Jorge Vélez, cofundador y CEO de la fintech de pagos Payválida, habla sobre el concepto de “buy now, pay later”. En esta cápsula de video te contamos de qué se trata y por qué este tipo de desarrollos, le han permitido a Payválida, trabajar con diferentes actores del sistema financiero de la región.

De acuerdo con el portal Agro Negocios, durante marzo de 2024, las centrales mayoristas más importantes del país recibieron un total de 564,815 toneladas de alimentos, lo que refleja una caída del 1,2% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta información se detalla en el informe de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria proporcionado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Upra.

Por categorías de alimentos, se observó un aumento en la disponibilidad de pescados (25,5%), granos y cereales (16,3%), y productos alimenticios procesados (10,6%). Por otro lado, se registraron reducciones en el suministro de lácteos y huevos (-10,8%), carne (-10,6%), verduras y hortalizas (-6,2%), frutas (-2,4%), y tubérculos, raíces y plátanos (-1,0%).

Asimismo, durante marzo, las centrales mayoristas del país recibieron un total de 130.488 toneladas de frutas. Se destacó un aumento en el suministro de patilla (35,0%), limón (23,1%), banano (16,9%), tomate de árbol (16,5%), papaya (11,4%) y lulo (3,8%). Sin embargo, se observaron reducciones en la cantidad de piña (-25,9%), maracuyá (-23,7%), aguacate (-20,6%) y otras frutas.

En cuanto a los tubérculos y raíces, se registró un ingreso total de 165.716 toneladas en marzo de 2024, con un aumento en el suministro de plátano (26%), arracacha (19,4%) y yuca (3,8%).

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Según el informe de la empresa XM, el nivel de los embalses alcanzó el 29,52%, lo que indica un aumento del 0,95% desde el miércoles de la semana pasada, cuando comenzaron las lluvias. El domingo, las precipitaciones habrían contribuido con un 86,67% y un 46,34% en el promedio acumulado del mes.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se implementarán resoluciones para facilitar el suministro de gas natural y promover el ahorro en el consumo. Una de las nuevas medidas destacadas es la de incentivos o sanciones en la factura de energía del usuario.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió la resolución 101 042 de 2024 para determinar los cargos adicionales en la próxima factura, se utilizará como referencia la lectura más reciente del ciclo de consumo, con fecha de corte el 15 de marzo. Si hay un aumento o una disminución del consumo en un 30% en comparación con el mes anterior, se considerará el consumo diario promedio de los últimos tres meses.

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De acuerdo con información proporcionada por el diario Portafolio, después de ocho meses de negociaciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) están finalizando los detalles sobre la cantidad que se les otorgará a los taxistas debido al aumento del precio del combustible.

Se estaría considerando realizar un único pago de $400,000 como compensación, cubriendo el aumento del precio del combustible durante los meses de enero a agosto. Sin embargo, este valor aún está siendo discutido, al igual que la fecha en que se realizará el pago.

Lo que se confirma es que el Ministerio de Transporte será responsable de identificar a los conductores elegibles para recibir esta compensación. Además, los fondos deberán ser solicitados al Ministerio de Hacienda y serán desembolsados a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El monto acordado para el pago sería determinado por un estudio de consumo de estos vehículos realizado por varios ministerios. En el momento en que se anunció este análisis, el Gobierno aseguró que se considerarían las variaciones en el consumo en todo el país, debido a qué, “es muy diferente ese consumo que se tiene en Bogotá, en los municipios de la costa o en el sur del país. Esto también nos va a permitir tener mayor control sobre este promedio”, indicó el viceministro de transporte, Eduardo Enríquez Caicedo.

Hasta ahora, se consideraría un monto uniforme para todos los conductores, independientemente del departamento en el que trabajen.

El total a pagar sería alrededor de $6.400 millones, lo que significa que aproximadamente 16.000 conductores podrían beneficiarse.

El aumento en el precio de la gasolina regular comenzó en julio de 2022 con un incremento de $200, cuando el precio de este combustible era de $9.375 en Bogotá. Los aumentos se han mantenido casi mensualmente, con valores que oscilan entre $200 y $600, hasta alcanzar un precio de $15.961 por galón.

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El PIB de transporte y almacenamiento presentó una caída en 2023 frente al 2022, explicada en parte por la menor actividad en transporte terrestre y transporte por tuberías y almacenamiento y actividades complementarias al transporte.

El sector se vio fuertemente golpeado por la inseguridad que se ha evidenciado en las carreteras del país, incluyendo actos de terrorismo, extorsiones, hurtos, intimidaciones y hostigamientos, que afectaron a los conductores y empresarios del transporte de carga y logística en lo corrido del año. La situación generó además un incremento en los costos operativos y una restricción en los horarios de tránsito. No obstante, los bloqueos no fueron inconvenientes sólo del 2023, puesto que en los primeros meses de 2024 Colfecar registró 101 bloqueos entre enero y febrero, equivalentes a 638 horas de trabajo en el sector.

El Gobierno Nacional presentó el Plan Maestro de Transporte Intermodal para los próximos 30 años. Con esta iniciativa se busca impulsar la intermodalidad entre varios sistemas de transporte con el fin de reducir los costos logísticos a los que se enfrenta el sector.

Al analizar la inserción de la tecnología en diferentes sectores, se identifican nuevos terminos como edtech, proptech, healthtech o fintech. Esta última hace referencia a la inserción de tecnología en las finanzas. En esta cápsula de video te contamos sobre el universo de las fintech y los segmentos en los que estan participan.

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La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reiteró su respaldo a la propuesta de reducir el impuesto sobre la renta corporativa, enviando una carta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Anteriormente, el gremio había expresado su apoyo a esta propuesta frente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Su argumento se basa en que las altas tasas impositivas aumentan la carga tributaria efectiva de las empresas, disminuyen la competitividad del país, desincentivan la inversión y generan incertidumbre sobre las regulaciones fiscales vigentes en Colombia.

En la carta dirigida al presidente, los aseguradores muestran su respaldo a la propuesta y resaltan que la tasa del impuesto sobre la renta en Colombia es alta en comparación con estándares internacionales para las empresas.

De acuerdo con Fasecolda, “según varios estudios internacionales, Colombia se encuentra entre los países con las tasas impositivas más altas, lo que contrasta con la tendencia mundial de reducción de estas tarifas para fomentar la inversión social, la equidad tributaria y el crecimiento económico”.

Del mismo modo, consideran que la reducción de la tasa del impuesto corporativo no sólo fomentaría la inversión y el empleo, sino que también ayudaría a disminuir la evasión fiscal, agregando que, “mejoraría la competitividad internacional de las empresas colombianas y, sobre todo, fortalecería, vía generación de empleo, los programas sociales del gobierno”.

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La fabricación de artículos como equipaje, bolsos de mano y productos de cuero aumentó un 15,2%, mientras que la producción de jabones, perfumes y productos de tocador creció un 9,3% en los primeros meses de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.

La leve disminución de la inflación y el ajuste positivo en las tasas de interés por parte del Banco de la República han contribuido en cierta medida a mejorar las condiciones de fabricación y producción de algunos productos. Sin embargo, el sector sigue enfrentando desafíos significativos debido a la aparente recesión económica y la disminución en las ventas.

En términos generales, 30 de las 39 actividades industriales y de manufactura en Colombia han experimentado una contracción en lo que va del año, siendo la fabricación de vehículos la más afectada por estas pérdidas.

La economía colombiana muestra una ligera mejora en comparación con 2023, aunque aún no ha alcanzado una estabilidad positiva constante. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han reducido sus proyecciones económicas para el país este año, situándolas por debajo del 1,5% anual.

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Debido a un clima propicio, la reducción de costos en insumos agrícolas y la expansión de tierras de cultivo, Colombia podría tener una ventaja sobre sus competidores.

Según previsiones del Grupo Bancolombia, el sector exportador de aguacate Hass está en una fase prometedora para el presente año.

Después de un incremento acumulado del 84,0% en las exportaciones en dólares hasta febrero, se anticipa un aumento del 19,0% en el volumen de exportación. Esto se atribuye a condiciones climáticas favorables, reducción de costos en insumos agrícolas y la expansión de nuevas áreas de cultivo.

El Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (Cirad) indica que la sobreoferta mundial que ha impactado los precios en años anteriores llegaría a su punto máximo en 2024. Lo anterior podría indicar un cambio en la dirección de los precios en el mercado internacional.

A diferencia de países como Perú, que enfrentan una disminución en la cosecha debido a condiciones climáticas desfavorables, y productores africanos que lidian con problemas logísticos, Colombia está capitalizando esta situación para mejorar sus exportaciones. Especialmente en Europa, donde los precios han mostrado un aumento con respecto al año anterior.

Asimismo, la industria está buscando nuevas posibilidades en mercados como Chile y la costa este de Estados Unidos, donde se anticipa un incremento en el consumo por persona. No obstante, para mantener su competitividad, la entidad enfatizó la importancia de que los productores y distribuidores mejoren sus procesos de producción y se centren en fomentar el consumo nacional del aguacate Hass, así como en la innovación de productos derivados como el aceite de aguacate.

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El fracaso de la reforma a la salud y la intervención en EPS como Sanitas y Nueva EPS ha desencadenado debates sobre la estatización de sectores.

Hay preocupaciones sobre posibles cambios en el mercado eléctrico y la propuesta del presidente Gustavo Petro que el Estado tome el control del Fondo Nacional del Café.

El sector minero enfrenta incertidumbre debido al decreto 044 del Ministerio de Ambiente, que podría suspender la actividad y afectar la inversión privada.

Luego del hundimiento de la reforma a la salud el pasado tres de abril y la intervención por parte de la Superintendencia de Salud a EPS como Sanitas y Nueva EPS, que suman más de 13,6 millones de afiliados, se han generado importantes debates en torno a la estatización de diversos sectores clave de la economía. Desde la infraestructura hasta la salud y la educación, las decisiones del gobierno están siendo cuestionadas por su impacto en la gestión de recursos y la calidad de los servicios.

La estatización implica la transferencia de la propiedad y el control de industrias, empresas o servicios clave de la economía de manos privadas al Estado. Este proceso puede ocurrir por diversas razones, como la búsqueda de mayor control gubernamental sobre sectores estratégicos, la corrección de fallas de mercado, la promoción de la equidad social o la estabilización económica. La estatización a gran escala puede tener un impacto significativo en la estructura económica y política de un país, afectando la distribución de recursos, la eficiencia económica y el papel del Estado en la sociedad.

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En el ámbito energético, han surgido inquietudes acerca de potenciales modificaciones en el mercado eléctrico, tales como la posible incorporación de empresas estatales, lo cual podría implicar un retroceso respecto a los progresos alcanzados con la participación de actores privados. Por otro lado, en el sector cafetero, las declaraciones del presidente Petro durante la Gran Asamblea Nacional Cafetera, donde sugirió que el Estado debería asumir el control del Fondo Nacional del Café y cuestionó la gestión de la Federación Nacional de Cafeteros, han generado preocupación y debate dentro de la comunidad cafetera.

En cuanto al sector minero en Colombia, el decreto 044 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el proyecto de Ley Minera y la creación de Ecominerales, ha generado inquietud entre los representantes del sector, como Juan Camilo Nariño de la Asociación Colombiana de Minería. El decreto en cuestión otorga amplios poderes al Ministerio de Ambiente para delimitar zonas de reserva temporal de manera subjetiva y sin la participación de entidades clave como las corporaciones autónomas, alcaldes, gobernadores y comunidades afectadas. Esta incertidumbre y falta de participación amenaza la inversión privada y podría suspender la actividad minera durante un período prolongado de hasta 10 años, lo que se percibe más como una decisión definitiva que temporal.

En el sector educativo, los retrasos en los pagos del Icetex a las universidades privadas han desencadenado una crisis económica que amenaza con afectar gravemente a miles de estudiantes en todo el país. Esta situación resalta la importancia de una gestión eficiente y oportuna de los recursos destinados a la educación.

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El informe más reciente de ANIF arroja datos preocupantes sobre la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional en el primer trimestre de 2024. Apenas se ha ejecutado el 9,3 % de los recursos aprobados en el presupuesto nacional, siendo este el resultado más bajo en comparación con administraciones anteriores. Esta situación plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo sus programas y proyectos prioritarios en un contexto de desaceleración económica.

Uno de los sectores más afectados es el de la infraestructura. Según informes recientes, cerca de $13 billones del Presupuesto General de la Nación de 2024 se encuentran en el aire, dejando sin recursos a cerca de 100 proyectos de infraestructura en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Santander, Cauca y Boyacá. Esta situación ha generado un estancamiento en el desarrollo de obras de vital importancia para el país, afectando la competitividad y el crecimiento económico.

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Ante este panorama, es fundamental que el gobierno tome medidas decisivas para impulsar la economía y garantizar la estabilidad financiera de los sectores afectados. Esto incluye mejorar la ejecución presupuestal, promover la inversión en infraestructura y educación, y fomentar la participación y el diálogo con los actores clave.

Además, es necesario fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos, para evitar la corrupción y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a donde se necesitan. Sólo mediante una acción coordinada entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil será posible superar los desafíos actuales y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible en Colombia.