En 2022, el consumo de energía per cápita en Colombia alcanzó 56,68 terajulios por cada 1.000 habitantes, registrando un crecimiento anual de 1,3%. Sin embargo, este también se mantiene 5,3% por debajo de los niveles prepandemia, de acuerdo con datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Este indicador refleja una recuperación moderada en el sector energético, aunque aún distante de la demanda previa a la pandemia.

Según el diario La República, el informe de la UPME anticipa un repunte anual de 2,83% en la demanda de energía hasta 2038, impulsado por grandes consumidores, la movilidad eléctrica y la generación distribuida. A pesar de esta proyección, el bajo consumo per cápita preocupa debido a su relación directa con la productividad y competitividad económica del país. En 2022, el indicador de productividad energética alcanzó $3.300 millones por terajulio, reflejando un incremento de 4,8% frente a 2021, mientras que el consumo intermedio de productos energéticos totalizó 2,44 millones de terajulios.

La industria manufacturera lideró en consumo de energía, seguida por el sector de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Respecto a los hogares, el consumo se centró en gasolina de motor, leña y electricidad, representando el 81,1% del total. En cuanto a energías renovables, estas representaron el 10,86% de la oferta de energía primaria, con una notable participación en sectores como el de la panela, donde los biocombustibles representan el 86,1% del consumo intermedio.

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• La guerra entre Israel y Palestina, que comenzó el 7 de octubre de 2023, ha resultado en una contracción del PIB israelí del 2,2% en los primeros meses del conflicto, afectando su capacidad de recuperación económica.
• La alteración del comercio marítimo, especialmente en el Mar Rojo, ha llevado a un aumento de los costos logísticos y de transporte, afectando el 12,0% del comercio mundial.
• La decisión de Colombia de prohibir la exportación de carbón a Israel impacta las economías locales, generando pérdidas estimadas en más de 100.000 millones de pesos anuales.

El conflicto entre Israel y Palestina, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras un ataque de Hamas en suelo israelí, ha generado repercusiones importantes tanto a nivel local como global, afectando diferentes sectores económicos y rutas comerciales clave. Un año después, los efectos de esta guerra continúan sintiéndose en diversas economías, no solo en las partes involucradas directamente, sino también en el comercio global y los mercados energéticos.

Tras los primeros meses del conflicto, el Producto Interno Bruto (PIB) israelí se contrajo un 2,2% en el último trimestre de 2023, registrando la primera caída en casi dos años​. Aunque la economía mostró signos de recuperación en los meses posteriores, se espera que el crecimiento sea más lento de lo previsto debido al incremento del gasto en defensa y las crecientes tensiones internas y externas. La agencia S&P Global bajó la calificación crediticia de Israel en abril de 2024, reflejando las preocupaciones por su capacidad para recuperarse de este conflicto​.

Uno de los efectos colaterales importantes de la guerra ha sido la alteración del comercio marítimo global. El conflicto no solo ha causado inestabilidad en el Mediterráneo, sino también en la ruta del Mar Rojo, por donde transita cerca del 12,0% del comercio mundial​. Este estrecho canal es una vía importante para el transporte de mercancías entre Asia y Europa, incluidas grandes cantidades de petróleo y gas. Sin embargo, la intensificación de los ataques a buques comerciales por parte de los rebeldes hutíes, en solidaridad con Palestina, ha puesto en riesgo esta ruta.

El desvío de los buques por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, en lugar de transitar por el Canal de Suez, ha generado retrasos y ha incrementado considerablemente los costos de transporte. Según informes, los buques que eluden el Mar Rojo tardan hasta dos semanas más en llegar a sus destinos, lo que ha llevado a un aumento de las tarifas de flete​. Aunque la capacidad marítima global sigue siendo suficiente, la situación ha creado una presión sobre los operadores, quienes deben lidiar con mayores costos operativos y retrasos en las entregas de mercancías. Los ataques en el Mar Rojo y la inestabilidad general han provocado alzas en los precios del petróleo y el gas, ya que la incertidumbre en el suministro se ha intensificado desde el inicio del conflicto.

En este contexto de alteración económica, Colombia optó por una decisión política importante en agosto de 2024, cuando el gobierno prohibió la exportación de carbón (extracción de hulla, carbón de piedra) a Israel. Esta decisión ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, que ha expresado su preocupación por las repercusiones económicas de la medida. Según este organismo, las exportaciones de carbón térmico a Israel generan anualmente más de 650.000 millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales aproximadamente 100.000 millones benefician directamente a La Guajira y Cesar, recursos esenciales para la economía local y la suspensión de exportaciones podría tener un impacto grave en los ingresos regionales y la sostenibilidad fiscal de estos territorios.

Fuente: DANE-DIAN, Elaboración: Sectorial

Este cese de exportaciones también ha agudizado la incertidumbre jurídica y económica, afectando la confianza de los inversores y complicando las relaciones comerciales entre Colombia e Israel. A pesar de las críticas, el gobierno colombiano sostiene que esta medida responde a la necesidad de presionar internacionalmente para poner fin al conflicto​.

Al comparar este conflicto con otros recientes, como la guerra en Ucrania, se pueden observar similitudes en los efectos económicos. Ambas guerras han afectado negativamente el PIB de los países involucrados. En Ucrania, el PIB se contrajo hasta un 35,0% en 2022.

Además, la guerra en Gaza ha agravado los problemas existentes en las cadenas de suministro global, al igual que el conflicto en Ucrania. La guerra en Ucrania encareció materias primas clave, como el petróleo y el gas, ya que Rusia es uno de los principales productores mundiales. Asimismo, productos agrícolas como los cereales vieron un incremento en sus precios, dado que Ucrania es un gran exportador. Estas alteraciones en los mercados internacionales han provocado un aumento de los costos logísticos y la inflación en varias regiones del mundo.

Un año después del estallido del conflicto entre Israel y Palestina, las consecuencias económicas son profundas y de largo alcance. Israel, a pesar de ser una economía fuerte, enfrenta un alto costo de la guerra. El comercio marítimo global, especialmente a través del Mar Rojo, ha sufrido disrupciones que han encarecido el transporte de mercancías. La prohibición de exportaciones de carbón colombiano a Israel añade una dimensión internacional a este conflicto, afectando directamente la economía colombiana.

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Un estudio de Flight Centre Corporate proyecta que los viajes de negocios se incrementarán en un 40% entre junio de 2024 y julio de 2025, reflejando un escenario económico optimista que favorece el turismo corporativo. Según el informe, el gasto en estos desplazamientos también crecería, con un aumento estimado del 42% en comparación con el presente año.

De acuerdo con el diario La República, Charlene Leiss, presidenta de Flight Centre Corporate, destacó que el sector muestra una tendencia de crecimiento sostenido en 2024, con empresas retomando sus compromisos presenciales y proyectando un mayor consumo en este rubro. La recuperación es impulsada, en parte, por la desaceleración de la inflación, lo que ha facilitado la disminución de los precios de los tiquetes aéreos y del combustible.

El informe también señala otros factores clave que influyen en la reactivación de los viajes de negocios, las tasas de empleo y el crecimiento del PIB. Estas condiciones contribuyen a la recuperación de los viajes presenciales, que vuelven a ser una estrategia prioritaria para las empresas en su esfuerzo por fidelizar y fortalecer relaciones con socios estratégicos.

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Durante la COP16, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), presentó una nueva iniciativa para incrementar el financiamiento destinado a proyectos de biodiversidad en Colombia. Actualmente, la cartera crediticia vinculada a estos proyectos alcanza los $3,5 billones, y el sector bancario se ha propuesto ampliar la financiación a $33 billones para 2030, multiplicando así la inversión por nueve.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, informó al diario La República, que la participación del sector financiero es clave en la promoción de proyectos sostenibles que impulsen la conservación de la naturaleza y la gestión de los riesgos de pérdida de biodiversidad.

Además, Asobancaria informó que se priorizarán sectores estratégicos como la bioeconomía, la economía regenerativa, el ecoturismo, el uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo, el gremio promoverá el desarrollo de instrumentos financieros combinados para fortalecer la restauración y resiliencia de los ecosistemas biodiversos del país.

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La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que, durante el primer semestre de 2024, el carbón se consolidó como el mineral de mayor peso en las exportaciones mineras de Colombia, representando el 61% de las ventas en este sector y sumando más de US$5.800 millones, equivalente al 24% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, el volumen de exportación de carbón experimentó una baja entre enero y junio del 2024 de más del 30% con respecto al mismo periodo del 2023, reflejando los efectos de una menor demanda y la baja en precios internacionales.

Según el diario La República, además del carbón, otros minerales también registraron caídas: el ferroníquel disminuyó en casi 34% y las esmeraldas bajaron un 16,4%, mientras que el oro fue el único que logró un aumento del 4,7%. En los datos acumulados hasta julio, el carbón mantuvo su predominancia, pero la reducción en sus exportaciones se amplió a un 23%.

El sector minero enfrenta también limitaciones operativas causadas por el contexto de orden público y la falta de infraestructuras de transporte, afectando la logística y continuidad en producción. La ANM resalta la vulnerabilidad del sector y la necesidad de diversificar la cartera de exportaciones para enfrentar las fluctuaciones del mercado y mejorar su competitividad.

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• Subsectores específicos del agro presentan oportunidades ante bonanza en precios y demanda, como el cacao, aguacate Hass y limón Tahití.

La economía es el motor que impulsa el desarrollo del país, sin embargo, está sujeta a constantes cambios y transformaciones. Comprender las dinámicas que están en juego en los diferentes sectores económicos es esencial para identificar nuevas oportunidades de inversión, emprendimiento y crecimiento. En este artículo, te proporcionaremos un análisis de algunos de los sectores más prometedores, permitiéndo tomar decisiones acertadas en un entorno económico cada vez más complejo.

Café: Colombia ha superado su objetivo de producción de café, alcanzando casi 13,0 millones de sacos de 60 kilos este año, a pesar de las variaciones climáticas que impactan los cultivos. Además, el precio del café colombiano ha repuntado y, para septiembre, experimentó un aumento del 64,9% respecto al mismo mes de 2023. Los niveles de exportación del grano colombiano también vienen al alza.

Transporte portuario: con corte a agosto, el mercado nacional de contenedores experimentó un aumento del 11,0% en volumen, en comparación con el mismo período del año anterior. Tal crecimiento se debe al dinamismo del comercio exterior, reflejado en el alza del 14,4% en las importaciones y del 4,8% en las exportaciones. Aproximadamente el 90,0% de los muelles en Colombia informaron un aumento en los volúmenes movilizados en el mercado interno, siendo la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura la que destacó con el mayor crecimiento, del orden del 32,7%.

Cacao: se ha registrado una disminución en la producción de cacao a nivel global debido a eventos climáticos adversos, aumento de plagas, escasa inversión y el limitado avance tecnológico en los principales productores mundiales que son, en mayoría, países africanos. Esta coyuntura ha generado bonanza en los precios y demanda del grano, abriendo la oportunidad para impulsar el desarrollo de pequeños productores nacionales, modernizar sus procesos y mejorar el manejo fitosanitario. Colombia no ha sido ajeno a la bonanza, y el precio de compra de cacao nacional había crecido 142,0% a inicios de octubre, si se compara con el precio registrado durante el mismo periodo de 2023.

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Frutas: durante el primer semestre del año, las exportaciones de frutas en Colombia experimentaron un incremento del 48,5% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de USD$965,3 millones. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), el banano registró un aumento de 70,7% respecto a 2023, representando el 63,4% del valor total de las exportaciones de frutas. Por su parte, el limón Tahití también destacó con un crecimiento significativo en sus exportaciones, alcanzando un 51,3%. Otros productos que contribuyeron a este aumento incluyen la gulupa (20,4%), el aguacate Hass (19,4%), las uchuvas (10,6%) y el plátano, que mostró un crecimiento del 13,3% en el comercio internacional.

Para 2025, el precio de los arriendos en Colombia registrará un incremento más moderado comparado con los dos últimos años, de acuerdo con proyecciones de analistas y datos del DANE. Mientras que en 2022 y 2023 el ajuste fue de 13,1 % y 9,2 % respectivamente, se estima que el aumento para 2025 sea de aproximadamente 5,6%, reflejando una caída significativa en la inflación del país. El ajuste de los arriendos está ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, y este descenso en la inflación impactará directamente el costo de vivienda arrendada, lo que beneficiará a los hogares colombianos al reducir la presión económica.

Según el diario Valora Analitik, la reducción en el aumento de los arriendos permitirá que este rubro pese menos en la inflación general del próximo año. La proyección establece que, si la inflación de 2024 cierra en el 5,6%, este será el porcentaje de incremento que se aplicará en los contratos de arrendamiento. Un ejemplo práctico: un arriendo mensual de $1.500.000 tendría un incremento aproximado de $84.000, elevando el nuevo canon a $1.584.000.

Además, el ajuste no se aplica necesariamente a inicios de año, sino en la fecha de renovación de cada contrato. Lo anterior significa que, si el contrato se renueva en marzo de 2025, el nuevo canon se ajustará desde ese mes. Este control sobre el incremento de los arriendos ha sido promovido en años recientes para evitar alzas desproporcionadas, como lo destacó el presidente Gustavo Petro en 2023 al instar a los arrendadores a respetar el límite del IPC.

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Un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) destaca un desafío significativo para el sector educativo en Colombia. Según el estudio, basado en datos del DANE y el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el número de nacimientos en el país cayó drásticamente, registrando en 2023 la cifra más baja en 12 años, con 510.748 nacimientos, un 11% menos que en 2022 y un 24,5% menos comparado con 2012. Las tendencias reflejan un cambio demográfico que afecta directamente la demanda en educación, con proyecciones que prevén que, para 2070, solo el 13,9% de la población estará en edad escolar, comparado con el 25% actual.

De acuerdo con el informe del LEE Javeriana, en los últimos seis años se han cerrado 6.263 sedes educativas en el país, de las cuales el 39,1% eran privadas y el 60,9% oficiales. Aunque el pico de cierres se observó en 2021, aún persiste la reducción: entre 2019 y 2023, Colombia perdió un 0,7% de sedes, equivalente a 379 colegios. Este fenómeno, impulsado por la menor demanda educativa y el cambio en las percepciones de los padres sobre la educación tradicional, también ha afectado los ingresos de las instituciones, incrementando el riesgo de cierre.

Gloria Bernal, directora del LEE, señala que estos cierres no solo afectan a los empleados de los colegios, que podrían quedar desempleados o reubicados, sino que también incrementan la deserción escolar, especialmente en áreas sin colegios cercanos, lo que podría tener un impacto negativo en la cobertura educativa en el país.

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• La discusión sobre cómo cubrir el déficit financiero del sistema de salud es crucial, ya que afecta también la sostenibilidad de otros sectores clave de la economía.

Un sistema de salud desfinanciado compromete la productividad laboral. Cuando personas no pueden acceder a servicios médicos, se incrementa el ausentismo laboral y disminuye la capacidad productiva del país. Esto afecta negativamente a empresas, industrias y al crecimiento económico general, ya que una población enferma no puede contribuir de manera eficiente a la economía.

Además, el déficit en la financiación de la salud podría aumentar la presión sobre otros sectores del gasto público, como educación, infraestructura y seguridad social, que también requieren recursos. Si el gobierno se ve obligado a reasignar presupuesto a la salud, se corre el riesgo de desatender áreas fundamentales que también impactan el desarrollo del país.

Por otro lado, un sistema de salud deficitario puede desalentar la inversión privada. Los inversionistas nacionales y extranjeros buscan entornos estables y sostenibles para ubicar su capital. Si los problemas estructurales en la salud se extienden a otras áreas, como el incremento de impuestos o la inestabilidad fiscal, las perspectivas de inversión se verán afectadas, reduciendo las posibilidades de crecimiento económico.

Finalmente, el desfinanciamiento de la salud podría generar un aumento en los costos sociales a largo plazo. Una población sin acceso a servicios médicos de calidad es más vulnerable a crisis sanitarias, lo que, a su vez, puede incrementar los gastos públicos en emergencias y reducir la resiliencia económica del país frente a crisis futuras.