Kantar, a través de su división Worldpanel, presentó un informe sobre el mercado de las mascotas en Colombia. Según el reporte, basado en una muestra que representa a 10,8 millones de hogares, el 70% de los encuestados posee una mascota, lo que refleja un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior.

Uno de los hallazgos más destacados es el crecimiento en la demanda de productos para la alimentación de mascotas, que ha incrementado un 30% en comparación con el año pasado. Este aumento está asociado a una mayor disponibilidad de marcas en el mercado y a un notable incremento en el precio promedio por kilogramo de alimento, que ha subido un 23% debido a los mayores costos de la categoría y a una creciente preferencia por productos premium y especializados, según Bibiana Gómez, Business Development manager de Kantar.

El informe también resalta que el segmento de alimentos para gatos es un 40% más económico que el de los perros. Además, el número de hogares con perros ha aumentado en 495.000 respecto al año anterior, alcanzando aproximadamente 6 millones de hogares.

Los hogares sin bebés gastan un 150% más en productos para mascotas, con un valor aproximado de $300.000 pesos anuales en alimentos, lo que sugiere que disponen de un mayor presupuesto para consentir a sus animales.

En términos de canales de distribución, el segmento de mascotas en los ‘discounteres’ ha crecido un 40% en volumen respecto a 2023, mientras que los canales especializados han decrecido un 30%. Geográficamente, Bogotá y Atlántico han mostrado una disminución en la categoría de mascotas, mientras que Antioquia, Pacífico y el Eje Cafetero han experimentado un crecimiento de doble dígito.

Lea también: El mercado de productos y servicios para mascotas representa $COP 1,2 billones

Si bien las reformas se han hecho con el objetivo de incrementar el gasto del gobierno y cubrir asuntos en términos sociales, hasta el momento no se ha logrado un cambio tributario que sea consistente y estructural.

Desde ANIF destacan que las mayores presiones de gasto público en los últimos años han venido de los subsidios a los combustibles, y es en este rubro donde se ha destinado gran parte de los ingresos de las dos últimas reformas tributarias.

Es común que los diferentes gobiernos que ha tenido el país hayan realizado reformas tributarias para cubrir los déficits fiscales que se han generado y así dar capacidad para realizar mayores gastos sociales, de inversión, cubrimiento de subsidios e impulsar el crecimiento económico.

Hasta el momento no se ha logrado una reforma tributaria que sea consistente y estructural, tal como lo ha recomendado en varias ocasiones la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que permita tener un panorama claro en términos de pagos de impuestos, que sea sólido para que las empresas e inversionistas puedan tener tranquilidad y confianza a la hora de expandir sus negocios y que en general, genere un ambiente de estabilidad (La Mejor Reforma Tributaria es el Crecimiento de las Empresas (Video y Podcast)).

Cada gobierno ha realizado reformas tributarias, cambiando las reglas de juego constantemente, llevando a las empresas a ajustar sus cuentas con cada cambio de reforma y poniendo en duda que tan viable es venir a invertir a al país.

El gobierno actual ha realizado sus propias reformas y en dos años lleva un cambio tributario en 2023 y se habla de una segunda reforma tributaria. ¿Pero, en qué se han gastado la plata y por qué se habla de más cambios para más recaudo?

En los últimos días se ha escuchado en diferentes medios que el Gobierno Nacional presentará otra reforma tributaria en 2025 y aunque el Gobierno inicialmente indicaba que no se trata de otra reforma, sino de una corrección a la que está actualmente, donde el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla mencionó que, “en el 2022 quedó ajustado las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de personas naturales. Eso no lo vamos a tocar, pero no quedó la segunda parte, que era garantizar una senda de descenso de la tarifa de la tasa nominal en el impuesto de renta corporativo”.

Con los bajos resultados de recaudo de impuestos por parte de la DIAN, el Gobierno dice que no descartan que, si haya nueva reforma tributaria en 2025, puesto que a esto se agrega que hay un vacío de 34,9 billones de pesos generado por la prohibición de deducir lo pagado por las regalías del impuesto sobre la renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, por lo cual, en el corto plazo el impacto sería de 6,7 billones de pesos.

Ante esto el ministro de Hacienda expresó que, “nos toca buscar nuevos ingresos, buscando otra reforma tributaria, hacer recortes o endeudar el país”.

No obstante, analistas consideran que el impacto fiscal no es generado por la Corte Constitucional al tumbar la norma, sino por la baja ejecución de los recursos públicos.

En cuanto a las dos anteriores reformas tributarias realizadas en pospandemia (Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social y la Ley 2277 de 2022 o Ley para la Igualdad y Justicia Social), que pretendían cubrir el crecimiento del gasto público, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), aún con el dinero recaudado, la situación fiscal del país sigue siendo frágil y los gastos han seguido incrementando, generando mayor presión en el déficit fiscal.

Desde ANIF destacan que las mayores presiones de gasto público en los últimos años han venido de los subsidios a los combustibles, y es en este rubro donde se ha destinado gran parte de los ingresos de las dos últimas reformas tributarias.

De acuerdo con el documento, “para 2024 se proyectaban ingresos tributarios de 14,6% del PIB, que efectivamente alcanzaron un nivel de 15,3%. Obviamente las proyecciones incorporaban supuestos de crecimiento, gestión de la DIAN y una senda de ingresos petroleros que no necesariamente ocurrieron”, situación que también ha generado un vacío en los ingresos del gobierno (Las Reformas son el Principal Inductor en la Caída de la Confianza Sectorial).

En cuanto a las proyecciones de gasto de el gobierno también se esperaba que fueran menores, de un 19,0% del PIB para 2023 y 2024, sin embargo, este gasto ha representado niveles del 23,1% y 22,8% del PIB respectivamente. Este mayor gasto se ha dado por un incremento en los rubros de funcionamiento e inversión y en un mayor pago de intereses.

Cabe resaltar que, durante los dos últimos años, el costo del subsidio a los combustibles ha sido de $49,0 billones y la suma del recaudo de las dos últimas reformas ha sido por $54,0 billones, lo que indica que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC, se ha comido el recaudo tributario adicional, por lo cual las reformas tributarias no han tenido el efecto esperado en los gastos del gobierno y es por esto que se espera que en 2025 si haya nueva reforma.

También le pueden interesar:

Avances en las Reformas del Gobierno Petro generan incertidumbre en los empresarios

Objetivos Reformas Tributarias en Colombia del 2000 al 2019 (Infografía)

El gasto de moda en Colombia que supera los $COP 30 billones, tiene un 6% relacionado con consciencia, donde el comportamiento del consumidor no está atado a las variables tradicionales. En esta cápsula de video con Lorenzo Velásquez, director de conocimiento de Inexmoda, te contamos más sobre este tema.

Los futuros del café arábica se han mantenido cerca de su nivel más alto en dos años en la Bolsa de Nueva York, debido a preocupaciones sobre la oferta que podrían elevar el costo de la bebida para los consumidores. El contrato más activo para esta variedad cayó casi un 3% a US$2,42 la libra, después de alcanzar su nivel más alto desde principios de 2022 de acuerdo con el portal Agronegocios. Aun así, los precios siguen siendo 30% más altos en 2024, impulsados por la escasez de la variedad robusta, más barata, que ha incrementado la demanda de arábica de alta gama, utilizado por marcas como Nespresso de Starbucks Corp. y Nestlé S.A.

La producción en los principales actores de robusta, Vietnam e Indonesia, disminuyó este año, lo que ha llevado a los tostadores a competir por los granos, según Giuseppe Lavazza, presidente del tostador de café Luigi Lavazza SpA. Los futuros de robusta alcanzaron esta semana su nivel más alto desde 2008 antes de moderarse.

En Brasil, el mayor productor de café, también hay preocupación por una cosecha más débil de lo esperado, lo que añade tensión al mercado mundial. El café arábica podría experimentar volatilidad con la llegada del invierno en Brasil, ya que los operadores están atentos a posibles heladas.

Para Colombia, donde la producción de café es 100% arábica, la subida de precios presenta un panorama favorable para los caficultores. Actualmente, el país se prepara para la cosecha del segundo semestre, principalmente en la zona norte. La mayor luminosidad solar en el último trimestre de 2023 y el primer semestre de 2024, debido al fenómeno de El Niño, ha tenido impactos positivos en las floraciones, esperándose un alto volumen de producción.

Lea también: Proyecto de siembra de café robusta e innovación agrícola, proyectos claves en el sector café

El Ministerio del Transporte de Colombia emitió una directiva que prohíbe la circulación de vehículos de carga con placas ecuatorianas en territorio colombiano. Esta medida exige que la carga internacional sea transferida mediante un sistema de enganche y desenganche en la frontera. El objetivo es proteger y fortalecer el sector de transporte colombiano.

La decisión fue resultado de un acuerdo entre la ministra de Transporte, María Constanza García, y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Nariño. La semana pasada, esta negociación permitió levantar el bloqueo de vías que paralizó el departamento. Los camioneros colombianos han argumentado durante mucho tiempo que los vehículos de carga ecuatorianos los desplazan, ubicándolos en una posición desventajosa debido a los distintos costos operativos y regulaciones más laxas para los transportistas extranjeros.

La Policía de Tránsito y Transporte de Colombia será responsable de implementar y hacer cumplir esta directiva en los pasos fronterizos como Rumichaca en Nariño y San Miguel en Putumayo. Este control es crucial para garantizar una transición eficiente al nuevo sistema de enganche y desenganche sin interrupciones significativas en el flujo de carga internacional.

La reacción a esta medida ha sido mixta, los camioneros colombianos lo ven como una oportunidad para equilibrar la competencia y aumentar las oportunidades de trabajo, beneficiando también las economías locales en las zonas fronterizas. Sin embargo, los transportistas ecuatorianos y las empresas dependientes del comercio transfronterizo podrían criticar la directiva.

Además, la implementación enfrenta desafíos, como la necesidad de una infraestructura adecuada y la coordinación eficiente entre las autoridades colombianas y ecuatorianas. La capacitación y los recursos para los conductores y operadores logísticos serán esenciales para adaptarse al nuevo sistema.

Lea también: De enero a abril de 2024, los bloqueos viales han generado pérdidas para el transporte por $COP 1,1 billones

La venta de apartamentos y casas nuevas se ha convertido en un reto para los constructores, debido a las finanzas ajustadas de los hogares y los altos precios de los inmuebles. Según la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), el tiempo de rotación de inventario ha aumentado significativamente, reflejando la crisis y coyuntura del sector.

Mientras en 2021 se tardaba 6,3 meses en vender una Vivienda de Interés Social (VIS) y 12,2 meses una No VIS, en 2022 estas cifras mejoraron levemente. Sin embargo, en mayo de 2024, los tiempos de venta se dispararon a 14,5 meses para VIS y 19,7 meses para No VIS. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, atribuye este aumento a la reducción del interés de los compradores y el ritmo lento de las ventas, que han caído un 14% en los primeros cinco meses del año.

Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, destaca que factores como el aumento de las tasas de interés, la alta inflación y los altos costos de oportunidad afectan negativamente al mercado. La incertidumbre política, la falta de educación financiera y el alza de precios de la VIS, ligada a salarios mínimos, también juegan un papel importante.

La situación ha llevado a mayores tiempos de comercialización y una reducción en los nuevos lanzamientos de viviendas. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el empleo en el sector de la construcción de vivienda cayó un 10,7% en abril de 2024 comparado con el mismo mes del año anterior.

No obstante, hay señales positivas. La banca ha comenzado a reducir las tasas de interés, y se espera que esto reactive la demanda de vivienda.

Lea también: El 40% de los hogares en el país viven en vivienda arrendada

El sector cementero en Colombia enfrenta un panorama desafiante debido a la contracción del sector de la construcción, afectado por la desaceleración económica y la disminución en la construcción de viviendas y obras de infraestructura. Entre enero y abril de 2024, la producción de cemento cayó un 4,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando menores iniciaciones de vivienda y un menor ritmo en las obras de infraestructura.

Durante el mismo periodo, la distribución de cemento gris se destinó principalmente a comercialización (55,6%), concreteras (24,4%), y construcciones contratistas (14,3%). La producción de concreto premezclado cayó un 1,0% en 2023 y un 3,7% en los primeros meses de 2024. Además, los altos costos de producción han reducido los márgenes de ganancia. La transición en los gobiernos locales también ha retrasado proyectos de infraestructura, afectando la demanda de cemento y concreto.

Las propuestas de valor y la generación de soluciones son claves para entender el concepto de “empresas transectoriales”; las cuales generan soluciones integradas, a través de ecosistemas de innovación empresarial. En esta cápsula de video con Lorenzo Velásquez, director de conocimiento de Inexmoda, te contamos en detalle sobre este tema.

En los últimos días, los precios del cacao han mostrado una notable tendencia al alza en el mercado, con una volatilidad que presenta tanto oportunidades como desafíos para los distintos actores en la cadena de producción y consumo.

Según un balance de Bloomberg del primer semestre del año, el cacao ha registrado ganancias significativas, aunque su comportamiento ha sido más fluctuante comparado con otras materias primas. En abril, el precio de la tonelada de cacao alcanzó un máximo de US$10.884, para luego descender a US$7.850 en julio. No obstante, ha habido un aumento del 84 % en comparación con abril de 2023, cuando el precio era de US$2.816.

Desde la perspectiva de los productores de cacao, este incremento en los precios es una buena noticia. Eduard Baquero, presidente de Fedecacao, destacó que los cultivadores están satisfechos con los precios actuales, los cuales representan una mejora significativa después de largos periodos de condiciones desfavorables. Este aumento de precios ha permitido a los productores obtener mayores ingresos, lo cual es crucial para el desarrollo de sus operaciones y la mejora de su calidad de vida.

Sin embargo, no todos en la cadena de valor del cacao comparten este optimismo. Los transformadores, que convierten el fruto en productos finales como bombones y tabletas de chocolate, enfrentan desafíos considerables. Aunque la venta directa del cacao es rentable, los costos adicionales asociados con la transformación no siempre se compensan con el aumento del precio de los productos finales. Este problema es especialmente grave para los pequeños y medianos transformadores, quienes han visto reducir sus márgenes de rentabilidad debido a los costos elevados y la competitividad del mercado.

Lea también: Boom de los precios globales del cacao ¿factor de riesgo en el mediano plazo?

Colombia enfrenta un desafío significativo debido a su alta dependencia de la generación de energía a través de hidroeléctricas. Este modelo energético, que ha sido una ventaja histórica, podría convertirse en un riesgo en el mediano plazo, especialmente con la creciente intensidad de fenómenos climáticos como El Niño, según un estudio sectorial de Moody’s.

Esta dependencia podría poner en peligro la seguridad energética del país. Los eventos climáticos extremos afectan la disponibilidad de agua, crucial para la generación hidroeléctrica, lo que a su vez podría incrementar los costos y poner en riesgo la estabilidad financiera de los proveedores de energía colombianos. La diversificación hacia fuentes renovables no convencionales, como la solar y la eólica, se presenta como una solución necesaria, aunque no sin desafíos.

La incorporación de estas tecnologías requiere inversiones significativas y el desarrollo de infraestructura adecuada, lo que podría verse obstaculizado por problemas institucionales y la resistencia social al desarrollo de proyectos en algunas comunidades. Moody’s advierte que los riesgos climáticos y las consideraciones ambientales afectan las calificaciones crediticias de las compañías de servicios públicos, y la creciente preocupación pública por cuestiones ambientales podría aumentar el riesgo de intervenciones regulatorias adversas.

La falta de capacidad renovable suficiente implica que Colombia seguirá expuesta a los riesgos de su alta dependencia hidroeléctrica. Lo anterior podría generar volatilidad en los precios de la energía y requerir intervenciones gubernamentales para mantener la asequibilidad. Además, las limitaciones fiscales del país dificultan la aceleración de la generación renovable, mientras que la política gubernamental contra los hidrocarburos podría agravar las finanzas públicas, demandando nuevas fuentes de ingresos.

También te puede interesar: Colombia podría enfrentar un déficit de energía en firme para satisfacer la demanda para 2028