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El gobierno colombiano actualizó los requisitos sanitarios para la fabricación, procesamiento, almacenamiento y comercialización de agua potable tratada envasada y hielo destinado al consumo humano. Mediante la expedición de la Resolución 000276 de 2026, las autoridades establecieron lineamientos rigurosos orientados a garantizar la inocuidad del producto y proteger la salud pública en todo el territorio nacional. El reglamento determina que los procesos de potabilización, tales como la cloración, ozonización o radiación ultravioleta, deben ejecutarse bajo condiciones estrictamente controladas para eliminar agentes patógenos sin generar residuos químicos perjudiciales.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, las empresas del sector deberán cumplir con parámetros fisicoquímicos precisos, manteniendo el cloro residual libre en un rango de 0,2 mg/l a 1,0 mg/l y asegurando que los sólidos totales disueltos no superen los 300 mg/l. Dicha directriz también exige modificaciones en el rotulado, obligando a que las presentaciones superiores a 10 litros incluyan una advertencia gráfica para consumir el líquido en un tiempo máximo de 15 días tras su apertura. Adicionalmente, las plantas procesadoras tendrán que realizar una caracterización anual de sus fuentes de abastecimiento hídrico para certificar la idoneidad del recurso empleado.

Para facilitar la adaptación de la industria frente a los recientes cambios, la entidad rectora otorgó un periodo transitorio de 18 meses contados a partir de la publicación oficial del documento. Una vez culminado dicho lapso, las antiguas disposiciones normativas vigentes desde el año 1991 quedarán derogadas definitivamente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las secretarías de salud locales serán las instituciones encargadas de ejercer la vigilancia respectiva, teniendo la potestad legal de aplicar medidas de seguridad y sanciones severas a los establecimientos que incumplan los protocolos de calidad exigidos.

A partir del primero de febrero de 2026, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar una tasa de seguridad del 30,0 %, medida impuesta por el presidente Daniel Noboa ante lo que considera una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Dicha barrera arancelaria impactará directamente a rubros estratégicos de la oferta exportable nacional, encareciendo bienes como la energía eléctrica, medicamentos de uso humano, vehículos, azúcares de caña y café sin tostar, los cuales perderán competitividad en el mercado vecino mientras se mantenga la tensión diplomática sobre la seguridad fronteriza.

Según Pulzo, Ecuador se consolida como el sexto destino de las ventas externas del país y el segundo mercado más relevante para los bienes no minero-energéticos. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones hacia esa nación sumaron US$1.673 millones, cifra que ya evidenciaba una contracción del 3,2 % frente al año anterior. La nueva restricción comercial se suma a los controles migratorios vigentes desde diciembre de 2025, que limitaron el tránsito terrestre a solo dos pasos habilitados, complicando aún más la logística en una frontera caracterizada por sus extensas zonas selváticas y fluviales.

El mandatario ecuatoriano justifica tal decisión señalando un déficit comercial superior a los US$1.000 millones anuales y la necesidad de recursos para combatir a los grupos criminales transnacionales. La medida permanecerá vigente de manera indefinida hasta que se concrete un compromiso conjunto y efectivo para erradicar las economías ilícitas en la región limítrofe, situación que pone en riesgo la estabilidad de un intercambio comercial vital para ambos países y afecta la cadena de suministro de insumos esenciales y alimentos.

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar por decreto un salario mínimo de $2.000.000 para el año 2026 representa un incremento del 23,5 % que, lejos de ser una solución social, amenaza con consolidar una trampa de pobreza estructural en el país. Aunque los efectos en la inflación y las tasas de interés ya son evidentes, el fondo del problema radica en una desconexión con la realidad: mientras las ventas de las empresas crecen a un ritmo del 8%, se les impone una carga laboral que triplica ese desempeño. Este desajuste obliga de inmediato a un recorte drástico de costos que se traduce en despidos masivos o en la migración hacia contratos de prestación de servicios, alimentando las ya críticas cifras de informalidad.

La estabilidad del tejido empresarial y financiero también queda en entredicho ante la necesidad de proteger la caja operativa. Para sobrevivir al alza, las compañías estarían aumentando su apalancamiento con proveedores y extendiendo los plazos de sus carteras, lo que ralentiza el flujo de efectivo en toda la cadena productiva. La situación no solo dispara los índices de mora en el sistema bancario, poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero, sino que anula cualquier posibilidad de repartir dividendos. Al dejar de ser un mercado rentable para los accionistas, Colombia pierde el atractivo necesario para captar inversión, quedando atrapada en un ciclo de descapitalización.

Finalmente, el daño más profundo se observa en la productividad nacional debido al sacrificio del CAPEX (inversiones de capital). Al priorizar el pago de una nómina desproporcionada, las empresas carecen de recursos para invertir en tecnología y modernización, lo que condena a Colombia a mantenerse como un país improductivo. Sin inversión tecnológica, las empresas no pueden escalar, y sin dividendos ni crecimiento, el mercado se estanca. Así, el decreto que buscaba mejorar la calidad de vida termina por destruir los incentivos de inversión y desarrollo, convirtiendo el incremento salarial en una condena de pobreza de largo plazo para la economía nacional.

La actividad industrial en Colombia registró un comportamiento favorable durante el décimo mes del año, alcanzando una variación anual del 1,1 % en su índice de producción real. El resultado positivo marca una recuperación frente a la volatilidad observada en ciclos previos y fue jalonado principalmente por el desempeño de tres de los cuatro grandes sectores que componen el indicador, logrando contrarrestar la caída persistente en el rubro de explotación de minas y canteras, que continúa restando impulso al agregado nacional.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector manufacturero y el de suministro de electricidad y gas presentaron crecimientos idénticos del 1,9%, mientras que la captación, tratamiento y distribución de agua lideró las variaciones positivas con un alza del 2,7%. Al desglosar las 26 actividades industriales monitoreadas, se evidencia que 18 de ellas reportaron cifras favorables, destacándose la fabricación de otros tipos de equipo de transporte y la de vehículos automotores, las cuales se dispararon un 23,1% y un 19,2% respectivamente, consolidándose como los motores de la reactivación fabril.

En el consolidado del año corrido, que cubre de enero a octubre de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) acumula un leve crecimiento del 0,4% frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja, por un lado, la industria manufacturera ha logrado expandirse un 2,2% en lo que va del año, mientras que el sector de explotación de minas y canteras profundiza su crisis con una contracción acumulada del 6,3%, afectada principalmente por la menor extracción de carbón y petróleo.

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El panorama para el emprendimiento en Colombia mostró una fuerte desaceleración durante la primera mitad de 2025, reflejando un deterioro en el clima económico. Un informe reciente sobre la Dinámica Financiera y Empresarial de Confecámaras reveló que la creación de empresas disminuyó un 31,9 % en el primer semestre del año, pasando de 135.070 nuevas empresas en el primer semestre de 2024 a 91.992 para el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con 360 Radio, la caída en junio de 2025 fue la más grande, mes en el que solo se registraron 4.038 nuevas empresas, una cifra muy inferior a las 17.750 creadas en junio del año anterior. La contracción afectó a los territorios más productivos, con disminuciones del 17,0 % en Bogotá, 30,0 % en Antioquia y 38,0 % en el Valle del Cauca. Los sectores más golpeados por el freno en el emprendimiento fueron el comercio, la construcción, la manufactura y el alojamiento, todos con descensos superiores al 30,0 %.

El informe advierte que el alto nivel de endeudamiento, las tasas de interés elevadas y la dificultad para acceder a crédito formal son los principales frenos para los nuevos emprendimientos. A esto se suma la incertidumbre política y los riesgos fiscales, que han frenado el apetito de inversión.

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Un análisis de Bancolombia advirtió que los aumentos del salario mínimo que superen la suma de la inflación y la productividad podrían reactivar las presiones inflacionarias en Colombia. El estudio señala que el proceso de desinflación se encuentra estancado, con un nivel anual que cerró en septiembre en 5,2 %, siendo similar al de 2024. Según el informe, cada punto porcentual de incremento real del salario mínimo (por encima de inflación y productividad) eleva la inflación general en cerca de 0,06 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Diario Occidente, que recoge el “Radar Bancolombia”, el aumento del 9,5 % en 2025 superó en 2,5 puntos la suma de inflación y productividad, lo que habría aportado 0,15 puntos porcentuales de presión inflacionaria adicional durante este año. El informe afirma que los aumentos reales sostenidos no generan bienestar permanente, sino que perpetúan las presiones sobre los precios. Lo anterior ocurre por tres canales: el aumento de costos en sectores como el comercio y restaurantes, la indexación de otras tarifas al salario y las expectativas inflacionarias.

El banco proyecta que la inflación cierre 2026 en 4,1 %, pero este escenario depende de la negociación salarial. Un aumento moderado (entre 6,1 % y 7,0 %) mantendría la inflación cerca de ese dato. Sin embargo, un incremento elevado (entre 10,1 % y 11,0 %) podría subir la inflación hasta 4,4 %, forzando al Banco de la República a mantener las tasas de interés altas por más tiempo. El informe concluye que la estabilidad de precios exige coherencia entre la política salarial y la monetaria.

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Los empleadores en Colombia deberán planificar un aumento en sus costos laborales durante los próximos dos años, debido a la combinación de la reducción de la jornada laboral y el incremento gradual de los recargos por trabajo en días de descanso. El recargo por trabajo dominical y festivo, que actualmente es del 75 %, subirá al 80 % a partir de julio de 2025, al 90 % en julio de 2026 y alcanzará el 100 % en julio de 2027.

Según una circular informativa de la firma Arcila Martínez Gestión Legal, a este aumento en los porcentajes de recargo se suma el efecto de la disminución de la jornada laboral máxima. Desde el pasado 15 de julio de 2025, la jornada se redujo de 46 a 44 horas semanales, y el 15 de julio de 2026 bajará a 42 horas.

Este cambio, aunque no afecta el salario mensual del trabajador, sí incrementa el valor base de la hora ordinaria, ya que el mismo sueldo se divide entre menos horas. Por ejemplo, para un salario de $2.300.000, el valor de la hora pasó de $10.000 (con jornada de 46 horas) a $10.454,54 (con la nueva jornada de 44 horas). En 2026, con la jornada de 42 horas, esa misma hora base subirá a $10.952,38.

La circular advierte que el impacto en los costos será doble, pues el mayor valor de la hora base se multiplicará por los porcentajes de recargo, que también irán en aumento. Adicionalmente, a partir del 25 de diciembre de 2025, la jornada nocturna iniciará a las 7:00 p.m., lo que implicará que muchas empresas deban pagar recargos nocturnos o de horas extra nocturnas a empleados que antes no los recibían.

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El Gobierno presentará en los próximos días un nuevo proyecto de reforma tributaria con el que busca recaudar más de $26 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La iniciativa contempla cambios en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto de renta, el patrimonio y nuevos gravámenes a licores y tabaco.

Según un informe de Bloomberg Línea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó ante las comisiones económicas del Congreso que la reforma revisará los gastos fiscales, “sobre todo en algunos rangos y factores del IVA aplicados al consumo de bienes y servicios que hoy consumen mayoritariamente las personas de mayores ingresos”. También se buscará incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

La presentación de esta reforma se da en un contexto de dificultades fiscales, que llevaron al Gobierno a ampliar la meta de déficit fiscal para este año del 5,1% al 7,1% del PIB. Esta situación ya generó que agencias como Standard and Poor’s y Moody’s rebajaran la calificación crediticia del país a mediados de año.

El proyecto enfrentará un difícil trámite en el Congreso, que tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto. Expertos han advertido sobre la dificultad de que los congresistas aprueben una nueva reforma tributaria en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, recordando que el año pasado ya se negó un proyecto similar por más de $11 billones.

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el sector empresarial, al punto que el 52,0 % de los empresario ha frenado su decisión de aumentar su planta de personal para el segundo semestre del año. Esta medida, que busca mejorar los derechos de los trabajadores, podría incrementar los costos laborales entre un 3,2 % y un 10,7 %.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, que cita análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y del Banco de la República, el aumento de costos podría llevar a un recorte de alrededor de 454.000 empleos formales en un horizonte de tres a cuatro años. Por su parte, investigadores de Bancolombia estiman un aumento promedio del 7,6 % en los costos laborales, lo que podría elevar la tasa de desempleo hasta en 1,2 puntos porcentuales.

Sectores como el de alojamiento y turismo ya calculan un impacto directo. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estiman que los costos de nómina se incrementaron un 6,3 % en promedio con la entrada en vigor de la reforma. Solo el cambio en la contratación de aprendices del SENA, que ahora tendrán derecho a un salario mínimo en su etapa práctica, le costará al sector de alojamiento $23.502 millones adicionales al año.

El aumento progresivo del recargo dominical también genera preocupación: un 46,0 % de los comerciantes anticipa un impacto financiero grave. Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, advirtió que estas medidas pueden desincentivar la contratación, elevar la informalidad y poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas agencias de viajes.

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A partir de este martes, 15 de julio de 2025, la jornada laboral máxima legal en Colombia se reducirá de 46 a 44 horas semanales, continuando con la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021. Esta medida se debe aplicar sin que afecte el salario, los derechos o las prestaciones de los trabajadores.

Según un informe del diario El Nuevo Siglo, esta es la tercera reducción programada por la ley, que busca llevar la jornada laboral a un total de 42 horas para el 2026. La implementación comenzó en 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas, y continuó en 2024 con el ajuste a 46 horas semanales. La ley permite que empleadores y trabajadores acuerden la distribución de estas 44 horas en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso obligatorio. Con la reducción de la jornada, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el Día de la Familia ni las dos horas semanales para actividades recreativas.

Esta normativa aplica tanto para el sector público como para el privado, aunque existen algunas excepciones. Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo, así como ciertos servidores públicos y menores de edad, no están cubiertos por esta reducción.

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