En el Congreso Bananero de Asbama, celebrado en Santa Marta, se presentó un panorama sobre la situación productiva del banano en Colombia, la fruta más cultivada en el país. Desde 2019, la producción de banano ha crecido alcanzando 2,6 millones de toneladas en 2023. Sin embargo, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, advirtió sobre la grave amenaza del Fusarium RT4, una plaga que “podría extinguirnos más rápido que el clima”.

El sector bananero colombiano se divide en dos tipos de producción: banano de exportación y banano criollo. El banano de exportación, que representa el 50,3% de la producción, tiene un rendimiento significativamente mayor, con 37 toneladas por hectárea, en comparación con las 9 toneladas del banano criollo.

La industria bananera es vital para la economía del Caribe colombiano, generando aproximadamente 293.648 empleos directos e indirectos y apoyando a cerca de 36.000 familias. Sin embargo, la plaga del Fusarium RT4 representa un desafío crítico. Este hongo, que afecta las plantaciones de banano y plátano, provoca el marchitamiento y la muerte de las plantas. Su capacidad de sobrevivir en el suelo durante más de 30 años hace que sea extremadamente difícil de manejar.

Además, Mojica anunció la asignación de $2 billones adicionales para el programa ‘Confianza Colombia’, enfocado en mejorar la adaptabilidad y productividad del sector agrícola. Desde el inicio del gobierno, se han invertido $46,3 billones en subsidios de tasas de interés y mejoras en maquinaria.

Las exportaciones de banano también han mostrado un crecimiento positivo, aumentando un 18% en el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe en gran parte al aumento del 13,7% en el volumen de carga contenerizada y al crecimiento de las exportaciones refrigeradas de banano.

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Los precios del tomate han experimentado una tendencia a la baja en mercados globales, influenciados principalmente por una menor demanda del consumidor mientras la oferta se mantiene robusta. Este fenómeno es observable incluso en Italia, un país reconocido por su alto consumo de tomates, donde la demanda se ha estancado, provocando una caída en los precios durante los últimos diez días. La competencia se ha intensificado con la mayor oferta proveniente de España, Turquía y Marruecos, lo que ha contribuido a la presión sobre los precios.

En Alemania, el exceso de oferta de tomates ha resultado en una disminución de precios, con una amplia disponibilidad de productos tanto nacionales como de los Países Bajos, Bélgica e Italia. Francia enfrenta una situación similar, con una oferta elevada que no ha sido absorbida por la demanda, especialmente hacia finales de mes, llevando a una disminución en los precios.

La campaña de invernadero en Almería, España, ha terminado con expectativas de un inicio más temprano en la próxima temporada 2024/25. Las importaciones de tomates de Marruecos y otros orígenes han causado una caída significativa de precios durante la campaña de invierno.

En Norteamérica, los precios han caído ligeramente. En EE. UU., la oferta nacional disminuirá temporalmente antes de mejorar con la cosecha en otros estados. Canadá mantiene una buena oferta de tomates de invernadero, mientras que México continúa con una fuerte producción.

En Sudáfrica, los precios siguen bajando, pero se mantienen un 70% por encima del año pasado debido a la escasa oferta de tomates de alta calidad. En China, los precios son más altos que en años anteriores debido a menores rendimientos en las principales regiones productoras afectadas por bajas temperaturas.

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El sector educativo de Colombia enfrenta crecientes preocupaciones en torno a la Ley Estatutaria que se debate en el Congreso de la República. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana alertó sobre la necesidad de al menos $40,8 billones para implementar esta reforma, que busca establecer la educación como un derecho fundamental.

El proyecto de ley pretende mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles. Sin embargo, el LEE cuestiona la financiación, dado que el Ministerio de Hacienda afirmó no tener objeciones presupuestales, señalando que el proyecto no ordena gastos adicionales ni otorga beneficios tributarios.

Gloria Bernal, directora del LEE, crítica la falta de estimaciones claras de los costos y planificación para la implementación de la ley. Según sus cálculos, se necesitarían $9,3 billones adicionales anuales para la educación inicial, $3,3 billones para la básica, $4,04 billones para la media y $24,4 billones para la superior.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, indicó que no cuenta con suficiente información para establecer el impacto fiscal del proyecto. Además, mencionaron el déficit histórico en el Sistema General de Participaciones, con $1,3 billones en 2022, $3,8 billones en 2023 y $3,3 billones en 2024.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, destacó la falta de claridad sobre la financiación de la reforma. La congresista Paloma Valencia advirtió sobre la irresponsabilidad de aprobar proyectos sin conocer su impacto fiscal, lo que podría llevar a reformas tributarias adicionales.

Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, criticó el proyecto por no ser visionario ni innovador, y por no abordar adecuadamente el desfinanciamiento estructural del sector educativo.

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La IA consume actualmente en energía un nivel comparable al de países pequeños.

Google, Microsoft y Amazon están invirtiendo en energías renovables para alimentar sus centros de datos

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta revolucionaria que transforma industrias y sectores en todo el mundo. Sin embargo, este avance tecnológico viene acompañado de un alto costo energético que plantea serios desafíos ambientales. Según un estudio de Schneider Electric, la IA consume actualmente unos 4,3 gigavatios (GW) de energía a nivel global, una cifra comparable al consumo energético de países pequeños.

Este consumo está previsto que aumente drásticamente, alcanzando entre 13,5 y 20 GW para 2028 si se mantiene el ritmo de crecimiento actual. Varios estudios indican que la fase de entrenamiento de la inteligencia artificial (IA) conlleva un alto consumo de energía, especialmente durante los periodos iniciales cuando se ajustan los parámetros del modelo. Esta demanda ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al uso intensivo de estas tecnologías. Por ejemplo, el entrenamiento del modelo GPT-3 de OpenAI consumió aproximadamente 78.437 kilovatios-hora (kWh) de electricidad, donde el mayor consumo ocurrió durante las iteraciones iniciales de ajuste y prueba.

Además, cada interacción con estos modelos también requiere energía, aunque en menor medida comparado con el entrenamiento. Hugging Face, una empresa especializada en el desarrollo de IA, reportó que su herramienta multilingüe generadora de texto utilizó 433 megavatios-hora (MWh) durante su fase inicial, destacando que el consumo fue significativamente mayor durante las etapas iniciales de entrenamiento.

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El fundador de DigiEconomist, Alex de Vries, señala que la demanda de servicios de IA aumentará significativamente, lo que incrementará el consumo de energía asociado. Si Google aplicara IA generativa a todas sus búsquedas, se necesitarían aproximadamente un billón de vatios-hora (10²Wh) de energía al año, equivalente al consumo anual de electricidad de Irlanda.

El desarrollo y funcionamiento de la IA depende en gran medida de los centros de datos, que son infraestructuras altamente energéticas. Estos centros necesitan no sólo electricidad para alimentar los servidores, sino también grandes cantidades de agua para su refrigeración. Las temperaturas óptimas de operación de los servidores son entre 20ºC y 22ºC, y cualquier desviación puede aumentar el riesgo de fallos en los equipos.

El hardware utilizado en IA, especialmente las unidades de procesamiento gráfico (GPU), requiere una energía considerablemente mayor que los chips estándar. Por ejemplo, el entrenamiento de un modelo de IA en 2020 requería aproximadamente 27 kWh, mientras que en 2022 esta cifra se elevó a un millón de kWh.

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Frente a este desafío energético, las renovables presentan una solución viable y sostenible. Empresas como Google, Microsoft y Amazon están invirtiendo en ellas para alimentar sus centros de datos. Google, por ejemplo, utiliza IA para optimizar la eficiencia energética de sus centros de datos, centrándose en la refrigeración y la gestión del consumo energético. Además, ha incorporado la generación de energía renovable, como la solar y la eólica, para reducir su huella de carbono.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, junto con la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, ha invertido 20 millones de dólares en Exowatt, un startup que ofrece soluciones de energía solar para centros de datos. Este tipo de iniciativas no sólo buscan satisfacer la creciente demanda energética de la IA, sino también hacerlo de manera sostenible. La integración de sistemas de energía renovable en la infraestructura existente representa un paso crucial hacia la reducción del impacto ambiental de la IA.

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El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial conlleva un aumento significativo en el consumo energético, lo que plantea serios desafíos ambientales. Sin embargo, la transición hacia energías renovables ofrece una oportunidad para mitigar este impacto. La adopción de tecnologías energéticamente eficientes y la inversión en soluciones renovables son pasos esenciales para garantizar que el desarrollo de la IA sea sostenible. Así, mientras la IA continúa avanzando y transformando el mundo, es imperativo que lo haga de una manera que también cuide de nuestro planeta.

La situación en la central hidroeléctrica Hidroituango ha sido descrita por la procuradora general Margarita Cabello como una “contingencia controlada, más no superada”. Durante su visita a la central a comienzos del mes de abril, Cabello verificó el funcionamiento de las cuatro turbinas operativas, que actualmente generan el 10% de la energía del país, y examinó el progreso en la construcción de las cuatro turbinas adicionales.

La importancia de Hidroituango radica no solo en su capacidad de generación actual, sino en su potencial para aumentar significativamente la producción eléctrica una vez las ocho turbinas estén operativas. Esto contribuirá a reducir la dependencia de otras fuentes de energía y fortalecerá la resiliencia del sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, la situación en Hidroituango también implica riesgos considerables, especialmente para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central. Las contingencias que han surgido durante la construcción y operación de la hidroeléctrica subrayan la necesidad de una gestión rigurosa y una vigilancia constante. Las poblaciones cercanas podrían enfrentar graves consecuencias en caso de fallas estructurales o de manejo inadecuado de las aguas retenidas.

El aumento de las lluvias representa un riesgo significativo para la central hidroeléctrica Hidroituango y las comunidades aguas abajo, ya que el exceso de agua puede poner a prueba la capacidad de los sistemas de contención y manejo de la central. Un incremento en el caudal del río podría provocar desbordamientos o fallos estructurales similares a los ocurridos en la región de La Mojana, donde las inundaciones resultantes de lluvias intensas causaron daños extensos y desplazamiento de poblaciones.

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En abril, el gasto de los hogares colombianos alcanzó los $81,7 billones, sin embargo, el consumo real disminuyó un 0,10% debido a la reducción de ingresos familiares. Según el informe Gastometría de Raddar, el PIB creció ligeramente más que el gasto privado durante este trimestre, un comportamiento inusual que evidencia un ajuste significativo en el gasto de los hogares. Además, la inversión muestra una preocupante contracción, lo que podría limitar el potencial de crecimiento económico a largo plazo.

El presidente de Raddar, Camilo Herrera, explicó que el crecimiento del salario real de los hogares ha sido insuficiente. Aunque el salario mínimo aumentó considerablemente este año, el salario promedio no ha seguido la misma tendencia. La falta de creación de empleo y la disminución de ingresos, tanto por salarios como por remesas, son factores determinantes en la reducción del gasto.

Otro factor que ha afectado al mercado de los hogares es la menor colocación crediticia. La inflación, especialmente en alimentos, ha impactado severamente los ingresos bajos. El impuesto a los alimentos ultraprocesados ha contribuido a esta presión financiera sobre las familias.

Raddar destaca que la inflación cede cada vez más lentamente. En abril, la inflación anual de bienes durables superó la de marzo de 2024, reflejando un cambio de tendencia en la variación anual del IPP de consumo. La colocación crediticia, que incluye crédito hipotecario, consumo libre y tarjetas de crédito, creció un 7,4% anual, principalmente debido a un incremento del 25,5% en los créditos hipotecarios.

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En la reciente Cumbre 2024 del Foro Internacional de Transporte, celebrada en Leipzig, Alemania, Colombia dio un paso significativo hacia la movilidad sostenible con la firma de la Declaración de Vehículos de Cero Emisiones (ZEV). Con la presencia del ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana.

El ministro Camargo subrayó la importancia de la descarbonización del sector transporte para lograr la transición energética en Colombia. Destacó que el transporte sostenible es crucial a nivel mundial para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mitigar los contaminantes atmosféricos. “Es fundamental identificar las responsabilidades que tenemos para iniciar esta transformación”, afirmó.

En Colombia, la flota de vehículos de transporte carretero supera los 18,3 millones, con un 61% de motocicletas, 35% de vehículos livianos y 4% de vehículos pesados. Esta última categoría es la más antigua en edad de operación, lo que resalta la necesidad de modernizar el parque automotor para cumplir con los estándares ambientales y de consumo energético actuales.

Se han implementado varias iniciativas para reducir las emisiones, como la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos para 2030 y el Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga. Además, el Fondo de Ascenso Tecnológico busca priorizar el uso de tecnologías de bajas emisiones en el transporte público y de carga, mientras que el proyecto del tren de carga La Dorada – Chiriguaná – Santa Marta y el transporte de carga por el río Magdalena promueven la intermodalidad.

La dependencia del parque automotor colombiano en combustibles fósiles es alta, con un 98% de operación basada en ellos. El gobierno se ha comprometido a reducir el 51% de las emisiones de GEI para 2030, alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y reducir las emisiones de Carbono Negro en un 40% respecto a 2014.

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La mezcla de edad, inversión sobre PIB y situación de envejecimiento ponen en alerta la sostenibilidad de los sistemas pensionales. Según la CEPAL, la situación de Argentina y Costa Rica es la mejor, mientras que la peor se encuentra en Perú y Chile.

Colombia es el quinto país de la región que más inversión sobre su PIB destina a las pensiones, con el 4,5%, sin embargo, este nivel es entre 2,8 y 6,6 puntos porcentuales por debajo de Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica.

Colombia necesita una reforma pensional pues sólo 1 de cada 4 personas en edad está recibiendo una mesada y sólo el 25% de los afiliados a los fondos cotizan.

La solución planteada por el gobierno está basada en un sistema de pilares donde se limitarán los recursos para los fondos privados y se fortalecerán para Colpensiones buscando subsidiar a las personas que no tienen mesada pensional.

La pensión que recibe una persona en Colombia es entre el 65% y 80% del promedio del salario de una persona de los últimos diez años.

Las preocupaciones frente a la reforma están en el nivel del umbral del pilar contributivo, pues, podría desestimular el funcionamiento de los fondos privados junto con las implicaciones en materia fiscal, requiriéndose probablemente una nueva reforma en 15 años.

En respuesta a los problemas de movilidad en grandes capitales, las motocicletas se han posicionado como una alternativa eficiente debido a su menor consumo de combustible. A su vez, la tendencia hacia la movilidad sostenible ha impulsado la adopción de motos eléctricas, que buscan mitigar las emisiones contaminantes de los motores de combustión.

En Colombia, el mercado de motos eléctricas está en auge con marcas como Super Soco, Starker y Niu liderando el sector. Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en el primer trimestre de 2024 se vendieron 888 motos eléctricas, destacándose Starker con 310 unidades, Niu con 117 y Biobicis con 64.

El crecimiento de este mercado se debe en parte a la instalación de centros de carga para vehículos eléctricos en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, que contaban con 252 puntos de recarga a finales del año pasado. Evsy, con 119 puntos, es la empresa líder en este aspecto, seguida por EnelX con 67 y Celsia con 46. Pablo Maturana, CEO de Evsy, señaló que la carga pública en Colombia está fuertemente vinculada a grandes comercios, reflejando las políticas gubernamentales a favor de la transición energética.

El año 2022 fue el más fuerte en ventas de motocicletas eléctricas en Colombia, con 2.689 unidades vendidas, lideradas por Starker con 1.841 motos, Niu con 489 y Super Soco con 130. En 2021, se vendieron 2.682 unidades, apenas un 0,3% menos que en 2022. Hasta el primer trimestre de 2024, se vendieron 888 motos eléctricas, un 17,3% menos que el mejor año, pero se espera que el mercado se fortalezca en los próximos meses.

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Los primeros meses de 2024 ha traído cambios significativos en el consumo de las tiendas de barrio en Colombia. La desaceleración de la inflación, que en abril se situó por debajo del 8%, ha influido notablemente en el ticket promedio de gasto del consumidor, el cual ha crecido por debajo de la inflación, según un reciente informe de Servipunto.

Este informe revela que los productos de gran consumo (PGC) dominan las ventas en estas tiendas, representando el 85,8% de las ventas totales. No obstante, varios subsegmentos dentro de los PGC han experimentado decrecimientos en ventas en valor. Productos clave como lácteos, cereales, granos, legumbres, y artículos de limpieza han visto una caída en sus ventas.

La desaceleración de los precios ha sido evidente desde diciembre del año anterior, con una inflación que llegó a 13,3% en marzo de 2023, pero se redujo a un 7,2% en abril de 2024. A pesar de este comportamiento, el crecimiento del ticket promedio de gasto del consumidor ha sido de sólo 3,4%, por debajo del IPC.

Comparando con el año anterior, la participación de ventas de PGC ha disminuido ligeramente de 86,3% a 85,8%, debido al crecimiento en la estructura de abarrotes a granel y perecederos. Sin embargo, el 79% de las canastas manejadas por las tiendas de barrio han presentado decrecimientos en ventas en valor. Entre los productos más afectados están la leche, mantequilla, crema y yogur (-13%), cereales, granos y legumbres (-20,1%), y productos de limpieza (-19,5%).

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