La normativa de deforestación podría reducir la competitividad de productos como el café y el cacao en el mercado europeo, afectando la economía colombiana.

Aunque la normativa europea presenta barreras, también ofrece la oportunidad de mejorar la sostenibilidad y abrir nuevos mercados.

La aprobación del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), que busca evitar la importación de productos provenientes de áreas ilegalmente deforestadas traerá significativas implicaciones para las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea.

La Ley de Deforestación de la Unión Europea (UE) es una medida que busca evitar la importación de productos procedentes de áreas deforestadas de manera ilegal a partir del 31 de diciembre de 2020. Esto implica que los proveedores deben certificar el origen de sus productos para garantizar su trazabilidad. La norma cubre una amplia gama de productos, incluyendo cacao, café, aceite de palma, soya, madera, carbón vegetal, derivados de aceite de palma y ganado, así como productos elaborados con estas materias primas. La UE implementará controles de importación clasificando a los países según su riesgo de deforestación, utilizando geolocalización para verificar la cadena de suministro.

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La implementación de sistemas de trazabilidad que certifiquen que los productos no provienen de áreas deforestadas es uno de los mayores retos. Según Javier Díaz, director de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la necesidad de georreferenciar las parcelas y certificar la procedencia de los productos implica mayores costos para los productores colombianos. Este incremento de costos se reflejará en el precio final de los productos, lo cual podría reducir su competitividad en el mercado europeo.

Los pequeños productores son los más vulnerables a las nuevas regulaciones. La falta de recursos tecnológicos y financieros para implementar sistemas de trazabilidad dificulta su capacidad para cumplir con los estándares exigidos. La diferenciación entre pequeños y grandes productores, así como el apoyo a los primeros, será crucial para evitar que las normativas europeas perpetúen desigualdades económicas. Además, surgen interrogantes sobre la compensación económica para los países que conservan áreas forestales. Aunque la normativa puede fomentar la innovación y generar oportunidades de negocio en sectores verdes, como las energías renovables, también plantea preocupaciones sobre los requisitos para cumplir con los estándares ambientales europeos, lo que podría afectar la competitividad de los exportadores.

El Reglamento Europeo de Deforestación no sólo impacta a los productores sino también al mercado en general. La posibilidad de que productos colombianos, como el café y el cacao, no puedan ingresar al mercado europeo si no cumplen con los estándares de sostenibilidad, podría reducir las exportaciones y afectar significativamente la economía del país. En 2023, las exportaciones colombianas a la Unión Europea totalizaron 6.809 millones de dólares, donde los productos no minero energéticos representan el 33% y se destacan productos como bananas o plátanos frescos, aguacate Hass, gulupa, uchuvas, café, aceites y grasas.

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En el departamento del Huila, ya se están implementando proyectos piloto para asegurar que el café exportado cumpla con estos estándares. La transparencia en la cadena de suministro no sólo es un requisito legal, sino que también puede mejorar la imagen de los productos colombianos, abriendo potencialmente nuevos mercados y oportunidades de negocio en el ámbito de la sostenibilidad.

Para enfrentar estos desafíos, Colombia necesita una respuesta coordinada entre el sector privado y el gobierno. La cooperación técnica y financiera con entidades internacionales es crucial para desarrollar e implementar las tecnologías y metodologías necesarias para cumplir con los estándares europeos. Además, es vital que el gobierno colombiano promueva políticas de apoyo a los pequeños productores para facilitar su acceso a los mercados internacionales bajo las nuevas regulaciones.

El Pacto Verde Europeo presenta un desafío significativo para las exportaciones colombianas, especialmente en sectores clave como el café y el cacao. El aumento de costos y la necesidad de implementar sistemas de trazabilidad imponen barreras que podrían afectar a los pequeños productores. Sin embargo, con una estrategia adecuada que incluya cooperación internacional y apoyo gubernamental, Colombia puede no sólo cumplir con los nuevos requisitos, sino también posicionarse en la producción sostenible. La transición hacia prácticas más verdes no sólo es una exigencia legal, sino una oportunidad para innovar y asegurar un futuro más sostenible para la industria agroexportadora del país.

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En 2023, el desempeño del sector cereales en Colombia fue positivo analizado desde la producción, donde sólo una de las seis líneas productivas decreció, el trigo, lo cual llevó a que la producción acumulada incrementara un 4,1%. El maíz blanco y amarillo, tecnificado y tradicional, registró un incremento del 1,5% en producción y representó el 89,6% del total de la producción y el 83,2% del total de la superficie cultivada con cereales en el país.

Es precisamente el rendimiento el punto débil del sector, si bien, el global sin ponderar pasó de 3,3 toneladas por hectárea a 3,5; el maíz, que es el segmento del mayor peso, pasó de 3,8 a 3,7 toneladas por hectárea. En relación con el comercio internacional, la balanza del sector continúa ampliamente deficitaria aún con una caída en valor del 17,9% en las importaciones de 2023 y un leve aumento en el valor de las exportaciones. Con relación a las expectativas de corto plazo, se espera que, para 2024, los precios tiendan al alza.

La IA consume actualmente en energía un nivel comparable al de países pequeños.

Google, Microsoft y Amazon están invirtiendo en energías renovables para alimentar sus centros de datos

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta revolucionaria que transforma industrias y sectores en todo el mundo. Sin embargo, este avance tecnológico viene acompañado de un alto costo energético que plantea serios desafíos ambientales. Según un estudio de Schneider Electric, la IA consume actualmente unos 4,3 gigavatios (GW) de energía a nivel global, una cifra comparable al consumo energético de países pequeños.

Este consumo está previsto que aumente drásticamente, alcanzando entre 13,5 y 20 GW para 2028 si se mantiene el ritmo de crecimiento actual. Varios estudios indican que la fase de entrenamiento de la inteligencia artificial (IA) conlleva un alto consumo de energía, especialmente durante los periodos iniciales cuando se ajustan los parámetros del modelo. Esta demanda ha aumentado considerablemente en los últimos años debido al uso intensivo de estas tecnologías. Por ejemplo, el entrenamiento del modelo GPT-3 de OpenAI consumió aproximadamente 78.437 kilovatios-hora (kWh) de electricidad, donde el mayor consumo ocurrió durante las iteraciones iniciales de ajuste y prueba.

Además, cada interacción con estos modelos también requiere energía, aunque en menor medida comparado con el entrenamiento. Hugging Face, una empresa especializada en el desarrollo de IA, reportó que su herramienta multilingüe generadora de texto utilizó 433 megavatios-hora (MWh) durante su fase inicial, destacando que el consumo fue significativamente mayor durante las etapas iniciales de entrenamiento.

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El fundador de DigiEconomist, Alex de Vries, señala que la demanda de servicios de IA aumentará significativamente, lo que incrementará el consumo de energía asociado. Si Google aplicara IA generativa a todas sus búsquedas, se necesitarían aproximadamente un billón de vatios-hora (10²Wh) de energía al año, equivalente al consumo anual de electricidad de Irlanda.

El desarrollo y funcionamiento de la IA depende en gran medida de los centros de datos, que son infraestructuras altamente energéticas. Estos centros necesitan no sólo electricidad para alimentar los servidores, sino también grandes cantidades de agua para su refrigeración. Las temperaturas óptimas de operación de los servidores son entre 20ºC y 22ºC, y cualquier desviación puede aumentar el riesgo de fallos en los equipos.

El hardware utilizado en IA, especialmente las unidades de procesamiento gráfico (GPU), requiere una energía considerablemente mayor que los chips estándar. Por ejemplo, el entrenamiento de un modelo de IA en 2020 requería aproximadamente 27 kWh, mientras que en 2022 esta cifra se elevó a un millón de kWh.

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Frente a este desafío energético, las renovables presentan una solución viable y sostenible. Empresas como Google, Microsoft y Amazon están invirtiendo en ellas para alimentar sus centros de datos. Google, por ejemplo, utiliza IA para optimizar la eficiencia energética de sus centros de datos, centrándose en la refrigeración y la gestión del consumo energético. Además, ha incorporado la generación de energía renovable, como la solar y la eólica, para reducir su huella de carbono.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, junto con la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, ha invertido 20 millones de dólares en Exowatt, un startup que ofrece soluciones de energía solar para centros de datos. Este tipo de iniciativas no sólo buscan satisfacer la creciente demanda energética de la IA, sino también hacerlo de manera sostenible. La integración de sistemas de energía renovable en la infraestructura existente representa un paso crucial hacia la reducción del impacto ambiental de la IA.

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El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial conlleva un aumento significativo en el consumo energético, lo que plantea serios desafíos ambientales. Sin embargo, la transición hacia energías renovables ofrece una oportunidad para mitigar este impacto. La adopción de tecnologías energéticamente eficientes y la inversión en soluciones renovables son pasos esenciales para garantizar que el desarrollo de la IA sea sostenible. Así, mientras la IA continúa avanzando y transformando el mundo, es imperativo que lo haga de una manera que también cuide de nuestro planeta.

La mezcla de edad, inversión sobre PIB y situación de envejecimiento ponen en alerta la sostenibilidad de los sistemas pensionales. Según la CEPAL, la situación de Argentina y Costa Rica es la mejor, mientras que la peor se encuentra en Perú y Chile.

Colombia es el quinto país de la región que más inversión sobre su PIB destina a las pensiones, con el 4,5%, sin embargo, este nivel es entre 2,8 y 6,6 puntos porcentuales por debajo de Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica.

Colombia necesita una reforma pensional pues sólo 1 de cada 4 personas en edad está recibiendo una mesada y sólo el 25% de los afiliados a los fondos cotizan.

La solución planteada por el gobierno está basada en un sistema de pilares donde se limitarán los recursos para los fondos privados y se fortalecerán para Colpensiones buscando subsidiar a las personas que no tienen mesada pensional.

La pensión que recibe una persona en Colombia es entre el 65% y 80% del promedio del salario de una persona de los últimos diez años.

Las preocupaciones frente a la reforma están en el nivel del umbral del pilar contributivo, pues, podría desestimular el funcionamiento de los fondos privados junto con las implicaciones en materia fiscal, requiriéndose probablemente una nueva reforma en 15 años.