Según lo expresado por Juana Francisca Llano, quien preside Suramericana, la petición presentada por EPS Sura ante la Superintendencia Nacional de Salud debe ser contestada en un plazo máximo de 65 días, así lo expresa el Diario El Colombiano.

Dentro de ese lapso, la Superintendencia Nacional de Salud debe tomar una determinación respecto al plan gradual de retiro que ha sido presentado por EPS Sura. Si este plan fuese aprobado, se procedería a su ejecución de manera inmediata.

Es importante tener en cuenta que EPS Sura cuenta con 5,5 millones de asegurados, quienes, tras la implementación del plan de retiro, deberían trasladarse a una EPS designada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, dado que las principales EPS se encuentran actualmente bajo algún tipo de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, no está claro cuál sería la alternativa en este caso.

Llano destacó con firmeza que no existe una alternativa secundaria, aunque es posible que el gobierno intervenga en EPS Sura debido a su incumplimiento en los criterios de solvencia financiera. Es relevante mencionar que, en los últimos dos años, EPS Sura ha registrado pérdidas superiores a los $221.000 millones.

La presidenta de Suramericana expresó que, “la inadecuada financiación de nuestro sistema de salud es histórica y estructural, con un marco jurídico que otorga coberturas y servicios ilimitados, junto con un presupuesto limitado”.

Aun así, Sura ha expresado su compromiso de continuar brindando atención hasta el último momento y velar por el bienestar de sus pacientes, mientras la Superintendencia toma decisiones sustanciales.

Es evidente, según lo señalado por Llano, que ninguna de las reformas presentadas hasta ahora logra satisfacer las demandas del sistema de salud. Por lo tanto, resulta complicado alcanzar un acuerdo entre la EPS y el Gobierno que no implique la eliminación gradual del proveedor de servicios de salud.

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La normativa de deforestación podría reducir la competitividad de productos como el café y el cacao en el mercado europeo, afectando la economía colombiana.

Aunque la normativa europea presenta barreras, también ofrece la oportunidad de mejorar la sostenibilidad y abrir nuevos mercados.

La aprobación del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), que busca evitar la importación de productos provenientes de áreas ilegalmente deforestadas traerá significativas implicaciones para las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea.

La Ley de Deforestación de la Unión Europea (UE) es una medida que busca evitar la importación de productos procedentes de áreas deforestadas de manera ilegal a partir del 31 de diciembre de 2020. Esto implica que los proveedores deben certificar el origen de sus productos para garantizar su trazabilidad. La norma cubre una amplia gama de productos, incluyendo cacao, café, aceite de palma, soya, madera, carbón vegetal, derivados de aceite de palma y ganado, así como productos elaborados con estas materias primas. La UE implementará controles de importación clasificando a los países según su riesgo de deforestación, utilizando geolocalización para verificar la cadena de suministro.

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La implementación de sistemas de trazabilidad que certifiquen que los productos no provienen de áreas deforestadas es uno de los mayores retos. Según Javier Díaz, director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la necesidad de georreferenciar las parcelas y certificar la procedencia de los productos implica mayores costos para los productores colombianos. Este incremento de costos se reflejará en el precio final de los productos, lo cual podría reducir su competitividad en el mercado europeo.

Los pequeños productores son los más vulnerables a las nuevas regulaciones. La falta de recursos tecnológicos y financieros para implementar sistemas de trazabilidad dificulta su capacidad para cumplir con los estándares exigidos. La diferenciación entre pequeños y grandes productores, así como el apoyo a los primeros, será crucial para evitar que las normativas europeas perpetúen desigualdades económicas. Además, surgen interrogantes sobre la compensación económica para los países que conservan áreas forestales. Aunque la normativa puede fomentar la innovación y generar oportunidades de negocio en sectores verdes, como las energías renovables, también plantea preocupaciones sobre los requisitos para cumplir con los estándares ambientales europeos, lo que podría afectar la competitividad de los exportadores.

El Reglamento Europeo de Deforestación no sólo impacta a los productores sino también al mercado en general. La posibilidad de que productos colombianos, como el café y el cacao, no puedan ingresar al mercado europeo si no cumplen con los estándares de sostenibilidad, podría reducir las exportaciones y afectar significativamente la economía del país. En 2023, las exportaciones colombianas a la Unión Europea totalizaron 6.809 millones de dólares, donde los productos no minero energéticos representan el 33% y se destacan productos como bananas o plátanos frescos, aguacate Hass, gulupa, uchuvas, café, aceites y grasas.

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En el departamento del Huila, ya se están implementando proyectos piloto para asegurar que el café exportado cumpla con estos estándares. La transparencia en la cadena de suministro no sólo es un requisito legal, sino que también puede mejorar la imagen de los productos colombianos, abriendo potencialmente nuevos mercados y oportunidades de negocio en el ámbito de la sostenibilidad.

Para enfrentar estos desafíos, Colombia necesita una respuesta coordinada entre el sector privado y el gobierno. La cooperación técnica y financiera con entidades internacionales es crucial para desarrollar e implementar las tecnologías y metodologías necesarias para cumplir con los estándares europeos. Además, es vital que el gobierno colombiano promueva políticas de apoyo a los pequeños productores para facilitar su acceso a los mercados internacionales bajo las nuevas regulaciones.

El Pacto Verde Europeo presenta un desafío significativo para las exportaciones colombianas, especialmente en sectores clave como el café y el cacao. El aumento de costos y la necesidad de implementar sistemas de trazabilidad imponen barreras que podrían afectar a los pequeños productores. Sin embargo, con una estrategia adecuada que incluya cooperación internacional y apoyo gubernamental, Colombia puede no sólo cumplir con los nuevos requisitos, sino también posicionarse en la producción sostenible. La transición hacia prácticas más verdes no sólo es una exigencia legal, sino una oportunidad para innovar y asegurar un futuro más sostenible para la industria agroexportadora del país.

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El inicio del 2024 no ha sido favorable para el comercio exterior colombiano, ya que este aspecto económico sigue sufriendo debido a la disminución en las exportaciones e importaciones. Además de estos desequilibrios, el sector había estado advirtiendo que la aprobación del nuevo estatuto aduanero, según el Decreto 0659 de 2024, recientemente emitido, podría ocasionar importantes problemas en cuanto a los plazos y los costos asociados a las importaciones, según el Diario Portafolio.

Aunque estaba siendo evaluado, la semana pasada el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, ratificó que el estatuto había sido aprobado por el presidente, lo que significa que entrará en vigor el próximo mes, con la intención de combatir el contrabando.

La DIAN señaló que el estatuto se introducirá progresivamente en el sector, con la expectativa de que esto conduzca a una mayor actividad preventiva contra el contrabando y a un refuerzo en la seguridad en las fronteras y los puntos de entrada de mercancías al país.

Desde la DIAN indicaron que, “este es un resultado deseable y determinante para la economía y el comercio exterior del país. Está en la agilización de los procesos asociados a la cadena de valor al implementar nuevas tecnologías para sistematizar la información y ampliar los turnos de atención 7X24, que implica mejoras sustanciales en tiempos y movimientos de las operaciones y la logística integral”.

No obstante, Andrea Caicedo, directora de aduanas en Araujo Ibarra Consultores, advirtió a Portafolio sobre una serie de consecuencias que los importadores podrían enfrentar debido al reciente estatuto aduanero. Subrayó que el principal cambio radica en la necesidad de presentar una declaración de importación con un mínimo de 48 horas de anticipación a la llegada de la mercancía al país.

Asimismo, la directora destacó que, “antes, salvo algunas excepciones, la declaración de importación se presentaba dentro del mes siguiente a la fecha de llegada de la mercancía. Adaptarse a esta nueva obligación puede ser un reto para muchos importadores”.

Es importante señalar que previo al decreto, la declaración anticipada sólo era necesaria para los sectores textil y de calzado. En este sentido, el director de la DIAN ilustró la situación diciendo que “si alguien se dedica al contrabando de otros productos, no estaba obligado a realizar esa declaración anticipada”.

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Según información proporcionada por el diario El País, el Gobierno Nacional tiene la intención de relajar ciertas regulaciones para la importación de gas natural hacia Colombia y está explorando la posibilidad de que el gas proveniente de Venezuela respalde los futuros proyectos de desarrollo de campos petroleros de Ecopetrol, con el objetivo de cubrir las demandas de gas en los próximos años.

Según ciertas advertencias, la escasez de gas podría comenzar a manifestarse en el año 2026, por lo tanto, una de las estrategias para asegurar el suministro de gas hasta el 2038 sería, “del desarrollo e incorporación de recursos costa afuera (offshore) proyectados y ampliaciones de capacidad de importación”, de acuerdo con documento del Ministerio de Minas y Energía.

En este contexto, el Gobierno está trabajando en la flexibilización de los decretos relacionados con la importación de gas natural, con el fin de agilizar su comercialización en el país.

Según indica el documento, “esto a su vez significa tener contratos con la capacidad de regasificación y almacenamiento; o en su defecto, contar con un contrato que asegure que se cuenta con capacidad de uso de las interconexiones internacionales para importar desde Venezuela”.

“Los hallazgos de Gorgon 1, Uchiva 2 y Glaucus 15, no han podido declarar comerciabilidad, a su vez no han declarado reservas, y por ende aún no cuentan con respaldo físico, el cual es necesario, para que puedan firmar los contratos que estipula la regulación, y con ello, asegurar la Decisión Final de Inversión (FID), y tener viabilidad financiera. Esta problemática, también fue expuesta por Ecopetrol en su comunicación con radicado 1-2024-010304 del 12 de marzo de 2024, donde menciona que la regulación actual exige tener respaldo físico para poder tener contratos en firme, pero ninguno de estos proyectos será financieramente viable si no se firman los contratos respectivos”, resaltan desde el Ministerio de Minas y Energía.

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La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó los indicadores de seguridad de la información y ciberseguridad de los bancos del país correspondientes al año 2023. Con base en contenido del diario La República, la información proporcionada cubre detalles sobre las inversiones efectuadas por las entidades bancarias, así como la eficacia de las tácticas implementadas para reforzar la seguridad digital de los clientes financieros.

Respecto a los ataques cibernéticos, la Superintendencia Financiera resaltó que se reportaron 28.000 millones de intentos, pero únicamente dos se concretaron.

Estos ataques se interpretaron como los esfuerzos de los ciberdelincuentes por acceder de manera no autorizada a los servicios, recursos o datos del sistema, así como para comprometer la seguridad de la información o perturbar, denegar o disminuir los recursos del sistema de información.

En concordancia con esto, se resaltó que los bancos siguen reforzando sus controles mediante planes de acción estandarizados, evaluados y automatizados para la seguridad de la información y la ciberseguridad. De hecho, se señaló que la medición de los sistemas de gestión mejoró en un 2,74%.

En esta misma línea, se afirmó que los bancos del país destinaron $440.000 millones en 2023 a la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad.

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En 2023, el desempeño del sector cereales en Colombia fue positivo analizado desde la producción, donde sólo una de las seis líneas productivas decreció, el trigo, lo cual llevó a que la producción acumulada incrementara un 4,1%. El maíz blanco y amarillo, tecnificado y tradicional, registró un incremento del 1,5% en producción y representó el 89,6% del total de la producción y el 83,2% del total de la superficie cultivada con cereales en el país.

Es precisamente el rendimiento el punto débil del sector, si bien, el global sin ponderar pasó de 3,3 toneladas por hectárea a 3,5; el maíz, que es el segmento del mayor peso, pasó de 3,8 a 3,7 toneladas por hectárea. En relación con el comercio internacional, la balanza del sector continúa ampliamente deficitaria aún con una caída en valor del 17,9% en las importaciones de 2023 y un leve aumento en el valor de las exportaciones. Con relación a las expectativas de corto plazo, se espera que, para 2024, los precios tiendan al alza.

En cuanto a inversión, las Mipymes se han enfocado en generar nuevas capacidades para su talento humano, desarrollar nuevos productos y mejorar procesos; sin embargo, han descuidado el acceso a tecnología y CAPEX.

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En el Congreso Bananero de Asbama, celebrado en Santa Marta, se presentó un panorama sobre la situación productiva del banano en Colombia, la fruta más cultivada en el país. Desde 2019, la producción de banano ha crecido alcanzando 2,6 millones de toneladas en 2023. Sin embargo, Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, advirtió sobre la grave amenaza del Fusarium RT4, una plaga que “podría extinguirnos más rápido que el clima”.

El sector bananero colombiano se divide en dos tipos de producción: banano de exportación y banano criollo. El banano de exportación, que representa el 50,3% de la producción, tiene un rendimiento significativamente mayor, con 37 toneladas por hectárea, en comparación con las 9 toneladas del banano criollo.

La industria bananera es vital para la economía del Caribe colombiano, generando aproximadamente 293.648 empleos directos e indirectos y apoyando a cerca de 36.000 familias. Sin embargo, la plaga del Fusarium RT4 representa un desafío crítico. Este hongo, que afecta las plantaciones de banano y plátano, provoca el marchitamiento y la muerte de las plantas. Su capacidad de sobrevivir en el suelo durante más de 30 años hace que sea extremadamente difícil de manejar.

Además, Mojica anunció la asignación de $2 billones adicionales para el programa ‘Confianza Colombia’, enfocado en mejorar la adaptabilidad y productividad del sector agrícola. Desde el inicio del gobierno, se han invertido $46,3 billones en subsidios de tasas de interés y mejoras en maquinaria.

Las exportaciones de banano también han mostrado un crecimiento positivo, aumentando un 18% en el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe en gran parte al aumento del 13,7% en el volumen de carga contenerizada y al crecimiento de las exportaciones refrigeradas de banano.

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Los precios del tomate han experimentado una tendencia a la baja en mercados globales, influenciados principalmente por una menor demanda del consumidor mientras la oferta se mantiene robusta. Este fenómeno es observable incluso en Italia, un país reconocido por su alto consumo de tomates, donde la demanda se ha estancado, provocando una caída en los precios durante los últimos diez días. La competencia se ha intensificado con la mayor oferta proveniente de España, Turquía y Marruecos, lo que ha contribuido a la presión sobre los precios.

En Alemania, el exceso de oferta de tomates ha resultado en una disminución de precios, con una amplia disponibilidad de productos tanto nacionales como de los Países Bajos, Bélgica e Italia. Francia enfrenta una situación similar, con una oferta elevada que no ha sido absorbida por la demanda, especialmente hacia finales de mes, llevando a una disminución en los precios.

La campaña de invernadero en Almería, España, ha terminado con expectativas de un inicio más temprano en la próxima temporada 2024/25. Las importaciones de tomates de Marruecos y otros orígenes han causado una caída significativa de precios durante la campaña de invierno.

En Norteamérica, los precios han caído ligeramente. En EE. UU., la oferta nacional disminuirá temporalmente antes de mejorar con la cosecha en otros estados. Canadá mantiene una buena oferta de tomates de invernadero, mientras que México continúa con una fuerte producción.

En Sudáfrica, los precios siguen bajando, pero se mantienen un 70% por encima del año pasado debido a la escasa oferta de tomates de alta calidad. En China, los precios son más altos que en años anteriores debido a menores rendimientos en las principales regiones productoras afectadas por bajas temperaturas.

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El sector educativo de Colombia enfrenta crecientes preocupaciones en torno a la Ley Estatutaria que se debate en el Congreso de la República. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana alertó sobre la necesidad de al menos $40,8 billones para implementar esta reforma, que busca establecer la educación como un derecho fundamental.

El proyecto de ley pretende mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en todos los niveles. Sin embargo, el LEE cuestiona la financiación, dado que el Ministerio de Hacienda afirmó no tener objeciones presupuestales, señalando que el proyecto no ordena gastos adicionales ni otorga beneficios tributarios.

Gloria Bernal, directora del LEE, crítica la falta de estimaciones claras de los costos y planificación para la implementación de la ley. Según sus cálculos, se necesitarían $9,3 billones adicionales anuales para la educación inicial, $3,3 billones para la básica, $4,04 billones para la media y $24,4 billones para la superior.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, indicó que no cuenta con suficiente información para establecer el impacto fiscal del proyecto. Además, mencionaron el déficit histórico en el Sistema General de Participaciones, con $1,3 billones en 2022, $3,8 billones en 2023 y $3,3 billones en 2024.

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, destacó la falta de claridad sobre la financiación de la reforma. La congresista Paloma Valencia advirtió sobre la irresponsabilidad de aprobar proyectos sin conocer su impacto fiscal, lo que podría llevar a reformas tributarias adicionales.

Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, criticó el proyecto por no ser visionario ni innovador, y por no abordar adecuadamente el desfinanciamiento estructural del sector educativo.

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