofrecida por estos sistemas de salud. Por lo tanto, mientras algunos países pueden asignar grandes porcentajes de su PIB a la salud, se debe analizar cómo estos recursos se traducen en la cobertura de servicios para la población, lo cual permite una evaluación más precisa de la efectividad de los sistemas de salud en cada país, y destaca la importancia de equilibrar la asignación de recursos con la capacidad de proporcionar una cobertura integral y accesible para todos  (Crisis financiera del sistema de salud puede generar un problema de atención).

En términos de protección social en salud y coberturas, Colombia se destaca por su Sistema General de Seguridad Social en Salud, abarcando el 96% de la población total. En Argentina, el sistema se caracteriza por un subsector de seguro social que cubre al 55% de la población. Bolivia implementa seguros públicos y programas de protección social, con una cobertura del 42,5%. Brasil ha logrado una cobertura universal con el Sistema Único de Salud (SUS), mientras que Chile presenta un sistema mixto con un 93% de la población cubierta por seguros, ya sea público o privado.

Colombia y Ecuador comparten la búsqueda de la universalidad, con el primero destacando su competencia regulada a través de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y el segundo enfocándose en seguros sociales y privados. Paraguay coexiste con diversos subsistemas, Perú presenta un sistema mixto, y Uruguay cuenta con un alto porcentaje de afiliación a algún tipo de seguro (96%). Venezuela ha implementado el Plan Nacional de Salud con Barrio Adentro como estrategia central, proporcionando atención integral y continua con énfasis en la atención ambulatoria.

En cuanto al gasto de bolsillo en salud, Paraguay cuenta con el 38,3%, Ecuador con el 33,8%, Venezuela con el 25,8%, Argentina con el 24,1%, Perú con el 22,7%, Brasil con el 22,3%, Bolivia con el 21,2%, Uruguay con el 16,6%, Colombia con el 13,5%, y Cuba con el 8,9% como porcentaje del gasto corriente en salud. Un alto porcentaje sugiere limitaciones en el acceso a servicios de salud sin incurrir en costos adicionales, mientras que un porcentaje más bajo indica un mayor respaldo del sistema de salud para cubrir los costos.

En resumen, Argentina lidera en términos de mayor porcentaje de gasto público en salud entre los países analizados, aunque su eficiencia se ve cuestionada debido a una cobertura que alcanza sólo aproximadamente la mitad de su población y un elevado gasto de bolsillo, representando el 24,1%. En contraste, Uruguay asigna el 6,5% de su PIB al gasto público en salud, logrando una cobertura casi completa para su población y un menor gasto de bolsillo, que se sitúa en el 16,6%. Los sistemas de salud colombiano y ecuatoriano comparten similitudes al destinar el 5,9% y el 4,3% de su PIB, respectivamente, al gasto público en salud en 2020, ambos con cobertura universal. Sin embargo, se observan disparidades en el gasto de bolsillo, siendo del 13,5% en Colombia y del 33,8% en Ecuador, lo que hace más eficiente el sistema colombiano.

Los sistemas de salud en América Latina presentan una rica diversidad de enfoques y desafíos. El modelo colombiano, con su sistema mixto y enfoque en la competencia regulada, ofrece lecciones para la región. La búsqueda constante de la cobertura universal, la equidad en el acceso y la eficiencia financiera son elementos clave para fortalecer los sistemas de salud en la región.

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Durante la Cuaresma y la Semana Santa se cambian algunos hábitos alimenticios por ciertos días de la semana, como abstenerse de consumir carne. Esta tradición ha llevado a un aumento en la disponibilidad y consumo de pescado, convirtiéndolo en una alternativa popular durante este periodo.

Según el Ministerio de Agricultura, algunas de las especies de pescado más consumidas durante este período incluyen la mojarra, el pescado seco, el bagre rayado del Magdalena y la picuda, entre otras. Datos de años anteriores revelan que el consumo de pescado aumenta significativamente durante la Semana Santa, llegando a incrementarse hasta un 60% en comparación con otras semanas del año.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) informó que, en años anteriores, se evidenció un aumento del 50% en la demanda mayorista de productos pesqueros cada viernes durante la Cuaresma, alcanzando su punto máximo durante los días santos con un aumento del 70%. Se estima que el 15% de la producción total de pescado durante la Semana Santa proviene de la pesca artesanal, el 24% de la pesca industrial y el 61% de la acuicultura.

En 2023, Colombia registró una disponibilidad de 30.000 toneladas de pescado solo para la Semana Santa, con un consumo que osciló entre tres y cuatro veces más alto que el promedio habitual, según Aunap. Esta producción fue posible gracias al esfuerzo de 125.000 pescadores y 3.745 acuicultores formalizados en el país, quienes recibieron apoyo en forma de equipos, capacitación y prácticas pecuarias adecuadas.

Aunque aún no se han publicado los datos oficiales para el presente año, se espera que el consumo de pescado durante la Cuaresma y la Semana Santa continúe siendo significativo.

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