• El Banco Mundial estima un crecimiento del globo del 2,7 % para 2025 y 2026.
• Latinoamérica cerró en 2024 con un crecimiento del 2,2 %, siendo la cifra más baja desde 2022.

En la medida en que la inflación ha cedido y las restricciones monetarias se han flexibilizado, la actividad economía mundial ha comenzado a estabilizarse. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, el mundo crecerá a una tasa del 2,7% en 2025 y en 2026. De ser así, se completarían cuatro años de crecimiento en ese nivel, hecho explicado por la serie de eventos negativos que han ocurrido desde la pandemia y que impidieron un mayor dinamismo. De esta manera, el crecimiento de la economía global estaría estancándose en tasas relativamente bajas, lo que tiene un efecto negativo en el desarrollo económico y en el incremento del ingreso per cápita en los diferentes países.

En adición, el mundo enfrenta riesgos latentes, como los conflictos geopolíticos que pueden derivar de los cambios de gobierno ocurridos luego de los procesos electorales llevados a cabo en diferentes territorios en 2024. En este contexto, otros obstáculos potenciales para la actividad económica son una inflación alta por un periodo más largo del esperado y el debilitamiento en el crecimiento de países clave como Estados Unidos y China.

En cuanto al volumen del comercio internacional, se estima que, a cierre de 2024, tuvo un crecimiento del 2,7%. Para 2025 y 2026, se prevé un mayor dinamismo, con aumentos anuales del 3,1% y 3,2%, respectivamente. Sin embargo, este crecimiento sería inferior al promedio del periodo 2010-2019 en más de la mitad de los países. En este frente se identifica otro riesgo para la actividad económica, que es la fragmentación del comercio mundial. Según el Banco Mundial, las restricciones comerciales son un recurso usado por los países con cada vez más frecuencia. En particular, la entidad estima que el número de restricciones comerciales en 2024 fue cinco veces mayor que el valor promedio de la década previa. Cabe señalar que, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y las medidas que ha tomado en las primeras semanas de su mandato, la materialización de este riesgo parece más probable en el corto plazo.

A cierre de 2024, se estima que el crecimiento de la economía de Latinoamérica y el Caribe se ubicó en 2,2%, siendo la cifra más baja registrada desde 2022. La desaceleración en la actividad económica de la región estuvo asociada principalmente a una disminución en el consumo público y privado. El comportamiento en los diferentes países fue mixto. De un lado, en Brasil, el alto consumo favoreció al crecimiento de la actividad económica, mientras que en Chille, Colombia y Perú, el repunte estuvo explicado por las ventas externas y la inversión privada. Por su parte, la economía mexicana se vio afectada por una caída importante en las exportaciones, al tiempo que Argentina mostró algunas señales de recuperación en la segunda mitad del año.

Las proyecciones a corto plazo apuntan a un crecimiento del 2,5%, para 2025 y del 2,6% para 2026, cifras atribuibles principalmente a la recuperación esperada de la economía argentina, así como a la normalización de la política monetaria y de la inflación. Sin embargo, el Banco Mundial advierte de algunos riesgos que podrían limitar la expansión económica, dentro de los que están las presiones fiscales, la persistencia de la inflación subyacente y una potencial restricción monetaria en respuesta. Además, la menor demanda por parte de China puede afectar en forma importante el crecimiento de Chile y de Perú. Igualmente, el impacto de políticas comerciales adversas, como el incremento en los aranceles, puede limitar las capacidades de crecimiento de la región.

Particularmente en Colombia, los pronósticos de crecimiento para 2025 oscilan entre el 2,4% y el 3,0%. Para el Banco Mundial, la moderación de la inflación y, en consecuencia, de la política monetaria pueden fomentar el consumo y la inversión privados, impulsando el crecimiento. Sin embargo, la crítica situación de las finanzas públicas puede inducir a una política fiscal contractiva que frene el crecimiento en la actividad económica. En esta misma línea, el Banco de la República estima que la economía colombiana continuará recuperándose en 2025 gracias al consumo y la inversión. En adición, el Informe de Política Monetaria de enero de 2025 señala que “otros factores que seguirían impulsando el crecimiento en 2025 serían el relativamente buen desempeño de los socios comerciales, un buen comportamiento del turismo de no residentes y unas remesas que seguirían en niveles altos, dando mayor estímulo al consumo privado“ . Por su parte, Fedesarrollo pronostica que el 2025 cerrará con un crecimiento del 2,6%, que estaría explicado por los subsectores de comercio y servicios y por el sector público. Para 2026, el Banco Mundial prevé un crecimiento económico del 2,9%, mientras que para el Emisor será del 3,4%.

El Congreso de la República avanza en la modernización del Estatuto del Consumidor con la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 173 de 2024, el cual busca modificar la Ley 1480 de 2011. La iniciativa tiene como propósito fortalecer la protección de los consumidores en Colombia, tanto en el comercio tradicional como en las transacciones digitales, garantizando un equilibrio en la relación entre proveedores y compradores.

Según la ponencia presentada por el senador Efraín José Cepeda Sarabia, el proyecto de ley incorpora medidas para mejorar la supervisión de los derechos del consumidor, promoviendo una mayor equidad territorial en la aplicación de la normativa. Entre las modificaciones clave se encuentra la posibilidad de que los municipios conserven un porcentaje de las multas impuestas a infractores, incentivando así un mayor control y vigilancia sobre las prácticas comerciales dentro de sus jurisdicciones.

El documento señala que los municipios podrán retener las sanciones impuestas siempre que estas no superen los 300 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). En caso de que la multa supere este umbral, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) asumirá de inmediato la competencia sobre el proceso sancionatorio​.

Este proyecto de ley también contempla la implementación de nuevas estrategias de educación al consumidor y la actualización de mecanismos de reclamación, facilitando así el acceso a información clara y eficiente para los ciudadanos. Además, se fortalecerán los canales de denuncia y supervisión, permitiendo una mayor efectividad en la respuesta a posibles vulneraciones de derechos.

La reforma del Estatuto del Consumidor es vista como un paso fundamental para garantizar que los consumidores colombianos cuenten con mayores garantías y herramientas de protección ante posibles abusos en el mercado. La modernización de esta normativa responde a la evolución del comercio y busca asegurar un marco legal más robusto y actualizado para la defensa de los derechos de los consumidores en el país.

Puede leer también: Cámaras de Comercio alertan sobre impacto con los ajustes de tarifas en trámites empresariales

Los fabricantes de empaques de icopor en Colombia se preparan para la prohibición total de este material en 2030, establecida en la Ley 2232 de 2022. Esta normativa busca la eliminación progresiva de productos plásticos de un solo uso, promoviendo el uso de alternativas sostenibles.

Según el diario La República, la primera fase de esta prohibición comenzó en 2024, restringiendo productos como bolsas plásticas de carga y algunos envases. La segunda etapa, programada para 2030, incluirá la eliminación del poliestireno expandido, utilizado en envases para alimentos y bebidas. Ante este panorama, la industria ha iniciado la búsqueda de materiales alternativos que cumplan con la normatividad y sean viables para su producción y comercialización.

Las empresas del sector han manifestado su interés en desarrollar empaques biodegradables y compostables, que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer la funcionalidad del producto. Sin embargo, advierten que la transición requiere inversiones significativas en tecnología y procesos de producción, el reto para los fabricantes es adaptarse a esta transformación sin afectar su competitividad.

Puede leer también: En Colombia se generan más de 1,3 millones de toneladas de residuos plásticos al año

El Ministerio de Salud de Colombia anunció que acatará las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en relación con los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta decisión se produce tras múltiples pronunciamientos del alto tribunal que instan al ministerio a cumplir con sus obligaciones financieras pendientes en el sistema de salud.

Según el diario La República, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que la cartera cumplirá con las directrices de la Corte, incluyendo el pago de deudas acumuladas y la revisión de la metodología para el cálculo de la UPC. Estas acciones buscan garantizar la sostenibilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y asegurar la adecuada prestación de servicios a los usuarios.

En relación con el incidente de desacato abierto contra el ministro Jaramillo, la Corte ha otorgado un plazo de dos días para que el funcionario se pronuncie al respecto. Estas medidas buscan resolver las tensiones financieras que afectan al sistema de salud colombiano y garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos.

El cumplimiento de estas disposiciones será clave para mantener la estabilidad del sistema de salud y asegurar que las EPS cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad. La respuesta del Ministerio de Salud será determinante para evitar futuras sanciones y fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de la salud pública en Colombia.

Te puede interesar: Ministerio de Salud rechaza las acusaciones de incumplimiento sobre presupuestos máximos y UPC