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El sector cacaotero del país ha venido tomando relevancia en los últimos años tanto en términos de producción como en ventas externas, lo que ha generado un aumento de las inversiones por parte del Gobierno Nacional.

En términos de exportaciones, el sector hace 13 años vendía al exterior tan solo 1.000 toneladas (t) y hoy en día exporta más de 11.000 t de cacao en grano y más de 14.000 t de productos semielaborados. En el 2020 el país exportó 31.528 t de cacao por un valor de US$109,9 millones y en lo acumulado hasta agosto de 2021 se han vendido al exterior 23.767 t que dejaron ingresos por US$80,3 millones.

Los departamentos con mejor desempeño en términos de exportaciones a agosto de este año han sido, Antioquia con ventas por US$36,2 millones, Bogotá con US$18,5 millones, Santander US$13,2 millones y Valle del Cauca con ingresos por US$6,2 millones. Por su parte, los principales países destino fueron, México con ventas por US$16 millones, Estados Unidos US$11,9 millones y Ecuador con US$9,5 millones de dólares.

Por el lado de la producción se evidencia que, mientras hace 13 años Colombia producía 33.000 t de cacao en grano, hoy en día produce alrededor de 63.400 t y comparado con el primer semestre de 2021 frente al mismo periodo de 2020 se refleja un aumento del 11% de la producción de cacao.

 La ley de insolvencia o de reorganización se ha convertido en una oportunidad a la que pueden acceder aquellas empresas que no cuentan con suficientes recursos para pagar sus deudas.
 Sobre la ley se ha creado un mecanismo especial que estará vigente hasta el 14 de abril de 2022. Las empresas que quieran acceder a este procedimiento de insolvencia deben presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades.
 Existen dos procedimientos de insolvencia: la liquidación judicial que le da fin a la empresa y el proceso de reorganización que busca preservar la compañía y regularizar el negocio.
 En la coyuntura actual, las empresas deben actuar de manera oportuna y acertada para no correr el riesgo de quiebra, por eso es necesario que mejoren su flujo de información, su toma de decisiones y puedan aprovechar las herramientas legales para enfrentar las crisis económicas que puedan surgir.

El crédito es esencial en una economía de libre mercado, sin embargo, existe la posibilidad de incumplimiento por parte del deudor y esto a su vez trae la necesidad de elementos legales que garanticen alternativas para contrarrestar el incumplimiento cuando este se produzca. En este sentido, la ley de insolvencia o de reorganización es una oportunidad a la que pueden acceder aquellas empresas que no cuentan con suficientes recursos para pagar sus deudas. La ley establece un régimen de insolvencia temporal para las empresas con el objetivo de recuperar y salvar negocios viables, en lugar de declararse en quiebra, mediante la negociación de acuerdos para el compromiso de sus deudas, alivios financieros y la posibilidad de una reactivación comercial.

El decreto 560 del 15 de abril de 2020 emitido por el gobierno designa la ley especial de insolvencia en la cual establece reducir el tiempo de negociación entre las empresas y sus prestamistas lo que facilitaría la venta de activos para pagar deudas, otorgar exenciones fiscales y suspender algunas regulaciones, todo en un intento por mejorar el flujo de caja de las empresas y evitar pérdidas masivas de empleos por la situación generada por la Covid-19. El mecanismo especial estará vigente hasta el 14 de abril de 2022 y las empresas que quieran acceder a este procedimiento de insolvencia deben presentar la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades que es el organismo dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo responsable de la supervisión de las sociedades en Colombia.

En ese orden de ideas existen dos procedimientos de insolvencia: por un lado, está la liquidación judicial que busca darle fin a la empresa y, por otro lado, está los procedimientos de reorganización que buscan preservar la entidad y regularizar el negocio. Las empresas interesadas en acudir a esta ley deberán demostrar que no pueden cumplir con sus obligaciones por motivos de la pandemia y los documentos presentados en la solicitud de admisión, serán responsabilidad exclusiva del deudor y su contador. Las medidas de cuarentena tomadas en el marco de la pandemia se tradujeron en choques negativos de demanda, productividad y oferta laboral, lo que ha conllevado a la quiebra de muchas empresas, como también el incremento de compañías que han acudido a la ley de insolvencia como opción de salvamento. Tal es el caso de Tostao que para febrero de 2021 la superintendencia le autorizo un acuerdo de reorganización empresarial para ayudarla en los plazos de pago de deudas que contrajo por aproximadamente $148 mil millones.

Así mismo, Mercadería Justo & Bueno, que pertenece al mismo grupo de Tostao, acudió meses después al trámite de negociación de emergencia ante la superintendencia como mecanismo para proteger alrededor 20.000 empleos, justificando que no podía hacer frente a sus acreedores, ya que estaba experimentando pérdidas económicas a causa de los cierres, restricciones y medidas que habían decretado las autoridades para mitigar el impacto del virus en el territorio nacional.

Durante el primer semestre de 2021, la Superintendencia de Sociedades recibió alrededor de 615 solicitudes de Insolvencia, lo que reflejo un incremento de 36% en comparación al primer semestre del año 2020, las 615 solicitudes se distribuyeron en 485 procesos de reorganización (en trámite y ejecución) y 130 procesos de liquidación. En el quinto mes de 2021 la cantidad de empresas cerradas creció 12% frente a las empresas cerradas en mayo de 2020.

La ley de insolvencia a pesar de ser la respuesta a las necesidades de los comerciantes, hay empresas que puede que la desaprovechen ante la falta de conocimiento parcial o total sobre su proceso. En la coyuntura actual las empresas deben actuar de manera oportuna y acertada para no correr el riesgo de quiebra, por eso es necesario que mejoren su flujo de información, su toma de decisiones y puedan aprovechar las herramientas legales para enfrentar las crisis económicas que puedan surgir.