El sector agrícola en Colombia durante 2024 experimentó una fuerte bonanza impulsada por cosechas como la del café o el aguacate, que tuvieron incrementos en su producción del 24,0% y el 15,7%, respectivamente. Sin embargo, debido a la alta dependencia del sector por insumos del mercado internacional, la industria local de agroquímicos no reflejó un incremento equivalente en la demanda de sus productos; solo Colombia, representó el 1,0% de la demanda en el mercado mundial de fertilizantes.

Los precios de los insumos en noviembre de 2024 se redujeron el 8,7% respecto al mismo mes del año anterior. En el ámbito del comercio exterior, la balanza comercial del sector sigue siendo deficitaria. Las importaciones disminuyeron un 5,2% en valor, aunque en volumen aumentaron un 2,5%, con una reducción del 7,5% en el precio promedio por kilo importado. En contraste, las exportaciones del sector aumentaron un 4,0% en valor, aunque en volumen cayeron un 8,5%, reflejando un incremento del 13,7% en el precio promedio por kilo exportado​​.

El déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) disminuirá en $400.000 millones, gracias a los ajustes en los precios realizados en los últimos meses. La disminución contribuye a la sostenibilidad fiscal del mecanismo que evita fluctuaciones drásticas en los precios de la gasolina y el diésel, y se proyecta un saldo adeudado de $10,3 billones.

A pesar de la reducción, el fondo sigue acumulando un saldo negativo significativo, lo que mantiene la necesidad de revisar su esquema de financiamiento, y donde la deuda se debe principalmente al diésel.

El FEPC se creó en el 2007 para amortiguar la volatilidad de los precios internacionales, debido a esto en el 2019 se generó una deuda de $17,0 billones. En el 2022 el déficit aumentó llegando a $36,7 billones, luego en el 2023 se redujo hasta los $15,2 billones (41,4%) para finalmente establecerse en $10,7 billones en el año 2024, explicado por el aumento progresivo del precio del combustible.

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El Congreso de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Superior Pública, el cual busca reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992. Iniciativa que garantiza una mayor estabilidad en los recursos destinados a las universidades estatales y mejora en el acceso a la educación. asegurando recursos para infraestructura.

La Presidencia de la República manifestó que este proyecto tiene como objetivo principal incrementar gradualmente la financiación de las instituciones de educación superior pública, asegurando los recursos suficientes para su sostenibilidad. La propuesta se centra en fortalecer la base presupuestal de las universidades y permitir una distribución más equitativa de los fondos, debido a que entre el 2000 y el 2023 las matrículas en las instituciones de educación superior han aumentado un 176,0%, mientras que su base presupuestal ha aumentado 62,0%.

El Ministerio de Educación Nacional resaltó que la aprobación de este proyecto es un paso fundamental para reducir la brecha educativa en el país. La ley también contempla mecanismos para mejorar la calidad de la enseñanza y la infraestructura de las universidades públicas. A medida que el proyecto avanza en el trámite legislativo, el Gobierno espera contar con el respaldo del Congreso para consolidar un modelo de financiamiento que garantice una educación superior accesible y de calidad para los jóvenes del país.

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Colombia enfrenta un déficit estructural en el abastecimiento de gas natural, debido a la caída del 17,7% en las reservas probadas entre 2022 y 2023, pasando de 7,2 a 6,1 años de autosuficiencia, mostrando una tendencia negativa desde 2017. La reducción ha obligado al país a incrementar sus importaciones para evitar el desabastecimiento.

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señala que la falta de inversión en exploración y perforación de nuevos pozos ha sido un factor determinante en la disminución de las reservas. En 2025, la producción nacional de gas no logra cubrir la demanda interna, generando presiones en el mercado energético. También la importación era previsible. Aunque Colombia compra gas natural desde 2016, sería la primera vez que se importaría gas natural licuado para el consumo interno.

Como consecuencia, las tarifas del gas han registrado incrementos significativos, impactando a hogares y a sectores industriales. Empresas como Vanti y EPM han ajustado sus precios debido al mayor costo del gas importado y al incremento en los costos de transporte. La crisis del gas compromete la estabilidad de sectores como el manufacturero, agroindustrial y energético, que dependen de este insumo para su funcionamiento. La incertidumbre en el abastecimiento también podría generar presiones inflacionarias en el corto plazo.

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  • Estados Unidos es el principal usuario del Canal de Panamá, representando el 74.7% del tráfico de carga en 2024, mientras que China ocupa el segundo lugar con el 21.4%.
  • Donald Trump ha expresado que Estados Unidos debería intervenir el canal para garantizar su control estratégico debido a la creciente influencia china.
  • Debido a los costos sociales y económicos, Estados Unidos podría ejercer presión económica y diplomática para limitar la influencia china sin necesidad de recuperar el canal directamente.

El Canal de Panamá es una vía fundamental para el comercio mundial, conectando los océanos Atlántico y Pacífico y facilitando el tránsito de mercaderías entre las principales economías del mundo. Desde su inauguración en 1914, ha sido un punto estratégico clave para Estados Unidos, que lo administró durante décadas. En 1977, los presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos firmaron un acuerdo para devolver el control del canal a Panamá, un proceso que culminó en 1999 con su entrega definitiva a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Recientemente, el presidente Donald Trump ha manifestado su preocupación sobre el papel creciente de China en la infraestructura y operación del canal. En sus declaraciones, ha argumentado que la influencia china representa un riesgo para los intereses estadounidenses y que Washington debería tomar medidas para asegurar su posición en esta vía comercial.

¿Cómo nació el canal?

El Canal de Panamá fue concebido a finales del siglo XIX como una solución para mejorar la conectividad global. Francia intentó su construcción en 1881, pero el proyecto fracasó por dificultades financieras y sanitarias. Estados Unidos retomó la obra en 1904, finalizándola en 1914 y asegurando su control bajo el Tratado Hay-Bunau Varilla.

Con el tiempo, la demanda de soberanía por parte de Panamá creció, lo que llevó a la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977. Estos acuerdos establecieron una transición progresiva, iniciando un cogobierno entre ambos países y culminando en 1999 con la entrega total de la administración a Panamá. A cambio, se acordó la posibilidad de Estados Unidos intervenir en caso de amenazas a la neutralidad o seguridad de la vía interoceánica y como garantía para el tránsito libre de embarcaciones estadounidenses.

En el año fiscal 2024, Estados Unidos representó el 74,7% del tráfico de carga movilizada por la vía interoceánica panameña, con más de 160,12 millones de toneladas largas de carga. China ocupó el segundo lugar, con el 21,4% de participación, al movilizar 45,04 millones de toneladas largas en el mismo período.

Las declaraciones de Donald Trump

Desde su discurso de posesión para ejercer un segundo mandato de los Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado que China ha incrementado su participación en la infraestructura y operación del canal, violando el espíritu original de los tratados de 1977. Según sus argumentos, empresas chinas han adquirido derechos de operación en terminales clave y han invertido en la modernización de infraestructuras portuarias cercanas, lo que podría representar un riesgo estratégico para Estados Unidos.

Trump ha declarado: “No podemos permitir que China se apodere de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Es un riesgo para nuestra seguridad nacional y para la estabilidad del comercio global. Estados Unidos debe tomar medidas para garantizar que el canal siga siendo un espacio neutral y seguro para todos.”

¿cómo lograría “recuperar” el canal?

1. Presión económica y diplomática

Una estrategia viable para Estados Unidos es ejercer presión económica para reducir la influencia china en el canal. Algunas medidas podrían incluir:

  • Incentivos comerciales a Panamá: EE.UU. podría ofrecer acuerdos de libre comercio más favorables y acceso preferencial a su mercado a cambio de que Panamá reduzca la participación de empresas chinas en la infraestructura del canal.
  • Sanciones sobre productos comercializados o producidos por Panamá: Imponer restricciones arancelarias o regulatorias a ciertos productos panameños como medida de presión; afectando la economía de Panamá y así, forzando negociaciones que limiten la influencia china.
  • Sanciones a compañías chinas involucradas en la operación del canal: Se podrían aplicar restricciones financieras y comerciales a empresas chinas que participan en la administración del canal, dificultando su capacidad de operar en el mercado global y limitando su inversión en infraestructuras estratégicas dentro de Panamá.

Esta opción es la más viable, pues podría mantener su influencia sin necesidad de tomar el control del canal, lo cual dejaría en una posición a Panamá donde es más probable que ceda a las demandas del país norteamericano.

2. Intervención militar

Una opción más drástica, pero menos probable, sería la intervención militar por parte de Estados Unidos para retomar el control del canal. Sin embargo, este escenario enfrentaría serias dificultades:

  • Rechazo internacional: Cualquier acción militar generaría condena global y mayor tensión diplomática entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales.
  • Costo político y económico: Una intervención requeriría una gran cantidad de recursos y podría desestabilizar el país, perjudicando el comercio y las relaciones con América Latina.
  • Resistencia panameña y regional: Panamá, respaldado por acuerdos internacionales, probablemente se resistiría, y países vecinos podrían tomar una postura contraria a la intervención estadounidense.

Dado este contexto, una acción militar parece poco factible y traería más costos que beneficios para Estados Unidos, haciendo que las soluciones diplomáticas y económicas sean opciones más viables a largo plazo.

Si bien la posibilidad de que Estados Unidos recupere el control del Canal de Panamá es baja, el mandatario norteamericano seguirá discutiendo sobre la creciente influencia china sobre el canal. En lugar de intentar retomar la administración, EE.UU. optaría por estrategias  económicas y diplomáticas para disminuir la influencia china y asegurar su posición en el comercio global.

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El 2024 fue un año complejo para el sector gastronómico en Colombia, debido al cierre de 6.950 restaurantes, que si lo comparamos con el 2023 donde hubo más de 3.500 lugares que dejaron de funcionar se evidencia. La caída en el consumo, el aumento de los costos operativos, la inversión en el sector detenida y el aumento en la informalidad han sido los principales factores que han afectado la rentabilidad de los establecimientos.

El director de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) Pacífico, Brany Prado, señaló al diario Portafolio que, a diciembre de 2024, había 150.000 restaurantes en operación en el país. Si se compara esta cifra con la de cierre de 2023, se encuentra un aumento del 2,0%.

La explicación se puede encontrar en el sector informal y cómo este ha afectado los costos operativos de los restaurantes, pues en un local informal un menú puede costar 13.000 pesos, mientras que en uno formal ese mismo menú tiene un costo de 20.000 pesos.

Para mitigar la crisis, Acodres ha propuesto una reducción temporal del impuesto al consumo del 8,0% al 5,0% y que se convierta en un IVA. Además, se sugiere que el IVA a las franquicias baje al 5,0% con el fin de aliviar la carga tributaria del sector y fomentar la demanda. No obstante, esta medida requiere del apoyo del Gobierno y de estrategias adicionales que impulsen la sostenibilidad del sector gastronómico.

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El parque automotor en Colombia cerró 2024 con un total de 19’972.482 vehículos registrados, pero que no reflejan la realidad en las calles y carreteras, ya que muchos de ellos se encuentran abandonados desde hace años, otros no han sido recuperados debido a los precios de las reparaciones o debido a su desgaste. El crecimiento del parque vehicular ha sido impulsado en gran parte por el aumento de motocicletas en el país.

Según el diario El Tiempo, los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 62,2% del parque automotor corresponde a motocicletas, con 12’417.740 unidades, mientras que los automóviles representan el 36,7%, con 7’334.873 unidades registradas. El restante 1,1% corresponde a remolques, semirremolques y maquinaria, totalizando 219.869 unidades.

El crecimiento sostenido del parque automotor se toma de buena manera, pues el 2023 fue un año de retos para el sector, si se compara con el 2022. Las motocicletas lideran el apartado de matrículas iniciales con 816.513, lo que representa un aumento de 12.410 matrículas con respecto al 2022.

Un tema relevante que muestra las nuevas preferencias del consumidor es el aumento de matrícula inicial en vehículos eléctricos con 53,8% alcanzando un total de 42.615 unidades, si se compara estas cifras con años posteriores se tiene que en el 2022 y 2023, se registraron 24.575 y 27.694, respectivamente.


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Las importaciones de teléfonos inteligentes en Colombia mantuvieron una tendencia al alza en 2024, registrando un crecimiento del 8,5% frente al año anterior. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la adquisición de estos dispositivos alcanzó un valor de US$1.733 millones, consolidándose como el principal bien dentro de las importaciones no minero-energéticas.

Según información del diario La República, el mercado colombiano ha visto un aumento en la demanda de teléfonos debido a la digitalización acelerada y a la necesidad de dispositivos más avanzados para el trabajo, la educación y el entretenimiento. La mayor parte de estas importaciones provienen de China, con compras que superan los US$1.436 millones, seguido de Vietnam (US$252,5 millones) e India (US$36,9 millones).

El Boletín de Importaciones del DANE destaca que el grupo de manufacturas, donde se incluyen los teléfonos inteligentes, representó el 70,9% del total de importaciones en 2024, con un valor de US$47.398,6 millones y un crecimiento del 3,9% anual​. Este sector continúa siendo el motor principal de las compras externas del país, reflejando la alta dependencia de tecnología y equipos electrónicos.

A pesar del crecimiento, el sector enfrenta desafíos como la volatilidad del dólar y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, las expectativas para 2025 apuntan a una mayor adopción de dispositivos 5G, lo que podría seguir impulsando las importaciones de teléfonos en el país.

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El trabajo informal cubre todas aquellas actividades laborales que se realizan sin un contrato formal y sin acceso a seguridad social o derechos laborales. Esto incluye tanto a trabajadores por cuenta propia como empleados en empresas que operan fuera del marco legal. En términos generales, la informalidad implica condiciones laborales precarias, sin estabilidad ni beneficios como pensión, seguro de salud o acceso a créditos formales.

En América Latina, la recuperación del empleo posterior a la pandemia ha estado impulsada, en gran medida, por el crecimiento del trabajo informal. En 8 países de la región, la tasa de ocupación en 2024 sigue siendo inferior a la de 2019, reflejando la fragilidad del mercado laboral y la falta de generación de empleo formal.

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El comportamiento responde a factores como las altas tasas de interés, la incertidumbre económica y la reducción de la capacidad de pago de los hogares y empresas.

De acuerdo con el diario Portafolio, la cartera total de créditos presentó una reducción real significativa de 1,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los segmentos más afectados incluyen el crédito de consumo, con una caída notable en la demanda de préstamos personales y de libre inversión, y el crédito comercial, donde las empresas han optado por postergar inversiones y expansiones debido a la incertidumbre económica.

Expertos financieros señalan que las altas tasas de interés, implementadas como medida para controlar la inflación, han encarecido el costo del dinero, desincentivando la solicitud de nuevos créditos. Además, la percepción de riesgo ha aumentado, llevando a las entidades bancarias a endurecer sus políticas de aprobación y a los consumidores a ser más prudentes en sus decisiones financieras.

En diciembre, la tendencia negativa de la actividad crediticia continuó, y aunque algunos expertos proyectan una reducción en las tasas de interés en 2025, la recuperación del sector financiero podría tomar más tiempo del esperado. Se estima que la reactivación del crédito dependerá de la confianza de los consumidores y de una mayor estabilidad en las condiciones económicas del país. El Gobierno y los bancos han evaluado estrategias para facilitar el acceso al financiamiento sin comprometer la solidez del sistema bancario.

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