• Las remesas en Colombia podrían superar las exportaciones de petróleo.
• China podría lanzar un estímulo fiscal masivo para enfrentar la desaceleración económica y la burbuja de deuda.
• Trump implementaría aranceles masivos, desestabilizando el dólar y afectando el sistema financiero global.

La teoría de los “cisnes negros”, propuesta por el escritor Nassim Nicholas Taleb, describe eventos improbables e impredecibles con un gran impacto. Tras ocurrir, estos eventos suelen justificarse como si fueran previsibles. Son eventos raros, que generan consecuencias desproporcionadas y desafían los métodos tradicionales de análisis. Su aparición resalta la dificultad de anticiparlos, especialmente en un mundo cada vez más interconectado, donde los riesgos pueden multiplicarse por factores globales.

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Cada año, Saxo Bank publica su lista de “predicciones escandalosas”, que incluyen posibles cisnes negros. Aunque no son proyecciones exactas, estas predicciones destacan escenarios que podrían transformar radicalmente los mercados y las economías. Entre las más destacadas para 2025 se incluyen:

• Trump 2.0 y la desestabilización del dólar: La nueva administración de Donald Trump podría imponer aranceles masivos y adoptar medidas proteccionistas, desestabilizando el sistema financiero global. Esto llevaría a los países a buscar alternativas al dólar como moneda de reserva, afectando el comercio y las finanzas internacionales.
• China lanza un megapaquete de estímulo: Ante una burbuja de deuda y una desaceleración interna, el gobierno chino podría implementar un estímulo fiscal de 50 billones de yuanes (6,8 billones de dólares) para reactivar su economía, alterando los mercados globales.
• Colapso de la OPEP: El auge de los vehículos eléctricos podría reducir la relevancia del petróleo, llevando a la OPEP a perder su influencia global. Lo anterior podría conllevar a una caída en los precios del crudo.
• Un desastre natural quiebra una compañía de seguros: Una tormenta catastrófica en 2025 podría arruinar a una gran aseguradora, exponiendo la vulnerabilidad del sector ante el cambio climático y desestabilizando los mercados financieros.
• Avances en biotecnología: La bioimpresión de órganos humanos, como corazones funcionales, podría inaugurar una nueva era de longevidad, transformando las perspectivas de salud y economía global.
• Estados Unidos impone un impuesto a los centros de datos de IA: EE. UU. podría imponer un impuesto a los centros de datos de IA debido al alto consumo energético, lo que aumentaría los costos operativos y afectaría el crecimiento del sector.
• La libra esterlina elimina el descuento posbrexit frente al euro: La libra esterlina podría superar al euro, alcanzando niveles previos al Brexit, lo que alteraría las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE.

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Se proyecta un crecimiento global del 3,2% en 2025, impulsado principalmente por las economías emergentes, que aportarán el 40,0% del crecimiento mundial. En EE. UU., se espera un crecimiento del 2,0%, aunque las políticas proteccionistas de Trump podrían aumentar la inflación y afectar las cadenas de suministro. Europa crecerá un 1,2%, afectada por altos costos laborales y energéticos. China enfrenta una crisis inmobiliaria y una desaceleración en el consumo, lo que incrementa su dependencia de las exportaciones. La geopolítica y la transición hacia una economía electrificada son factores clave que podrían alterar los flujos comerciales y los riesgos financieros.

En el ámbito local, Colombia proyecta un crecimiento del 2,6% para 2025, impulsado por el consumo privado y una leve recuperación de la inversión. Sin embargo, el país enfrenta varios retos. Se espera un déficit fiscal considerable debido a un menor recaudo tributario y mayores compromisos derivados de reformas recientes. Además, las altas tasas de interés y la devaluación del peso podrían elevar el costo del servicio de la deuda.

En el sector energético, la dependencia de importaciones de gas natural podría aumentar los costos energéticos y presionar al alza la inflación. La transición hacia energías renovables sigue siendo lenta, lo que limita la capacidad del país para adaptarse a las tendencias globales. Por su parte, se proyecta que la inflación descienda a un rango del 3,6% en la primera mitad del año, aunque podría repuntar hacia finales debido a factores externos y a la devaluación del peso. El Banco de la República mantendría tasas de interés en torno al 7,0% para anclar las expectativas inflacionarias.

Finalmente, las remesas se consolidarán como una de las principales fuentes de divisas para Colombia. En 2025, se espera que superen a las exportaciones de petróleo, alcanzando un récord de 13 mil millones de dólares, lo que subraya su creciente importancia en la economía nacional.

De acuerdo con un análisis publicado por La República basado en el Índice de Confianza del Tendero (ICT), elaborado por Dichter & Neira, la percepción de los tenderos frente al panorama económico actual muestra signos de cautela. En septiembre, el ICT se situó en -5,2 puntos, reflejando una disminución de 4,8 puntos frente a junio. Aunque un 32% de los tenderos reportó mejoras en sus negocios respecto al año anterior, esta cifra es inferior al 39% registrado a mitad de año, lo que evidencia una caída del optimismo. Además, el 63% considera que no es un buen momento para invertir, aunque esta proporción ha mejorado levemente respecto al 69% de la medición anterior.

Eirk Morales, director para South Latam de Dichter & Neira, señaló que la percepción en esta quinta edición del índice muestra una tendencia similar a las mediciones previas. “Alrededor de 51% cree que su negocio estará mejor dentro de un año; para 41%, los próximos doce meses serán positivos financieramente. En contraste, 53% cree que la situación económica puede empeorar debido al desempleo“, destacó.

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Según el diario Portafolio, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de carbón alcanzará un récord de 8.770 millones de toneladas en 2024, con un crecimiento del 1%. Sin embargo, este incremento se está desacelerando, pasando de un 7,7% en 2021 a un 2,4% en 2023. China, que consume el 30% del carbón mundial, sigue liderando la demanda global, a pesar de sus inversiones en energías renovables. Lo anterior, se debe al aumento de la demanda eléctrica, impulsada por la electrificación de sectores antes dependientes de otros combustibles fósiles y el crecimiento de áreas como los centros de datos. India, con un crecimiento proyectado del 5%, también contribuye considerablemente al aumento de la demanda.

Por otro lado, la Unión Europea y Estados Unidos verán una disminución en su consumo de carbón en 2024, pero a un ritmo menor que en años anteriores. La reducción será compensada por el aumento en países como India, Indonesia y Vietnam. Se espera que la producción mundial de carbón supere los 9.000 millones de toneladas en 2025, y que Australia se convierta en el cuarto mayor productor mundial para 2027, superando a Estados Unidos y Rusia.

El pozo Sirius-2, perforado por Ecopetrol y Petrobras en el Caribe colombiano, representa un avance para la industria energética del país. Ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta y a 830 metros de profundidad, el hallazgo de gas natural podría incrementar las reservas de Colombia en un 200,0%, duplicando las probadas del país.

Con más de 6 terapiés cúbicos (TPC) de gas in place, este descubrimiento se considera el mayor en la historia del país, lo que podría transformar el panorama energético. El proyecto no solo garantizaría la autosuficiencia energética de Colombia, sino que también reduciría la dependencia de las importaciones de gas, especialmente con un déficit proyectado para los próximos años.

La producción se estima que comenzará en 2027, con una proyección inicial de 470 millones de pies cúbicos diarios, lo que cubriría cerca del 47,0% del consumo nacional de gas. Este descubrimiento también se traduce en una oportunidad económica para la región Caribe, con regalías estimadas en USD$4.000 millones y un impacto positivo en el desarrollo del departamento de Magdalena.

El proyecto, que requiere una inversión de USD$4.100 millones, contempla la construcción de infraestructura logística clave, como una línea de flujo submarina, para el transporte del gas desde el yacimiento hasta la unidad de tratamiento en tierra.

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• La elección de Miguel Polo Rosero ha despertado expectativas respecto a su impacto en las futuras decisiones de la Corte.
• El nuevo magistrado asume en un contexto complejo, con varios temas importantes pendientes de resolución en el alto tribunal, entre ellos, la controvertida reforma pensional y las reformas laboral, judicial y de salud.

Luego de una intensa disputa en el Congreso para seleccionar al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, marcada incluso por la polémica aparición de un “voto fantasma”, el Senado decidió nombrar a Miguel Polo Rosero como sucesor de Antonio José Lizarazo. Polo Rosero, quien venció a Claudia Dangond con 57 votos contra 47, asumirá su cargo, lo que podría, según indican algunos analistas, influir en la orientación ideológica del tribunal.

La elección de Polo Rosero ha despertado expectativas respecto a su impacto en las futuras decisiones de la Corte. En la actualidad, la Sala Plena cuenta con seis magistrados de tendencia liberal y tres conservadores. Sin embargo, con su incorporación, se anticipa un cambio en las votaciones, pasando de un margen de 6-3 a uno más ajustado de 5-4. A pesar de ello, la Corte ha emitido recientemente fallos con votaciones unánimes o con pocos salvamentos de voto. Lo anterior, lleva a concluir a diferentes expertos que la incorporación del nuevo magistrado no traerá grandes ventajas para el Gobierno nacional en materia de fallos. No obstante, el presidente Gustavo Petro deberá proponer una terna para sustituir a la magistrada Cristina Pardo, cuyo mandato culmina en mayo de 2025, y esa elección sí podría alterar la composición ideológica de la Corte.

En este sentido, el nuevo magistrado asume en un contexto complejo, con varios temas importantes pendientes de resolución en el alto tribunal, entre ellos, la controvertida reforma pensional que el Congreso de la República aprobó y que el presidente ya sancionó, convirtiéndola en la Ley 2381 de 2024. Este proyecto fue aprobado de manera presuntamente irregular en la Cámara de Representantes, donde, en el último momento, se adoptó el texto que ya había recibido el visto bueno del Senado. Por lo cual, la Procuraduría General, bajo la dirección de Margarita Cabello Blanco, el 8 de noviembre de 2024 solicitó a la Corte Constitucional que declarara la reforma pensional completamente inexequible, al considerar que fue aprobada en la Cámara de Representantes sin deliberación clara.

Asimismo, se enfrentará a la aprobación de varias reformas clave como la de salud, laboral y judicial y al debate sobre demandas presentadas en contra de diferentes artículos de la reforma tributaria, así como decisiones en la venta de aguardiente, un tema clave para la economía regional y cuyo debate ha durado varios meses.

El debate con la venta de aguardiente está relacionado con la demanda contra el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que otorga a los departamentos la facultad para restringir la venta. Esa normativa permite a los departamentos que tengan el monopolio de la producción de licores, ya sea de manera directa o por contrato, suspender la expedición de permisos para la entrada de aguardiente, ya sea nacional o extranjero, en sus jurisdicciones.

Finalmente, en cuanto a las decisiones en el sector salud, un cambio en la composición ideológica de la Corte podría influir en cómo se abordan temas clave, como el derecho a la salud, el acceso a servicios médicos y la interpretación de políticas públicas relacionadas con el sistema.

Pese a la incertidumbre que puede generar la elección del nuevo magistrado, queda esperar cuáles son los movimientos del Gobierno en 2025, y de qué manera se desenvuelve la Corte con la aprobación de las diferentes reformas. Aunque hay temor entre los opositores, cabe resaltar la firmeza que han tenido las instituciones, al no permitir la aprobación de reformas sin un adecuado estudio y consenso entre diferentes actores.

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Según el informe Bloqueómetro Colfecar 2024, publicado por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) y citado por el diario Portafolio, en lo corrido del año hasta el 13 de diciembre se registraron 786 bloqueos en las vías nacionales, causando la pérdida de 11.950 horas, equivalentes a 497 días de paralización del transporte terrestre. Esta problemática generó pérdidas económicas superiores a $4,3 billones para el sector de carga. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, destacó que los bloqueos no solo afectan el transporte de mercancías, sino también la distribución de materias primas, combustibles y productos agrícolas, provocando graves consecuencias en la productividad nacional y en los sectores sociales y económicos relacionados.

El reporte detalló los departamentos más impactados: Bolívar, Atlántico y Antioquia lideraron con 99, 90 y 63 bloqueos respectivamente, concentrando una alta proporción de las interrupciones. Los motivos de los bloqueos incluyen problemas relacionados con servicios públicos, peajes y el mal estado de las vías, entre otros. Las regiones más afectadas, como el Caribe y los nodos industriales en Antioquia y Valle del Cauca, son estratégicas para el comercio nacional e internacional, intensificando el impacto económico.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) ha comunicado la suspensión de nuevas postulaciones al programa “Mi Casa Ya” debido al agotamiento de los cupos para las coberturas de tasas de interés en créditos hipotecarios, según información publicada por el portal Ámbito Jurídico. Esta decisión, que se oficializó mediante una circular, obedece a restricciones presupuestales que limitan los recursos para continuar ofreciendo este beneficio a todas las familias interesadas. A partir del 16 de diciembre, solo los hogares en estado “Interesado-Cumple” podrán avanzar en el proceso de asignación del subsidio, con prioridad para los sectores más vulnerables. Según el Gobierno, las condiciones económicas actuales, marcadas por tasas de interés e inflación más bajas, permiten que los hogares accedan a créditos hipotecarios con menos dependencia de subsidios.

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La medida busca optimizar el uso de los recursos públicos en línea con la disponibilidad presupuestal para 2025, priorizando a quienes realmente lo necesitan, según lo estipula el Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, esta suspensión podría generar incertidumbre entre las familias que no lograron formalizar su solicitud, especialmente porque el estado “Interesado” no garantiza la obtención del subsidio. El Gobierno destaca la importancia de que los interesados cumplan con los requisitos y estén al tanto de las condiciones del programa, mientras ajusta la cobertura de subsidios a las realidades fiscales del país.

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Los proyectos de Cuarta Generación (4G) continúan impulsando la construcción civil, con una inversión de $63,5 billones en CAPEX y un avance promedio del 87,8% en su fase de construcción. Siete proyectos han entrado en operación y mantenimiento en 2024, mejorando la conectividad en diversas regiones. Entre estos se encuentran la Autopista Conexión Norte, la IP Neiva-Espinal-Girardot, y la IP Cambao-Manizales.

Estos proyectos no solo benefician la infraestructura del país, sino que también han generado un impacto en el empleo con más de 295.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, destacándose los proyectos como la Autopista al Mar 2, que ha generado 25.114 empleos, y Villavicencio-Yopal, con 23.969 puestos.

El sector continúa con un desempeño positivo, con 15 proyectos en operación, 12 en construcción y 2 en preconstrucción. Se espera que, a cierre de 2024, otros proyectos, como la Autopista al Mar 2 y la Autopista al Río Magdalena 2, finalicen su fase de construcción y entren en operación, lo que continuará impulsando el desarrollo económico y la conectividad del país.

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Para llegar a un acuerdo en el valor del salario mínimo entre empleados y empleadores; se debe equilibrar la búsqueda de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, controlar la inflación, reducir la informalidad y maximizar el empleo.

En 24 años de existencia de la mesa de concertación laboral, solamente en 9 ocasiones se ha logrado llegar a un acuerdo sobre el valor del salario mínimo. Es decir, que, en 15 veces, el gobierno lo ha fijado por decreto.

¿Por qué si 2023 y 2024 han sido los años con mayor crecimiento real del salario mínimo, sus efectos no se han visto en una mejora económica del país?

La razón radica en que la mayoría de las personas en nuestro país no tiene un trabajo formal, sólo cuentan con este el 44%. Adicionalmente, el desempleo no ha disminuido, hace 10 años era el 9,4% y en 2024 cerrará en 10,4%.

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Informes Sectoriales

Central Informativa Sectorial

Índice de Riesgo Sectorial

La definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 es un factor decisivo para asegurar los recursos indispensables que garanticen la cobertura adecuada de servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías de salud, esenciales para proteger el derecho fundamental a la salud en Colombia. El proceso adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por una crisis financiera sin precedentes en el sistema de salud. La insuficiencia en el monto de la UPC genera riesgos significativos, incluyendo barreras de acceso, demoras en la atención y un aumento del gasto de bolsillo de los hogares, poniendo en peligro tanto la sostenibilidad del sistema como la protección de los pacientes y sus familias.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para comenzar a estabilizar el sistema en 2025, la UPC debería incrementarse al menos un 16,9%. Este ajuste considera factores como la siniestralidad, el crecimiento poblacional y la inflación, pero excluye los déficits acumulados entre 2022 y 2024, que solo en 2024 ascendieron a $10,9 billones. La ANDI subraya que corresponde al Gobierno nacional, a través de los ministerios de Salud, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir un incremento que permita garantizar la operatividad del sistema antes de implementar cualquier reforma. Sin esta medida, la prestación de servicios y el suministro de tecnologías en salud continuarían operando bajo un déficit insostenible, comprometiendo aún más la calidad y accesibilidad del sistema de salud.