El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado luz verde a un préstamo de USD 81,5 millones destinado a aumentar el acceso y graduación de estudiantes en la educación superior en Colombia. El programa abordará diversas estrategias, desde facilitar la transición de la educación media a la superior hasta fortalecer la permanencia de los estudiantes y mejorar la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior (IES) de acuerdo con el diario Portafolio.

El proyecto beneficiará al menos a 22.700 estudiantes de grado 11 y a los egresados participantes en el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES). Se espera que alrededor de 100 IES, tanto privadas como públicas, reciban asistencia técnica, mientras que 57 IES públicas obtendrán financiamiento para implementar planes de permanencia.

El PTIES se implementará en 72 subregiones del país, caracterizadas por contar con municipios rurales y tasas de transición a la educación superior inferiores al promedio nacional, fortaleciendo planes y estrategias de permanencia que incluyen la identificación de estudiantes en riesgo, programas de nivelación académica y orientación vocacional, así como el acompañamiento social.

Entre las barreras identificadas para la transición a la educación superior se encuentran el bajo rendimiento académico, la falta de información sobre procesos de admisión y financiamiento, y la vulnerabilidad económica. Además, la concentración de IES en grandes ciudades aumenta los costos educativos para los jóvenes en zonas rurales.

El préstamo del BID, aprobado por su directorio ejecutivo, financiará el diseño e implementación del PTIES y apoyará la mejora en la gestión de la calidad de la educación superior. Con un período de desembolso de cinco años, un período de gracia de seis años, y un plazo de amortización de 24 años, este préstamo contribuirá significativamente al fortalecimiento del sistema educativo superior en Colombia.

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En Sectorial aceleramos y facilitamos el acceso a conocimiento experto a las personas y empresas, para que estén alerta a las amenazas y pongan a favor las oportunidades que del entorno se desprenden. Con este objetivo, a través del podcast Sectorial hemos creado el espacio denominado Llamen a un Experto. Hoy con el declive financiero que han presentado las empresas, tendremos la segunda y última parte de la conversación con Carlos Mario Rivera, gerente general de Inercia Valor, donde abordaremos temas de deuda, sectores más llamativos para las fusiones y adquisiciones, entre otros.

• Las bancas de inversión son instituciones que apoyan la materialización de los objetivos financieros de las empresas, bien sea en crecimiento, inversión, desinversión y/o mejora de condiciones de endeudamiento.
• La oportunidad en la dinámica de sectores económicos junto con la estrategia de las empresas propicia los momentos para las fusiones y adquisiciones.
• La situación de caída en ventas, el aumento en costos, las mayores tasas de interés y la poca confianza; son la mezcla para buscar una reestructuración de la deuda.

Antes de dar a conocer cuántas leyes o decretos han sido aprobadas por el Congreso de Colombia y cuáles de ellas han sido sancionadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, es importante realizar algunas precisiones sobre el periodo legislativo.

En primer lugar, al hablar de sesiones ordinarias del Congreso, debe entenderse que existe una sola legislatura que se realiza en dos periodos. El primer periodo inicia el 20 de julio y termina el 16 de diciembre; mientras que, el segundo, inicia el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. De este modo se realizaron las sesiones ordinarias hasta 2023, pues, por medio del Acto Legislativo 002 de 2023 se determinó que, “por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política de Colombia de 1991” se indicó que el primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo periodo iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio.

Dicho lo anterior, se comprende que una legislatura anualizada para el Congreso de la República no inicia en el mes de enero y termina en diciembre, sino que se instaura en julio la legislatura del 2023 y culmina el día 20 de junio de 2024.

Ahora, antes del inicio de la legislatura, el presidente de la República, Gustavo Petro dirigió algunas palabras haciendo alusión a los criterios de justicia ambiental y justicia social, las cuales para él “son nuestros dos conceptos de construcción, es lo que alumbra nuestros proyectos, nuestras políticas públicas”. Por esta razón, es de vital importancia conocer qué aprobó el Congreso y cuáles de ellas sancionó Petro (Las Reformas son el Principal Inductor en la Caída de la Confianza Sectorial).

En la legislatura del segundo semestre del 2023, se afrontaron tres escenarios opuestos, pero contundentes, que de una u otra manera repercuten en lo ocurrido y lo que viene en materia legislativa para el país. El pulso por las dignidades del Congreso, las reformas del Gobierno y las elecciones locales y regionales crearon un ecosistema de posible estancamiento en los proyectos que faltan por debate.

Se presentaron ante el Congreso, de manera general, 551 proyectos, 15 de ellos ya fueron aprobados y de éstos 13 están pendientes de la respectiva sanción presidencial; 483 continúan en trámite, de éstos, 26 fueron de iniciativa del actual gobierno, y cabe resaltar que en general 53 proyectos fueron archivados.  

Es quizá el pulso por las reformas del gobierno del cambio el que más se ha mediatizado por la premura con que el gobierno Petro las inició. Pero el balance no es del todo positivo para este 2024, ya que de un lado se cuenta con una disociación en la gran coalición con las bancadas de los distintos partidos políticos, al punto de que el Partido Liberal se apartó del lado del Gobierno para radicar su propio proyecto de Ley con miras a reformar el sistema de salud.

 Otro factor de estancamiento es que, de los 551 proyectos radicados, desde el 16 de febrero del 2024 deberá dársele trámite y 316 de esos no han sido sometidos aún a primer debate.

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El banano, insignia del agro colombiano, es uno de los principales productos de exportación gracias al reconocimiento internacional del sector. Cultivado en más de 53.000 hectáreas, principalmente en el Urabá y en el Caribe, este fruto se divide en dos variedades: Gros Michel para el mercado local y Cavendish para exportación, representando el 95% de la producción total.

A pesar de los desafíos enfrentados en 2023, incluyendo una disminución del 29% en las ventas, el presidente de Augura, Emerson Aguirre, proyecta un año de recuperación para la industria bananera en 2024. Se espera un crecimiento del 5% en las exportaciones, impulsado por una mejor presencia climática y una reacción positiva de los mercados internacionales.

El sector bananero genera 44.000 empleos formales, con un 92% sindicalizado. La sostenibilidad ambiental y social del banano lo convierte en un producto altamente valorado, siendo Europa su principal destino de exportación, seguido por Estados Unidos y el Reino Unido.

A pesar de estos logros, el mercado local enfrenta el desafío del bajo consumo per cápita, con solo cuatro kilos de banano al año en comparación con los 14 kilos en Europa. Colombia ocupa el quinto lugar en exportación de banano, liderado por Ecuador, seguido de Guatemala, Costa Rica y Filipinas.

El sector bananero también ha enfrentado amenazas, desde desafíos biológicos como el Fusarium R4T hasta cuestiones de orden público y seguridad, con el narcotráfico afectando la región de Urabá. Las empresas, como Grupo GreenLand, han invertido significativamente en medidas de seguridad, destinando alrededor de $12.000 millones en 2023 para combatir el narcotráfico.

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