La estabilidad del trabajo es otra problemática en las mipymes, el personal al interior de ellas, en un 80% gana menos de 2 salarios mínimos; entonces se presenta de forma natural que el talento se retira ante opciones mayores a 3 salarios mínimos.

La Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) ha presentado el Plan de Expansión de Generación 2023-2037, destacando un preocupante pronóstico: hacia finales de 2028, Colombia podría enfrentar un déficit de energía en firme para satisfacer la demanda, exigiendo medidas preventivas urgentes.

La Upme ha delineado tres escenarios que revelan un cruce entre la demanda proyectada y la energía firme para el cargo por confiabilidad (Enficc), indicando una necesidad estructural de mayor energía para el periodo. Este déficit se evidencia en momentos críticos como durante El Niño o sequías prolongadas, según explica Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.

El análisis muestra que el déficit se presentaría casi simultáneamente con la señal inicial de escasez, requiriendo acciones a partir de septiembre-octubre de 2028 para asegurar la confiabilidad en el sistema eléctrico. La posibilidad de realizar una subasta de cargo por confiabilidad se destaca como una medida crucial.

Los escenarios presentados incluyen consideraciones como la entrada de la central hidroeléctrica Ituango fase II y modificaciones en las líneas de transmisión. Sin embargo, ninguno logra evitar el cruce entre oferta y demanda de energía para noviembre de 2028.

Aunque la subasta reciente buscaba cubrir el periodo hasta 2028, las preocupaciones persisten debido al potencial déficit. La energía en firme asignada resulta insuficiente frente a la demanda proyectada, dejando al país ante un desafío energético significativo.

Ante esta coyuntura, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha señalado la preparación de nuevas subastas enfocadas en tecnologías renovables y pequeñas centrales hidroeléctricas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la participación en estas subastas, indicando una necesidad de incentivos más atractivos o una evaluación más cuidadosa del riesgo y retorno para los proyectos de generación.

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Desde hace más de dos años, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha señalado la posición dominante de Claro en el mercado de servicios móviles colombiano. Sin embargo, recientes desarrollos han vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la falta de contundencia por parte de las autoridades para garantizar un terreno equitativo para todos los operadores.

En una carta dirigida al Gobierno, varios operadores expresaron su preocupación, argumentando que la competitividad en este mercado es más un mito que una realidad palpable.

Según datos recientes, de los 85 millones de líneas de telefonía móvil en Colombia hasta el tercer trimestre de 2023, Claro tenía una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados.

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Temu, una plataforma de comercio electrónico con sede en Boston, Estados Unidos, pero con raíces chinas, fundada en julio de 2022 y operada por PDD Holdings, es una empresa de comercio electrónico con sede en Irlanda, que ha experimentado un crecimiento exponencial desde su llegada al mercado.

El anuncio de que Temu duplicó sus ingresos en 2023, alcanzando los 12 mil millones de dólares, ha capturado la atención de la industria. Este aumento del 123% en comparación con 2022 coloca a Temu en una posición privilegiada, superando incluso a gigantes como Amazon.

En el mercado de comercio electrónico colombiano el número de transacciones en línea ha aumentado significativamente, alcanzando los 370,5 millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 11,5% respecto al año anterior. Sin embargo, incursión de Temu no está exenta de desafíos.

Juan Fernando Puerta, director de Derecho del Consumidor en Cuatrecasas, destaca la importancia de que Temu cumpla con el marco normativo colombiano y respete los derechos de los consumidores. Como nuevo jugador en el mercado, Temu enfrentará la competencia de actores establecidos como Mercado Libre y Amazon, quienes han ganado la confianza de los consumidores colombianos a lo largo de los años.

A pesar de los desafíos, Temu está cambiando la dinámica del comercio electrónico en Colombia. Su enfoque en precios competitivos, amplia variedad de productos y experiencia de usuario mejorada está generando presión en los comercios tradicionales y en las plataformas locales establecidas. A medida que continúa expandiéndose, Temu está dejando una marca en el mercado electrónico y redefiniendo la forma en que los consumidores realizan sus compras en línea.

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La búsqueda de soluciones para enfrentar el cambio climático y reducir las emisiones de CO2 ha llevado al mundo hacia una era de energías renovables y tecnologías limpias. Sin embargo, detrás de este cambio se esconde una realidad poco conocida pero fundamental: la dependencia de minerales críticos. Esta demanda se centra cobre, níquel, litio y tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnologías verdes, como paneles solares, vehículos eléctricos y turbinas eólicas.

China, como el mayor productor y consumidor de minerales críticos, ha dominado históricamente este mercado. Sin embargo, otros países latinoamericanos como Chile y Perú también desempeñan roles clave debido a su abundancia en cobre.

Colombia, aunque aún en etapas tempranas, está emergiendo como un jugador en este panorama. Con yacimientos significativos de níquel y potencial en cobre, el país está posicionado para capitalizar la creciente demanda mundial de minerales críticos. Además, su diversificación geográfica ofrece oportunidades para la expansión de la industria minera en regiones como la región Caribe y Antioquia.

Sin embargo, la extracción de estos minerales no está exenta de desafíos, la necesidad de desarrollar infraestructura, cumplir con normativas ambientales y sociales, y enfrentar el tiempo prolongado de desarrollo de nuevas minas son sólo algunos de los obstáculos a superar.

Si bien el desabastecimiento no es el principal problema de las mipymes, si éste aumenta, los pedidos no se entregan y la facturación no se materializa. En esta cápsula de video te contamos cuáles son las principales estrategias que están adoptando las empresas para combatir esta situación.

El informe del BBVA Research sobre ganado bovino describe la composición del hato ganadero en Colombia, que cuenta con aproximadamente 30 millones de cabezas, situándose en el puesto 12 a nivel mundial. Entre 2017 y 2020, el crecimiento del hato se aceleró significativamente, concentrándose el 50% de las cabezas en siete departamentos: Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta, Caquetá, Cesar y Santander. En el ámbito internacional, las exportaciones de ganado se han cuadruplicado en la última década.

Alejandro Reyes subraya que, en Colombia, el crecimiento de la demanda de proteína animal ha sido liderado por la carne de pollo y, en menor medida, por la de cerdo. No obstante, existen grandes variaciones en el número de cabezas por finca entre las regiones, siendo las ubicadas en los llanos orientales las más grandes y las de la región central las más pequeñas.

El informe destaca un aumento en el rendimiento productivo del hato ganadero, especialmente en animales vivos destinados a la exportación. Bogotá y Valle del Cauca lideran en rendimiento de ganado en pie, mientras que Antioquia y Bogotá lo hacen en rendimiento en canal.

China emerge como un mercado clave para la expansión de exportaciones de carne bovina, dado su creciente PIB per cápita y la significativa clase media de 600 millones de personas. Aunque el consumo de proteínas en China se centra en el cerdo, la demanda de carne bovina ha mostrado un repunte.

Los costos de producción, que habían sido elevados debido a la presión de los precios de insumos importados, se han moderado, mejorando los márgenes de rentabilidad para los productores. Según el DANE, el inventario nacional de bovinos al cierre del primer ciclo de vacunación de 2022 fue de 28 millones, con Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta albergando el 34,8%.

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Fedemaderas, el gremio que reúne a más de 570 actores del sector forestal en Colombia ha lanzado una señal de alarma debido a la pérdida de incentivos que amenaza con debilitar significativamente la industria. A pesar de contar con 28 Núcleos de Desarrollo Forestal y varias hectáreas de bosques naturales y plantaciones comerciales, el sector enfrenta un futuro incierto.

Las exportaciones, que buscan ser una parte crucial de la economía forestal, están encontrando cada vez más obstáculos. La eliminación de exenciones fiscales para nuevas plantaciones y la reducción de beneficios en el mercado de carbono están afectando negativamente la capacidad del sector para competir. Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo Nacional de Fedemaderas, ha destacado la urgencia de abordar estos problemas, subrayando la incertidumbre en torno al Certificado de Incentivo Forestal (CIF), vital para el establecimiento de nuevas plantaciones. Esta situación genera preocupación especialmente entre los pequeños y medianos reforestadores.

Además, los problemas logísticos y regulatorios están impactando la viabilidad financiera de los proyectos forestales. “El alto costo del transporte y las tasas de compensación impuestas por las autoridades regionales están haciendo inviables muchos modelos de negocio”, declaró Vásquez. Estas dificultades no solo afectan al sector forestal, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias.

Fedemaderas y sus aliados, como Nicolás Pombo de Smurtfit Kappa Colombia y Gabriel Lopera de Inverbosques, han enfatizado la necesidad de que el gobierno tome medidas concretas para apoyar la industria forestal y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La entidad advierte que, sin un apoyo gubernamental adecuado, el sector no podrá mantener su competitividad ni contribuir de manera significativa a la economía nacional.

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En una resolución anunciada el pasado viernes, el alto tribunal ha decretado la inaplicación de las normas que asignaban el 5% de la UPC a la operación de equipos básicos de salud. Esta medida estará en vigor hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo sobre su legalidad y constitucionalidad.

Esta decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual, en el marco del seguimiento a las órdenes vigésima primera y vigésima segunda, expidió el Auto 875 el 10 de mayo de 2024. La Corte encontró que la disposición del 5% ordenada en los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023 podría reducir el valor de la UPC y, en consecuencia, disminuir los recursos disponibles para las EPS. La situación afectaría la capacidad de estas entidades para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El tribunal argumentó que la UPC debe financiar la mayoría de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el PBS, y que destinar un porcentaje específico para ciertos servicios crea un desequilibrio financiero en el sistema. Esta postura está respaldada por precedentes en las sentencias C-978 y C-979 de 2010. Además, la Corte subrayó que el Ministerio de Salud no presentó estudios técnicos que justifiquen esta medida ni identificó una fuente adicional de recursos para compensar la sustracción del 5%.

La suspensión de esta normativa busca evitar posibles perjuicios al sistema de salud mientras se espera una decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la legalidad y constitucionalidad de dicha disposición. Esta medida provisional subraya la importancia de garantizar un financiamiento adecuado y equitativo dentro del sistema de salud colombiano.

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• La selva del Darién registró un flujo migratorio récord en 2023, con más de 520.000 personas provenientes de países como Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia.
• Expertos y autoridades locales advierten que el cierre de la selva desviaría a los migrantes hacia rutas más peligrosas y clandestinas.

La reciente propuesta del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, sobre cerrar la selva del Darién ha generado una intensa discusión sobre las posibles consecuencias de tal medida. La región, que se extiende desde el municipio colombiano de Acandí hasta las comunidades indígenas panameñas de Canáan Membrillo y Bajo Chiquito, es un paso crucial para miles de migrantes que buscan llegar a Norteamérica. El cierre de este paso fronterizo presenta diversas implicaciones que deben ser analizadas desde múltiples perspectivas.

En los últimos años, el número de migrantes que atraviesan la selva del Darién ha aumentado de manera alarmante. En 2023, más de 520.000 migrantes transitaron por esta ruta, estableciendo un récord de desplazamientos, con un notable incremento de personas procedentes de países como Venezuela, Ecuador, Haití, China y Colombia. En comparación, entre enero y marzo de 2024, más de 110.000 personas ya habían cruzado el Darién, lo que subraya la creciente magnitud de este fenómeno migratorio. En particular, el municipio colombiano de Necoclí ha visto pasar cerca de 65.000 migrantes en lo que va del 2024, representando un incremento de más de 20.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la presión continua y creciente sobre las comunidades locales y las rutas migratorias tradicionales.

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El Darién es una selva densa y difícil de transitar, lo que ya representa un desafío para los migrantes. Según expertos, la topografía de la región hace que un cierre físico sea prácticamente imposible. Mauricio Jaramillo, profesor principal en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, indica que “no se puede realizar un muro como el que existe entre Estados Unidos y México” debido a las condiciones geográficas y a las múltiples rutas alternativas, incluyendo las marítimas, que los migrantes podrían utilizar.

Además, un cierre no detendría el flujo migratorio, sino que probablemente lo desviaría hacia rutas más peligrosas y clandestinas. Irene Cabrera del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, señala que cerrar la frontera es “imposible” ya que siempre surgirán mecanismos alternativos para cruzar. Diego Chaves, del Migration Policy Institute, agrega que “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos”. Este desplazamiento a rutas menos vigiladas puede incrementar las violaciones de derechos humanos y fortalecer el crimen organizado, que se aprovecharía del aumento en el tráfico de migrantes y los cobros ilícitos para atravesar la frontera.

El cierre del Darién tendría un impacto significativo en las comunidades colombianas cercanas, como Necoclí, Turbo y Acandí. Estas áreas, que han visto un aumento en la actividad económica gracias al tránsito de migrantes, enfrentarían un “significativo represamiento de migrantes”. La alcaldía de Necoclí ha expresado su preocupación por el caos que podría generar un aumento descontrolado de migrantes “varados”, similar a lo ocurrido en febrero cuando las navieras suspendieron sus servicios.

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La solución a la crisis migratoria en el Darién requiere cooperación entre los gobiernos de Colombia y Panamá, así como con otros países de la región y organismos internacionales. Fernando García, director de Migración Colombia, destaca que el problema de la migración es “continental e incluso hoy en día extracontinental” y requiere de soluciones conjuntas. Sin una cooperación efectiva, las tensiones entre los países podrían aumentar, complicando aún más la situación.

Rodrigo Noriega, abogado y analista político panameño, sugiere que el cierre no tiene que ser físico, sino que puede implementarse mediante un conjunto de medidas como controles policiales, barreras naturales y monitoreo electrónico. No obstante, estas medidas también tienen sus limitaciones y podrían no ser suficientes para manejar el complejo flujo migratorio.

El cierre de la selva del Darién, como propone el presidente electo Mulino, presenta numerosos desafíos y riesgos. Desde la imposibilidad física de sellar completamente la frontera debido a su topografía, hasta el aumento de rutas ilegales y el fortalecimiento del crimen organizado, las implicaciones son vastas y preocupantes. Además, sin una cooperación internacional adecuada, las tensiones entre Colombia y Panamá podrían intensificarse. La solución a la crisis migratoria en el Darién requiere un enfoque multifacético que considere no sólo la seguridad, sino también los derechos humanos y la colaboración regional.Lea también: Desarrollo Infraestructural de Urabá: Oportunidades y Retos para los Sectores Colombianos (Parte I)