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En el primer semestre de 2024, el PIB del sector comercio al por mayor y al por menor creció un 1,6% interanual, mostrando una leve recuperación en medio de un entorno marcado por la inflación y bajo consumo. Las ventas en agosto siguieron en cifras negativas, incumpliendo las metas anuales. El 76,0% de los empresarios reportó ventas iguales o inferiores a las de agosto de 2023, según Fenalco, mientras que el consumo de los hogares disminuyó un 2,0% en términos reales, a pesar de un crecimiento nominal del 4,7% en julio, afectado por una inflación del 6,1%.

El empleo en el sector también enfrenta dificultades, con una caída del 1,2% en el personal total, especialmente en la contratación temporal (-9,0%). Sin embargo, se observó un aumento del 1,3% en personal permanente y del 12,9% en aprendices, mostrando señales de una posible estabilización laboral. En cuanto al comercio electrónico, este registró un crecimiento del 10,4% en ventas, alcanzando los $21,0 billones en el segundo trimestre de 2024. A pesar de un leve freno en junio, sectores como la belleza y la moda destacaron con crecimientos de 60,0% y 51,0%, respectivamente. Por su parte, las remesas en Colombia crecieron un 18,0% en los primeros siete meses del año, totalizando US$6.634 millones.

Recientemente, en Sectorial hicimos un análisis que nos permite concluir que en el país se pueden bajar los impuestos, sin comprometer el recaudo tributario y mejorar la economía.

De acuerdo con Arthur Laffer, economista autor de la curva de Laffer, un nivel dado de ingresos tributarios puede alcanzarse a través de dos tasas impositivas: una eficiente y una ineficiente.

Si la economía se encuentra en el lado ineficiente de la curva, un incremento en la tarifa impositiva se traducirá en un menor recaudo.

En Colombia, se han aumentado las tarifas de impuesto de renta a empresas y personas, y el recaudo tributario viene cayendo en 2024 al 10%.

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Índice de Riesgo Sectorial

En el primer semestre de 2024, el valor agregado del sector de transporte y logística en Colombia presentó un modesto incremento del 0,1% frente al mismo periodo de 2023, evidenciando un panorama mixto. Este crecimiento limitado obedece a diversos factores. La volatilidad del comercio exterior, intensificada por conflictos internacionales, ha encarecido los fletes y afectado los costos operativos. Además, los ajustes en los peajes y los bloqueos en las vías han agravado la situación, generando pérdidas económicas significativas y comprometiendo la competitividad del sector.​

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones en Colombia aumentaron un 11,9% en volumen durante el primer semestre de 2024, mientras que las importaciones crecieron un 6,7%, impulsadas por mayores ingresos de productos como cereales, pescados y farmacéuticos. El Índice de Costos del Transporte de Carga (ICTC) registró una ligera caída mensual del 0,1% en julio, aunque en términos anuales subió un 3,2%, influenciado principalmente por el aumento en costos fijos y peajes. Por otro lado, la venta de vehículos de carga ha disminuido, lo que refleja una contracción en la demanda. A pesar de los retos, el sector avanza en procesos de digitalización y sostenibilidad. Las proyecciones para 2024 apuntan a un crecimiento moderado del 1,8%, con posibles mejoras en infraestructura vial que podrían reforzar la competitividad del transporte.

La fabricación de productos de la refinación del petróleo venía con buen crecimiento desde 2021. Sin embargo, en el primer semestre de 2024, presentó una disminución debida a la caída en las ventas de combustibles, lo que ha generado preocupación entre los distribuidores minoristas por las afectaciones que sufre la economía del sector.

Si bien el precio de la gasolina corriente ha tenido un impacto en la disminución de las ventas y por tanto en la producción, esta no es la única razón, puesto que, si bien los combustibles líquidos obedecen a artículos de consumo de primera necesidad, la menor producción también se debe, y en mayor medida, a la desaceleración en la economía y a la menor producción de sectores claves como la construcción civil y de vivienda, así como la contracción en la industria.

  • La Frontera Agrícola Nacional, es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias.
  • La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.
  • Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas.

La Frontera Agrícola Nacional es un límite que especifica el área de suelo rural donde es permitido realizar actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la acuicultura, pesca y silvicultura. La Frontera Agrícola Nacional también señala las zonas delimitadas por motivos legales, políticos y técnicos, conforme a la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Recientemente, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) realizó una actualización a la Frontera Agrícola. La entidad determinó un área total de 42’944.940 hectáreas, tanto en territorio continental como insular, donde se puede decidir qué y dónde cultivar para beneficiarse de los incentivos, proyectos y programas del Gobierno Nacional.

Meta es el departamento que tiene la mayor frontera agrícola asignada, con 4,9 millones de hectáreas. Seguido de los departamentos de Vichada y Casanare, con 4,7 millones y 3,4 millones de hectáreas, respectivamente. En la región oriental, se encuentran Antioquia y Santander, con 3,2 millones y 2,3 millones de hectáreas cada uno. Los departamentos que menos contribuyen a la frontera agrícola total son Vaupés y Quindío, con solo 63.000 hectáreas y 96.000 hectáreas, respectivamente.

La actualización de la frontera agrícola incluyó varias acciones fundamentales, como la nueva representación de ésta y la revisión de las categorías que la integran. También se modificó la terminología de “exclusiones” a “restricciones” y se clasificaron las restricciones de “bosques naturales y áreas no agropecuarias” en dos categorías distintas:

  • Acuerdo cero deforestación.
  • Restricciones técnicas: áreas no agropecuarias

Asimismo, la nueva frontera contempla áreas con condiciones para la actividad agropecuaria que abarcan 10’857.799 hectáreas para el componente ambiental, 6’258.923 hectáreas de carácter étnico-cultural y 20’141.450 hectáreas en frontera no condicionada. Del total de hectáreas productivas, el 37,6% corresponde al umbral agrícola. Las áreas con condiciones abarcan 22,8 millones de hectáreas, mientras que las áreas no condicionadas suman 20,1 millones de hectáreas.

Además, se añadieron nuevas áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías (Meta) y la expansión del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena).

Definir la frontera agrícola es fundamental por diversas razones. En primer lugar, facilita la elaboración y enfoque de la gestión de políticas públicas en los sectores agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En segundo lugar, fomenta el uso eficiente del suelo rural destinado a la agricultura, promueve el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y potencia la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias. Por último, contribuye a estabilizar y reducir la pérdida de ecosistemas de gran relevancia ambiental.

Para la actualización de la frontera agrícola, se tomaron en cuenta varios aspectos esenciales. Se reafirmó el Acuerdo Cero Deforestación sectorial, confirmando los compromisos del país en esta área. También, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la Frontera Agrícola condicionada, teniendo en cuenta las tipologías ambientales, étnico-culturales y de gestión de riesgo. Se dio prioridad a los territorios del Caribe insular, el litoral Pacífico y la Amazonía colombiana.

Asimismo, se incluyó el análisis del ámbito marino costero y anfibio en el proceso de actualización. Se realizó un estudio exhaustivo de los factores ambientales y de la información suministrada por diferentes entidades y sectores. Además, se establecieron espacios de colaboración con autoridades ambientales, instituciones, sectores económicos, institutos de investigación y otros actores clave.

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El segmento de publicidad en video acaparó la mayor parte de la inversión publicitaria digital (29,0%), seguido por redes sociales (27,0%) y motores de búsqueda (23,0%), mientras la inversión en el segmento de influencers y creadores de contenido creció 32,5% con corte a junio de 2024.

La televisión sigue teniendo un rol protagónico en los ingresos del sector publicitario en Colombia, toda vez que representa el 44,0% del presupuesto total en publicidad, sin embargo, los medios tradicionales en Colombia vieron reducir sus ingresos en un 5,8% durante el último año, y los ingresos de segmentos como la televisión cayeron 7,9% como consecuencia de los bajos niveles de audiencia.

Se espera que la industria de la publicidad online a nivel mundial crezca a una tasa anual compuesta de 15,7% entre 2024 y 2030, con Estados Unidos como el líder del mercado, y los anuncios interactivos de pantalla completa como el segmento más lucrativo y de más rápido crecimiento.

A continuación, presentamos los hechos más relevantes que ocurrieron en septiembre en Colombia y el mundo:

Transportadores de carga salieron a paro como protesta por el alza en el precio del diésel: en respuesta a la medida anunciada por el Gobierno Nacional que incrementaba el precio del diésel a $11.360 por galón, miembros del sector de transporte terrestre de carga se declararon en paro y bloquearon importantes vías del país. Como consecuencia de los bloqueos, las cadenas de suministro de sectores como el agro, farmacéutico, industrial, entre otros, se vieron afectadas. En este escenario, el Gobierno llegó a un acuerdo con los transportadores y dejó el nuevo precio del diésel en $9.856 por galón.

Aumenta el precio del diésel en Colombia: el Gobierno Nacional de Colombia ajustó, a partir del 7 de septiembre, el precio promedio del diésel, llevándolo a $9.856 por galón, como parte de un acuerdo con transportadores de carga y pasajeros, en medio del paro transportador. El próximo ajuste de $400 se implementará el 1 de diciembre de 2024, sumando un aumento total de $800 para el cierre del año. El incremento modificó la Resolución 40350, que había elevado el precio del diésel a $11.360. El nuevo precio se aplicará gradualmente a los consumidores generales, exceptuando los sistemas de transporte masivo.

Ministerio de Minas y Energía avala la intervención de la empresa de energía Air-e: el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, dio luz verde para la intervención de la empresa Aire-E, que presta el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. La medida responde a la grave crisis financiera de la empresa, con deudas superiores a $1,8 billones, y busca evitar la suspensión del servicio. El ministro, Andrés Camacho Morales, señaló que el Gobierno no permitirá que el mercado siga perjudicando a los usuarios y que la intervención es una solución necesaria para garantizar la justicia tarifaria y mejorar el servicio en la costa Atlántica.

Hezbolá fue atacado con explosiones de beepers y walkie-talkies: explosiones en bastiones de Hezbolá en Líbano y Siria dejaron 37 muertos y miles de heridos, incluyendo el embajador de Irán. Aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría, se sospecha que fue una operación del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, en un contexto de tensiones crecientes tras ataques de Hamás. Las explosiones impactaron gravemente la capacidad de comunicación de Hezbolá, forzándolos a reorganizarse. Esta acción es vista como una señal de Israel a sus enemigos en la región, mostrando su disposición a ser más agresivo.

Otros hechos importantes que tuvieron lugar en septiembre:

  • Falleció el excandidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, luego de luchar contra el cáncer.
  • El expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, falleció a la edad de 86 años por causa de un cáncer de lengua.
  • Meta lanzó su nuevo producto Orion, unas gafas de realidad aumentada con las que la compañía espera competir con los smartphones.
  • China lanzó un misil balístico intercontinental al Océano Pacífico, en un ejercicio de prueba que no se hacía hace décadas.

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Las regalías en Colombia son un componente fundamental del Sistema General de Regalías (SGR), un mecanismo que permite a las regiones recibir recursos por la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales. Este sistema busca equilibrar el desarrollo regional, permitiendo que las comunidades que sufren los impactos de la extracción de estos recursos se beneficien de su riqueza. Sin embargo, a pesar de la intención inicial, el uso de estas regalías ha estado sujeto a controversias y críticas debido a su ineficiencia y mala gestión.

El SGR se establece a partir de un porcentaje de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales. Estos recursos son distribuidos entre el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales, permitiendo a los municipios y departamentos invertir en proyectos de infraestructura, salud, educación y más. Desde 2017 hasta 2024, el DNP aprobó más de 19.000 proyectos por un monto total de $68,5 billones, de los cuales aproximadamente $28,8 billones han sido declarados como terminados.

Sin embargo, la reciente advertencia del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, sobre la disponibilidad de $12,0 billones en regalías no utilizadas plantean dudas sobre la efectividad del sistema. A pesar de la magnitud de los recursos destinados a proyectos, muchos de estos no se han ejecutado adecuadamente, generando preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad fiscal.

El seguimiento realizado por el DNP entre 2017 y 2024 reveló que de los 12.106 proyectos declarados como terminados, aproximadamente $5,0 billones pueden considerarse “perdidos”. De hecho, 277 proyectos que ya fueron concluidos no cumplieron con los objetivos originales y otros 58 fueron cerrados por irregularidades técnicas y administrativas. Además, 2.133 proyectos fueron dados por terminados sin actas de entrega, lo que deja en duda su finalización.

Una de las principales razones de la ineficiencia es la falta de control en la ejecución de los proyectos. El DNP identificó que en 2.094 de los 6.631 proyectos en ejecución hay incumplimientos de los compromisos contractuales. Es relevante que, de esos proyectos, $9,0 billones están relacionados con iniciativas que han vencido sus plazos de ejecución. Esta situación resalta la importancia de una supervisión más rigurosa por parte de entidades como la Procuraduría y la Contraloría para asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente.

El DNP también señala la concentración inusual de recursos en determinados municipios y la excesiva tercerización de proyectos. Esta práctica ha facilitado que muchas entidades eviten las normas de contratación estatal, lo que incrementa el riesgo de corrupción y mal uso de los recursos. De los 138.862 contratos firmados por las entidades ejecutoras, un alto porcentaje corresponde a acuerdos con personas naturales, lo que plantea interrogantes sobre la calidad y responsabilidad en la ejecución de los proyectos.

Los $12,0 billones en riesgo, según el director del DNP, podrían haber financiado proyectos importantes para el desarrollo de varias regiones, como el acceso al agua potable en La Guajira o el alcantarillado en Quibdó y Buenaventura. La falta de ejecución de estos proyectos no solo afecta el desarrollo local, sino que también mantiene la desigualdad y el abandono en comunidades que dependen de estos recursos para mejorar su calidad de vida.

El Sistema General de Regalías en Colombia, a pesar de su propósito de promover el desarrollo regional, enfrenta problemas de ineficiencia y mala gestión que han resultado en la pérdida de recursos que podrían haber beneficiado a comunidades vulnerables.

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La IA, la COP29, el petróleo, los refinados, los chips, el gas, los vehículos, EEUU, China, Europa, India e Indonesia; serán inductores, que, mezclados con las particularidades de nuestra región, determinarán el crecimiento, la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio.

Argentina saldrá de recesión en 2025; a Colombia lo salva el agro; Brasil crece a tasas mayores que antes de pandemia; a Chile lo salva la minería y el comercio; en México las reformas a la justicia y energía de Claudia Sheibaum conllevarán a menores tasas de crecimiento; y en Perú, pese a la inestabilidad política, las medidas en la simplificación de procesos han impulsado la inversión.

Los ritmos de crecimiento también estarán atados a las nuevas políticas gubernamentales, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de 2025 para Bolivia, Chile y Ecuador; y en 2026 para Colombia, Perú y Brasil.

En materia de inflación, luego de tocar los picos en la región, sin tener presente a Argentina, en 2022, los niveles se moderaron, la mayoría de los países habrán logrado sus metas entre 2024 y 2025, a excepción de Colombia. Esto mismo, no ocurre con la tasa de interés de intervención, siendo Brasil, Colombia y México, los lugares más costosos para la financiación.

  • El carry trade es una estrategia que aprovecha las diferencias en las tasas de interés entre monedas, tomando préstamos en una moneda con tasa baja e invirtiendo en otra con una tasa más alta.
  • Aunque el carry trade ha sido lucrativo en economías con tasas bajas como Japón, los recientes aumentos en sus tipos y la volatilidad en mercados emergentes han reducido su rentabilidad y aumentado los riesgos.

El carry trade es una estrategia de inversión que ha ganado notoriedad entre los especuladores financieros debido a su capacidad para generar rendimientos atractivos mediante la explotación de diferencias en las tasas de interés entre diferentes monedas. Este enfoque, conocido como “bicicleta financiera” en español, implica endeudarse en una moneda con baja tasa de interés (moneda de fondeo) y usar esos fondos para invertir en activos denominados en una moneda con una tasa de interés más alta (moneda destino).

En su forma más básica, el carry trade se basa en tomar prestado en una moneda que ofrece tasas de interés bajas, como el yen japonés, y utilizar ese capital para adquirir activos en una moneda que proporciona rendimientos más elevados, como el dólar estadounidense o el peso mexicano. La rentabilidad de esta estrategia proviene de la diferencia entre las tasas de interés, conocida como diferencial de tasas. Por ejemplo, si un inversor toma prestados yenes japoneses a una tasa baja y los invierte en bonos del gobierno de EE.UU. que ofrecen una tasa de interés más alta, el beneficio se genera a partir de esta brecha en las tasas.

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Sin embargo, el carry trade no está exento de riesgos. El principal riesgo es la posible apreciación de la moneda de fondeo o la depreciación de la moneda destino, lo cual puede erosionar las ganancias esperadas. Además, los cambios en las tasas de interés de fondeo pueden aumentar los costos de financiación. Esta estrategia también puede desestabilizar los mercados cambiarios, especialmente si los inversores tienen que deshacer grandes posiciones debido a la falta de liquidez o a los márgenes de fondeo estrechos, lo que puede causar movimientos bruscos en los tipos de cambio y una espiral de pérdidas conocida como “espiral de liquidez”.

Durante años, Japón ha sido el centro del carry trade debido a sus tasas de interés extremadamente bajas, que han estado cerca de cero. Inversionistas globales han tomado prestados yenes japoneses a bajo costo y los han invertido en activos de alto rendimiento en otras economías. Esta estrategia se ha mostrado particularmente lucrativa en períodos de estabilidad económica global y cuando las tasas de interés en otros países son relativamente altas.

En los últimos años, el carry trade con yenes ha sido notablemente popular. Japón ha mantenido tasas de interés bajas para fomentar el crecimiento económico, mientras que países como EE.UU. y en menor medida Europa, han subido sus tasas para combatir la inflación. Esto ha creado un entorno favorable para los inversores que buscan obtener rendimientos elevados mediante el carry trade. De hecho, John Authers de Bloomberg destacó que el carry trade yen-peso habría superado en rentabilidad al S&P 500 durante este período.

No obstante, la situación cambió con la reciente apreciación del yen y el aumento de las tasas de interés en Japón. Estos movimientos han reducido los beneficios del carry trade, haciendo que muchos inversionistas busquen salir de sus posiciones. La reciente subida de tasas por parte del Banco de Japón ha elevado los costos de financiar el carry trade en yenes, mientras que el debilitamiento del dólar y la caída en los valores tecnológicos han complicado aún más la situación para quienes mantenían estas posiciones.

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Además, el carry trade también ha experimentado volatilidad en mercados emergentes, aunque los rendimientos han sido atractivos en el pasado, como con el peso mexicano y el real brasileño, las recientes incertidumbres políticas y económicas han llevado a pérdidas significativas. La situación en estas regiones destaca cómo los cambios en las políticas económicas y las condiciones globales pueden impactar negativamente la rentabilidad de los carry trades.

En términos de perspectivas, el carry trade sigue siendo una estrategia popular, especialmente en un entorno de baja volatilidad y cuando las tasas de interés en las economías avanzadas se mantienen relativamente bajas. Sin embargo, los inversores deben estar preparados para la posibilidad de cambios abruptos en las condiciones del mercado que podrían afectar negativamente sus inversiones.

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