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Según las últimas proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus sobre el desempeño de la economía nacional, que decrecería al menos 5.5% este año, generará disminuciones significativas en la demanda de electricidad, gas y combustibles líquidos, que seguirán trayectorias de recuperación disimiles en cuanto a magnitud y velocidad, y que en general permitirán retomar las proyecciones previas a la pandemia después del 2025.

Las proyecciones indican que la demanda de electricidad cerrará el año en 72.935 gigavatios hora año, lo que representa un crecimiento de 1.4% frente a 2019, pero contrasta con la estimación inicial 4.05% de crecimiento promedio mensual; en el tercer trimestre de 2020 se presentaría la mayor disminución (13.2%), para iniciar un proceso de recuperación que solo hasta el segundo trimestre 2023 alcanzaría los niveles previos a la pandemia. En cuanto a la demanda de gas, se prevé un decrecimiento de hasta 60% en el segundo trimestre, con un proceso de recuperación más acelerado que permitiría retornar en 2022 a los niveles previos a la pandemia.

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Después de hacerse pública la decisión de Empresas Publicas de Medellín, de demandar a los constructores, interventores y aseguradoras del proyecto Hidroituango, la junta directiva de la entidad se reunió de manera extraordinaria, para discutir la situación, en vista de que este órgano no fue considerado para tomar dicha decisión; luego de conocer las respectivas explicaciones, la junta directiva manifestó su desacuerdo con el manejo de la situación y en un comunicado se confirmó la renuncia de todos sus miembros.

El alcalde Daniel Quintero manifestó que la decisión tomada procura proteger el patrimonio público, pero la junta directiva, conformada por Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal, Andrés Bernal, Oswaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía y Elena Rico, considera que esta y otras prácticas recientes como intención de ampliación del objeto social sin previa consulta al órgano directivo, no reflejan las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado a la entidad.

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El pasado lunes el DANE publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado, estas son sus conclusiones más relevantes:

- En el primer semestre el área sembrada en arroz mecanizado fue 394.421 hectáreas, 11,8% mas que en el mismo periodo de 2019.
- El área cosechada de arroz mecanizado aumentó 12,3% pasando de 166.148 hectáreas a 186.601.
- El área sembrada estuvo concentrada en Casanare (40,1%), Meta (16,9%) Tolima (13,4%) y Huila (4.4%).
- Las mayores variaciones se presentaron en los departamentos del Meta (44,1%) y Casanare (15,0%).
- La producción nacional fue de 1.1 millones de toneladas de arroz paddy verde en el primer semestre, 15,6% más que en el primer semestre de 2019.
- La producción nacional estuvo concentrada en los departamentos de Tolima con 32,9% (383.251 toneladas), Huila con 11,0% (128.263 toneladas), Meta con 10,0% (116.233 toneladas) y Casanare con 10,0% (116.222 toneladas).
- El 69,4% del área de arroz mecanizado se sembró bajo el sistema de secano y el 30,6% bajo el sistema de riego.

Después de un frágil 2018 para el sector arrocero, la declaración de un incentivo por parte del Gobierno Nacional para el almacenamiento del cereal constituyó el punto de partida en la recuperación de la actividad. A lo anterior se sumó el establecimiento del Plan de Ordenamiento en la Producción que ha venido unificando los objetivos de los diversos productores de arroz en el país y que junto con el incremento de la demanda ante la llegada del Covid-19 a Colombia llevaron a que el valor de la tonelada del grano se ubicará sobre los 1,6 millones de pesos a partir de febrero, significando un 57% por encima de los precios registrados para los mismos meses de 2019.

Previendo que los principales países comercializadores de arroz buscarían almacenar amplios saldos en inventarios del grano para asegurar la provisión de alimentos a su población ante posibles descensos en la producción por el Covid-19 y siendo que el arroz es un producto básico dentro de la canasta familiar colombiana y la de otras comunidades, el 2020 se proyecta como un año de grandes oportunidades para la cadena agrícola arrocera del país.

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Luego de haber firmado un tratado de libre comercio con Israel en el año 2014, y de adelantar los trámites internos en cada país, el día de hoy entra en vigencia el acuerdo comercial, que se convierte en el primero de este tipo que se firma con un país de Medio Oriente, y que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, brindará al país oportunidades para el acceso a bienes industriales y agroindustriales y le abre las puertas para un mercado con alto poder adquisitivo.

Entre los productos que podrán ingresar a Israel con preferencia arancelaria destacan los cosméticos, utensilios de aseo, textiles, confecciones, autopartes, joyería, neumáticos, confites, chocolates, galletas, arequipe, preparaciones de frutas, mermeladas, palmitos preparados, yuca y uchuvas, entre otros; el acuerdo permitirá además dinamizar los flujos de inversión israelí en Colombia, impulsar la innovación e incrementar las exportaciones no minero energéticas del país, que hoy alcanzan un 8%. En el 2019 se exportaron productos a Israel por valor de 366 millones de dólares.

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Contando con el apoyo de más de 30 congresistas y de la Alianza Colombia Libre de Fracking, se radicó en el Congreso de la Republica un proyecto que busca prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos (técnica conocida como fracking), con el objetivo de preservar los ecosistemas y la salud de las comunidades que se verían impactadas por esta práctica; adicionalmente, el proyecto buscaría acelerar el proceso de transición del país hacia las energías renovables.

Los argumentos del proyecto en contra del fracking giran alrededor de la afectación que trae esta práctica para los recursos hídricos, sus bajas tasas de retorno energético y el riesgo que supone para la capacidad de adaptación de territorios que ya son vulnerables a eventos climáticos, por lo que se pretende tanto frenar los proyectos piloto como prohibir la práctica en el futuro, considerando que el pasado mes de marzo el Ministerio de Minas y Energía expidió un decreto que permite la ejecución de proyectos piloto de fracking, que a pesar de ser con fines investigativos y no comerciales, abren la puerta para el desarrollo de la practica en el país.

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Desde el pasado mes de marzo, cuando el gobierno nacional decretó el aislamiento preventivo como medida para mitigar la propagación del coronavirus en el país, el transporte aéreo de carga ha tenido un papel relevante en el abastecimiento del país, convirtiéndose en el medio más rápido y efectivo para llevar alimentos e insumos médicos hacia las regiones más apartadas; de las 41.553 operaciones aéreas realizadas en el país desde el inicio del aislamiento hasta el dos de agosto, 11.525 fueron de transporte de carga.

En total, estas operaciones han movilizado 42.068 toneladas a nivel nacional y 180.732 toneladas de carga internacional, siendo Bogotá, con 177.330 toneladas y Rionegro (Antioquia) con 25.952 toneladas, los aeropuertos con mayor carga movilizada; adicionalmente, se han realizado en el país 6.124 vuelos ambulancia para el transporte de personal, de insumos, equipos médicos y pacientes, 4.165 vuelos humanitarios, 5.760 vuelos de apoyo a los sectores minero energético y de transporte de valores y 13.979 operaciones de las diferentes entidades de la aviación del Estado, orientadas a transportar insumos y apoyar a poblaciones vulnerables.

Los seguros privados de salud no cubren el coronavirus, ni enfermedades que se deriven de este, puesto que, al tratarse de una pandemia, se vuelve difícil de calcular. En países como España, aunque la Ley del Contrato de Seguro regula la asistencia médica y la prestación de servicios médicos y quirúrgicos de los asegurados, la situación cambia ante contextos como el actual, ya que los daños causados por epidemias y pandemias quedan fuera de las coberturas, debido a lo imprevisible de su evolución y en consecuencia a la fijación de un precio en función del riesgo que puede traer implicaciones económicas muy superiores a las de cualquier otra enfermedad.

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En el ámbito internacional, aunque las aseguradoras no comercializaron seguros contra pandemias, si deberán hacer frente al pago de una diversa gama de pólizas que cubren diferentes sectores y actividades, como cancelación de eventos e interrupción de actividades empresariales, en los que las aseguradoras, además de hacer el pago de las indemnizaciones de clientes, deberán devolver algunas primas por el impacto de la crisis en los negocios.

En diferentes países, las empresas de seguros han sostenido que las pólizas que han vendido excluyen las pandemias, sin embargo, los clientes sustentan que hay razones de peso para ser compensados.

En Colombia, por tratarse de un país con baja penetración en seguros, la discusión se ha centrado en analizar las coberturas en las que haya un impacto potencial en la reducción del riesgo asegurado, en seguros de daños reales, para proceder a la devolución de las primas. Por este motivo, el Ministerio de Salud ordenó a las aseguradoras del Soat, a través del Decreto 800 del 2020, transferir a la Adres las primas equivalentes al periodo de aislamiento obligatorio, desde su fecha de inicio hasta el 25 de mayo. Así mismo, en el Decreto- Ley 676 del 2020 se incluyó en la tabla de enfermedades profesionales a la covid-19, específicamente para los trabajadores del sector salud, que también incluye personal administrativo, de aseo y vigilancia.

En relación con los seguros específicos contra pandemias, un matemático estadounidense, Nathan Wolfe, propietario de una compañía de análisis de datos, concluyó que una vez cada siglo se presenta una pandemia y que el mundo estaba cerca de experimentar la próxima, lo cual lo motivó a asociarse hace cinco años con Munich Re y Marsh Inc, con el fin de crear la primera póliza exclusiva contra pandemias. (14 Pandemias Mundiales, Desde la Peste Negra hasta el Coronavirus (Infografía))

Después de tener el seguro listo para la venta, lo ofrecieron a importantes clientes mediante la red mundial de distribución de la compañía, indicando que la póliza se había diseñado específicamente para proteger a las empresas contra pandemias con la intención de contener sus pérdidas financieras y mantenerlas a flote, sin embargo, nadie se mostró interesado y no pudieron vender el seguro.

Recientemente, se dio a conocer el único caso de una empresa que se aseguró contra pandemias, adquiriendo, mediante otra compañía, un seguro contra eventuales cancelaciones de sus eventos que incluía dentro de sus causales una pandemia. Se trata del caso particular de Wimbledon, el evento de tenis británico más antiguo y prestigioso del mundo, organizado por The AELTC Limited, que, debido la afectación que tuvo en el 2003 por el SARS, adquirió un seguro contra pandemias. Aunque el impacto del SARS no fue tan catastrófico, Wimbledon decidió protegerse contra pandemias, a costa de pagar una póliza anual de más de un millón y medio de libras, acción que en la actualidad le dio resultados, según expresa el Jefe Ejecutivo de AELTC, Richard Lewis, el torneo recibirá cerca de 100 millones de libras por parte de la aseguradora, equivalentes a 114 millones de euros.

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Según el último informe de desarrollo productivo de la consultora Sinnetic, desde el 2017 los productores agrícolas tienen una percepción cada vez más negativa sobre la situación del sector a nivel nacional, al punto que hoy el sentimiento de optimismo y confianza en el desempeño del sector alcanza apenas el 6% en los pequeños campesinos, 16% en los medianos productores y 22% en los grandes productores. Los problemas más relevantes que perciben los productores son los siguientes:

- La seguridad en el campo: el incremento de la violencia distrae al agricultor de los objetivos productivos. 
- La falta de infraestructura vial: incrementa significativamente los costos de movilización de las cosechas.
- La comercialización: los crecientes costos de los intermediarios han sido fuente de disputas entre los campesinos y los centros de acopio.
- Insumos productivos: el incremento en el precio de los insumos ha reducido los márgenes de ganancia.
- El cambio climático: el agricultor se encuentra cada vez con sequias más largas, que sumadas a los limitados sistemas de riego hacen complicada la sobrevivencia de los cultivos.

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Según Fedesarrollo, durante el mes de julio el Índice de Confianza de Consumidor (ICC) presentó una mejora de 0.4 puntos porcentuales (pps), ubicándose en -32.7%, impulsado por incrementos en las ciudades de Bucaramanga (11.1 pps) y Bogotá (2.9 pps), mientras que en Medellín, Cali y Barranquilla se presentaron variaciones negativas de 5.9, 4.0, y 2.6 pps, respectivamente. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, explicó que “hacia adelante continuará la mejora paulatina del indicador de confianza. Todo atado la reactivación gradual de los sectores y a una evolución favorable de la pandemia”.

La caracterización del índice muestra que la confianza aumentó en el nivel socioeconómico bajo, mientras que disminuyó 0,9 pps en el estrato alto, y 0,2 pps en el estrato medio; según Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, estos resultados podrían obedecer a que los estratos bajos están percibiendo una recuperación un poco más rápida, y están recibiendo incentivos como los subsidios para la compra de vivienda de interés social (VIS), lo que se reflejó en un incremento de 2.3 en la disposición a comprar vivienda.